Etiqueta: corte

  • Sin riesgo pensiones del IMSS

    Los más de 2 millones 500 mil jubilados mexicanos â??pueden tener la tranquilidad y la certeza de que la próxima semana y el lunes, en los meses siguientes y en los años subsecuentes recibirán completo el pago de su pensiónâ?, aclaró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh.

    En conferencia de prensa, resaltó que el Instituto analiza â??con mucho detenimientoâ? las implicaciones que tendrí­a â??en su caso, para los nuevos jubiladosâ?? la jurisprudencia 143/2010 que pretende reducir las pensiones a un lí­mite de 10 veces el salario mí­nimo general vigente en el DF y borrar los 25 salarios mí­nimos que contempla actualmente la Ley del Seguro Social y la cual no tendrí­a ninguna retroactividad.

    Precisó que los nuevos jubilados serí­an los trabajadores que soliciten una pensión y que cumplan con los requisitos que establece la ley para acceder a una pensión y de acuerdo con datos oficiales, resultarí­an afectados entre 570 y 600 mil personas.

    El pasado 9 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó la jurisprudencia por contradicción de tesis, que define el criterio aplicable al lí­mite superior para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez, cesantí­a en edad avanzada y muerte.

    Todo esto bajo el régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

    La Corte determinó que en términos del artí­culo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, â??resulta claro que el lí­mite de 25 veces el salario mí­nimo está vinculado únicamente con los seguros de enfermedad y maternidad.

    â??El lí­mite superior de 10 veces el salario mí­nimo, a su vez, regirá y servirá de tope salarial para los demás seguros, como el de invalidez, vejez, cesantí­a en edad avanzada y muerteâ?.

    Karam Toumeh insistió en que se hace el análisis al respecto y que la premisa en el marco de este es que el IMSS siempre actuará de acuerdo a lo que establece la ley.

    Reiteró que la interpretación que se haga â??en ningún momento podrí­a poner en riesgo las pensiones de los trabajadores que hoy están cobrando su jubilaciónâ? y comentó que una vez que se tengan los resultados de este estudio, se informará de inmediato a la opinión pública.

    Por otra parte, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, coincidió en lo anterior a través de su twitter y reafirmó que los pensionados del IMSS deben tener la certeza y tranquilidad de que tienen garantizada su pensión conforme la han venido recibiendo

  • Primer fallo en la corte sobre SB 1070

    México reconoció la decisión de la Corte de Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la aplicación de la ley SB 1070 y aseguró que se trata de un primer paso que va en la dirección correcta.

    En un pronunciamiento del gobierno mexicano luego del fallo judicial emitido este miércoles en Phoenix, la canciller Patricia Espinosa Cantellano reconoció la labor de organizaciones civiles que entablaron demandas contra esa legislación y de 10 paí­ses que se sumaron a la moción de â??Amigos de la Corteâ? presentada por México.

    Asimismo indicó que el gobierno de México continuará dando seguimiento puntual al proceso judicial que se derive de la decisión de la Corte de Distrito en instancias superiores, hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB 1070

  • SCJN desetimo el amparo del SME por LyFC

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y negó el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra esta decisión de octubre de 2009.

    Por unanimidad y de forma recurrente, los integrantes del máximo tribunal del país confirmaron de forma práctica cada uno de los argumentos expuestos en marzo de este año por la juez de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo que promovió el sindicato contra esta decisión del Ejecutivo Federal.

    De esta manera, los ministros avalaron el proyecto que puso a consideración del pleno Juan Silva Meza, quien propuso negar el amparo al SME, organización laboral que demandó el amparo en contra de la extinción de la paraestatal, por considerar que el presidente, Felipe Calderón, no tenía facultades para emitir el decreto.

    Previo a esta discusión, la Corte resolvió que los trabajadores no están facultados para promover recursos contra la extinción de la paraestatal, y que en caso de que no se respeten sus derechos laborales, los electricistas pueden recurrir a las instancias correspondientes a fin de hacerlos valer.

    Entre los puntos más importantes, que se desahogaron en una sola sesión, la Corte confirmó que el Ejecutivo Federal sí tiene facultades para extinguir un organismo descentralizado, además el punto relativo a que no existió violación a la garantía de audiencia previa de los trabajadores, por la extinción de LFC.

    Con una decisión unánime, los integrantes del pleno subrayaron que de acuerdo a la ley relativa a las entidades paraestatales, el presidente de la República sí puede decidir la extinción del organismo descentralizado cuando su funcionamiento ya no resulte conveniente.

    Con esta decisión de la Suprema Corte, el caso fue resuelto en definitiva y no queda ningún recurso jurídico para revertir el decreto de extinción, publicado el 11 de octubre de 2009, pues los diversos recursos que promovieron legisladores, también fueron desechados en días pasados

  • Jalisco y BC por otra negativa ante bodas gay

    Los gobernadores de Jalisco, Emilio González, y Baja California, José Guadalupe Osuna, abrieron un nuevo frente contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.
    Después de cuatro meses de litigio lograron que la Corte admitiera las demandas que promovieron, desde febrero, para evitar que las bodas gay tengan valor en sus entidades y que estas parejas puedan adoptar niños en su territorio. Los mandatarios lograron que la Segunda Sala del alto tribunal revocara ayer la decisión que adoptó el ministro Sergio Valls, quien desechó sus demandas sin revisarlas por considerar que eran improcedentes

  • Nobel de la Paz espera respuesta de la SCJN

    La estadunidense Jody Williams, Nobel de la Paz en 1997, aseguró que no volverá a México si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no toma mañana una decisión que repare el daño a los presos y a las mujeres presuntamente violadas, tras los disturbios de San Salvador Atenco, en 2006.
    Williams confesó que ésta es una decisión que no le gusta, ya que viaja a México con frecuencia desde 1976, pero explicó que no puede condenar, por un lado, los abusos que se cometen en la República y después tumbarse «en sus bonitas playas».
    Aún así­, manifestó que no abandonará a sus «amigos de Atenco», pueblo que ha visitado en numerosas ocasiones.
    La resolución que mañana comunique la SCJN, dijo, «indicará una parte del futuro mexicano».
    «Si va en contra de los afectados, querrá decir que la impunidad en México no va a cambiar», sostuvo.
    Hace cuatro años, en Texcoco y San Salvador, el desalojo de un grupo de vendedores ambulantes originó un enfrentamiento entre campesinos y policí­as que se saldó con dos muertos, 27 denuncias de mujeres contra agentes por abusos sexuales y el arresto de más de 200 personas, de las que doce siguen en la cárcel.
    Algunas como Ignacio del Valle, fueron condenadas a penas de hasta 112 años.
    Débil reconocimiento
    En 2008, la SCJN ya reconoció en un informe preliminar que hubo «violaciones graves» a los derechos humanos de los detenidos.
    «Un policí­a pasó unos dí­as en la cárcel y ya está libre», se quejó Williams.
    La activista, que viajó a México en representación de los once premios Nobel que enviaron una carta al presidente Felipe Calderón pidiendo justicia para los afectados de Atenco, quiere que las autoridades del paí­s «sepan que el mundo está viendo este caso».
    «No me gustarí­a ejercer de juez, porque la Corte tendrí­a que ser independiente. Pero en este paí­s todaví­a no es así­», comentó la estadunidense, que manifestó sus intenciones de llevar el caso a los tribunales internacionales si no queda satisfecha con la decisión de la SCJN.
    La misiva, firmada, entre otros, por Desmond Tutu y Rigoberta Menchú, no ha recibido aún «ni una palabra de respuesta» del mandatario.
    DH, balance negativo
    Williams maneja un balance un tanto negativo de la situación de los derechos humanos en México desde la entrada de este paí­s en la alternancia polí­tica, con las elecciones del 2000 y, en especial, de su evolución desde que Calderón emprendió la llamada â??guerra contra el narcotráficoâ?, que ha marcado su mandato.
    «Está cada dí­a peor y, desde la llegada al poder de Calderón, es horrible. Muchos lo usan como excusa para hacer lo que siempre quisieron: es campo abierto para cada policí­a con ganas de vengarse», aseveró.
    Viví­ aquí­ hace mucho tiempo, señaló, y ahora siento la diferencia en este paí­s, siento la impunidad. ¿Cómo es posible que aspectos como la corrupción estén peor que antes, si siempre ha sido terrible?.
    La Nobel de la Paz destacó la atención que la comunidad internacional, liderada por Amnistí­a Internacional, está prestando al caso, pero no valoró de la misma forma la reacción de la sociedad mexicana.
    El estado de ánimo en Atenco es de nerviosismo, apuntó Williams, aunque sabe que los campesinos de allí­, «sin acceso a la educación ni a la justicia», aplaudieron cuando tuvieron noticia de su llegada.
    «Eso no tiene que ver conmigo personalmente, sino con que sienten que el mundo todaví­a les apoya», aclaró la estadounidense, que anunció que si los doce presos quedan libres, volverá a México «para festejarlo»

  • SCJN ahora va, con el SME

    La Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar las presuntas violaciones a derechos humanos de electricistas durante la extinción de la compañí­a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

    La red entregó en la Segunda Sala de la SCJN un documento denominado â??Amicus Curiaeâ? (Amigo de la Corte), a fin de apoyar mediante el Sistema Interamericano el amparo indirecto promovido por el Sindicato Mexicano de Electrisistas (SME) contra el decreto de extinción de LFC.

    En el oficio, firmado por el presidente de dicha organización, José Raúl Vera, así­ como por el obispo Samuel Ruiz, dicha red considera ilegal el despido de 44 mil trabajadores, que se hizo efectivo a partir del 10 de octubre de 2009.

    Señala que los electricistas no fueron notificados de manera formal sino hasta el mismo dí­a en que fueron desalojados de las instalaciones de la empresa.

    Al momento de entregar este documento, inconformes del SME; de San Salvador Atenco, estado de México; de San Juan Copala, Oaxaca; de la CNTE; Organización Familia Pasta de Conchos, y Cananea, Sonora, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Más tarde, en una conferencia de prensa en el plantón del Zócalo donde varios integrantes del SME mantienen una huelga de hambre, Fernando Amezcua, secretario del Exterior de esa organización, informó que su compañero Cayetano Cabrera Esteva cumple 60 dí­as sin ingerir alimentos y su condición de salud se deteriora rápidamente.

    Asimismo, dio a conocer que esta mañana su compañera Guadalupe Vázquez Guzmán, de 38 años de edad y en huelga de hambre desde hace 50 dí­as, fue trasladada de emergencia a la clí­nica 26 del IMSS debido a su mal estado de salud

  • Sale de Colombia Maria Stella Jara

    La jueza colombiana María Stella Jara, que condenó a 30 años de prisión al ex coronel Alfonso Plazas por la desaparición de civiles durante el desalojo del Palacio de Justicia, en 1985, salió del país debido a las amenazas de muerte que recibía.

    Fuentes cercanas a la jurista dijeron este martes a periodistas que Jara decidió viajar al exterior, debido a las amenazas que recibió durante el proceso para determinar la responsabilidad del ex oficial del Ejército.

    Las intimidaciones se incrementaron desde el pasado 9 de junio, cuando decidió condenar a Plazas a 30 años de prisión, por la desaparición de 11 civiles durante la recuperación del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

    El ex militar era comandante de Caballería cuando la tropa ingresó al inmueble para desalojar a rebeldes del M-19 que tenían como rehenes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia local.

    En el marco de la operación, ordenada por Plazas, 11 civiles fueron evacuados del edificio con vida y llevados a una guarnición militar, donde los torturaron y luego los asesinaron, según testigos.

    El fallo, sin precedentes en la historia de Colombia, se produjo casi 25 años después de ocurrida la toma del Palacio por parte de la ahora desmovilizada guerrilla del M-19 y su desalojo por parte de la tropa oficial, operación que dejó un centenar de muertos

  • Padres de Guarderia ABC van a ir a la ONU

    Padres de los niños de la guardería ABC, así como sus abogados aseguraron que la ruta legal no ha terminado.

    Aún con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deslindó a funcionarios implicados en la tragedia, buscarán la ruta en instancias internacionales.

    En conferencia de prensa, la señora Patricia Duarte anunció que buscarán apoyo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para buscar que se señalen responsables del Estado Mexicano por la tragedia del 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 pequeños producto de un incendio.

    Acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Felix, los papás lamentaron el fallo de la Suprema Corte y aseguraron que se desaprovechó la oportunidad en el tribunal y que ellos depositaron confianza en esta instancia.

    «Es preocupante que el máximo tribunal haya determinado que no hay desorden generalizado en la contratación y operación del servicio de guarderías, en el caso de la guardería ABC no se demostró que la subrogación haya sido la causa generadora de la tragedia», indicó Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Agustín Pro

  • Y luego me preguntan, ¿que porque estamos asi? #GuarderiaABC

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy en la primera votación sobre el caso ABC, que no señalará a autoridades «responsables», como lo proponía en su proyecto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
    En una votación de ocho contra tres, el Alto Tribunal rechazó la propuesta del ministro ponente acerca de que la resolución de la Corte fuera un señalamiento de responsabilidades políticas, éticas y morales, y que los ministros se limitarán a mencionar a los «involucrados» en estos hechos.
    Al inicio de la sesión Arturo Zaldívar defendió su postura y dijo a los integrantes del pleno que los señalamientos a su propuesta fueron aislados, y «que se sacó de contexto su proyecto».
    Sostuvo que en los argumentos que se expusieron el lunes hubo «discusiones sobre las hojas del árbol, pero no del árbol»; aseguró que lo que causó inquietud fueron cuestiones políticas, éticas y morales.
    Recalcó que la Corte es un órgano político y la cabeza de uno de los tres poderes de la unión y su autoridad deriva de la Constitución, por lo que sus resoluciones tienen trascendencia política y moral, cuando hay personas que incurrieron en violaciones graves de garantías.
    uego de las posturas en contra de su dictamen, consideró que si el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución no sirve para fincar responsabilidades, «si fuera eso cierto, pues realmente el 97 no sirve para nada; y si no sirve para nada, y lo digo con el mayor de los respetos, pues no ejerzamos la facultad pero si la ejercemos, vamos a darle un sentido».
    Al respecto ocho de los ministros señalaron que la Constitución no los faculta para señalar a los responsables, y Margarita Luna hizo referencia a las aseveraciones de Zaldívar; sostuvo que «no es temor a la palabra» sino que este impedimento se le debe adjudicar al constituyente, que es el encargado de redactar la Carta Magna.
    Una vez expuestos los argumentos, el ministro presidente Guillermo Ortiz llamó a votación y los únicos que apoyaron la posición de Arturo Zaldívar fueron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, en tanto que el resto se pronunció por apegarse al criterio que se utilizó para el caso Oaxaca, de sólo señalar a involucrados

  • Caso #GuarderiaABC en la suprema corte de justicia

    La Suprema Corte de Justicia inició hoy el debate por el caso de la Guarderí­a ABC, en el que murieron 49 niños, con un llamado del ministro Arturo Zaldí­var, quien elaboró el dictamen, a que se señale a los responsables de esta tragedia.

    No obstante, los magistrados José de Jesús Gudiño, Sergio Aguirre, José Ramón Cossí­o y Luis Marí­a Aguilar rechazaron el proyecto al considerar inadecuado que este esgrima la «autoridad moral» de los ministros del Máximo Tribunal para atraer el caso cuando, dice el dictamen, «otras autoridades han fallado».

    En su mensaje introductorio, el ministro Arturo Zaldí­var consideró necesario que haya consecuencias y justicia por esta tragedia; «una clara y graví­sima violación de derechos fundamentales, porque pudo haber sido evitada», dijo.

    «Cuarenta y nueve niños, prácticamente bebés, fueron entregados por sus padres al Estado con la confianza de que éste se ocuparí­a de su seguridad, y pocas horas después fallecieron por omisiones de autoridades en los tres ordenes de Gobierno», sostuvo.

    El proyecto de dictamen realizado por el ministro Zaldí­var responsabiliza de la tragedia al actual titular de la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex director del IMSS, Juan Molinar, al director del Seguro Social, Daniel Karam, y al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, además de otros once funcionarios.

    El ministro dijo a sus colegas que «no responsabilizar, significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público, para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos».

    Sin embargo, los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Aguirre Anguiano descalificaron de inmediato el proyecto de Zaldí­var y se pronunciaron en contra de que la Corte señale a los funcionarios â??responsablesâ?.

    Dijeron que la Corte ya estableció precedentes de que en la investigación de violaciones graves de garantí­as el máximo tribunal sólo puede señalara a las â??autoridades vinculadasâ? con los hechos.

    Por su parte, José Ramón Cossí­o rechazó la idea de que los ministros de la Suprema Corte se proclamen guardianes morales cuando otras autoridades han fallado, como se sostiene en el proyecto para justificar la intervención del máximo tribunal en el caso.

    De igual manera, Luis Marí­a Aguilar se sumó al rechazo a las expresiones sobre la autoridad moral de la SCJN.

    Previo a la discusión, el pleno de la Corte rechazó las peticiones de dos de sus integrantes, Fernando Franco y Sergio Valls, para que se les declare impedidos de participar en la discusión.

    El pleno entró en receso y reanudará el debate a las 17 horas