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  • No habra ley antisecuestro expres, dice el PRI

    El presidente de la Comisión de Justicia, el priista Humberto Bení­tez Treviño, aseguró que no legislará al vapor la minuta del Senado en materia de secuestro.

    â??Más que cosa de urgencia o legislar al vapor, la opinión que se ha vertido al interior del grupo es revisar el articulado a fondo para sacar una buena ley, la que más convenga a la sociedadâ?, subrayó el diputado del PRI.

    En este sentido, Valdés Huezo destacó que a la fecha se han recibido 40 observaciones por parte de los diputados Ardelio Vargas Fosado, Carolina Viggiano Austria, Alfonso Navarrete Prida y Arturo Zamora, del PRI; Carlos Pérez Cuevas y Sonia Mendoza Dí­az, del PAN; Dolores de los íngeles Nazares Jerónimo y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del PRD; Rodrigo Pérez Alonso y Eduardo Ledesma Romo, del PVEM y Pedro Vázquez González, del PT, integrantes del órgano legislativo.

    Muchas de estas observaciones, giran en torno a especificar los tipos de secuestro y sus penas; hacer más congruentes las sanciones para no incurrir en la inconstitucionalidad o en la impunidad, en su caso y evitar duplicidades.

    â??La cuestión de la competencia sigue siendo una inquietud de los diputados. Piden que se precise qué le corresponderá a la Federación y qué a las entidadesâ?, indicó.

    Entre las observaciones, la diputada perredista Dolores de los íngeles Nazares propuso que en la Ley antisecuestro se establezca que las unidades especiales que investigarán este tipo de delitos se integren con policí­as certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Asimismo, hizo hincapié en que además de reparar el daño al ofendido o a la ví­ctima, se haga a la comunidad donde se cometió el delito. Otra propuesta es incorporar la no sanción penal a quienes tengan amistad cercana con el secuestrador o funjan como sus defensores.

    Consideró que se debe modificar el artí­culo 19 de la minuta y establecer que ningún secuestrador tenga la oportunidad de recibir el indulto o la amnistí­a.

    A su vez, en su pliego de observaciones, el diputado del PT, Pedro Vázquez González respaldó la propuesta perredista y agregó que de operar el apoyo a ví­ctimas de secuestro como se prevé en la minuta, tendrí­a que hacerse también a aquellos delitos que se establecen en el artí­culo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el artí­culo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

    Por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida observó que en la minuta enviada por el Senado falta claridad en la competencia de las autoridades para la persecución del delito.

    â??No precisa si el secuestro va a ser perseguido por el Ministerio Público Federal en todos los casos, como parte de la delincuencia organizada, la cual se establece en la Constitución ni tampoco qué le corresponderá a las entidades federativasâ?.

    Otro asunto, añadió, es clarificar la gradualidad de las penalidades. Un asunto más es la imprescriptibilidad del delito de secuestro a diferencia del homicidio, cuando el máximo valor jurí­dico que protege el derecho mexicano es la vida.

    En tanto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del PAN, pidió definir si la Ley antisecuestro â??es general o reglamentariaâ?, así­ como especificar las competencias tanto de la Federación como de los estados y municipios en la persecución del delito.

    Coincidió en que se debe dejar claro el asunto de la imprescriptibilidad del delito de secuestro, al igual que las penalidades

  • Baja numero de militares de EU en Colombia

    Estados Unidos redujo en los últimos tres años su presencia militar en Colombia a menos de la mitad y sólo hace uso de 30 por ciento del cupo que le permite la ley, informó hoy el diario local El Tiempo.

    El rotativo colombiano señaló que, aunque el tope permitido por el Congreso estadunidense para asistir el Plan Colombia antidrogas es de 800 militares, «en la actualidad el número de tropas está muy debajo de ese límite».

    «Aunque Estados Unidos está autorizado para desplegar hasta 800 militares y 600 contratistas en el apoyo a las operaciones del Plan Colombia, a marzo de este año en el país sólo había 227 castrenses (uniformados) y 257 contratistas», apuntó.

    Aseguró que, «pese a los temores regionales que han existido por la huella militar de Estados Unidos en Colombia, nuevos datos del Departamento de Estado demuestran que es mucho menor de lo que se pensaba».

    Recordó que la presencia militar estadunidense en Colombia comenzó a caer a partir de 2007, cuando se registró la más alta de los últimos 10 años con 563 militares estadunidenses y 440 contratistas civiles.

    «Al año siguiente (2008) la estadística bajó a 333 militares y 368 civiles, y, en 2009, volvió a caer: a 294 militares y 342 civiles, hasta llegar a 227 castrenses y 257 contratistas en marzo de 2010», añadió.

    Señaló que la más alta presencia se dio entre 2005 y 2007, cuando el presidente Alvaro Uribe Vélez desplegó una gran ofensiva contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    El diario consideró que «a estas alturas» no es claro si ese número comenzará a crecer ahora que Estados Unidos y Colombia han firmado un convenio que da a Washington acceso a siete bases castrenses a sus militares.

    «En cualquier caso, no podía ser superior a los mil 600 (militares y contratistas), pues el límite siempre es incluido en las legislaciones que otorgan fondos al país», puntualizó el rotativo

  • Una isla una controversia, Estados Unidos

    La isla Catalina, cercana a la costa de Los Angeles, se encuentra a su pesar en medio de un enredo internacional sobre inmigración ilegal y algunos culpan a sus congresistas por ponerla en esta situación.

    El representante Dana Rohrabacher viajó en helicóptero este mes para enfrentarse a un funcionario mexicano que entregaba tarjetas de identificación que sus paisanos usan en Estados Unidos para abrir cuentas de banco y chequeras.

    El congresista republicano dijo que esto sólo ayuda a que los inmigrantes ilegales se establezcan en Estados Unidos.

    Muchos de los residentes de la isla consideran la visita de Rohrabacher como un acto proselitista que retrata a su comunidad como un paraíso para los inmigrantes ilegales.

    Consideran que el representante los ha llevado innecesariamente a un duro debate sobre inmigración que podría afectar su economía dependiente delturismo.

    «¿Hay ilegales en Catalina? Sí, hay ilegales en todas partes del país, no creo que seamos diferentes a otras comunidades»», dijo Wayne Griffin, presidente de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de la Isla de Catalina.

    «No vengan a lucirse en nuestra isla y a volvernos parte del problema»», dijo.

    Varios dueños de comercios dijeron que tras la visita del congresista recibieron correos electrónicos de parte de personas molestas con las tarjetas de identificación, que amenazan con llevar sus comercios a otra parte.

    La controversia surgió cuando los negocios de la isla buscaban llamar la atención a una remodelación de 13 millones de dólares con atracciones que incluyen una tirolesa que transporta a los visitantes a 182 metros de altura sobre el nivel del mar.

    Rohrabacher reconoció sus preocupaciones y dijo que la inmigración es una responsabilidad federal, no local.

    Su visita ha sido el episodio más reciente de un debate muy largo sobre las identificaciones. México ha emitido más de 7.2 millones de tarjetas en Estados Unidos desde 2002 a través de una red de 50 consulados que incluyen los de Boise, Idaho; Juneau, Alaska, y Little Rock, Arkansas.

    Las autoridades mexicanas sostienen que las identificaciones, con una vigencia de cinco años, son empleadas también por mexicanos que están en el país de forma legal.

    «El principal objetivo es proporcionarle a nuestros ciudadanos una tarjeta de identificación para lo que sea que la necesiten, dijo Ricardo Alday, vocero de la embajada mexicana en Washington.

    «Es mejor que todo mundo sepa quiénes son y dónde viven», resumió

  • Que diga FCH cuanto gasto en publicidad

    La Comisión Permanente del Congreso solicitó al Ejecutivo federal que informe, a través de la Secretaría de Hacienda, del gasto en publicidad gubernamental ejercido del 1 de diciembre de 2006 al 20 de mayo de 2010.

    Según el dictamen aprobado y de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, algunas dependencias federales aumentaron su presupuesto en materia de comunicación social sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación.

    En ese sentido, el senador del PRI, Renán Cleominio Zoreda dijo que en 10 años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), se han gastado más de 32 mil millones de pesos en publicidad gubernamental, lo cual se debe aclarar.

    Precisó que cuando se tomó la determinación de reducir el gasto del gobierno federal, el área donde no se tomó esa medida de manera sustancial fue comunicación social, que debió haber sido la primera en adoptarla, sin embargo no ha sido así.

    A su vez, el diputado del PRI, David Penchyna afirmó que hay un aumento del 500 por ciento en el gasto de publicidad del gobierno federal, a pesar de la política de austeridad que aplica el Ejecutivo federal.

    En tanto, el senador del PAN, Eduardo Nava sostuvo que la mayoría de la publicidad gubernamental se ha transmitido usando los tiempos oficiales y demandó que la petición se haga extensiva a los 31 estados del país para saber cómo ejercen el gasto en la materia

  • PAN revisa el IVA en el congreso de la union

    El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados (GPPAN) emitió un comunicado donde hace las siguientes precisiones respecto a la versión difundida hoy por el Partido del Trabajo, en torno a una supuesta propuesta de Reforma Fiscal.

    1) Los asesores del GPPAN, incluido el cuerpo técnico de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, tienen la encomienda de analizar e investigar distintos escenarios en torno a cada uno de los temas legislativos que se discuten en el seno del Congreso de la Unión y que ocupan a diario a los Diputados de Acción Nacional.

    2) Con base en estos análisis, investigaciones y opiniones, los Diputados del GPPAN se dan a la tarea de recoger opiniones de expertos en los distintos temas, así como grupos de la sociedad civil. Es interés del GPPAN alcanzar propuestas para promover la productividad, competitividad, crecimiento y desarrollo de nuestro país en el ámbito político, económico y social. Esta es una práctica común y cotidiana en todo tipo de iniciativas que son sometidas al Congreso de la Unión.

    3) En razón de lo anterior, cualquier documento preliminar estará siempre sujeto a revisión y deberá transitar por las instancias mencionadas antes de ser considerado como propuesta oficial. En este sentido considerar como aportación del GPPAN un trabajo preliminar es inexacto y falta a la verdad. Particularmente en materia económica se ha trabajado durante semanas y existen varias versiones preliminares sujetas a revisión.

    4) El GPPAN refrenda su respeto absoluto al acuerdo de las distintas fuerzas políticas de la Honorable Cámara de Diputados por el cual se instaura un grupo de trabajo plural, constituido por legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, para la elaboración de un Nuevo Acuerdo Hacendario y Fiscal de la República.

    5) Reiteramos también que la discusión y análisis de las distintas propuestas en torno a este Nuevo Acuerdo Hacendario y Fiscal de la República, se llevarán a cabo al interior del citado grupo, al cual se enterará de cada uno de los escenarios, análisis e investigaciones que se realicen por parte de los asesores y expertos en la materia que considere convenientes el Grupo Parlamentario.

    El objetivo final fijado por la Coordinación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es construir los acuerdos necesarios para presentar, en su oportunidad, la propuesta de reforma hacendaria y fiscal que deberá ser puesta a consideración de este Honorable Congreso de la Unión.

    La reacción del Pan se produce horas después de que el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el petista Mario Di Costanzo, denunció que se pretende dar un albazo legislativo para aprobar una Reforma Fiscal que plantea una tasa de IVA de 18 por ciento y 15 por ciento en alimentos y medicinas

  • Ley Morales, aprobada

    La Asamblea Legislativa de Bolivia, dominada por el oficialismo, aprobó hoy una polémica ley del presidente Evo Morales que intenta impedir que los gobernadores opositores reelegidos puedan ejercer sus cargos.

    Se trata de una norma sobre autonomías aprobada en la Cámara de Diputados al mediodía, tras 18 horas de debate, después de que el Senado hiciera lo propio el viernes, informaron fuentes oficiales.

    La ley, que será promulgada este lunes por Morales, establece que los gobernadores pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones penales de jueces.

    Contra el reelegido gobernador del departamento de Tarija (sur), el opositor Mario Cossío, hay 25 denuncias; contra el de Santa Cruz (este), Ruben Costas, hay nueve, y en el caso de la máxima autoridad de Beni (noreste), Ernesto Suárez, hay dos acusaciones.

    Las denuncias contra los tres opositores han sido planteadas ante la Justicia por el Gobierno de Morales.

    Una de las acusaciones contra Costas es por haber financiado en 2008 un referendo sobre estatutos autonómicos, al igual que hicieron sus colegas en Tarija, Beni y Pando (norte), y que fueron procesos que Morales desconoció por considerarlos ilegales y separatistas.

    Todos los gobernadores elegidos en los comicios del pasado 4 de abril, los seis oficialistas que ganaron en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando, y los tres opositores citados, deben jurar sus cargos el próximo día 30.

    En declaraciones a los medios estatales, el mandatario destacó hoy que la norma es para que «no hayan nuevos corruptos» entre los nueve gobernadores del país.

    A su juicio, si los gobernadores opositores reelegidos están organizando movilizaciones contra la ley se les puede considerar como «corruptos confesos anticipadamente»

  • Casa Blanca niega mover un dedo por prohibicion de armas

    La Casa Blanca no se plantea impulsar un proyecto de ley en el Congreso para prohibir las armas de asalto, como pidió ayer el presidente de México, Felipe Calderón, pero considera que hay que «hacer más» para evitar que lleguen al país vecino, dijo hoy una fuente oficial.

    En declaraciones a medios hispanos, el asesor principal para Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Dan Restrepo, indicó que esa prohibición «ha sido un tema que se ha hablado en todas las ocasiones en las que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido con el presidente Felipe Calderón».Obama

    «ha dejado bien claro que piensa que tenemos que hacer más para cortar el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México, y nosotros tomamos y vamos a seguir tomando pasos para hacer exactamente eso», dijo.No obstante, subrayó el alto funcionario, la Casa Blanca «no tiene previsto impulsar un proyecto de ley en el Congreso sobre este tema».
    En su lugar, precisó, la Casa Blanca busca poner el énfasis en cortar el flujo de armas y de dinero en dirección norte-sur mediante pasos que adopten las agencias federales que tienen esa responsabilidad, como el Departamento de Seguridad Nacional.

    También se pondrá el énfasis, dijo Restrepo, en «ir detrás de los que están violando las leyes actuales de Estados Unidos, que son parte del problema».

    «A eso es lo que se ha comprometido el presidente de Estados Unidos y eso es lo que estamos haciendo», declaró el alto funcionario.
    En su discurso ante el Congreso el jueves, en el segundo y último día de su visita de Estado a Washington, Calderón había pedido que se prohibieran las armas de asalto en Estados Unidos, como se hizo durante el mandato de Bill Clinton mediante una normativa que George W. Bush dejó expirar en 2004.

    Calderón había indicado que esa medida era necesaria para «detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento letal a través de la frontera».
    Tan sólo en los últimos tres años, México ha incautado 75 mil pistolas y armas de alto poder, y el 80% de las que se han podido rastrear provienen de Estados Unidos.

    Según apuntó entonces Calderón, el incremento de la violencia producto del narcotráfico en México ha coincidido con la derogación de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos

  • Calderon Hinojosa reclama a EU

    La petición del presidente Felipe Calderón al Congreso de Estados Unidos para que vuelva a instaurar la prohibición a la venta de armas de asalto y las crí­ticas que hizo a la ley antiinmigrantes de Arizona generó entre polí­ticos conservadores un fuerte rechazo al mandatario mexicano.

    Al dirigirse en sesión solemne al Congreso General de Estados Unidos, Calderón se refirió al combate al crimen organizado que realiza su gobierno, lo que aprovechó para lanzar un llamado de cooperación:

    â??Existe un tema donde México necesita de su ayuda: detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento legal a través de la fronteraâ?.

    Pidió a los congresistas reconsiderar la restitución de la prohibición a la venta de armas de asalto, que fue derogada en 2004. â??Entiendo que la Segunda Enmienda garantiza a todos los buenos ciudadanos americanos la capacidad de defenderse a sí­ mismos. Pero créanme que muchas de estas armas no están terminando en manos de americanos honestos (…) están terminando en manos de criminalesâ?, explicó.

    En el tema migratorio, ratificó su desacuerdo con la ley migratoria de Arizona.

    â??No sólo ignora una realidad que no puede borrar por decreto, sino que también introduce una terrible idea de usar los rasgos raciales como base para aplicar la leyâ?, dijo mientras recibí­a el aplauso sólo del ala demócrata. Se dijo convencido de la necesidad de una â??reforma migratoria integralâ?, para lograr una frontera común segura.

    En su intervención, de 36 minutos, el Presidente fue ovacionado al menos 27 veces. La fracción demócrata no regateó los aplausos ni la dirigente del PRI, Beatriz Paredes, o el senador Carlos Navarrete, del PRD.

    Al final de la sesión varios legisladores republicanos consideraron â??inapropiadoâ? e â??injerencistaâ? el discurso.

    El senador por Texas, John Cornyn, dijo que los estadounidenses no tienen que sacrificar sus libertades para resolver problemas de otras naciones.

    Orrin Hatch, de Utah, consideró inapropiado que un jefe de Estado cuestione leyes de su paí­s. Jeff Sessions, de Alabama, señaló que la solución es un muro fronterizo. â??Así­ no pasarí­an armas al sur ni indocumentados o drogas al norteâ?

  • Retiro de ciudadania a terroristas

    Líderes demócratas y republicanos del Congreso presentaron este jueves una medida bipartidista que, de aprobarse, retirará la ciudadanía estadounidense a personas vinculadas con grupos terroristas o que luchan contra Estados Unidos.

    El senador independiente Joe Lieberman presentó el proyecto de ley durante una rueda de prensa en la que explicó que «ser ciudadano estadounidense significa algo» y quien traiciona a Estados Unidos al tomar las armas en su contra «renuncia a su derecho de ser un ciudadano estadounidense» .

    El «Acta para la Expatriación de Terroristas», secundada por el senador Scott Brown y los legisladores Jason Altmire y Charlie Dent de la Cámara de Representantes, permitiría que el Departamento de Estado retire la ciudadanía a estadounidenses capturados en el exterior y que tienen lazos con grupos terroristas.

    Los detenidos también podrían ser procesados en un tribunal militar, según la iniciativa que busca ampliar y modernizar una ley federal de 1940 que estipula las categorías de actos sujetos a la «expatriación» .

    La legislación, de todas maneras, no tiene carácter retroactivo por lo que, aún si la aprueban ambas cámaras del Congreso, ésta no aplicaría en el caso contra Faisal Shahzad, el paquistaní naturalizado estadounidense acusado por el fallido atentado en Times Square el sábado pasado.

    La secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, explicó que su agencia ya tiene autoridad para expatriar a personas involucradas en actos terroristas pero se aplica principalmente a quienes «declaran algún tipo de alianza a un Estado extranjero» .

    «Creo que como ya tenemos esta autoridad y se ha utilizado en el pasado, tendremos que evaluar cuidadosamente (la iniciativa)» , agregó Clinton, quien recordó que la ciudadanía estadounidense «es un privilegio, no un derecho» .

    Clinton hizo esas declaraciones tras una reunión con el primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius.

    Según explicaron los partidarios de la medida, el objetivo es impedir que los terroristas utilicen sus pasaportes para reingresar a suelo estadounidense.

    Sin embargo, la medida también ha generado escepticismo entre algunos legisladores y grupos defensores de los derechos civiles.

    El senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, dijo a la cadena Fox News que la medida «va demasiado lejos» y que «hay maneras de resguardar la seguridad sin abandonar algunos de los principios más fundamentales» de la nación.

    «Retirar la ciudadanía de alguien sin algún tipo de proceso judicial me parece un pasado demasiado lejos» , explicó Durbin.

    El senador republicano Lindsey Graham considera que esta medida eliminaría la posibilidad de que el Gobierno estadounidense procese a un estadounidense por cargos de traición.

    «No quiero que se elimine de la mesa la capacidad de acusar a alguien de traición, a un ciudadano estadounidense que esté ayudando a Al Qaida o a los talibanes» , precisó Graham.

    Mientras, Laura Murphy, directora de la oficina legal de Washington de la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU) , dijo en un comunicado que la legislación presentada hoy «es anticonstitucional e ineficaz» .

    La iniciativa, según la experta, es especialmente «atroz» porque se basaría en sospechas y «en la determinación potencialmente errónea» que hagan las autoridades del Departamento de Estado sobre la culpabilidad de las personas.

    «Este proyecto de ley pone de cabeza toda la noción del debido proceso» judicial en Estados Unidos, agregó Murphy.

    Según un dictamen del Tribunal Supremo de EU, aunque algunos actos pueden fundamentar la revocación de la ciudadanía estadounidense, la única forma de que un estadounidense pierda su ciudadanía es si renuncia a ella expresamente

  • Sin acuerdos aun en Ley de medios

    El acuerdo del PAN y PRD para impulsar la reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión pende de un hilo.

    Los senadores involucrados en la negociación del dictamen se reunieron esta noche por casi dos horas, pero no lograron acuerdos.

    La reunión fue encabezada por los presidentes del Senado, el perredista Carlos Navarrete, y de la Junta de Coordinación Política, el panista, Gustavo Madero.

    Al Senado llegaron los diputados Javier Corral, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta.

    Luego de la encerrona, los senadores y diputados concluyeron que es prácticamente un hecho que la reforma no saldrá en este periodo de sesiones.

    Sin embargo, en un último intento por aprobar una reforma a esta ley aunque sea general, la comisión de Radio y Televisión sesionará este martes