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  • Blindada Bogota

    La seguridad de la capital colombiana recibió un refuerzo de 2 mil 277 policí­as para impedir arremetidas de las FARC tras la muerte del jefe militar de esta guerrilla, alias «Mono Jojoy», en un bombardeo de la fuerza pública de Colombia.

    La Secretarí­a de Gobierno de Bogotá informó hoy que 2 mil 277 policí­as llegaron a Bogotá para evitar cualquier contraataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la muerte del guerrillero.

    El secretario interino de Gobierno de la ciudad, Andrés Restrepo, señaló a Caracol Radio que los uniformados harán presencia en las calles y en los principales lugares donde se pueda generar un riesgo.

    En especial se reforzó la seguridad en el Instituto de Medicina Legal, sitio donde se realiza la necropsia del cadáver de Ví­ctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño» o «Mono Jojoy», y otros seis cuerpos de rebeldes abatidos en los bombardeos realizados la madrugada del miércoles.

    Los organismos de medicina forense practican hoy la autopsia al cadáver del «Mono Jojoy», trasladado la noche del jueves a Bogotá, para determinar las causas exactas de su muerte e identificar los otros seis cuerpos hallados en esa zona del sur de Colombia en la que cayó el segundo al mando de las FARC.

    La muerte del «Mono Jojoy» es considerada el golpe más fuerte contra este grupo armado ilegal en sus más de 45 años de existencia, incluso superior a la de Luis í?dgar Devia, alias «Raúl Reyes», vocero internacional de esa guerrilla, ocurrida tras un bombardeo colombiano a un campamento en Ecuador el 1 de marzo de 2008

  • Piden poner la Paz en Colombia en agenda mundial

    La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), con sede en Bruselas, pidió hoy a este paí­s y a la Unión Europea (UE) que el tema de la paz sea protagonista de la agenda polí­tica local e internacional.

    La Oidhaco, que aglutina a más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG), lleva 15 años trabajando desde Europa para que en Colombia haya paz con justicia social.

    En un comunicado público difundido este martes en Bogotá, la entidad señaló que está preocupada por â??la falta de avances hacia una salida negociada al conflicto armado que padece el paí­sâ?.

    â??Tanto el gobierno como las guerrillas han declarado estar abiertos a un diálogo, pero no es suficiente; se necesitan muestras claras de voluntad polí­ticaâ?, anotó.

    Agregó que el gobierno colombiano y las guerrillas â??deben mostrar un absoluto respeto a las normas internacionales tanto en Derechos Humanos como en el Derecho Internacional Humanitarioâ?.

    â??Cincuenta años de conflicto armado en Colombia deberí­an llamar a la reflexión al gobierno y a las guerrillasâ?, manifestó la Oidhaco en el comunicado.

    Sostuvo que â??en Colombia la guerra ha dejado miles de ví­ctimas desarmadas que ni siquiera han encontrado su reconocimiento como tales por parte del Estado, y aún menos, su justa reparaciónâ?

  • Vuelve atacar las FARC

    Al menos tres militares colombianos murieron y cinco más resultaron heridos en un nuevo ataque de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al Ejército en el suroeste del país, informó hoy la institución castrense.

    Los uniformados cayeron en un campo minado que los rebeldes activaron en una zona rural de la localidad de Moralia, en el departamento del Valle, distante 500 kilómetros al suroeste de Bogotá.

    De acuerdo con el reporte, los militares, adscritos al Batallón Vencedores, buscaban un reducto de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla del país, cuando fueron atacados por los insurgentes.

    El grupo rebelde arreció sus acciones contra la Fuerza Pública en las últimas dos semanas, con un balance de 40 muertos, la mayoría de ellos policías que patrullaban en zonas del sur de Colombia.

    La nueva emboscada ocurrió un día después que el presidente colombiano Juan Manuel Santos admitió que «falta el camino más difícil para derrotar al terrorismo», como llama a la insurgencia.

    El mandatario afirmó desde la base militar sureña de Larandia que para que «el tramo final dure el menor tiempo posible y lleguemos finalmente a la paz», se requiere de resultados en el combate al adversario

  • Soldados colombianos acusados por homicidio

    La Fiscalía acusó a 29 militares por la ejecución extrajudicial de dos hombres que falsamente fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate hace cinco años, se informó el miércoles.

    El 14 de mayo de 2005, en una zona rural del municipio de La Paz, departamento de Cesar, a 645 kilómetros al norte de Bogotá, tropas del Ejército dijeron haber abatido a Frank Enrique Martínez y Claudino Manuel Olmedo por ser rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Pero, «de acuerdo con lo establecido por el fiscal instructor, tanto Martínez como Olmedo eran habitantes de Valledupar (capital de Cesar, 665 kilómetros de Bogotá), no pertenecían a las FARC y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército»».

    La decisión de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afecta al subteniente Iván Leonardo Avila, a los suboficiales Luis Fernando Ospitia y Néstor Serrano y a 26 soldados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado en persona protegida.

    El proceso contra los uniformados quedará ahora en manos de un juez para su etapa de juicio.

    También el miércoles, tras una reunión entre el fiscal general, Guillermo Mendoza, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se creó una comisión para fortalecer las investigaciones judiciales por los asesinatos perpetrados por militares y que la integrarán un alto funcionario de la Fiscalía y Rafael Guarín, viceministro de Defensa.

    El jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hernando Castañeda, tras conocer los alcances de la reunión entre el Fiscal y el Ministro de Defensa, precisó en diálogo telefónico que «se necesitan unos 27 fiscales más»» para adelantar todos los procesos por ejecuciones extrajudiciales.

    Dijo que actualmente dirige en toda Colombia unos 39 fiscales para estos casos y que al menos 65 nuevos investigadores deben ser contratados para fortalecer las investigaciones.

    En concepto del ministro Rivera, «el gobierno tiene un compromiso con la verdad… para que muy prontamente nos digan qué pasó en esos episodios… Que haya condenas para los culpables y absoluciones para los inocentes»».

    Hace dos años los medios de comunicación denunciaron que 11 hombres de Soacha, una barriada del sur de Bogotá, fueron asesinados por militares y presentados falsamente como delincuentes abatidos en combate.

    El 29 de octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) destituyó a 27 militares porque por acción u omisión participaron en la ejecución extrajudicial de esos 11 hombres de Soacha.

    Entonces, la Fiscalía inició una investigación para establecer la participación de militares en asesinatos de civiles, o «falsos positivos»», como fue denominada en Colombia esa criminal práctica.

    A la fecha, según dijo Fiscalía en su último reporte, se investiga la muerte de más de dos mil 400 civiles víctimas de «falsos positivos»» y unos mil 100 militares están siendo investigados por estos hechos.

  • Siguen escandalos de espionaje en Colombia

    El escándalo por las escuchas ilegales que tuvieron lugar en Colombia durante el anterior gobierno de ílvaro Uribe parecerí­a crecer como espuma, después de que se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policí­a secreta, instaló micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptó comunicaciones del hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro.

    El DAS elaboró perfiles polí­ticos de Santos y de su actual ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas â??miembro de la coalición que apoyaba a Uribeâ??, donde se analizan sus fortalezas y debilidades.

    Los detalles de las escuchas, confesados por ex funcionarios del DAS que están siendo procesados y que han pedido perdón a sus victimas, han generado malestar polí­tico, seis semanas después de que Uribe dejó el poder.

    Todo ocurre cuando cuatro altos ex consejeros de Uribe han sido llamados a declarar ante la Fiscalí­a en el mismo caso.

    En diálogo con medios de comunicacion, el historiador Juan Carlos Flórez, quien fue concejal de Bogotá, define el caso como «una conspiración con enormes tentáculos» y se queja de que en Colombia «parte de la inteligencia del Estado ha sido usada con fines criminales».

    «Estos son procedimientos de regí­menes autoritarios, que a veces una parte de la sociedad suele perdonar cuando un gobierno dispone de gran popularidad y confronta a adversarios que deben ser eliminados, como ocurrió en Perú en la época de Alberto Fujimori«, agrega Flórez.

    Hace poco se conoció la confesión de Alba Luz Flórez, una ex detective del DAS, que se infiltró en la Corte Suprema y que empezó a ser llamada la «Mata Hari» colombiana.

    La mujer relató qué hizo para escuchar y grabar sesiones de la Corte, y sacar copias de expedientes de algunos congresistas amigos de Uribe que estaban siendo investigados por relaciones con los paramilitares de derecha, en lo que ha sido llamado el escándalo de la «parapolí­tica».

    Cuando se reveló la declaración de la «Mata Hari», el presidente de ese tribunal, Jaime Arrubla, calificó el hecho como «aterrador».

    El magistrado cree que cuando la Corte inició la investigación por la «parapolí­tica» â??donde casi un centenar de congresistas y ex congresistas están siendo procesadosâ??, empezaron «todos estos montajes, infiltraciones y, fuera de eso, amenazas, esto ha sido un calvario que todaví­a no termina»

    Otra de las victimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, conocidas en Colombia como las «chuzadas», es el columnista Ramiro Bejarano, un duro opositor de Uribe, quien dirigió la policí­a secreta entre 1994 y 1995.

    El abogado dijo que cree que comenzó a ser blanco de interceptaciones en 2006, cuando Uribe fue reelegido para un segundo mandato.

    Según Bejarano, un gobierno como el de Uribe, «que está en ese nivel de paranoia y de abuso, comienza chuzando a los opositores, a los enemigos, a los crí­ticos, pero después se vuelve insaciable y termina chuzando inclusive a los mismos amigos. Eso obedece a una cultura de desconfianza»

    Uribe siempre ha negado que patrocinara las escuchas. A fines de abril, cuando un estudiante universitario le preguntó enla ciudad de Cali por el escándalo, respondió que «si el gobierno ordenara espionajes ilegales, tendrí­a que ir a la cárcel, empezando por el presidente».

    Y el entonces mandatario se quejó: «Yo también he sido interceptado, el vicepresidente ha sido interceptado y el comandante de la policí­a ha sido interceptado».

    En esa misma oportunidad, Uribe rechazó que desde la misma Corte Suprema se estuviera comparando el escándalo de las escuchas ilegales con lo que ocurrió con el de Watergate, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, a comienzos de los años 70.

    El filósofo Andrés Mejí­a, quien trabaja para el conservador Instituto de Ciencia Polí­tica en Bogotá, considera que hasta ahora no hay pruebas que involucren a Uribe.

    «Hasta el momento no hay un solo hecho, un solo elemento probatorio que muestre responsabilidad alguna del presidente de la República. Y en cuanto a sus funcionarios subordinados, hay algunos indicios que podrí­an indicar algún grado de responsabilidad», aseguró Mejí­a en una entrevista con BBC Mundo.

    Mejí­a y Flórez coinciden en que el escándalo le causa mucho daño al sistema democrático colombiano.

    El presidente Santos, quien ratificó al director del DAS que estaba al final del gobierno de Uribe, ha guardado silencio sobre las revelaciones de que él también fue interceptado.

    Pero su ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas, ha sugerido que el gobierno desclasifique los archivos de inteligencia.

    Aún no se sabe hasta dónde llegará la investigación y la Fiscalí­a está a punto de tomar decisiones judiciales sobre al menos una ex directora del DAS, Marí­a del Pilar Hurtado

  • Sorpresa entre republicanos, Tea Party para Nueva York

    El triunfo de Carl Paladino, candidato del Partido del Té para gobernador de Nueva York, se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones primarias republicanas en el estado.

    Paladino, quien venció a Rick Lazio, se enfrentará al candidato demócrata Andrew Cuomo, actual fiscal general del estado, en las elecciones de noviembre próximo.

    Las urnas, que cerraron a las 21:00 horas del martes, le dieron la derrota a dos de los candidatos que enfrentaron durante los últimos meses escándalos políticos.

    Hiram Monserrate, quien enfrentó cargos por violencia doméstica, fue derrotado por el activista Francisco Moya, un inmigrante de origen ecuatoriano, para una silla en el senado estatal representando el Distrito 39, de alta población de inmigrantes en su mayoría de Ecuador, México y Colombia.

    El líder de la mayoría en el Senado estatal, Pedro Espada Jr., quien estaba siendo investigado por cargos de corrupción, quedó fuera del capitolio, tras perder ante Gustavo Rivera, quien representará ahora el Distrito 33 en El Bronx.

    Espada aceptó la derrota, sin embargo señaló que no se retira de la política.

    Pese a estar en medio de una serie de investigaciones a nivel federal, el veterano congresista de Harlem, Charles Rangel, seguirá ocupando su escaño en el Congreso por el distrito 15 tras vencer a sus rivales en estas primarias.

    Rangel, quien lleva más de cuatro décadas en la posición, enfrenta cargos del comité de ética, por lo que hace unos meses renunció a la presidencia del poderoso Comité de Medios y Arbitrios.

    En cuanto al uso por primera vez de los nuevos escáneres electrónicos fueron reportados algunos problemas en los sectores de Queens, Brooklyn y Westchester.

    Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, aseguro que recibió reportes de centros de votación que abrieron hasta con dos horas de retraso.

    Bloomberg, quien mostró su descontento con la Junta de Elecciones, indicó que la ciudad le ha otorgado más de 67 millones de dólares durante los últimos cinco años a la junta para la transición del nuevo sistema de votación

  • Mexico lo hace mal dicen en Colombia

    El ex candidato a la vicepresidencia de Colombia del Partido Verde y experto en la lucha contra el crimen, Sergio Fajardo, aseguró que el gobierno del presidente Felipe Calderón actúa mal en su lucha contra el narcotráfico.

    â??Le dirí­a a México: Estudien muy bien lo que pasó en Colombia en las últimas tres décadas. Las autoridades mexicanas tienen que analizar el fenómeno con estudios rigurosos, académicos y serios para que entiendan muchas de las cosas que se vivieron en mi paí­s y que no deben repetirse, aunque parece que está sucediendo exactamente lo mismo en Méxicoâ?, dijo Fajardo.

    El polí­tico y ex alcalde de Medellí­n afirmó que México vive exactamente lo mismo que Colombia en los años 80 y 90 cuando los grandes capos del narcotráfico se enfrentaban contra el Estado. A hora que se capturó a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, México debe continuar atacando al cártel de los Beltrán Leyva y golpear a los demás criminales de la droga, destacó.

    â??Pero resulta que hay una puerta de entrada a ese mundo para que otros puedan meterse al narco y La Barbie entró por ahí­, pero esa puerta hay que cerrarla.

    Eso no se hace de un dí­a para otro, es un trabajo lento y persistente que no es el que se da en las fotos de los periódicos. Cuando se captura un capo hay un éxito, eso es cierto, pero hay otras tres Barbies que están entrando actualmente por esta misma puertaâ?, señaló el polí­tico.

    Fajardo se volvió una referencia en la lucha contra el crimen ya que durante su mandato como alcalde de Medellí­n, entre 2002 y 2004, logró reducir la violencia y los homicidios en su ciudad, alcanzando una tasa de 27 muertos por seis mil habitantes, la cifra más baja de toda la historia en Colombia.

    El ex candidato a la vicepresidencia colombiana adelantó a este diario sobre su visita en nuestro paí­s a finales de este mes, durante la cual presentará varias conferencias ante diferentes entidades federales y locales sobre el combate al crimen organizado.

    â??Voy a ir a México a dar unas conferencias y explicaré dónde están los aciertos, dónde pueden cometer un error, cómo se pueden evitar cierto tipo de cosas. Para eso sirve la inteligencia, para aprender sobre lo que nos pasa e ir resolviendo el problemaâ?, explicó Fajardo.

    Asimismo, aseguró que â??México debe reconocer que tiene un problema para poder resolverlo. Se debe de investigar bien a los narcos para entender quiénes son los que integran esos grupos, qué tipo de narcotráfico están haciendo y así­ poder atacarlosâ?.

    El polí­tico señaló que en su gestión como alcalde aprendió mucho cómo enfrentar a los criminales. â??La policí­a no es la respuesta para todo. El sistema judicial y las intervenciones sociales tienen un papel importante en esa luchaâ?, instó.

    México necesita hacer varias reformas, no solamente de su policí­a, sino también del sistema judicial, afirmó el ex alcalde, porque la justicia juega un papel fundamental en esa guerra debido a que debe tener la capacidad de investigar para poder capturar y condenar a los criminales.

    â??Si usted llega a cualquier lugar en Colombia, usted va y habla con la policí­a, la cual le saca todas las fotos de los integrantes de cada una de esas bandas, pero el proceso de tenerlos identificados, saber que están ahí­ y trabajar con un fiscal para luego llevarlos ante un juez, requiere de la inteligencia de una investigación judicial.

    â??Si eso no funciona bien, se crea un ambiente de impunidad y muchas veces sueltan a estos muchachos delincuentes debido a que no hay un proceso de acusación que la justicia puede hacerâ?, explicó.

    Sergio Fajardo trabaja actualmente para crear una propuesta contra la violencia urbana que presentará próximamente al gobierno de Colombia, en la cual desarrolla diferentes polí­ticas para atender a diversos grupos (ví­ctimas, ex combatientes, jóvenes delincuentes, etcétera) y también para prevenir que la gente no entre en las organizaciones criminales.

    â??Aprendí­ mucho durante mis años como polí­tico y alcalde de la ciudad más violenta del paí­s. No se va a acabar la violencia en Colombia mientras exista el narcotráfico y a México le espera muchos años, pero pienso que se pueden evitar muchos años, entendiendo nuestra historia y aprendiendo lo que nosotros aprendimosâ?, resaltó el polí­tico

  • Terminan los ejercicios de seguridad de Panama

    Los ejercicios Panamax de protección al Canal interoceánico, con la participación de 19 paí­ses, finalizaron hoy con el reconocimiento del Comando Sur de Estados Unidos de que son una de las prácticas multinacionales más grandes del mundo.

    â??Los ejercicios Panamax son sumamente importantes, están entre los más grandes ejercicios multinacionales alrededor del mundoâ?, dijo en rueda de prensa el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas Frasser.

    Unos dos mil elementos de 19 paí­ses, entre ellos Alemania como observador, participaron de la actividad entre el 16 y 27 de agosto, tanto en aguas panameñas como en trabajos de mesa en Panamá, Colombia, Honduras y Estados Unidos.

    El objetivo central de las maniobras fue preparar a las fuerzas navales de la región en apoyar a Panamá en caso de un eventual ataque a la ví­a por la que transita el 5.0 por ciento del comercio mundial.

    â??Nos da la oportunidad de adquirir experiencias, operando en conjunto, aprendiendo, desarrollando confianza y siendo capaces de apoyar al gobierno en la defensa del Canalâ?, indicó Frasser.

    â??El Canal de Panamá es importante desde el punto de vista global y desde el punto de vista regionalâ?, añadió.

    El viceministro panameño de Seguridad, Alejandro Garúz, manifestó por su parte que â??el Canal se encuentra en Panamá, pero está al servicio del mundo y somos todos los paí­ses del hemisferio los obligados a defender este punto de servicioâ?.

    Durante los ejercicios, en su mayorí­a en mesa, y con actividades â??en vivoâ? en las riberas de rí­os y costas en Panamá, los participantes simularon una rebelión campesina local que crece hasta convertirse en la planeación de un atentado contra el Canal.

    Los encargados de Panamax esperan que en el próximo año se incremente la actividad â??en vivoâ? con la participación de más buques y efectivos.

    Frasser indicó que además de trabajar en aspectos relacionados con prevenir ataques al Canal de Panamá, los participantes también se entrenan en atención a desastres y en combate al narcotráfico, y el terrorismo, â??amenazas del siglo XXIâ?.

    Mencionó que la experiencia ha permitido actuar de manera rápida en eventos recientes como los terremotos de Haití­ y Chile de este año.

    Mientras Frasser señaló que se analiza incluir a otros paí­ses europeos, Garúz reveló que Alemania manifestó su interés de participar de manera activa.

    Los ejercicios anuales arrancaron en 2002 sólo con Panamá, Chile y Estados Unidos hasta llegar ahora a tener 19 paí­ses participantes.

    Este año participaron, entre otros, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

  • Concluye un maravilloso encuentro historiografico

    Con la conferencia magistral â??Voluntad, corazón y memoria: Los Archivos Municipales Españoles, Siglos XII-XXIâ?, a cargo de la maestra Carmen Cayetano Martí­n, del Archivo de la Villa de Madrid, hoy se selló el IV Encuentro de Archivos del Distrito Federal en esta ciudad.

    Para moderar la mesa, enriquecer los comentarios de Cayetano y luego dar la palabra a quien deseó expresar algún punto de vista, se invitó a la doctora Ana Rita Valero de Garcí­a Lascurain, proveniente del afamado Archivo Histórico â??José Marí­a Basagoiti Noriegaâ?. Cayetano fue atendida con inusual denuedo.

    Al encuentro de carácter multinacional que concluyó este dí­a asistieron numerosos responsables de archivos del Gobierno de la Ciudad de México, de las delegaciones polí­ticas, del Poder Federal, de instituciones públicas y privadas de nivel superior y de entidades descentralizadas y autónomas.

    Igualmente, a lo largo de tres dí­as de trabajo se contó con la participación de representantes de archivos de Colombia, Cuba y España, además de los principales archivos ubicados en los estados de la República Mexicana como Veracruz, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Puebla y Guanajuato.

    El IV Encuentro de Archivos del Distrito Federal, realizado bajo el lema â??Las ciudades iberoamericanas a través de sus archivosâ?, reflexionó en torno a las condiciones de los Archivos y su papel en Iberoamérica, y dialogó sobre la investigación histórica de los antiguos ayuntamientos y las ciudades de hoy.

    Durante los dí­as 25, 26 y 27 del mes en curso, participaron encargados de archivos, historiadores, archivistas y público en general interesado en el tema. A lo largo de los tres dí­as de intensa labor, se realizaron mesas de intercambio de experiencias, de discusión y análisis, así­ como conferencias magistrales.

    Se habló de Realidad y perspectiva de los archivos en Iberoamérica, Polí­ticas gubernamentales en torno al patrimonio documental iberoamericano, La historia de las ciudades iberoamericanas del virreinato al siglo XX a través de sus archivos, y del papel de los archivos en el desarrollo de las sociedades.

    Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del doctor Francisco Javier Osuna Currea, del Archivo de Bogotá de Colombia; la maestra Martha Ferriol Marchena, del Archivo General de la República de Cuba, y la maestra Carmen Cayetano Martí­n, del Archivo de la Villa de Madrid, sustentada esta tarde.

    Tras la conferencia final, vino la ceremonia de clausura y en un ambiente de camaraderí­a, hubo charlas informales entre participantes y público asistente; luego se entregaron las constancias de asistencia y, por último, se compartió un cóctel en el patio del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaí­so

  • Falta de seguridad talon de aquiles en trafico de material historico

    Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indí­genas y ver esos â??monitosâ? resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya habí­a intentado casi todo para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en Tijuana, obrero en Guadalajara.

    A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década de los 50, le daban mil pesos. Todas tení­an su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en el pueblo de Santa Rosalí­a o a Magdalena, en Jalisco. â??Ahora esas piezas son muy valiosas, de 50 mil o 100 mil pesos. Habí­a de muchas, habí­a unas como de guerreros, grandes; todos esos monos que tení­an lanzas valí­an muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los que hací­an negocio eran los que vení­an por ellasâ?.

    Antes de que llegaran los primeros arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de obsidiana, hasta figuras de indí­genas de medio metro. â??Habí­a muchos pozos con monosâ?, es la manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las â??tumbas de tiroâ? (túnel de cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la â??tradición Teuchitlánâ?, que data de 300 a 400 años d.C.).

    A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todaví­a acompañó a un grupo, pero la experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación.

    El Instituto Nacional de Antropologí­a e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los paí­ses con mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en América Latina.

    De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadí­sticas personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30 destrucciones de sitios por dí­a.

    Entre todos los sitios registrados como lugares de vestigios prehispánicos, sólo 176 en 19 estados de la república son considerados â??zonas arqueológicasâ? abiertas al público.

    Para el director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la situación de alto saqueo en México sólo se compara con paí­ses en conflictos bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia, o con Guatemala.

    La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, que ha estudiado el saqueo en Irak, compara el peligro de robo de los bienes culturales mexicanos con lo que ocurrió en aquel paí­s en guerra; además, se lamenta: â??El saqueo es un problema de los paí­ses pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museoâ?.

    En los pueblos de la región occidente del paí­s se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar monitos, es decir, figuras antropomorfas de hasta 2 mil años de antigí¼edad que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.

    Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artí­sticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohí­be el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerí­as o en páginas de internet de paí­ses donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.

    Si un europeo compra en su paí­s una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró â??de buena feâ? sin conocer su procedencia ilegal.

    â??Existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el ví­nculo que une al Estado con su patrimonio arqueológicoâ?, considera el abogado Jorge Sánchez Cordera, integrante del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilí­cito de Bienes Culturales de la UNESCO.

    El catálogo en lí­nea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sothebyâ??s, con sedes en Londres y Nueva York, muestra una â??mujer de Jalisco sentadaâ? que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un â??jorobado de Jalisco agachadoâ? en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza.

    La galerí­a parisina Binoche Renaud Giquello â??que ya tuvo una denuncia del gobierno mexicano por una subasta de piezas producto de excavaciones clandestinas realizadas el 14 de junioâ?? exhibe en su página web una pieza de â??actualidadâ?: una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125 mil euros. Aunque de dudosa autenticidad, también es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales de internet como eBay o Mercado Libre, entre otros.

    â??No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse… Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro paí­s ni en otrosâ?, explica René Salazar Montes, ministerio público y director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la PGR.

    El problema es también de desconocimiento. Si no se sabe qué se tiene, tampoco se puede saber qué se saquea o comercializa ilegalmente. Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio.

    â??Todo el paí­s es una zona arqueológica… la institución (INAH) no se da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas. Mucha gente lo relaciona con quienes se dedican al narco, porque se toma como otro elemento de poder el vender estos objetos, de obtener ganancias, pero también cierto prestigio. Estas redes son más fuertes y sólidas de lo que podemos suponer, pero como institución no nos hemos abocado sobre un control o una base de datos de lo que está pasando a nivel de denunciasâ?, opina Paredes.

    Esa base de datos de denuncias tampoco está en la Procuradurí­a General de la República (PGR). Según René Salazar, no hay denuncias por saqueo y las denuncias por robo de piezas se realizan en cada delegación o municipio. No se tiene a nivel federal una lista.

    La PGR descarta el ví­nculo del tráfico ilí­cito de bienes culturales con el narcotráfico, incluso la existencia misma de â??redesâ? de saqueadores y comerciantes de piezas arqueológicas, pero tampoco han descubierto cómo operan exactamente saqueadores y comerciantes, dice René Salazar Montes.

    â??Si tuviéramos identificadas bien las formas, tendrí­amos ya mejores resultados. Lo que nosotros creemos es que se sacan por aduanas, por carretera o por avión, pero haciéndolas pasar por artesaní­as… Si la droga la sacan en grandes cantidades, pues a veces figuras pequeñas pueden salir ocultas bajo cualquier coberturaâ?, complementa Salazar.

    Para Edouard Planche, de la UNESCO, â??el tráfico de objetos culturales está estrechamente vinculado al tráfico de drogas y armas, e involucra el mismo tipo de personas y es difí­cil cuantificar qué tan grande es y cuánto dinero generaâ?.