Una niña indígena maya de 10 años embarazada tras ser violada al parecer por su padrastro, enfrenta un dilema en México debido a que las leyes locales le impiden abortar por lo avanzado de la gestación, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo.
El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la propia madre de la pequeña después de llevar a su hija a una revisión médica y acreditar que estaba embarazada.
El médico que atendió a la menor, natural de la comunidad La Rovirosa, en el sur de Quintana Roo, confirmó que tenía casi cuatro meses de gestación.
La Fiscalía estatal no ha proporcionado el nombre de la menor ni el de la madre.
Inicialmente la niña dijo que al ir a la escuela un sujeto la «jaló» hacia el monte y abusó de ella, pero en el transcurso de las investigaciones y al quedar bajo el resguardo de instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor terminó por confesar que su padrastro era el autor de la agresión, detallaron fuentes de la fiscalía.
El varón, identificado como Isaac Santiago Martínez, alias «El Brujo», fue localizado y detenido ante la policía el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga y por presunta violación.
Desde el 30 de marzo «El Brujo» está encarcelado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.
Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que inicialmente aceptó, pero de lo cual más tarde se desdijo argumentando que había sido obligado a declararse culpable.
De acuerdo con datos proporcionados por personal de la fiscalía, la legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar nada más en los primeros tres meses de embarazo, un plazo que ha sido rebasado en el caso de la pequeña indígena maya.
Su situación recuerda a la de la joven Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía.
Semanas después de la agresión Paulina conoció que estaba embarazada y su familia inició los trámites legales para solicitar la interrupción del embarazo al ser resultado de una violación.
Sin embargo, los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado por un juez y la canalizaron con grupos religiosos y antiaborto.
El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla y el 14 de abril de 2000 Paulina dio a luz a un hijo varón.
El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley