Tras las amenazas de la delincuencia, Alberto Miranda Guerra, juez Cuarto Penal, solicitó licencia por mes y medio. Un día después de conocerse que su secretario César Vázquez Ávila fue secuestrado en esta ciudad y abandonado en Tamaulipas, sin que hasta el momento se hayan conocido sus declaraciones ministeriales.
En sesión ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia concedió el permiso, pues el juzgador está estresado por la situación que desde el martes comenzó a presentarse, confirmó la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.
En entrevista, admitió que hay un clima de preocupación en el Poder Judicial por el levantón de Vázquez Ávila, quien consideró necesario reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia en los inmuebles.
De acuerdo con su información, aumentó el número de policías en las instalaciones de Ciudad Judicial; incluso en los estacionamientos subterráneos; en tanto, los juzgados penales ubicados en el edificio de la 12 Oriente y la 6 Norte, en el Centro Histórico, son resguardados por las policías Estatal y Metropolitana.
Por segundo día consecutivo, el Juzgado Cuarto Penal estuvo cerrado y hay posibilidades de que reabra sus puertas al público el próximo lunes, aunque todavía no es oficial.
Las amenazas contra el personal fueron hechas presuntamente por los cómplices de los 11 detenidos por el homicidio del policía ministerial José Alfonso Hernández Gutiérrez.
El juez Miranda Guerra ya había sido amenazado en agosto de 2008 por Los Zetas detenidos en el municipio Tlapanalá, donde estuvieron a punto de ser linchados.
La misma suerte tuvo Alberto Bagatella Bermúdez, que a su paso por el juzgado de Izúcar de Matamoros, fue amenazado por el mismo grupo delincuencial. En tanto, Enrique Romero Razo, cuando fue juez de Defensa Social en Acatlán de Osorio, reforzó su aparato de seguridad, después de iniciar sendos procesos penales contra dos halcones del cártel de los Beltrán Leyva a principios de 2010