Etiqueta: Comisión de Puntos Constitucionales

  • De nuevo quieren el presidente informe en San Lazaro

    La Comisión de Puntos Constitucionales analiza el predictamen que reforma el párrafo primero del Artí­culo 69 de la Constitución, en cuanto al Informe Presidencial.

    En reunión de trabajo, los diputados federales que integran la comisión destacaron la importancia de buscar la forma de que desde la propia norma constitucional se establezca que habrá un diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo.

    El documento mencionó que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá personalmente y presentará un Informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del paí­s.

    En dicho acto, el titular del Ejecutivo pronunciará un discurso que será contestado por el presidente del Congreso en términos concisos y generales, mientras que los procedimientos y formalidades los establecerá la ley.

    El presidente de la comisión, Juventino Castro y Castro, precisó que si la fórmula de Informe Presidencial regresa a la del pasado y no es conveniente, es fundamental buscar una forma de relación entre el Ejecutivo en sus labores y el Legislativo.

    A su vez, el secretario de la comisión, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jaime Fernando Cárdenas Gracia, dijo que la reforma debe incluir un diálogo con los grupos parlamentarios.

    Mencionó que en ese diálogo, se pueden presentar sus comentarios, objeciones y reflexiones en torno al Informe del presidente, y que el titular del Ejecutivo responda réplicas y comentarios.

    â??Esa es la objeción que en lo personal tengo; creo que la propuesta que contiene el dictamen hará del Informe la ceremonia tradicional un poco acartonadaâ?, dijo.

    Sin embargo, agregó, â??no existe una deliberación real con el Congreso ni con sus grupos parlamentarios, y ni hay posibilidad de que el Ejecutivo conteste a las fracciones; esa es la objeciónâ?, añadió.

    El diputado del PRI, José Ricardo López Pescador, destacó que es importante regresar al formato de que el primer mandatario acuda ante el Congreso, por lo que es necesario tomar en cuenta la trascendencia del dictamen y los tiempos.

    Argumentó que Å?hay quienes están urgiendo a un periodo extraordinario, la intención clara que encontramos es que en el próximo periodo, en la apertura, tuviésemos la aplicación de esta normaâ?.

    De la misma bancada, el diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez indicó que el Artí­culo 69 constitucional generó una sesión en el Congreso que Å?en ocasiones se hizo inmanejable, pues se dieron una serie de conductas que no siempre fueron contenidas por la norma jurí­dica o la cortesí­a parlamentariaâ?.

    Por el PRD, el diputado Nazario Norberto Sánchez expresó que estas reformas significan regresar a la época del presidencialismo, por lo que anunció que su voto serí­a en contra si se avala tal y como se encuentra el predictamen.

    Añadió que se debe hacer una propuesta diferente, ya que Å?regresar a que el presidente dé el Informe, le aplaudamos y únicamente el presidente de la Mesa Directiva le dé respuesta, ya es muy acartonadoâ?

  • Ilegales modificaciones al articulo constitucional 102

    El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Nazario Norberto Sánchez, calificó como «incorrectas e ilegales» las modificaciones al artículo 102 constitucional que hizo el Senado de la República, que deja fuera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las investigaciones relativas a la violación de los derechos humanos.

    En entrevista, Norberto Sánchez afirmó que «es incorrecto e ilegal, en una palabra, una aberración, el paquete de las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores a diversos artículos como el 102 constitucional, que convierten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH).

    El legislador aseveró que se trata de una minuta, aprobada el 8 de abril en el Senado de la República, que retira facultades a la SCJN para tener la última palabra jurídica en materia de derechos humanos, por lo que al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales hay un desacuerdo común entre su bancada, PRI y PAN.

    Explicó que la CNDH es un ente autónomo y administrativo, y así debe seguir. «No podemos darle esas facultades porque está de una u otra forma bajo tutela del Poder Ejecutivo, por lo cual es inconcebible tal situación».

    Nazario Norberto citó como ejemplo el caso de Aguas Blancas, donde la SCJN ejerció su facultad investigadora y pudo emitir una resolución aún cuando ya habían transcurrido 10 años de aquella matanza, y nunca estuvo sujeta a una instancia como la CNDH, con lo que se garantizó la división de poderes

  • Se aprueba la figura de Acciones Colectivas

    La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la figura de Acciones Colectivas, que se incorpora a la Constitución, y mediante la cual será posible la defensa de derechos e intereses colectivos, a través de demandas que presente uno de los agraviados.

    Esta institución jurí­dica â??permite resolver conflictos de carácter privado y en los que existen intereses eminentemente colectivosâ?, expuso la Comisión de Puntos Constitucionales de los diputados, en el dictamen que aprobó el pleno por 319 votos a favor y una abstención.

    La reforma consiste en la adición de un párrafo al artí­culo 17 de la Constitución, que trata del acceso a la justicia. La adición que llegó del Senado de la República y viajará a las Legislaturas de los estados para su aprobación ordena:

    â??El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.â?

    Juventino Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó al pleno sobre los antecedentes y la esencia de las Acciones Colectivas: nació en el derecho mexicano como un reconocimiento a los derechos sociales, pero se quedó en aplicaciones del derecho agrario, mientras que empezó a aplicarse en paí­ses de América y de Europa, menos en México.

    Esta reforma la inició el senador Jesús Murillo, con una iniciativa que presentó en febrero de 2008, y la Cámara baja la recibió en diciembre de 2009.

    Las Acciones Colectivas permitirán â??la protección de intereses difusos, derechos sociales y derechos colectivosâ?, plantea el dictamen.

    Se trata de un â??procedimiento procesal sumario (que) permitirá resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio y esto se traduce en la economí­a de costos y así­ hacer expedito y efectivo el acceso a la justiciaâ?.

    El dictamen explica que las Acciones Colectivas â??conceden legitimación activa a los ciudadanos en general, grupos, partidos, sindicatos y autoridadesâ?.

    Los periodistas preguntaron si la figura de Acciones Colectivas podrí­a ser utilizada por el conjunto de familias cuyos hijos fueron ví­ctimas del incendio de la guarderí­a ABC, de Hermosillo, Sonora. â??Por supuestoâ?, contestó el ministro en retiro y diputado federal.

    El legislador explicó que después de que se promulgue la reforma a la Constitución, tras su aprobación por la mayorí­a de las Legislaturas estatales, el Congreso de la Unión deberá expedir la reglamentación concreta de esta figura, por cada rama del derecho.

    Las bancadas resaltaron la relevancia de la reforma. El PRI, por conducto de Sergio Mancilla Zayas, dijo que se trata de un paso que hará historia; el PAN, con la exposición de Agustí­n Torres Ibarrola, destacó que es la decisión más trascendente que haya aprobado la 61 Legislatura. Es un logro para la óptima convivencia, anotó el grupo parlamentario del PRD, a través de Nazario Sánchez.

    Es una transformación del sistema jurí­dico nacional, dijo el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT); Teresa Ochoa Mejí­a (Convergencia) comentó que la reforma significa un avance en los derechos de tercera generación, con grandes beneficios para la sociedad

  • Diputados reforman articulo 40 Constitucional

    En un proceso legislativo exprés y prácticamente por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados reformó el Artí­culo 40 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, con lo que, en un nuevo cambio histórico legal, se puso freno al activismo polí­tico de la jerarquí­a católica en México.

    Con 363 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, la LXI Legislatura dio a luz a su primer dictamen de reformas, después de seis meses y medio de trabajos, con un debate â??sin exabruptos ni reticencias de parte del PAN, cuyos legisladores cedieron ante los posicionamientos «modernos» y «reales» de PRI y PRDâ?? que no duró más de dos horas.

    La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el PRI apenas este mes y dictaminada en menos de dos semanas, con el apoyo inmediato del PRD, de todos los partidos minoritarios y, al final también del PAN.

    Al fundamentar el dictamen, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que â??en pleno siglo XXI es necesario que México siga tres principios constitucionales: respeto a libertad de conciencia, autonomí­a de lo polí­tico frente a las normas religiosas y la no discriminación directa o indirecta de los seres humanos».

    Ante el pleno de la sesión en el palacio legislativo de San Lázaro, el hoy diputado federal por el PRD planteó que el interés de los legisladores es «lograr que la laicidad sea la fórmula eficaz para la pluralidad y una solución positiva entre religiones mayoritarias y el Estado, evitando que las gerencias de unos cuantos se hagan dominantes mediante la fuerza del gobierno y no del convencimiento legí­timo».

    La reforma al Artí­culo 40, dijo, implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tiene el derecho a la libertad de conciencia y a la de adherirse a cualquier práctica filosófica colectiva e individual, sin que el Estado sea garante de convicciones.

    Castro y Castro enfatizó que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliarí­a el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado.

    Al fijar la postura del PRI, el diputado César Augusto Santiago Ramí­rez â??autor de la iniciativa de reforma aprobadaâ?? expresó que, a pesar de que el Estado laico existe y tiene una definición en el paí­s, las actividades religiosas pretenden participar en los debates polí­ticos y han complicado la relación iglesia-Estado, la cual debe ser pulcra y libre, por lo que se manifestó a favor del dictamen que reforma la Constitución, ya que en ningún momento ataca a una u otra religión.

    Santiago Ramí­rez afirmó que la reforma trata de proteger la libertad religiosa, evitar la intención de un Estado confesional o ateo. «Se trata de promover con libertad y respeto las discusiones contemporáneas que exige el movimiento constitucional.»

    En su oportunidad, el legislador Gustavo González Hernández, del PAN, aseveró que la reforma al Artí­culo 40 Constitucional afecta la laicidad moderna, que es un proyecto polí­tico de autonomí­a, por lo que el Estado laico no debe «cerrar los ojos» ante los fenómenos religiosos que se presentan como un hecho cultural, tradicional o mayoritario en el paí­s.

    González Hernández subrayó que la neutralidad del Estado laico no debe traducirse en una actitud antirreligiosa o en un postura atea, por lo que en la actualidad debe defenderse la libertad religiosa como un derecho ciudadano. «No es sano ni compatible la modificación del 40 Constitucional.»

    Por el PRD, el diputado Feliciano Marí­n Dí­az expuso en tribuna que al incorporar el carácter laico al Artí­culo 40 Constitucional se da un gran paso en el Estado mexicano, al establecer la laicidad como uno de los cinco ejes rectores del orden constituido; sin embargo, señaló que falta agregar que quienes infrinjan este precepto serán sujetos de una responsabilidad que deberá ser sancionada.

    «El laicismo rechaza los orí­genes teocráticos en los que una iglesia controla el poder polí­tico y a la vez rechaza los regí­menes polí­ticos que se sirven de una religión oficial para legitimarse ideológicamente, además rechaza que se pretenda utilizar a las creencias religiosas para apoyar o descalificar a adversarios polí­ticos, exacerbando las contradicciones y divisiones de la población», expuso