A las afueras de un edificio sobre Paseo de la Reforma hay al menos 12 escoltas que esperan, sentados en una pequeña banca, órdenes de acompañar a empresarios, políticos, actores, todos vecinos del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
A la vida de lujo que el panista mantiene en Estados Unidos, por la que paga 3.6 millones de pesos anuales, se suma su cotidianidad en una propiedad ubicada en la avenida más cara del país: Paseo de la Reforma.
Cuando no está en Atlanta, donde residen su esposa Carolina Martínez Franco y sus tres hijos, o en Querétaro, Anaya Cortés vive en un departamento en el moderno edificio de Paseo de la Reforma, por el que afirma pagar 14 mil pesos mensuales.
No obstante, tras un recorrido realizado por el diario EL UNIVERSAL, se constató que la renta mínima por un espacio similar al que habita Anaya Cortés es de 20 mil pesos, con impuestos y mantenimiento incluidos.
El edificio tiene 25 pisos y cuatro niveles de estacionamiento subterráneo, 278 departamentos, y se ubica sobre Paseo de la Reforma. El metro cuadrado de este inmueble puede alcanzar los 70 mil pesos.
El edificio cuenta con una lujosa recepción, acabados en cristal y madera, centro de negocios —utilizado regularmente por Anaya y su equipo—, alberca, jardín, gimnasio, spa, restaurante, servicio de alimentos a residentes y vigilancia total con cámaras de video y personal a pie.
El inmueble, de acuerdo con propietarios e inversionistas que participaron en la compra de los departamentos, fue construido por ICA previo a la crisis inmobiliaria de 2008, pero se detuvo al no tener clientes, debido a que estaba dirigido a un mercado extranjero.
Explicaron que el edificio era insignia de ICA para incursionar en el mercado de bienes raíces en México. Agregaron que en 2008 se cayó el proyecto y remataron los departamentos para 2012-2013, castigando su precio hasta en 20%.
Los inversionistas que compraron lo hicieron para rentar o vender, pero a un mercado nacional, principalmente políticos, empresarios y periodistas, de los cuales muchos vivían en Puerta Alameda, sobre Avenida Juárez.
Advirtieron que los vendedores de los departamentos, al conocer las facilidades que daba la empresa constructora, compraron propiedades que en menos de seis meses habían incrementado su precio 60%.
Las propiedades que hay en el edificio son de uno, dos y tres recámaras; hay lofts de 40 metros cuadrados, de una habitación con 100 metros cuadrados, de dos habitaciones con 130 metros cuadrados y de tres habitaciones con 180 metros cuadrados.
Entre más alto sea el piso donde se encuentre el departamento más costoso es. Aquí el pago del mantenimiento es en promedio de 3 mil pesos, mientras que el más caro y lujoso de Paseo de la Reforma, Saint Regis, el costo de mantenimiento es de mil dólares.
Debido a la ubicación del inmueble y lo que ofrece a sus inquilinos, muchos propietarios han decidido anunciar sus departamentos en la red social Airbnb y llegan a rentar la noche en 85 dólares, es decir, mil 700 pesos.
Los precios de estos departamentos se han incrementado. Por ejemplo, uno de una recámara que costaba 4 millones 300 mil pesos hace un año, hoy alcanza su venta en 6 millones de pesos.
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El departamento de Ricardo Anaya Cortés en Ciudad de México
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Angélica Rivera otra vez, el nombre del escandalo
Angélica Rivera, esposa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ha usado un departamento de 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, en Florida, el cual pertenece a Grupo Pierdant, una empresa que se espera participe en una licitación para desarrollar puertos marítimos en México, lo que despierta sospechas de un nuevo conflicto de intereses, reportó hoy el diario británico The Guardian.
“La investigación de The Guardian en las propiedades de Florida muestra una revelación poco ortodoxa entre la primera dama y Grupo Pierdant [propiedad del empresario Ricardo Pierdant], enfocada en Ocean Tower One, un desarrollo habitacional privado con una alberca, canchas de tenis y concierge de guantes blancos en Key Biscaine, un enclave acaudalado en el condado de Miami-Dade”, dice el diario.
The Guardian retoma la investigación de la “Casa Blanca”, publicado en el portal de internet Aristegui Noticias y Proceso, sobre la residencia que al inicio de la administración Rivera presumiera en una revista del corazón.
El reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.
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EU emite nota a turistas que van a Brasil
La embajada de Estados Unidos en Brasil emitió un mensaje de alerta en el que informa a los ciudadanos estadounidenses sobre los ataques violentos que se registran en Río de Janeiro y les hace recomendaciones sobre cómo proceder en caso de ser detenidos en un retén o por criminales.
El «mensaje de alerta» sobre «los ataques violentos y criminales en el área metropolitana de Río de Janeiro», publicado hoy en la página de la embajada en Internet, orienta a visitantes y ciudadanos estadounidenses residentes en Río a entregar sus pertenencias y no discutir en caso de que sean abordados en la calle por delincuentes.
La alerta fue emitida ante la serie de ataques de grupos criminales contra blancos civiles en Río de Janeiro que comenzó el pasado sábado y que deja un saldo de 96 vehículos incendiados, incluyendo autobuses, camiones y furgonetas de transporte público.
Según la embajada, de tratarse como asegura la prensa de una reacción de grupos criminales a la ocupación de favelas por parte de la policía, «es probable que estas acciones puedan continuar por un período de varios días o noches».
Las autoridades de Río de Janeiro, ciudad que será una de las subsedes del Mundial de Fútbol de 2014 y la sede de los Juegos Olímpicos de 2016, han atribuido los ataques a una represalia de los grupos criminales que fueron expulsados por la policía de importantes favelas en las que controlaban el tráfico de drogas.
Los ataques fueron respondidos con una serie de operaciones de la policía en cerca de 30 favelas que incluyeron la ocupación ayer, con la ayuda de tanquetas blindadas de la Marina de Guerra, de Vila Cruzeiro, la barriada pobre que era considerada como la más peligrosa de la ciudad por la cantidad de pistoleros que concentraba.
El mensaje de la embajada de Estados Unidos hace referencia a los ataques contra automóviles y autobuses, asaltos, incendios de los automóviles y a los tiroteos contra puestos policiales.
«Felizmente no hubo civiles inocentes heridos», aclara la nota.
El comunicado recomienda que las personas se detengan en retenes de la policía y se identifiquen adecuadamente.
Igualmente recomienda que entreguen sus pertenencias sin discutir en caso de ser abordados por criminales armados, que obedezcan si los delincuentes les ordenan salir del vehículo, y que busquen locales seguros en caso de que escuchen o presencien un incidente potencialmente violento.
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Conozca el próximo negocio de EU en venta de armas
El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy al Congreso un plan para vender 60 mil millones de dólares en aviones avanzados a Arabia Saudí, en el que será el mayor acuerdo militar bilateral de su historia, informó hoy el Departamento de Estado.
El subsecretario de Estado para asuntos militares, Andrew Shapiro, indicó en una conferencia de prensa que el Gobierno no espera que haya trabas por parte de Israel, que en los últimos meses ha mostrado objeciones al plan.
El Congreso tiene 30 días, hasta el 20 de noviembre, para decidir si detiene la venta antes de que el Departamento de Defensa ponga a disposición del Gobierno saudí los contratos, que se aplicarán a lo largo de una década si se ejecutan en su totalidad.
El acuerdo inicial prevé la venta de 84 nuevos aviones de combate F-15, la actualización de otras 70 de estas aeronaves y la oferta de tres tipos de helicópteros: 70 Apaches, 72 «Black Hawks» y 36 «Little Birds».
Los contratos, divididos en cuatro paquetes, contemplan también el envío de radares avanzados y de bombas guiadas por satélite, además de la creación de programas de entrenamiento.
El Gobierno estadunidense considera que el plan aumentará la capacidad de las Fuerzas Armadas del reino saudí para crear un escudo ante las «amenazas» en la región, especialmente la iraní.
Sin embargo, el acuerdo «no se trata únicamente de Irán», sino que consiste en «ayudar a los saudíes con sus necesidades legítimas de seguridad, que son bastantes», subrayó Shapiro.
Según el funcionario, es posible que el reino de Abdulá bin Abdulaziz decida «no aportar todos los fondos para los cuatro programas», debido a los «requisitos de defensa» que ha establecido el país.
«La suma final de la venta podría ser inferior a la estimada, 60 mil millones, ya que dependerá en lo que el Gobierno saudí decida comprar, y en el resultado de las negociaciones con la industria», indicó Shapiro.
De completarse, el plan se convertiría en el mayor acuerdo bilateral de venta de armas de la historia de Estados Unidos.
Shapiro no hizo declaraciones sobre una posible segunda fase del plan, adelantada en septiembre por el diario The Wall Street Journal, según la cual Estados Unidos extendería al país 30.000 millones de dólares más para modernizar las fuerzas navales saudíes.
De acuerdo con el periódico, esa fase podría incluir el despliegue en el litoral de naves de combate y el uso de cargueros para operaciones cercanas a la costa.
Un tercer paso consistiría en reforzar la defensa de Riyadh contra misiles balísticos iraníes mediante la venta de sistemas THAAD y la actualización de misiles Patriot, en una táctica similar a la empleada en los Emiratos Árabes Unidos.
Shapiro subrayó que el acuerdo «no afectará negativamente a los intereses de seguridad de Israel o a la calidad de sus fuerzas armadas», en referencia a las presiones de ese país para evitar que la venta estuviera dotada de armamento de largo alcance.
El compromiso de la administración estadunidense de que no enviará ese tipo de equipamiento y el acuerdo por el que venderá a Jerusalén una partida de aviones F-35, más avanzados que los de los saudíes, parecen haber acallado las quejas israelíes.
El Gobierno se muestra optimista respecto a sus opciones de que el plan salga adelante en el Congreso, donde espera que el potencial del acuerdo para crear empleos dentro del país juegue a su favor.
Según la empresa que fabrica gran parte de las aeronaves, Boeing Co., el plan podría sustentar 77.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 44 estados.
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EU no se equivoco en señalar narcoempresas
Un largo proceso, difícil pero no imposible, aguarda a las personas o empresas que deseen que su nombre sea eliminado de la lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense.
â??Nadie ha sido incluido por errorâ?, afirmó recientemente Adam Szubin, director del organismo encargado por el gobierno norteamericano del cumplimiento de legislación que impide a empresas o particulares estadunidenses realizar cualesquier tipo de transacciones con compañías o gobiernos incluidos en esa relación.
La OFAC es la encargada de vigilar, por ejemplo, que las empresas estadunidenses no comercien directamente con Cuba o Irán o lo hagan sobre condiciones excepcionales cuando es autorizado, o de que empresas del narcotráfico internacional tengan clientela o realicen transacciones legalmente en los Estados Unidos o con contrapartes de la Unión Americana.
Una fuente estadunidense indicó que si, por ejemplo, alguna de las empresas señaladas el miércoles como parte de la red de distribución de drogas y lavado de dinero del cártel de Sinaloa considerase injusta su inclusión, debería dirigirse al Departamento del Tesoro en Washington para iniciar un proceso en el que tendría oportunidad de mostrar su inocencia o bien haber adoptado las medidas necesarias para evitar ser usada en este caso por personas relacionadas con el crimen organizado.
Eso implicaría entre otras cosas un proceso integral de transparencia, en especial en relación con los bienes o depósitos en Estados Unidos.
De acuerdo con una descripción hecha por el propio Szuban en el diario El Tiempo de Bogotá, aquellos que han buscado ser borrados de la lista â??nos han contactado por un proceso administrativo â??por correspondenciaâ??, y expresado que han cambiado su comportamiento, que cortaron nexos con los cárteles, que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlosâ?.
En esos casos, agregó, la respuesta es â??una carta con preguntas, para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos sobre haber cambiado su comportamiento.
â??El fin del proceso es la firma de unos términos de remociónâ? en un compromiso ante notario público.
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Cifra record en deportaciones
La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció hoy una cifra récord de más 392 mil deportaciones de inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2010.
Del total de deportaciones ejecutadas por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), más de 195 mil fueron de criminales convictos, dijo Napolitano.
En comparación con el año fiscal 2008, los datos representan un incremento de más de 23 mil en el total de deportaciones y 81 mil en las deportaciones de criminales, un aumento de más de 70 por ciento en deportaciones de extranjeros criminales con relación al gobierno del ex presidente George W. Bush.
Napolitano indicó en una rueda de prensa que en los últimos 20 meses, el gobierno se ha enfocado en medidas sensatas y eficaces para velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración.
Afirmó que la prioridad es la deportación de criminales extranjeros que representan una amenaza para la seguridad pública.
â??Este gobierno se ha centrado en velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de una manera sensata y eficaz, que le da prioridad a la seguridad pública y nacional, y hace que los empleadores rindan cuentas por infringir las leyes a sabiendas y repetidamenteâ?, indicó.
Agregó que â??esta estrategia ha producido resultados históricos, y se ha deportado a más criminales extranjeros condenados que nunca antesâ? y se han emitido más sanciones contra empleadores que infringen las leyes de inmigración
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Alvaro Uribe aceptaria investigacion
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe asumió hoy la responsabilidad por las actuaciones de su secretario general, Bernardo Moreno, sancionado por el escándalo de las escuchas ilegales, y se puso a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen.
«Asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta», señaló Uribe en un comunicado fechado en Ciudad de Guatemala y dado a conocer hoy por RCN radio.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó la víspera por 18 años al secretario Bernardo Moreno y a otros tres de los funcionarios más cercanos a Uribe del servicio de inteligencia DAS, por el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, periodistas y magistrados.
«Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción», subrayó el ex mandatario (2002-2010).
Uribe recordó que Moreno sólo averiguó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre las denuncias de algunos medios sobre la «posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados».
«Nunca sugirió actividades ilegales», dijo y añadió que se pondrá «a disposición del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia».
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Siguen escandalos de espionaje en Colombia
El escándalo por las escuchas ilegales que tuvieron lugar en Colombia durante el anterior gobierno de ílvaro Uribe parecería crecer como espuma, después de que se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, instaló micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptó comunicaciones del hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro.
El DAS elaboró perfiles políticos de Santos y de su actual ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas â??miembro de la coalición que apoyaba a Uribeâ??, donde se analizan sus fortalezas y debilidades.
Los detalles de las escuchas, confesados por ex funcionarios del DAS que están siendo procesados y que han pedido perdón a sus victimas, han generado malestar político, seis semanas después de que Uribe dejó el poder.
Todo ocurre cuando cuatro altos ex consejeros de Uribe han sido llamados a declarar ante la Fiscalía en el mismo caso.
En diálogo con medios de comunicacion, el historiador Juan Carlos Flórez, quien fue concejal de Bogotá, define el caso como «una conspiración con enormes tentáculos» y se queja de que en Colombia «parte de la inteligencia del Estado ha sido usada con fines criminales».
«Estos son procedimientos de regímenes autoritarios, que a veces una parte de la sociedad suele perdonar cuando un gobierno dispone de gran popularidad y confronta a adversarios que deben ser eliminados, como ocurrió en Perú en la época de Alberto Fujimori«, agrega Flórez.
Hace poco se conoció la confesión de Alba Luz Flórez, una ex detective del DAS, que se infiltró en la Corte Suprema y que empezó a ser llamada la «Mata Hari» colombiana.
La mujer relató qué hizo para escuchar y grabar sesiones de la Corte, y sacar copias de expedientes de algunos congresistas amigos de Uribe que estaban siendo investigados por relaciones con los paramilitares de derecha, en lo que ha sido llamado el escándalo de la «parapolítica».
Cuando se reveló la declaración de la «Mata Hari», el presidente de ese tribunal, Jaime Arrubla, calificó el hecho como «aterrador».
El magistrado cree que cuando la Corte inició la investigación por la «parapolítica» â??donde casi un centenar de congresistas y ex congresistas están siendo procesadosâ??, empezaron «todos estos montajes, infiltraciones y, fuera de eso, amenazas, esto ha sido un calvario que todavía no termina»
Otra de las victimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, conocidas en Colombia como las «chuzadas», es el columnista Ramiro Bejarano, un duro opositor de Uribe, quien dirigió la policía secreta entre 1994 y 1995.
El abogado dijo que cree que comenzó a ser blanco de interceptaciones en 2006, cuando Uribe fue reelegido para un segundo mandato.
Según Bejarano, un gobierno como el de Uribe, «que está en ese nivel de paranoia y de abuso, comienza chuzando a los opositores, a los enemigos, a los críticos, pero después se vuelve insaciable y termina chuzando inclusive a los mismos amigos. Eso obedece a una cultura de desconfianza»
Uribe siempre ha negado que patrocinara las escuchas. A fines de abril, cuando un estudiante universitario le preguntó enla ciudad de Cali por el escándalo, respondió que «si el gobierno ordenara espionajes ilegales, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente».
Y el entonces mandatario se quejó: «Yo también he sido interceptado, el vicepresidente ha sido interceptado y el comandante de la policía ha sido interceptado».
En esa misma oportunidad, Uribe rechazó que desde la misma Corte Suprema se estuviera comparando el escándalo de las escuchas ilegales con lo que ocurrió con el de Watergate, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, a comienzos de los años 70.
El filósofo Andrés Mejía, quien trabaja para el conservador Instituto de Ciencia Política en Bogotá, considera que hasta ahora no hay pruebas que involucren a Uribe.
«Hasta el momento no hay un solo hecho, un solo elemento probatorio que muestre responsabilidad alguna del presidente de la República. Y en cuanto a sus funcionarios subordinados, hay algunos indicios que podrían indicar algún grado de responsabilidad», aseguró Mejía en una entrevista con BBC Mundo.
Mejía y Flórez coinciden en que el escándalo le causa mucho daño al sistema democrático colombiano.
El presidente Santos, quien ratificó al director del DAS que estaba al final del gobierno de Uribe, ha guardado silencio sobre las revelaciones de que él también fue interceptado.
Pero su ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas, ha sugerido que el gobierno desclasifique los archivos de inteligencia.
Aún no se sabe hasta dónde llegará la investigación y la Fiscalía está a punto de tomar decisiones judiciales sobre al menos una ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado
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Secure Communities, peores que la Ley 1070
Nos lo tenían que decir, es la única forma en que simplemente nos podemos poner a trabajar.
Desde que supimos que el Estado de Arizona estaba imponiendo una legislación local (o estatal allá en Estados Unidos) migratoria, racista; México se puso a mover sus hilos diplomáticos para apoyar a organizaciones pro derechos del migrante en EU, contra dicha Ley.
Aunque ha sido un movimiento de estira y afloja entre el gobierno estatal de Arizona como con el gobierno federal de Barack Obama y naciones latinoamericanas, una jueza federal ha suspendido los dos apartados que se ven como racistas en dicha ley. La Ley SB1070
Pero hace unas horas se da a conocer por vías NO diplomáticas (que son casi siempre mucho más confiables que los canales oficiales) que en 27 estados de la unión, hay Secure Communities.
¿Qué es Secure Communities?
Bueno un programa del sistema de migración del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sean seguras las comunidades para los norteamericanos siempre y cuando solo gente que este registrada trabaje ahí.
¿Cómo?
Como lo lee, así que el plan Secure Communities es un programa de Estado que permite a la gente en diversas localidades el que â??para que sean seguras, hay que acusar o señalar quienes son (si se sabe) o se sospecha sean, inmigrantes ilegalesâ?.
Así que quizá haya una pírrica victoria ante la Ley SB1070 que sabe ya a triunfo por una suspensión provisional de una Juez federal en EU, pero el Secure Communities del departamento de estado, es mucho peor y está en la mitad del país.
¿Quién hace bien las cosas en México?, por lo visto nadie.