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Etiqueta: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

  • La Importancia de los Órganos Constitucionales Autónomos en México

    La Importancia de los Órganos Constitucionales Autónomos en México

    Justificación Teórica de los Órganos Constitucionales Autónomos

    La creación de órganos constitucionales autónomos en México se basa en dos premisas fundamentales:

    1. Eficiencia y Efectividad Gubernamental: La dotación de autonomía constitucional a instituciones especializadas mejora el desarrollo de sus tareas. Esta práctica es reconocida a nivel internacional y se aplica a una amplia variedad de temas y funciones gubernamentales.
    2. Independencia de las Funciones Estatales: Aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones del Ejecutivo y las presiones políticas garantiza la independencia de decisiones cruciales.

    Iniciativa Presidencial de Simplificación Administrativa

    La iniciativa presidencial de “simplificación administrativa” propone eliminar cuatro órganos constitucionales autónomos y tres descentralizados, regresando sus atribuciones a las dependencias del Ejecutivo Federal. Estos órganos incluyen:

    • Comisión Federal de Competencia Económica
    • Instituto Federal de Telecomunicaciones
    • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
    • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
    • Comisión Reguladora de Energía
    • Comisión Nacional de Hidrocarburos
    • Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

    Análisis del Impacto en el INAI

    El análisis se centrará en el caso específico del INAI. A continuación, se presentan algunos puntos clave:

    1. Presupuesto y Austeridad Republicana: El presupuesto del INAI representa solo el 0.01% del gasto total del gobierno federal y ha disminuido un 24.4% desde 2018.
    2. Percepción Pública sobre el Derecho a la Información: Según una encuesta del INEGI, el 72.3% de la población considera que todos tienen derecho a conocer la información generada por el gobierno. Sin embargo, el 66.6% de quienes consultaron páginas gubernamentales no encontraron la información deseada.
    3. Aumento de Recursos de Revisión: Ha habido un aumento constante de recursos de revisión por la negativa o entrega incompleta de información. La Secretaría de la Función Pública, que asumiría las funciones del INAI, estuvo entre los cinco sujetos con más recursos de revisión en 2023.

    Relevancia de la Autonomía del INAI

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya la necesidad de una institución independiente que centralice y canalice las solicitudes de información, protegiendo el derecho a saber de la población. El Acuerdo de Escazú también resalta la importancia de fortalecer las capacidades para garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

    Conclusión: La Necesidad de Preservar la Autonomía

    La autonomía de órganos como el INAI es crucial para evitar que el gobierno sea juez y parte en la entrega de información. La Secretaría de la Función Pública no puede exigirse a sí misma transparencia, por lo que la independencia del INAI debe preservarse para garantizar el acceso a la información pública.

  • Llegan más quejas contra Donald Trump en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    Maru Mora Villapaldo, una inmigrante indocumentada mexicana perteneciente a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las ordenes migratorias del presidente Donald Trump servirán para presentar a los inmigrantes indocumentados como criminales, y que a pesar de ser indocumentada «no tengo miedo. Me rehúso a volver a las sombras»
    Llegan más quejas contra Donald Trump en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que no hay DDHH en México

    Ahora si, que el gobierno la ha hecho, ya abrio la puerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tendrá que aguantar señalamientos que hasta el momento, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habia hecho ya que no tenia la oportunidad de que el gobierno federal polemizara con ella sobre la situación en México en esa materia.
    La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, concluyó en un informe preliminar que México padece “una grave crisis de derechos humanos”, misma que todos podemos intuir pero que lo venga a decir a nuestro país la comisión en la materia, más alta en el continente no esta para nada alagador, sobre todo porque pareciera una arremetida más en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
    No voy a defender al actual mandatario, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta viendo que en México hay una compleja situación en torno a una guerra sanguinolenta a los carteles de la droga, entiendo que el respeto a los derechos humanos debe ser hasta en terrenos de guerra, como Afganistan o Siria pero no conocen los alcances de violencia y lo sanguinarios que los carteles del narcotrafico en nuestro país.
    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las violaciones a los derechos fundamentales son especialmente graves en las personas en situación de pobreza, migrantes, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y en la comunidad gay. México tiene graves deficiencias para ser un país tan importante en el mundo, para comenzar, ni siquiera que nos creamos que somos un país importante ya es un problema, ya que nos tiene acotados en la mente.
    Pero, recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene en referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde consideró que la tragedia es un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México.
    Enrique Peña Nieto tiene un frente de guerra en torno a los derechos humanos muy importante aquí y no tiene ni idea de como apagarlo.
    Comisión Interamericana de Derechos Humanos y México

  • Niña indigena violada o puede abortar

    Una niña indígena maya de 10 años embarazada tras ser violada al parecer por su padrastro, enfrenta un dilema en México debido a que las leyes locales le impiden abortar por lo avanzado de la gestación, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo.

    El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la propia madre de la pequeña después de llevar a su hija a una revisión médica y acreditar que estaba embarazada.

    El médico que atendió a la menor, natural de la comunidad La Rovirosa, en el sur de Quintana Roo, confirmó que tenía casi cuatro meses de gestación.

    La Fiscalía estatal no ha proporcionado el nombre de la menor ni el de la madre.

    Inicialmente la niña dijo que al ir a la escuela un sujeto la «jaló» hacia el monte y abusó de ella, pero en el transcurso de las investigaciones y al quedar bajo el resguardo de instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor terminó por confesar que su padrastro era el autor de la agresión, detallaron fuentes de la fiscalía.

    El varón, identificado como Isaac Santiago Martínez, alias «El Brujo», fue localizado y detenido ante la policía el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga y por presunta violación.

    Desde el 30 de marzo «El Brujo» está encarcelado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

    Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que inicialmente aceptó, pero de lo cual más tarde se desdijo argumentando que había sido obligado a declararse culpable.

    De acuerdo con datos proporcionados por personal de la fiscalía, la legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar nada más en los primeros tres meses de embarazo, un plazo que ha sido rebasado en el caso de la pequeña indígena maya.

    Su situación recuerda a la de la joven Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía.

    Semanas después de la agresión Paulina conoció que estaba embarazada y su familia inició los trámites legales para solicitar la interrupción del embarazo al ser resultado de una violación.

    Sin embargo, los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado por un juez y la canalizaron con grupos religiosos y antiaborto.

    El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla y el 14 de abril de 2000 Paulina dio a luz a un hijo varón.

    El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley

  • CIDH hace serios señalamientos a Venezuela

    El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, así como hay «serias restricciones» a los derechos humanos, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este miércoles.
    En el informe de casi 300 páginas, la CIDH observa un «debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela» que «ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos» en el país.
    El Estado no ha «garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno» del presidente Hugo Chávez.
    «Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política», señaló la Comisión.
    Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
    La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el gobierno de Chávez se niega a permitirla desde 2002.
    Caracas se rehúsa alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de 2002 contra Chávez.
    Precisamente desde 2002 el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.
    La negativa del gobierno de Chávez a permitir la visita «debilita seriamente el sistema de protección colectivo» creado por la OEA, consideró la CIDH.
    La comisión subrayó la falta de «condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor» en Venezuela.
    Asimismo, constató «un patrón de impunidad» en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
    La CIDH reconoció los avances del gobierno de Chávez en materia social, económica y cultural, pero indicó que en aras de cumplir con las demandas de la población en estas áreas «no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales».
    La comisión identificó también en Venezuela restricciones a manifestaciones pacíficas, un «ambiente hostil» contra la oposición, inseguridad ciudadana, estado precario de los presos y, sobre todo, «la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos».
    Todos estos factores «contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela», concluyó la CIDH.
    La Comisión instó al gobierno de Venezuela a tomar los correctivos necesarios para revertir la deficiente situación de los derechos humanos, como permitir un ambiente propicio para el disenso político y el respeto de la independencia de los poderes públicos.

  • Van trabajadores del ISSSTE a instancias internacionales

    La semana pasada hablamos señalamos y comentamos sobre que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarían hablando, discutiendo, fallando y deliberando sobre la Ley de pensiones del ISSSTE.
    Y es que si hacemos un segundo historia, sucede que iniciando este sexenio el presidente Calderón llego casi con la reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado redactada y hablada con las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México; el primer mensaje enviado es que aun después de los problemas pos electorales, en México el gobierno lograba consensos.
    Así, con esta reforma la nueva Ley del ISSSTE parecía desventajosa ante los ojos de muchos y es comos e promovieron cerca de cuarto de millón de amparos para que a los trabajadores al servicio del estado no se les aplicara de forma retroactiva.
    Ese cuarto de millón de amparos valían casi un millón de personas.
    La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una votación 8 a favor de la nueva ley y 2 en contra (declarándole inconstitucional) llego a la conclusión de desechar dichos amparos y, no declarar en lo general inconstitucional la ley que habría venido a costar muchísimo dinero al país y una crisis ligera a tres años en la nación y su crecimiento económico.
    Ahora son los trabajadores que ante este fallo han dicho irían a cortes internacionales para defender sus derechos; por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo (OIT) , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.
    Así que la lucha, continua.
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