Un operativo lanzado el año pasado por las autoridades venezolanas para combatir la delincuencia dio lugar a numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportación de ciudadanos colombianos, reportaron el lunes dos organizaciones no gubernamentales.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch (HRW) presentaron un informe conjunto de 43 páginas en el que recopilaron denuncias vinculadas a la «Operación de Liberación y Protección del Pueblo», lanzada en julio de 2015 por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato.
El documento, que reúne información recogida entre julio de 2015 y febrero de 2016 en Caracas y otros siete estados, denunció 20 ejecuciones presuntamente perpetradas durante las 135 redadas que formaron parte de la operación.
El ministerio público ha dicho que 245 personas y tres policías murieron en enfrentamientos durante la realización de los operativos policiales hasta diciembre de 2015.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW dijo en conferencia de prensa que la enorme desproporción entre los 245 civiles y sólo tres policías muertos «nos permite concluir que la versión oficial de que murieron en enfrentamientos no es creíble».
Venezuela es uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios que según registros oficiales está en 39 por cada 100.000 habitantes pero que de acuerdo con cálculos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia cerró 2014 en 80 por cada 100.000 habitantes.
Rafael Uzcátegui, director de Provea, dijo que los resultados de este operativo gubernamental «significan que el gobierno venezolano ha tomado la decisión de enfrentar el delito de manera no democrática, violando distintos derechos en comunidades de escasos recursos en un marco de militarización de la seguridad ciudadana».
El documento señaló que desde julio las autoridades venezolanas allanaron al menos 17.000 viviendas sin orden judicial y practicaron más de 14.000 detenciones arbitrarias que permitieron el encausamiento de apenas 100 personas.
A su vez fueron deportados 1.700 ciudadanos colombianos de manera sumaria sin haberles dado derecho a la defensa, incluidos 400 que gozaban del estatus de refugiados o lo gestionaban, agregó el documento.
Uzcátegui, quien relató que la fiscal general Luisa Ortega le comunicó verbalmente que 25 funcionarios son objeto de investigación, atribuyó la existencia de abusos masivos a una impunidad estructural, a la falta de independencia del poder judicial, al debilitamiento de las instituciones democráticas y a las garantías del debido proceso.
Los dos grupos aseguraron haber verificado la demolición de 976 viviendas en cuatro estados a cuyos residentes no se les notificó previamente ni se les ofreció alternativas para la reubicación, una modalidad que según Vivanco no tiene precedentes en el continente.
Las dos organizaciones presentaron su informe horas antes de exponer las denuncias durante una audiencia prevista la tarde del lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta semana celebrará su 157 periodo de ausencias.
Etiqueta: ddhh
-
Denuncian graves violaciones a los DDHH en Venezuela
-
México no reacciona en tiempo y forma en defensa de los DDHH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró el miércoles insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.
En un informe elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaran México en octubre, el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.
Citando cifras oficiales, el reporte ubicó en 26.798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República investigaba 2.420 denuncias de tortura en abril de 2015 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.
El informe describió la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero como un «ejemplo emblemático de la aparente colusión» entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y «una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes».
La comisión, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006 y negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.
Pero sí valoró como «importantes» la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada mexicana, sin obtenerlo de inmediato.
«El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva», señaló el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro.
Al consultarle si percibe en las autoridades mexicanas la voluntad política para corregir la situación, el experto dijo a AP que algunos elementos son favorables como el reconocimiento al valor de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay prácticas «muy preocupantes» como haber suspendido los partes de prensa sobre bajas ocurridas durante enfrentamientos sostenidos por la fuerza pública.
«Es como todo en México. Ni sí, ni no», señaló Cavallaro, quien insistió en que la misión del informe no es criticar a un gobierno específico, sino «registrar la realidad y buscar soluciones».
La CIDH detectó graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones.
El órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa meta, como adoptar una ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
-
Gobierno de Morelos acepta recomendación de la CNDH
El Gobierno del Estado informa que aceptó la Recomendación 46/2015 con número de expediente CNDH/4/2014/3219/Q, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizada al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, sobre el caso de inadecuada atención médica en agravio de una mujer y la pérdida de la vida de su hijo, en el Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, dependiente de los Servicios de Salud Morelos.
El Gobierno de Morelos, a través de los Servicios de Salud, se compromete a reparar el daño según la Ley de Atención integral a víctimas vigente en el estado, bajo la premisa de hacerse efectiva una vez que sea legalmente determinada por la instancia que resulte competente. En ese mismo contexto, se compromete a brindarle apoyo psicológico y atención médica integral.
Por otra parte, el Gobierno de Morelos se compromete a mejorar la calidad del servicio médico-paciente, así como mejorar el perfil ético, moral y jurídico de los profesionistas que laboran en dicho Hospital.
De igual forma, a instruir que los servidores públicos de ese Hospital adopten medidas preventivas, que los expedientes clínicos estén debidamente integrados, y se diseñen e impartan cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos y a coadyuvar con los trabajos en la materia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos.
El gobierno del Estado de Morelos enfatiza que, en su Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, es prioridad implementar políticas públicas y acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que habitan o visitan esta entidad.
-
Pena de muerte en Estados Unidos llega a su nivel más bajo
El uso de la pena de muerte en Estados Unidos ha caído a niveles no vistos desde 1991 de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Información de la Pena de Muerte.
El informe de la organización sin fines de lucro publicado este miércoles indica que 28 ejecuciones se realizaron en el año 2015, menos que las 35 de 2014, y la cifra más baja desde 1991. 49 penas de muerte fueron impuestas, un tercio menos que las impuestas el año anterior. Las ejecuciones en 2015 se dieron en seis estados, cifra más baja desde 1988.
La mayoría de las ejecuciones en el país ocurrieron en Texas, Missouri y Georgia y dos tercios de las sentencias a muerte surgieron de 2% de los condados del país.
El número de los que esperan por su ejecución cayó a menos de 3.000 por primera vez desde 1995, indicó el reporte basándose en datos del Fondo de Defensa Legal de NAACP. California lidera esa lista con 746. Al menos 70 personas condenadas a muerte recibieron postergaciones o conmutaciones, más del doble del número de quienes fueron ejecutados. Seis prisioneros condenados a muerte fueron exonerados.
«La tendencia nacional hacia la abolición de la pena de muerte en la ley o en la práctica continuó: Nebraska abolió legislativamente la pena de muerte; la Corte Suprema de Connecticut declaró su pena de muerte inconstitucional; y Pensilvania se unió a otros tres estados al imponer moratorias gubernamentales en las ejecuciones», dice el reporte del Centro de Información de la Pena de Muerte.
«La mayoría de los años no muestran las mismas caídas dramáticas en cada medida que hemos visto en 2015, pero el patrón general y la tendencia a largo plazo han sido de alejarse de la pena de muerte. Incluso estados que ejecutaron prisioneros en 2015 muestran señales de un uso disminuido de la pena de muerte», se señala en el informe.
-
China detuvo a casi mil defensores de los derechos humanos el año pasado
Las autoridades chinas detuvieron a cerca de 1.000 defensores de los derechos humanos en 2014, denunció este lunes una ONG, que acusó al presidente chino de establecer el «peor registro de violaciones de derechos humanos desde mediados de la década de 1990».
En su informe anual, el grupo Chinese Human Rights Defenders (CHRD, Defensores de los Derechos Humanos en China) precisó que esta cifra es similar al número de detenidos en total en los dos años anteriores. De antemano sabemos que los defensores de los derechos humanos en China son una especie perseguida de personas, por lo cual las organizaciones no gubernamentales tienen que dar esta información fuera de la propia China.
«Desde la llegada de Xi [Jinping] al poder, las autoridades han lanzado un asalto implacable y despiadado contra las libertades fundamentales para reforzar el dominio absoluto sobre el espacio en rápida disminución de la sociedad civil, con los defensores de los derechos humanos como blanco», escribió el grupo.
Según CHRD, este número de arrestos es el mayor desde mediados de la década de 1990, tras la masacre de Tiananmén.
En 2014, el grupo registró un total de 995 casos de activistas y defensores de derechos humanos detenidos. Los arrestos en el conjunto de los dos años anteriores ascienden a 1.160.
El informe llega poco después de que cinco defensores de los derechos de las mujeres fueran detenidos en Pekín por organizar protestas contra el acoso sexual durante el Día Internacional de la Mujer. Amnistía Internacional calificó las detenciones de «escalofriantes» y la Unión Europea exigió su liberación.
Más de 200 activistas, abogados y periodistas, entre otros, fueron detenidos en junio con motivo del 25º aniversario de la masacre de Tiananmén y en otoño durante la oleada de protestas prodemocracia en Hong Kong.
Tras asumir la presidencia en 2012, Xi Jinping lanzó una campaña contra críticos al gobierno con cientos de detenidos o encarcelados. Sin embargo, China sostiene que protege los derechos legales de sus ciudadanos, entre ellos, la libertad de reunión, expresión, religión y prensa. -
AI y Mexico
Se da el informe anual de situación en derechos humanos de parte de Amnistía Internacional.
En México, la situación se ha ido evidenciando que no es nada halagadora puesto que indígenas que defienden sus comunidades así como también, libertad a presos inocentes, sistemas judicial y policiaco deficiente, desapariciones forzadas y claro, narcofosas, muestran una realidad que da miedo.
Y es que si bien la cifra de muertos en este combate frontal al crimen organizado en México ya es de más de 40 mil personas, estamos en condiciones de que la cifra se eleve muchísimo más puesto que no hemos visto más que la punta del iceberg. Y que quede claro, nadie ha hablado de tortura.
-
México detiene a mas de 100 ilegales en Oaxaca
Muchos dirán que no, pero desde la masacre en Tamaulipas, creo que sí, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a 104 migrantes indocumentados, entre ellos 15 mujeres y tres varones menores de edad, en el paraje denominado ‘La tembladera’, municipio de Chahuites, Oaxaca, quizá, salvándoles la vida.
Y aunque el INM esta a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), esta precisó que el operativo efectuado esta mañana en coordinación con personal de la Policía Federal fueron detenidos 90 guatemaltecos, nueve salvadoreños, dos indios, un nicaraguense, un hondureño y un ecuatoriano.
¿Le extraña la multiculturalidad del grupo? Seamos honestos, México es el paso a Estados Unidos sin importar si vienen de India o de China, quizá Cuba o Guatemala, somos la antesala y eso el crimen organizado lo aprovecha y muy bien.
Ahora no hay que olvidar pero ni por un instante, que México propugna en todo foro posible el respeto a los Derechos Humanos, así que espero en verdad pueda darse esto ya que de esta forma podríamos a volver a tener valides de levantar la voz por el trato indigno que sufren nuestros connacionales en Estados Unidos.
Texto escrito por El Enigma
Analista consultor en riesgos financieros y económicos, editor en jefe de Solo-Opiniones y Sumayresta.net -
Jovene latinos en actividades contra la SB 1070
La ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona ha motivado el activismo entre los jóvenes latinos en Estados Unidos, reveló hoy el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) en un informe.
El Consejo basó sus resultados en un foro que llevó a cabo en julio pasado en el que participaron 150 líderes latinos de entre 14 y 25 años, en su mayoría estudiantes universitarios y ciudadanos estadunidenses de segunda generación.
Los jóvenes expresaron preocupación por sus familias y amigos, así como intranquilidad por el uso de perfil racial y la discriminación que se podría permitir bajo la ley de Arizona.
También expusieron su inquietud por la ruptura de los valores de igualdad y respeto por la diversidad, pero manifestaron su determinación para superar esos retos a través de la acción y una mayor participación en sus comunidades, señaló el reporte.
La juventud latina representa el 22 por ciento de la población menor de 18 años de Estados Unidos y el 92 por ciento son ciudadanos estadunidenses. Para 2030 representarán la tercera parte del total de menores de edad, estimó el NCLR.
Sin embargo, el 58 por ciento vive en familias en las que al menos uno de los progenitores nació en el extranjero.
Un análisis del Censo de Estados Unidos, realizado por la organización Democracia U.S.A., reveló que en las próximas dos décadas medio millón de hispanos cumplirán 18 años, lo cual los capacitará para votar.
â??En estos momentos, los estudiantes deberían enfocarse en el regreso a clases en lugar de preocuparse de si sus padres serán atacados porque parecen latinosâ?, dijo la presidenta del NCLR, Janet Murguía.
â??Estos jóvenes son nuestros futuros líderes, trabajadores y votantes. Permitir que crezcan en un ambiente donde se desprecia y discrimina a los latinos es prejudicial para nuestra naciónâ?, puntualizó.
Durante la Cumbre de liderazgo juvenil, que tuvo lugar en la Conferencia Anual del NCLR del 10 al 13 de julio pasado en San Antonio, Texas, los investigadores hablaron con adolescentes hispanos de todo el país.
â??Veremos cada vez más jóvenes latinos inscribiéndose para votar y desempeñando un papel más importante en la determinación del panorama político de nuestro paísâ?, anotó Murguía.
Señaló que en lugar de criticar a los inmigrantes y a los latinos, los políticos deberían enfocarse en educar a esta generación de estadunidenses para que puedan a su vez, fortalecer nuestra economía y defender los preciados valores de igualdad y justicia.
La ley SB 1070 entró en vigor el 29 de julio pasado, pero una juez federal prohibió algunos de sus artículos más controversiales, entre ellos la autoridad de la policía para interrogar a una persona detenida si sospecha que es indocumentada
-
¿Sabe que quien y porque estan detras de Diamantes de Sangre?
El juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en La Haya, ha vuelto a colocar el tema de los llamados «diamantes sangrientos» en el centro de la atención internacional.
¿Qué son los «diamantes sangrientos»?
Los llamados «diamantes de conflicto» o «diamantes sangrientos», son piedras en bruto que han sido relacionadas con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Los defensores de los derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las minas que controlan para comparar armas y financiar guerras.
¿Quiénes son las víctimas?
Se estima que los diamantes contrabandeados desde zonas en conflicto representan sólo el 5% del total en circulación. Aun así, su impacto en las guerras parece ser considerable. Mark Doyle, analistas señalan que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África -Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo– hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra en Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas diamantíferas. El conflicto en la R. D. del Congo ha causado la muerte de más de dos millones de personas a raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades, según estimaciones de organismos de ayuda.
¿Qué se ha hecho para evitar el comercio de «diamantes de sangre»?
En un intento de frenar uno de los principales «motores» de la guerra en África, en 2003 entró en vigor un acuerdo de certificación conocido como Proceso Kimberley (el nombre de una localidad de explotación de diamantes en Sudáfrica). El plan es producto de años de negociaciones y fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, a la que asistieron cancilleres de más de 30 países.
¿En qué consiste el Proceso Kimberley?
El sistema exige a los países africanos la exportación de diamantes con una certificación de «libres de conflicto», mientras que los países importadores se comprometen a adquirir en el mercado internacional sólo diamantes certificados. También se contemplan reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados, pulidos y en manos de fabricantes de joyas. En el Proceso Kimberly participan 49 miembros que representan a 75 países.
¿Es efectivo el Proceso Kimberley?
Algunas organizaciones humanitarias han criticado al Proceso Kimberley señalando que la certificación de los diamantes no debe ser responsabilidad de los países productores, sino ser verificada por un organismo independiente. Señalan que sin verificación independiente, los certificados mismos serán objeto de un comercio ilegal. Según un informe publicado por Global Witness (organización que llama la atención sobre la relación entre recursos naturales y violaciones de derechos humanos), el comercio de la piedra preciosa sigue financiando conflictos armados, sobre todo en África.
La organización indicó en su investigación (hecha en Estados Unidos) que la mayoría de los lugares que venden diamantes al por menor no pudieron demostrar que tienen controles claros para frenar el comercio de piedras que puedan financiar conflictos armados.
¿Cómo saber si un diamante es «sangriento»?
A pesar de que el Proceso Kimberley no hace certificaciones individuales, en su sitio de internet ha publicado una leyenda llamada «Sistema de Garantías» (que complementa pero es distinta del proceso) que deberían tener todas las facturas de diamantes provenientes de joyeros confiables. La leyenda asegura que el diamante facturado «fue comprado de fuentes legítimas no implicadas en la financiación de conflictos y de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. El abajo firmante garantiza que estos diamantes están libres de conflicto, basado en el conocimiento personal y/o garantías por escrito presentadas por el proveedor de estos diamantes». En tanto, Amnistía Internacional y Global Witness publicaron una guía con preguntas para formular a los vendedores, como ¿puedo ver una copia de la política de su compañía sobre los diamantes de zonas en conflicto? o ¿puede mostrarme una garantía escrita de su proveedor de diamantes que demuestre que la pieza no procede de zonas de guerra? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían en que las preguntas de los consumidores sean un paso más en la lucha contra los «diamantes sangrientos».
¿Qué tienen que ver Naomi Campbell, Charles Taylor y Nelson Mandela con los «diamantes sangrientos»?
El ex presidente de Liberia, Charles Taylor está siendo juzgado en el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona, en La Haya, acusado, entre otros cargos, de usar «diamantes de sangre» para financiar a la guerrilla de Sierra Leona durante una guerra civil que le costó la vida a decenas de miles de personas. Taylor ha rechazado 11 cargos en su contra que incluyen responsabilidad en asesinatos, violaciones, terrorismo, mutilaciones y el reclutamiento de niños combatientes. Durante el juicio a Taylor, se pidió el testimonio de la modelo británica Naomi Campbell quien aseguró que le entregaron unas piedras «de aspecto sucio» luego de una cena de beneficencia en 1997, organizada por el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, a la cual Taylor también estuvo invitado. Ella aseguró haberlas entregado al ex director del Fondo, Jeremy Ractliffe, como donación para obras de caridad.
Ractliffe explicó que decidió esconder las piedras porque quería proteger la reputación del Fondo y del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y evitar que fueran vinculados con los «diamantes sangrientos». El ex director del Fondo entregó los diamantes a la policía de Sudáfrica y renunció al Consejo Administrativo del Fondo
