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Los líderes de América Latina, de México a Brasil pasando por Argentina, han guardado silencio frente a denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela y es poco probable que vayan a hablar en contra del país petrolero en la Cumbre de las Américas que se celebra en Panamá esta semana.
Los jefes de estado de los países latinoamericanos tienen lazos comerciales e ideológicos con Venezuela y las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de algunos de los funcionarios de ese país los ha puesto aún más a la defensiva.
Otros mandatarios no quieren ser vistos como mandaderos de Washington, especialmente si en casa enfrentan protestas o la caída de índices de popularidad.
«De manera exitosa, Venezuela ha usado la historia imperialista de Estados Unidos en su favor así como el uso de su poder, de una manera que ha hecho que todos quieran evitar criticarlos públicamente», dijo Geoff Thale, analista del grupo de estudio Oficina de Washington para América Latina.
El mes pasado, el gobierno de Barack Obama revocó las visas y congeló los activos en Estados Unidos de siete altos funcionarios del estado venezolano acusados ??de cometer violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El malestar entre la población provocó la muerte de más de 40 personas y desató una ofensiva contra los críticos que llevó a la cárcel a varios dirigentes de la oposición, incluyendo el arresto sorpresivo de alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos emitieron un comunicado el martes pidiendo a los mandatarios de los países que asistirán a la cumbre hacerle un llamado al gobierno de Maduro para que actúe frente al presunto acoso que padecen los defensores de derechos humanos en el país.
Pero las sanciones generaron el efecto contrario: en vez de generar un debate sobre los abusos, propiciaron una condena generalizada de los gobiernos de América Latina, lo que frustrará la victoria diplomática que Obama esperaba obtener en la Cumbre de las Américas por su decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con uno de los némesis de la Guerra Fría: Cuba. La referencia de que Venezuela constituía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el lenguaje burocrático utilizado para aplicar las sanciones, generó inquietudes en una región que ha lidiado con una larga historia de injerencias de Estados Unidos: desde el apoyo a regímenes militares a esfuerzos por derrocar a gobiernos de izquierda.
El asesor adjunto de Seguridad Nacional, Benjamín Rodhes, sostuvo el martes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el lenguaje utilizado en las sanciones es el que normalmente se usa cuando se emiten este tipo de sanciones en todo el mundo.
«Estados Unidos no cree que Venezuela represente algún peligro para la seguridad nacional», dijo Rhodes. Las sanciones, agregó, «no son de una escala que, de alguna manera, pretendan atacar el gobierno venezolano en general».
Ricardo Zúñiga, Director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en el mismo evento que «la situación al interior de Venezuela es claramente un motivo de preocupación para sus vecinos y otros países de la región». Sin embargo, agregó, «nosotros no tenemos ninguna estrategia hostil hacía Venezuela».
«Lo cierto es que tenemos interés de que Venezuela le vaya bien», dijo. «Somos el mayor socio comercial de Venezuela. Compartimos una amplia y profunda historia entre ambos países, entre ellos una gran cantidad de lazos familiares».
Maduro ha recorrido la región atacando las sanciones y le han dado un respiro a su gobierno en momentos en que la caída de los precios del petróleo iba a profundizar una crisis económica caracterizada por la escasez generalizada de bienes y servicios y una inflación del 68%. Maduro ha dicho que va a entregarle a Obama una petición firmada por diez millones de venezolanos en la que piden a Estados Unidos que derogue las sanciones.
La respuesta de Latinoamérica parece haber cogido fuera de base al gobierno estadounidense.
«Estaba un poco, voy a confesarlo, decepcionada de que no hubiera más gente que saliera a defender el hecho de que está claro que no tenían la intención de lastimar al pueblo venezolano o al gobierno venezolano en su totalidad», dijo Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, en referencia a las sanciones.
No fue una sorpresa que los aliados del gobierno de Maduro, como los mandatarios izquierdistas de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, salieran a defender a Caracas. Todos comparten una larga historia de oposición a Washington. Pero, incluso gobiernos más moderados y tradicionales aliados de Estados Unidos, se han mostrado renuentes a criticar Maduro, tal vez por temor a una vengaza de Venezuela.
«Es visto como ir en contra de uno mismo», dijo el analista Risa Grais-Targow, del grupo de estudio Eurasia Group.
Algunos gobiernos, entre ellos Argentina y más de una docena de naciones que han recibido petróleo subsidiado de Petrocaribe, la alianza liderada por Venezuela, han tenido que proteger sus vínculos económicos con el país petrolero.
Otros se preocupan por la estabilidad regional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuyo país afronta el mayor riesgo de contagio con la inestabilidad venezolana, ha tratado de proteger el lucrativo intercambio comercial con su vecino y reestableció las relaciones diplomáticas entre los dos países, que casi colapsan bajo su predecesor el conservador y combativo, Álvaro Uribe Vélez. También ha sido su interés mantener el apoyo que ha ofrecido Venezuela en las complejas conversaciones de paz que adelanta con los rebeldes izquierdistas de las FARC.
Mientras tanto, los pesos pesados ??regionales, México y Brasil, están lidiando con sus propias crisis internas causadas por la caída de sus economías y las acusaciones de corrupción, por lo que se han mostrado reacios a antagonizar con los votantes de izquierda que aún reverencian al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
El mandatario de México, Enrique Peña Nieto, se ha visto obligado a recortar el gasto y ha frenado la reforma energética que abrió la posibilidad de que los privados invirtieran en la industria petrolera debido al desplome de los precios del petróleo. También ha tenido que lidiar con escándalos sobre presunto amiguismo en la entrega de licitaciones y la desaparición de 43 estudiantes normalistas que, según las autoridades, fueron detenidos por la policía, entregados a una banda de narcos y asesinados en septiembre pasado.
Los índices de aprobación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, han caído tanto que ya compiten con los de Maduro. La mandataria sólo tiene el 12% de apoyo de brasileros que califican su gobierno como bueno o excelente por la estrepitosa caída de su economía y el escándalo de corrupción de la estatal petrolera Petrobras. Mientras que su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un mediador político a nivel regional, Rousseff ni ha desarrollado una clara política exterior ni ha ejercido un liderazgo fuera de las fronteras brasileras.
Tanto Maduro como Rousseff han sido el blanco de protestas de ciudadanos que piden su renuncia.
Rousseff, y la presidente de Chile Michelle Bachelet, fueron presas políticas y parecieran ser las candidatas naturales para hablar sobre problemas de derechos humanos. Pero la popularidad de Bachelet también ha caído por acusaciones que vinculan a su hijo en un escándalo de corrupción, lo que amenaza su agenda de gobierno signada por luchar contra la desigualdad en Chile.
A excepción de los comentarios de esta semana realizados por el canciller uruguayo, que expresó su preocupación por el encarcelamiento de dirigentes de la oposición y el uso de la fuerza letal en contra de manifestantes, las críticas de Latinoamérica hacía Venezuela provienen principalmente de quiénes ya están fuera del poder.
En una carta publicada el lunes, 19 ex mandatarios de América Latina y España hicieron un llamaron al gobierno de Maduro para liberar a los activistas encarcelados e instaron a respetar los principios constitucionales y las normas internacionales.
A los diplomáticos latinoamericanos les gusta decir que es más eficaz tratar estos temas en privado en lugar de airear los trapos sucios. También dicen que los esfuerzos de mediación de Unasur, que el año pasado logró sentar al gobierno y a la oposición a dialogar, pueden servir en el caso de que las cosas se salgan de control antes y después de las candentes elecciones legislativas venezolanas, previstas para fin de año.
Probablemente Maduro llegará a Panamá en ánimo de confrontación con su carta firmada por millones de venezolanos. Los líderes regionales, por su parte, no quieren que este impasse se tome el evento.
«La verdad es que una serie de países de la región están pendientes de sus propios problemas políticos y electorales», dijo el analista Thale. Y «no necesariamente quieren tomar posiciones públicas que abran el mismo tipo de críticas en contra de ellos».