Centroamérica sufre un retroceso en el área de los derechos laborales debido a las malas condiciones para los empleados y la despreocupación de los gobierno, reveló un estudio de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, red que agrupa varias organizaciones sindicales del istmo.
Los bajos salarios, subempleo, exceso de horas laborales y amenazas a quienes se agrupan en sindicatos son las problemáticas más comunes, explicó el viernes en rueda de prensa Noilin Molina, representante de la campaña.
«Hay un retroceso en general para la región, en todos los países se violan los derechos laborales aunque los estados se comprometieron a protegerlos».
Los resultados serán expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia concedida a la organización en la sede de la entidad en Washington.
La investigación incluyó a todos los países excepto a Belice y encontró que predominan las condiciones salariales precarias donde un 22% de la población regional ocupada gana por debajo del mínimo establecido por ley. Honduras tiene el porcentaje más alto con 31,4% y Costa Rica el más bajo con 12,8%.
La subcontratación se volvió una práctica de flexibilización común que facilita a las empresas evadir el cumplimiento de las garantías para sus empleados, destacó el análisis, que encontró la tendencia de forma más común en el sector agropecuario de Guatemala, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.
Tres de cada 10 personas laboran en jornadas de 49 o más horas a la semana, cifra situada por encima del promedio mundial, que es dos de cada 10 personas.
Otro problema es que las autoridades en la región no han tomado medidas efectivas para garantizar la igualdad de género y a pesar de la inserción de las mujeres en el campo laboral, aún carecen de condiciones justas en la posibilidad de acceder al mercado y la calidad de sus trabajos.
Molina expuso que otras garantías vulneradas fueron las de libre asociación y negociación colectiva con registros que mostraron que 16 dirigentes sindicales fueron asesinados en Guatemala, Honduras y Panamá entre el 2007 y 2009 en tanto otros recibieron amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas, hostigamiento y persecuciones.
«Ninguno de estos casos son aislados, todos se dieron mientras había movimientos de trabajadores en las empresas. En la región los sistemas de protección son lentos e ineficaces», apuntó Molina.
La Campaña Regional pretende que la CIDH reconozca que la flexibilidad laboral atenta contra los derechos de los empleados y que convoque a los gobiernos a dar cuentas por las cifras arrojadas.
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