El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, participó en el foro «Pase de estafeta. Retos y desafíos para la igualdad sustantiva», en la sede del Senado de la República
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Pase de estafeta – Retos y desafíos para la igualdad sustantiva
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Angel Aguirre en la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aplico su acción y citó al gobernador de Guerrero Ángel Aguirre para que explicara que sucedió hace unos días con la muerte de estudiantes normalistas.
Y es que Ángel Aguirre al comparecer como gobernador de Guerrero en funciones ante la CNDH ahora está bajo la luz del escrutinio.
Muchos ciudadanos creen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es más que una institución de Gobierno, craso error.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos al haber citado Ángel Aguirre como gobernador en funciones del estado de Guerrero ha logrado una victoria ante instituciones o personajes que deben estar para trabajar por el pueblo.
Y es que Ángel Aguirre al haber comparecido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está obligado junto con la transparencia que goza México a dar de frente una explicación ante un deleznable hecho como lo es la muerte de estos normalistas a manos de policías.
La investigación que se lleva a cabo sobre la muerte de estos normalistas será un parte aguas en la historia de México ya que además habrá un mejor mañana siempre y cuando, seamos los ciudadanos los que defendamos y protejamos una institución como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que hay diversos frentes que buscan en la sociedad mexicana, el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sea tan fuerte, solida o quizá, una institución que SI vele por los derechos de los ciudadanos.
Esperemos y veamos.
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CNDH contra la trata
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en marcha 12 Comités Regionales que coordinan esfuerzos interinstitucionales en diferentes estados para combatir y reforzar las acciones contra la trata de personas.
Dichos comités serán instalados en los estados de Jalisco, México, Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua y Veracruz, así como dos en Chiapas, a fin de prevenir dicho delito, así como dar protección y asistencia a víctimas.
Mediante un comunicado, el organismo nacional señaló que la trata de personas es una agresión directa a la libertad y a la dignidad de las personas, así como una práctica delictiva que se ha transformado en uno de los negocios más rentables a nivel mundial.
A través del Programa contra la Trata de Personas, indicó, los Comités Regionales fomentan la participación de los tres niveles de gobierno para sensibilizar y capacitar a los servidores públicos para lograr una eficaz prevención, persecución y sanción del delito.
Además realizan diversas acciones encaminadas a la promoción y difusión con organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, a las que han distribuido más de 40 mil materiales de información y orientación.
Mencionó que la creación de los referidos comités se sustentan en una coordinación territorial que busca la participación de la sociedad, para la adopción de medidas encaminadas a la prevención de la trata de personas y a fomentar la práctica de la denuncia.
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CDNH pide responsabilidad al gobierno
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades para que emprendan acciones necesarias y contundentes que garanticen el libre ejercicio del periodismo.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, insistió en esa demanda luego de que en el año 2010, recién concluido, se registraron nueve homicidios, cuatro desapariciones y 64 quejas por ataques y agresiones contra periodistas en México.
En un recuento de datos concentrados del año 2000 a la fecha, el funcionario consideró necesario insistir en que las autoridades redoblen esfuerzos para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de violencia.
En un comunicado, el organismo defensor recordó que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución y un factor esencial para la vigencia del Estado de derecho del régimen democrático.
En este sentido, recalcó que la CNDH ve con especial preocupación los agravios cometidos contra periodistas y comunicadores, pues indirectamente se afecta el derecho a la libertad de información de todos los habitantes del país.
De acuerdo con los registros de la CNDH, de 2000 a la fecha, el organismo ha recibido 608 quejas por agravios a periodistas y registrado en el mismo lapso 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones.
Además, como fenómeno nuevo sucedieron 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación en los últimos cinco años, agregó.
Como resultado de estas agresiones, la CNDH ha emitido de 1999 a la fecha un total de 22 recomendaciones, 62 medidas cautelares, 28 propuestas de conciliación y la recomendación general 17.
Las cinco autoridades más denunciadas por ser presuntamente responsables de algunos de estos agravios son, en orden decreciente, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las procuradurías de Justicia de Oaxaca y Veracruz.
Por otra parte, las entidades donde más agravios contra periodistas se han registrado son el Distrito Federal, con 64 casos; Oaxaca, con 41; Veracruz, con 29; Chihuahua, con 28, y Chiapas con 26.
El recuento indica que los derechos humanos más vulnerados son los de seguridad jurídica en 234 casos; vulneración a la libertad de prensa, con 76; al principio de legalidad, en 36; al derecho a la integridad y seguridad personal, con 29, y vulneración al derecho a la propiedad y posesión de bienes, con nueve casos.
El ombudsman nacional recordó que a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se ha buscado fomentar la cultura de la denuncia para que ninguna violación a los derechos humanos deje de ser sancionada.
Además en 2010 se presentó la guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México, donde se establecen criterios para llevar a cabo esquemas de protección, definición, urgencia y temporalidad para los periodistas, documento que está disponible para los interesados.
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CNDH no debe encubrir anomalias
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a las comisiones de derechos humanos nacional y estatales a no â??ser cómplices ni encubridores de las anomalíasâ? que hay entre las instituciones ni â??ser tontos útiles de la delincuenciaâ?.
Subrayó que hoy más que nunca esos organismos deben ser perspicaces para poder distinguir las acusaciones mal intencionadas y dolosas que buscan desestimar la acción del Estado de aquellas que pueden tener fundamento y respondan a anomalías entre las fuerzas de seguridad.
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Senado da mayor peso a CNDH
El Senado aprobó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el dictamen para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, que incluye la modificación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pase la facultad de investigar violaciones â??gravesâ? a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Una vez aprobada esta reforma, las instituciones estarán imposibilitadas para negar información al organismo bajo el argumento de datos confidenciales. Pero a cambio, la CNDH deberá mantener reservados los datos para no afectar a terceros.
En el dictamen, los integrantes de las comisiones modifican â??sustancialmenteâ? el artículo 102 constitucional para establecer que el presidente de la CNDH y los titulares de los organismos de protección de derechos humanos de los estados se elijan a partir de una consulta pública.
Con esta reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar â??los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanosâ? por oficio o cuando lo solicite el Ejecutivo Federal, el Legislativo, los gobernadores, el Jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
Se establece que las entidades y el DF garantizarán la â??autonomíaâ? de los organismos de protección a los derechos.
El presidente de la Comisión, Pedro Joaquín Coldwell (PRI), resaltó que las modificaciones avaladas en comisiones forman parte de la reforma política que se discute en el Senado.
Estado de emergencia
El dictamen también adiciona el artículo 29 constitucional como un primer piso del entramado jurídico hacia la aprobación del estado de emergencia para fortalecer al Estado en la lucha contra el narco y el crimen organizado.
Los senadores debatieron por casi dos horas el tema, y acordaron que â??la restricción o suspensión de derechos y garantías debe ser proporcional al peligro a que se hace frenteâ?.
Los secretarios de Estado y la PGR, con aval del Congreso, podrán restringir en el país o una zona el ejercicio de los derechos y las garantías â??que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero por un tiempo limitadoâ?.
El Congreso de la Unión será el encargado de revocar la suspensión de garantías, y el Ejecutivo no podrá hacer observaciones
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PGR quiere no ser transparente
La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Como parte de su estrategia para no dar a conocer información pública o retrasar su entrega, aunque no exista una reforma que lo autorice explícitamente, la PGR ha optado por impugnar las decisiones del IFAI.
Uno de los juicios que ha impulsado el procurador es el que promovió para no dar a conocer el expediente sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, relacionado con el caso Rosendo Radilla, y que el IFAI ordenó se le entregara a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
A la par, el titular de la PGR y la administración calderonista litigan ante la Corte para que declare infundados dos juicios que inició desde el año pasado en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber impulsado y avalado la aprobación de una reforma que prohibió el acceso a las averiguaciones previas de la PGR
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Mexico pais de alto riesgo a periodistas
En los últimos 10 años, 57 periodistas y comunicadores han perdido la vida en México durante el ejercicio de su trabajo periodístico, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo agregó que sólo en 2009, con el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, de Quintana Roo â??el pasado martes 22 de diciembreâ??, se elevó a 12 el número de periodistas asesinados.
De acuerdo con un recuento realizado por medio de comunicacion masiva, durante la última década fueron 65 los periodistas asesinados, y se registraron ocho desapariciones. En cuanto al número de muertes en 2009, en total suman 15, lo que hace de este año que termina uno de los más graves en materia de ataques a los comunicadores.
En cuanto al crimen del reportero en Quintana Roo, el organismo defensor de los derechos humanos abrió un expediente de queja y demandó a las autoridades estatales el esclarecimiento del asesinato y la pronta acción de la justicia.
En un comunicado, la CNDH dijo que mantiene comunicación permanente, desde el día en que ocurrieron los hechos, con la Asociación de Periodistas de Playa del Carmen, que encabeza Verónica Alfonso.
A estos hechos deben añadirse ocho desapariciones de comunicadores y siete atentados con explosivos a instalaciones de medios en nuestro país.
De acuerdo con la CNDH y organizaciones internacionales, México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico, porque cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas.
La comisión hizo un llamado a las autoridades â??para que asuman a plenitud su responsabilidad de respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresiónâ?.
Declaró que el compromiso de la institución con respecto de la libertad de expresión es investigar los casos de su competencia, denunciar lo que ocurre y demandar a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades.
Las agresiones a los derechos humanos de los comunicadores aumentaron, como se aprecia en la siguiente relación de quejas por año: En 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en el 2007, 84; en 2008, 80; y al mes de noviembre de 2009 la cifra es de 78.
La cifra puede ser mayor, considerando los casos que tienen registrados los organismos públicos estatales de derechos humanos, más los que no se denuncian.
Las quejas fueron interpuestas por los propios afectados, por sus familiares o por organizaciones de periodistas y, en muchos casos, iniciadas de oficio, pero es al Ministerio Público al que la ley otorga la responsabilidad de la acción penal
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CNDH apoya a Ramon Ayala
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió a procuradores garantizar la seguridad del cantante Ramón Ayala, que continúa detenido mientras se realiza la investigación por su presencia en una presunta fiesta de Navidad del cartel de los Beltrán Leyva.
Ayala vive en Texas y era parte de los músicos invitados a una fiesta navideña, que se presume fue organizada por el cartel de narcotraficantes cuando lo detuvieron en medio de una redada del ejército en una mansión del estado de Morelos, al sur de la ciudad de México.
La comisión pidió que los procuradores federales garanticen la seguridad y el bienestar físico y emocional de Ayala y otro integrante de su grupo, Los Bravos del Norte.
La comisión dijo el domingo que emitió su recomendación después de que las autoridades recibieran llamadas telefónicas de la esposa de Ayala y su abogado en las que expresaban su preocupación por la detención.
