La ONU recomendó hoy a México profundos cambios en su sistema de justicia, en especial en materia de combate al crimen organizado, protección de la independencia judicial, reforma al fuero militar y acceso de los ciudadanos.
El aumento «exponencial» de la violencia ha hecho que tanto jueces como otros profesionales de la justicia «en muchas ocasiones no puedan actuar con libertad», dijo hoy Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
í?stos se encuentran sujetos a «amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas», explicó sobre su visita a México durante quince días, y en la que ha tomado contacto con instituciones de Gobierno, civiles y profesionales.
«El crimen, particularmente el de carácter organizado, busca infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y amenazas», apuntó Knaul, que presentará un informe completo en junio de 2011.
Elogió los controles de confianza instaurados para verificar la lealtad de los agentes para con la ley, pero esa y algunas otras medidas adoptadas, a su juicio, «no han sido suficientes».
Knaul se refirió también a la figura judicial del arraigo, empleada habitualmente por el Gobierno para retener a presuntos narcotraficantes por un periodo de hasta seis meses mientras construye un caso contra ellos.
Tanto la ONU como otros organismos ya habían aconsejado a México que prescindiera de esta figura, por violentar la presunción de inocencia, algo de lo que el país ha hecho caso omiso, resaltó.
«Lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar», explicó.
También debería prescindirse de las presentaciones de presuntos criminales ante los medios antes de que sean sometidos a proceso judicial (la Policía federal difunde a menudo interrogatorios grabados en vídeo, por ejemplo).
Los supuestos delincuentes son exhibidos ante los medios frecuentemente, en ocasiones con señales visibles de haber sido golpeados.
Debe ampliarse, asimismo, el acceso al amparo ante una acusación, ya que ahora es «inaccesible, lento y costoso», evitar el trato discriminatorio a algunos grupos (mujeres e indígenas, por ejemplo).
«La gran mayoría de los delitos quedan en la impunidad», expresó Knaul, con una petición de capacitación y dotación de recursos a cuerpos policiales y judiciales.
Finalmente, recomendó a los magistrados «razonar sus gastos» -los de la Suprema Corte cobran casi 50 mil dólares mensuales- y emplazó a todas las instituciones a empezar «ya» a implementar la reforma de justicia acordada en 2008 y que ha de estar en vigor para 2016.
