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  • Ahora son empresarios los que piden claridad en caso de narcodiputado

    El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a la Cámara de Diputados llevar hasta sus últimas consecuencias el juicio de desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano para que enfrente las acusaciones en su contra, se le juzgue y se le sancione, de ser culpable, o se le den disculpas y se le deje en paz.

    â??Yo creo que cada quien debe de responder por sus actos, por sus acciones, yo creo que este tipo de cosas, lejos de asustarnos, deberí­an darnos gusto de que cada vez hay menos impunidad en nuestro paí­s y las cosas salen a flote.

    â??Me quedo con esa parte, que se llegue a la solución del caso, sea que lo dejen o pague las consecuencias de sus actosâ?, dijo Mario Sánchez Ruiz, presidente del organismo cúpula del sector privado.

    El dirigente empresarial opinó que el legislador Julio César Godoy Toscano deberí­a separarse del cargo o ser sujeto a un juicio de procedencia de desafuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

    â??Así­ lo tendrí­a que dar la Cámara de Diputados y que después se ajuste a las leyes que tenemos en nuestro paí­s. Y si hay los elementos, que lo juzguen, y si no, pues que ya lo dejen en paz, pero es algo que nosotros, como sociedad empresarial, lo único que queremos es que se aplique la ley en 100% de los casos.â?

    Sánchez Ruiz consideró que este caso se tiene que resolver por el bien del diputado, de su familia, de la sociedad y de las autoridades.

    â??Llegó a tal grado que se tiene qué resolver, o sea, no puede ser que hoy un caso a este nivel que se hizo público quedara así­, yo creo que por el bien del diputado y de su familia, por el bien de la sociedad y de la credibilidad de las autoridades se tiene qué llegar hasta sus últimas consecuencias, entonces se tendrá que decir que es culpable y se le da su castigo, o es inocente, y tendrán que disculparse, no se puede permitir que esto quede en el aire.â?

    El presidente del CCE también consideró necesario construir un mecanismo para evitar que los polí­ticos interesados en candidaturas para ocupar puestos de representación popular no reciban dinero de procedencia ilí­cita, como podrí­a ser el proveniente del narcotráfico