La lucha contra el narcotráfico en el estado de Guerrero ha dejado 30 militares y un oficial de la Fuerza Aérea asesinados, esto del 2006, que inició la guerra del expresidente panista, Felipe Calderón, hasta la fecha con Enrique Peña Nieto a la cabeza del gobierno federal.
A esa estadística se sumaron los dos soldados ejecutados tras haber sido levantados por hombres armados en las inmediaciones del Mercado Central del puerto de Acapulco. Versiones no oficiales indican que los militares, quienes iban vestidos de civil, desarrollaban labores de inteligencia en esa zona, a sólo días de haber sido anunciada la estrategia de seguridad en el puerto.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al que se tuvo acceso mediante la Ley General de Transparencia, se mostró que los soldados y oficiales han sido asesinados en la aplicación de la estrategia conocida como: Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que inauguró el primero de diciembre del 2006 Felipe Calderón.
En el reporte se destaca la ejecución de ocho militares en Chilpancingo, registrada el 20 de diciembre del 2008.
De acuerdo con registros periodísticos, los militares habrían sido levantados cuando salían de las instalaciones que albergaban el 41 Batallón de Infantería ubicado en esta capital.
La mañana del 20 de diciembre fueron localizados sus cadáveres en el interior de bolsas de plástico.
Los cadáveres, que estaban cercenados, eran de un capitán segundo, un sargento primero, un sargento segundo, dos cabos de infantería, dos soldados y un sargento de infantería más.
En el documento se da cuenta del asesinato de un solado y un capitán de infantería durante un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y supuestos sicarios del cártel de Los Beltrán Leyva, esto en la zona de Caletilla en el puerto de Acapulco.
Así mismo está el registro de un cabo y un soldado raso, quienes fueron asesinados en un enfrentamiento en la comunidad de El Escondido, perteneciente al municipio de Arcelia el 29 de marzo de 2011.
En ese mismo año, pero con fecha del 20 de septiembre se reportó el homicidio de dos militares en un choque que sostuvieron sicarios en la sierra de San Luis San Pedro, perteneciente al municipio de Tecpan.
De acuerdo con estadísticas disponibles en la página de internet de la Sedena, desde 1976 al año 2015 han sido asesinados 483 efectivos del Ejército en acciones contra el narcotráfico en los diferentes estados del país.
Las estadísticas indican que en ese intervalo de tiempo fueron asesinados dos generales; 11 jefes militares; 83 oficiales; y 387 soldados de tropa.
Mientras que Guerrero es el estado en el que se ha desplegado el mayor número de efectivos militares para la lucha contra grupos delictivos, que se disputan el control de las plazas.
Se trata de por lo menos 6 mil 729 soldados que la Sedena ha desplegado en las siete regiones del estado.
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En Guerrero han sido asesinados 31 soldados en la última decada
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Alcalde de Cocula recibe amenaza del crimen organizado
Un agente de tránsito del municipio mexicano de Cocula, en el estado de Guerrero, fue hallado muerto este jueves junto con una nota de amenaza para el alcalde de la localidad, Erick Ramírez Crespo, quien estuvo suspendido al ser encarcelado durante ocho meses por su presunta relación con el narcotráfico y, en concreto, con el grupo criminal Guerreros Unidos.
El cuerpo de la víctima, identificada como Luis Alberto Buena Mora, fue encontrado alrededor de las 7.40 horas (hora local) sobre el tramo que conecta Cocula con Teloloapan, a la altura del poblado de Mextitlán.
Buena Mora llevaba el uniforme de la entidad en el momento de los hechos. Fue en este precisamente donde los asesinos le dejaron el mensaje al alcalde de Cocula, en una cartulina de color amarillo fosforito clavada con un picahielo.
«Guillermina hija de tu puta perra madre y tu marido de mierda, dejen de estarse metiendo en cosas que no son de su incumbencia y tú el que salió, disfruta de tu vida y libertad. No se metan en pedos ahora que hay paz, no le jueguen al ‘vergas’ porque les vamos a romper su madre. Este es un ejemplo, a la otra siguen ustedes. Atte. Tu padre», indica la nota.
El homicidio se produce tres días después de que Ramírez Crespo, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitara al Congreso local su reincorporación al cargo, después de ser liberado tras ocho meses encarcelado por sus presuntos nexos con el narcotráfico y Guerreros Unidos.
A causa de esto, por el momento, Carlos Alberto Duarte Bahena ocupa el cargo de presidente municipal suplente desde que Ramírez Crespo fuera apartado del cargo en noviembre de 2015.
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Veracruz busca revertir la inseguridad inmediatamente
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Coatzacoalcos la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, con el propósito de regresar al estado la tranquilidad y desarrollo que la población veracruzana demanda
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Se da enfrentamiento en autopista de Michoacán
Un enfrentamiento, registrado hoy en la Autopista Siglo XXI, dejó dos muertos -un elemento de la Policía Federal (PF) y un presunto delincuente-, informó el procurador general de Justicia del estado, Martín Godoy.
El funcionario confirmó el hecho, aunque señaló que las investigaciones están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
En este sentido, la delegación de la PGR dio a conocer que aproximadamente a las 05:00 horas agentes federales circulaban en tres patrullas adscritas a la División Caminos en las inmediaciones de la caseta de peaje de San Ángel cuando se encontraron de frente con hombres armados a bordo de por lo menos cinco camionetas de lujo.
Fue entonces cuando los civiles abrieron fuego contra los uniformados y al repeler la agresión inició un enfrentamiento en el que se logró abatir a un presunto delincuente.
La zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Michoacán mientras que el tramo Uruapan-Pátzcuaro fue cerrado a la circulación por varias horas en tanto se realizaron las actuaciones de ley.
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Nadie puede frenar el robo de combustibles por el crimen organizado en México
En ese contexto, ha florecido el negocio criminal del tráfico de combustibles. La sustracción de hidrocarburos empezó a crecer en el sexenio de Felipe Calderón, a la par del narcotráfico, y se ha consolidado como mercado en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que en estos casi 4 años, el robo de combustibles habría significado pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y ganancias del mismo orden para los delincuentes. Tan sólo por la sustracción ilegal de hidrocarburos, las finanzas de la petrolera habrían sufrido un quebranto superior a los 35 mil millones de pesos, a razón de más de 10 mil millones por año.
Pero éstas no son las únicas mermas vinculadas a este ilícito. La empresa ha gastado miles de millones de pesos en un sistema de “seguridad” y monitoreo de ductos y pipas que reporta a la central –a cargo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, ubicada en la torre ejecutiva de Marina Nacional– con exactitud el lugar donde baja la presión del flujo, situación que se registra por fuga o por extracción ilegal del combustible.
Además, cada vez que una toma clandestina explota, Pemex tiene que sufragar la reparación del ducto y la remediación del medio ambiente, así como los daños colaterales cuando se afecta una propiedad privada.
Aunado a ello, Petróleos Mexicanos paga varios millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional por el servicio de custodia y salvaguarda de sus instalaciones y ductos. Es por ello que algunos militares vigilan parte de las redes que transportan los hidrocarburos. Así que las pérdidas para la empresa son mucho mayores a las simples estimaciones del robo.
“El desarrollo del mercado ilícito de combustibles en México ha dado lugar al aumento en el robo y comercio ilícito de los combustibles que produce Pemex. Como respuesta, el gobierno federal ha implementado varias medidas de seguridad y ha reforzado las fuerzas militares y policiacas y, por otra parte, Pemex ha establecido varias medidas estratégicas que buscan reducir el robo y otras actividades delictivas en contra de las instalaciones y productos de Pemex”, indica la petrolera en su Informe consolidado al primer trimestre de 2016, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores.
En el apartado “Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad”, admite que “a pesar de estos esfuerzos, este tipo de actividades delictivas continúan en México; algunas de ellas contra las instalaciones y productos de Pemex. Estas actividades, su posible incremento y la violencia asociada a ellas podrían tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados de operación de Pemex”.
La petrolera contextualiza el problema: “México ha experimentado un aumento en las actividades delictivas, principalmente debido a las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo [el] narcotráfico”.
Con ello, los directivos de Pemex aceptan lo que todos sabemos: la “guerra” contra el crimen organizado es una farsa. Siempre lo ha sido. Por ello, en estos casi 10 años, las finanzas de los criminales no han sido perjudicadas y todas las expresiones vinculadas al crimen organizado han prosperado (narcotráfico, secuestro, trata de personas, tráfico de combustibles, lavado de dinero).
De nada ha servido 1 década de experiencia, de monitoreo y de análisis del problema: ni Pemex ni el gobierno han sido capaces de enfrentar la sustracción ilegal de hidrocarburos y, menos aún, de erradicarla: la impunidad reina.
En 2015, fueron detectadas 5 mil 252 tomas clandestinas a lo largo del país, admite Pemex por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ese mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 5 mil 32 averiguaciones previas por la sustracción ilegal de hidrocarburos, pero únicamente consignó 177, acepta la PGR también por vía de la Ley.
Ello explica por qué a Pemex le roban de todo: hidrocarburos, gasolina, diésel, crudo turbosina, gas. Así lo demuestra el producto asegurado por las autoridades federales en 2015: 1 millón 602 mil 954 litros de hidrocarburo, 381 mil 611 litros de gasolina, 297 mil litros de diésel, 72 mil litros de crudo, 20 mil litros de turbosina y 4 mil 290 litros de gas.
El robo no se detiene. De enero a abril, Pemex informa que fueron asegurados 224 mil 610 litros de hidrocarburo, 84 mil 813 de diésel, 35 mil 529 de gasolina y 31 mil 960 de gas. Pero los aseguramientos están lejos de dimensionar el problema, pues el mercado negro de combustibles no se está atacando: de julio de 2015 a julio de 2016 se realizaron sólo “cinco operativos coordinados para desactivar la estructura operativa, financiera y de negocios de organizaciones dedicadas a la comisión de estos delitos”, refiere el Cuarto informe de gobierno del presidente Peña.
El único párrafo destinado al tema indica que esos operativos incluyeron entre sus objetivos “las redes de protección que facilitan sus actividades en las zonas centro, Bajío y Noreste del país”. No obstante, los resultados son más que ridículos: “en total, fueron detenidos y consignados 24 integrantes de organizaciones delictivas”.
Según el Cuarto informe, “para combatir el robo de hidrocarburos se consolidó la colaboración de la Secretaría de Gobernación con la Policía Federal, con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. “Esfuerzos” que han tenido un mismo resultado: el fracaso total. Entonces, ¿cómo podemos creer que el combate al crimen organizado es real?
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Ejecutan hace unas horas a comandante en Chilpancingo
El comandante del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG), José Julio N., fue asesinado de varios impactos de bala calibre nueve milímetros en esta ciudad capital.
Hombres armados dieron muerte a la víctima, quien también era chofer de una Urvan del servicio público de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, cuando llegaba al estacionamiento del mercado donde está la base, en el barrio de San Francisco.
Los hechos ocurrieron a las 12 del día y las autoridades mantienen cerrada la vía para realizar las diligencias correspondientes
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Familia veracruzana pierde otro integrante por el crimen organizado
Octavio García Baruch, uno de los cuatro jóvenes desaparecidos el pasado 29 de septiembre y encontrado sin vida el pasado viernes en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz, es el segundo integrante de su familia que ha sido privado de la libertad, ya que primero fue su hermano Gustavo.
Dovianid Carranza Baruch, hermana de Octavio García Baruch, indicó que su hermano Gustavo desapareció desde el año 2015, y hasta ahora no cuentan con ningún indicio sobre su paradero.
Durante entrevista radiofónica refirió que tras el hallazgo de su hermano Octavio sin vida, junto a otras cuatro personas más, tienen pocas esperanzas de que Gustavo se encuentre vivo.
Espero me ayuden a continuar con la búsqueda de mi otro hermano, Gustavo, mi lógica está al 100 por ciento, sé que está muerto, pero lo que quiero es darle cristiana sepultura”, expresó.
En cuanto a los señalamientos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, respecto de que su hermano, estudiante del instituto Tecnológico de Veracruz, podría tener algún vínculo con la delincuencia organizada, su hermana, dijo que ‘él no tenía necesidad de vender droga, ni de secuestrar a nadie’.
Me gustaría saber, cuál es el concepto de ellos sobre delincuencia organizada”, añadió.
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Acapulco cada vez más sangriento
La jornada violenta de lo que va de este día en el puerto de Acapulco ha dejado un saldo de una mujer decapitada y tres hombres ejecutados a tiros en distintos puntos del principal destino turístico de la entidad.
Reportes oficiales indican que a las seis de la mañana se reportó el hallazgo de una mujer decapitada en las inmediaciones de la colonia Progreso.
Una hora después, se informó que en la zona conurbada del puerto habían sido ejecutados dos hombres en la colonia Los mangos, del punto conocido como El Quemado.
Posteriormente, cerca de las nueve horas se dio a conocer el asesinato de otro hombre que se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la vía que conecta con la colonia Moctezuma.
En dos días suman ocho ejecuciones en Acapulco, donde la violencia simplemente no cesa.
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Tamaulipas en manos del crimen organizado
Los acontecimientos de violencia registrados el domingo en Reynosa, son resultado de investigaciones que realizan las fuerzas federales en contra de líderes de grupos delictivos; aseguró el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien señaló que se va de frente contra la delincuencia en la entidad.
En lo que fue su primer día laboral oficial, como Ejecutivo del Estado y a su llegada al Palacio de Gobierno, el mandatario expresó que los delincuentes deben tener miedo, porque en Tamaulipas se aplicara con todo rigor la Ley.
Los que tienen temor son los delincuentes, tienen temor porque vamos a aplicar todo el rigor de la Ley, vamos unidos con las fuerzas federales y vamos a sacar adelante a Tamaulipas, vamos de frente contra la delincuencia”.
Este pasado domingo en aquella ciudad fronteriza, de donde es originario el mandatario tamaulipeco, se presentaron situaciones de violencia con bloqueos en diferentes calles y avenidas, así como incendio de llantas por diversos sectores; García Cabeza de Vaca aseguró que se trabajará de manera coordinada con las fuerzas federales.
La información que nos dan por parte de las fuerzas federales, es que era una investigación, iban detrás de un delincuente, son las prácticas recurrentes que utiliza la delincuencia y el crimen organizado para distraer a las fuerzas federales de su trabajo y ellos puedan ir en contra de los delincuentes, sin embargo, les puedo decir una cosa, no vamos a ceder ni un centímetro, vamos de frente”, aseguró.
García Cabeza de Vaca reiteró que se comprometió a sacar adelante a Tamaulipas, restablecer el orden, la paz y el estado de derecho. Ante la falta de credibilidad de las instituciones en el Estado y los conflictos internos que existen en ellas, señaló, que trabajará en la reconformación de las mismas.
Vamos a hacer los cambios pertinentes, el alto grado de corrupción ha permeado en todos lados, es por eso que por más esfuerzos que un gobierno quiera hacer, cien días no son suficientes, esas son prácticas del pasado, de andar queriendo presumir que en cien días van a llevar a cabo acciones”, respondió.
Por el contrario, expresó que en esos primeros 100 días, su administración recopilará información, trabajará de la mano con la sociedad, sectores productivos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo, donde será parte importante la aportación de la sociedad.
Por ello en los meses que resta del año 2016 las acciones a realizar es saber dónde está parado Tamaulipas, si bien es cierto ya se dio la transición, dijo, la realidad es que mientras no tengan la información a la mano, difícilmente podrá tomar las decisiones que amerita y requiere un estado como Tamaulipas.
El Gobernador tamaulipeco señaló que habrán de analizar exhaustivamente la deuda con que cuenta la entidad, que asciende a un aproximado de 13 mil millones de pesos y evaluar si fue aplicado el recurso de manera eficiente.
Tenemos que analizar la posibilidad de reestructurar esa deuda que hoy en día pone al gobierno del Estado con las manos atadas para llevar a cabo acciones que quisiéramos realizar para impulsar el desarrollo, pero sin embargo se van a llevar a cabo un sinnúmero de acciones que van a permitir dar rumbo al estado”, expuso.
Finalmente aseveró que si en el análisis de la situación económica del Estado se encuentran irregularidades se habrá de proceder conforme a lo establece la Ley.
No sabemos si hay malos usos o no, no me puedo anticipar, no lo sé, lo que sí se es que hay una deuda desmedida, fui muy claro, sin odios y sin rencores simplemente que se hagan los análisis correspondientes, a donde se fue ese dinero, no estoy en contra de que los gobiernos lleven a cabo préstamos, el problema es la aplicación de esos recursos”, concluyó.
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Secuestro imparable en Ciudad de México
Un hombre fue detenido por el delito de secuestro exprés para cometer robo, en agravio de ocho empleados de una empresa comercializadora de equipo tecnológico, donde él trabajaba como personal de seguridad, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Agentes investigadores adscritos adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS), lograron la captura mediante un oficio de colaboración que se cumplimentó en el municipio Pablo Xochimehuacán, Puebla.
De acuerdo con el expediente, el 7 de noviembre de 2015, Daniel Martínez Bello facilitó el ingreso de sus cómplices a una empresa de equipo tecnológico, para la cual laboraba como personal de seguridad, ubicada en la delegación Azcapotzalco, indicó en un comunicado.
Además, ayudó a privar de la libertad a ocho personas, entre miembros de seguridad de la empresa y empleados, a quienes obligaron a desactivar las alarmas y las cámaras de vigilancia.
Mientras el inculpado sometía a las víctimas, sus cómplices robaban equipo como dispositivos USB, discos externos, teléfonos, lap tops, tabletas y pantallas de televisión, la cual fue colocada en distintos vehículos en los que huyeron. Cabe resaltar que en todo momento, los agresores amenazaron de muerte a sus víctimas y las mantuvieron atadas de pies y manos hasta el día siguiente de cometido el robo.
Con sus cómplices adentro privó de la libertad a ocho personas, entre ellos miembros de seguridad de la empresa y empleados, obligándolos a desactivar las alarmas y las cámaras de vigilancia para cometer sus robos.
Labores de gabinete y campo, permitieron al agente del Ministerio Público y a la Policía de Investigación de la FAS, establecer la participación de Martínez Bello en el ilícito. Mediante el análisis tecnológico se ubicó al imputado en el lugar y fecha del evento, así como la existencia de comunicación con sus cómplices durante los hechos.
El indiciado aceptó su participación en el ilícito y aportó elementos para dar con sus cómplices, por lo que quedó a disposición de un Juez Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente.
Por este delito podría alcanzar una pena de 50 a 100 años de prisión por cada una de las víctimas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
