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La transparencia y el derecho de acceso a la información son elementos cada vez más relevantes durante los procesos electorales, pues constituyen la base para la formación de criterios con los cuales el ciudadano decide su voto, afirmó el IFAI.

La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, señaló que si bien están obligados a responder solicitudes de información a través del Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos políticos deben difundir información sin que medie solicitud alguna.

Tal es el caso de los documentos básicos y reglamentación interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para elegir dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos estatales e informes ordinarios y de campaña.

«Anteriormente la autoridad electoral estaba sujeta al escrutinio público y de partidos, en tanto que los organismos políticos únicamente lo estaban al de la autoridad electoral», expuso la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Durante la conferencia «Procesos electorales y transparencia», en la Universidad Autónoma de Puebla, refirió que en la más reciente reforma electoral, el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) introdujo un capítulo específico en materia de transparencia de los institutos políticos.

«De esta manera, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público y del ámbito federal, se convierten en sujetos obligados indirectos en materia de transparencia», afirmó Peschard Mariscal.

Destacó que el acceso a la información adquiere un papel relevante precisamente en el marco democrático, al sancionar políticamente al partido en el gobierno por su mal desempeño, a través de la alternancia, o bien premiándolo, al ratificarlo con su voto.

«La jornada electoral es el momento crucial de la relación entre ciudadano y Estado, y alcanza su mayor efecto a partir de la información con que cuenta el sufragante para definir el sentido de su voto», detalló la comisionada presidenta.

La funcionaria federal aseveró que «con toda la información a mano se constituye un voto responsable que se vuelve corresponsable con el conjunto de los electores y el gobierno emanado del voto».

Reconoció que la opinión que consignan los medios de comunicación, líderes de opinión y los propios actores políticos con base en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se traslada a amplios sectores sociales a efecto de nutrir las preferencias electorales.

Por ello advirtió que «el debate en torno a la libertad de expresión o la promoción de obra gubernamental tiene que ver con el tipo de información que se difunde».

En referencia al estrecho vínculo entre la construcción de gobernabilidad y transparencia, la ex consejera del IFE planteó la existencia de tres vertientes de análisis: la transparencia de los actores políticos, la organización de los comicios y la decisión ciudadana.

En el caso de la transición a la democracia en México, recordó que la regulación electoral introdujo paulatinamente el componente de transparencia en diferentes esferas de la actividad partidista: prerrogativas, fiscalización y organización de los comicios