El juez español Baltasar Garzón, que logró acorralar a Augusto Pinochet y a otros ex represores sudamericanos, se ve ahora sentado en el banquillo de los acusados en su propio país y suspendido en sus funciones por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.
La decisión de un magistrado del Tribunal Supremo de juzgarlo por haber intentado investigar esos crímenes sin tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977 ha acabado por poner fin temporalmente a su carrera como juez.
Una suspensión temporal, decidida este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría convertirse en definitiva si es declarado culpable de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) y acabar con la carrera en la judicatura de este pionero y ardiente defensor de la «justicia universal».
Garzón, de 54 años, de cabello entrecano y trajes impecables, volvió a demostrar este viernes su facilidad para causar emociones al abandonar la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), a la que llegó en 1988, entre los aplausos de sus partidarios, tan acérrimos como sus detractores.
Mientras los primeros defienden a capa y espada su dedicación, sus detractores le describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios, que por el buen fundamento jurídico sus instrucciones.
Su decisión, el 17 de octubre de 2008 -diez años después de pedir la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad- de abrir la primera instrucción sobre los «crímenes contra la humanidad» del franquismo, ha acabado por volverse contra él.
Esta investigación sobre el franquismo, aplaudida por las familias de las víctimas y algunos historiadores, también suscitó numerosos rechazos.
La derecha y los medios conservadores lo acusaron de reabrir inútilmente viejas heridas, mientras que la fiscalía le reprochó haber lanzado una «inquisición general» basada sobre un castillo de naipes jurídico, hasta que finalmente tiró la toalla.
Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.
Tras investigar en España los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso llevar a juicio al ex represor argentino, Adolfo Scilingo, condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel, ¿cómo ignorar los crímenes de la dictadura española?.
Garzón, de aspecto tímido y voz aguda, falló en su país y podría pagarlo caro, pero sus investigaciones sobre los regímenes militares en América Latina llevaron a que la justicia española reconociera en 2005 su competencia para perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
Aunque algunas de sus grandes investigaciones sobre el terrorismo islámico o traficantes de cocaína gallegos fueron luego criticadas en los tribunales, el juez ha logrado grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.
Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización armada, Batasuna, a la postre ilegalizada por el Tribunal Supremo al año siguiente.
Aunque este juez, casado y con tres hijos, llegó a tener un cargo en el último gobierno socialista de Felipe González (1982-1996), ello no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.
Esta investigación, que contribuyó a poner fin al gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha.
La misma que se volvió contra él por haber apoyado las negociaciones de 2006-2007 entre el gobierno socialista y ETA, investigar sobre el franquismo y descubrir en 2009 un vasto escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP, derecha).
La presión ha acabado por hundir este buque insignia de la justicia universal, que ahora buscará el exilio como asesor de la fiscalía del Corte Penal Internacional en La Haya