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  • ¿Quieren que les toque menos dinero a los partidos politicos?, hablen con diputados

    El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, señaló que los tres mil 335 millones 562 mil pesos que los partidos polí­ticos recibirán como financiamiento público en 2011 son conforme a lo que la Constitución y el Cofipe establecen.

    En entrevista conjunta con el consejero Alfredo Figueroa, indicó que una eventual reducción al monto de los recursos que las fuerzas polí­ticas con registro reciben cada año es algo que no está en la facultad del IFE, sino en la de los legisladores con una eventual reforma a la fórmula establecida en la ley.

    Valdés Zurita refirió que el monto es elaborado con base en la fórmula que la legislación electoral vigente y la misma Constitución establecen, y que fue estipulada en la última reforma electoral de 2007.

    Dicha reforma, agregó, tuvo el objetivo de privilegiar el financiamiento público sobre el privado, con el fin de generar equidad y evitar el ingreso de dinero ilí­cito a las arcas de los partidos.

    El consejero presidente del IFE refirió que es competencia del instituto electoral hacer la fiscalización de tales recursos públicos empleados por los partidos, para garantizar que ese capital lo empleen de acuerdo con la ley.

    Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa recordó que el órgano electoral ha sancionado en repetidas ocasiones a aquellas fuerzas polí­ticas que ocupan esos recursos con unos fines distintos a los que la Constitución establece.

    â??Cuando algún partido se ha desviado de este ejercicio, de este uso de recursos, esta autoridad ha establecido sanciones, incluso duplicando el monto ejercido por parte de los partidosâ?, comentó

  • Propone PRI reduccion de prerrogativas

    La bancada priista en la Cámara de Diputados propuso disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos y aumentar el porcentaje de aportaciones de simpatizantes y militantes.

    El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar dijo que para ello es necesario llevar a cabo reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución y a los artículos 32, 78 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

    En el documento se indica que se pretende reducir el monto de los recursos económicos de que disponen los partidos políticos para sus gastos ordinarios y de campaña y generar un esquema en el que se pueda aumentar el porcentaje de aportaciones que simpatizantes y militantes pueden hacer a un partido político.

    «Esto conlleva una inducción para que los partidos realicen un esfuerzo mayor para incrementar sus ingresos propios producto de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, así como buscar otras fuentes de financiamiento que estén dentro del marco de la legalidad, pero que no dependan directamente del gasto público».

    Con esta iniciativa se busca cambiar a un esquema que garantice que las organizaciones políticas cuenten con recursos necesarios para desarrollar sus funciones, «pero no con el alto costo que hoy representan para el erario público».

    Subraya que México no sólo se ubica en el último lugar de los países en transición democrática, sino que es el segundo más caro en la obtención de cada voto.

    Se explica que, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2006 los partidos políticos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.

    El informe señala que en las elecciones presidenciales cada voto costó 35 dólares, mientras que en otros países con una experiencia electoral consolidada el costo del sufragio varía entre uno y tres dólares.

    Agrega que entre el año 2000 y 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales, que han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos. «El tránsito de un sistema de partido hegemónico a uno plural ha sido un proceso sumamente costoso»

  • La transparencia ayudara a ciudadanos con su voto

    La transparencia y el derecho de acceso a la información son elementos cada vez más relevantes durante los procesos electorales, pues constituyen la base para la formación de criterios con los cuales el ciudadano decide su voto, afirmó el IFAI.

    La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, señaló que si bien están obligados a responder solicitudes de información a través del Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos políticos deben difundir información sin que medie solicitud alguna.

    Tal es el caso de los documentos básicos y reglamentación interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para elegir dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos estatales e informes ordinarios y de campaña.

    «Anteriormente la autoridad electoral estaba sujeta al escrutinio público y de partidos, en tanto que los organismos políticos únicamente lo estaban al de la autoridad electoral», expuso la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

    Durante la conferencia «Procesos electorales y transparencia», en la Universidad Autónoma de Puebla, refirió que en la más reciente reforma electoral, el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) introdujo un capítulo específico en materia de transparencia de los institutos políticos.

    «De esta manera, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público y del ámbito federal, se convierten en sujetos obligados indirectos en materia de transparencia», afirmó Peschard Mariscal.

    Destacó que el acceso a la información adquiere un papel relevante precisamente en el marco democrático, al sancionar políticamente al partido en el gobierno por su mal desempeño, a través de la alternancia, o bien premiándolo, al ratificarlo con su voto.

    «La jornada electoral es el momento crucial de la relación entre ciudadano y Estado, y alcanza su mayor efecto a partir de la información con que cuenta el sufragante para definir el sentido de su voto», detalló la comisionada presidenta.

    La funcionaria federal aseveró que «con toda la información a mano se constituye un voto responsable que se vuelve corresponsable con el conjunto de los electores y el gobierno emanado del voto».

    Reconoció que la opinión que consignan los medios de comunicación, líderes de opinión y los propios actores políticos con base en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se traslada a amplios sectores sociales a efecto de nutrir las preferencias electorales.

    Por ello advirtió que «el debate en torno a la libertad de expresión o la promoción de obra gubernamental tiene que ver con el tipo de información que se difunde».

    En referencia al estrecho vínculo entre la construcción de gobernabilidad y transparencia, la ex consejera del IFE planteó la existencia de tres vertientes de análisis: la transparencia de los actores políticos, la organización de los comicios y la decisión ciudadana.

    En el caso de la transición a la democracia en México, recordó que la regulación electoral introdujo paulatinamente el componente de transparencia en diferentes esferas de la actividad partidista: prerrogativas, fiscalización y organización de los comicios

  • Resuelve el IFE fuera de tiempo

    El Instituto Federal Electoral tardó en promedio 33.8 días para resolver los procedimientos especiales sancionadores que según la ley deben decidirse en cinco días, según un oficio de la Directora Jurídica del IFE, Rosa María Cano Melgoza, enviado a los integrantes del Consejo General.

    Se explica que los procedimientos que merecieron investigación previa tardaron 58.3 días, mientras en los que no hubo indagatoria el plazo fue de 5.3 días.

    Sin embargo el Cofipe no hace distinción entre procedimientos con investigación o sin la misma y solo mandata al Consejo a resolver en un plazo de cinco días

  • Prevalece la razon, primero la Constitucion, luego el COFIPE. Viva la libertad de expresion

    Tenia que privar la razón.
    Y es que acaba de anunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el articulo 41 del nuevo Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE) quedaba invalidado por contraponerse al principio básico de la libertad de expresión.
    ¿Como es esto?
    Ok, sucede que como ustedes recordaran, en la segunda mitad de las campañas electorales a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir una avalancha de comentarios dañinos a su imagen a través de espots televisivos diciendo era peligroso, se parecía a Hugo Chávez, etc.
    Estos spots de publicidad (propaganda mejor dicho peor bueno) los pagaron una organización de empresarios y otro, un particular.
    Fue una de las razones por las cuales, en el Partido de la Revolución Democrática, se piensa, se perdió la elección, a través de infundirle miedo a la población.
    Así que santo remedio, una reforma electoral, apoyada por PRI (moneda de cambio por la reforma fiscal), PRD («remediar lo malo» del sistema) y PAN que traía primero, cortar la cabeza del consejero presidente (Luís Carlos Ugalde que según el PRD fue participe del fraude y el PRI no querían saber nada de un amigo de la maestra Elba Esther Gordillo), rotación de los consejeros electorales (van 6 que se van) y otras circunstancias.
    Por ejemplo, «menos presupuesto a campañas» pero, si, menores prerrogativas, pero el dinero para medios electrónicos lo tendrá el IFE en las pautas de tiempo para el gobierno federal, así que, ¿cual ahorro?; de igual forma, que la «guerra sucia» (los posts que desprestigian) sea sancionada y que el IFE deja de ser autónomo para regresar a estar bajo la ingerencia de la cámara de diputados.
    Me pareció una quimera pero nadie en el país, pareció importarle el conjunto de modificaciones; solo el que ciudadanos y organizaciones civiles o no, no pudieran contratar en medios electrónicos tiempo para transmitir y emitir una opinión sea cualquiera que esta fuera sobre equis o ye postura política o de candidato.
    Mismo, que acaba de invalidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fallo que acaban de emitir.
    CREO, uno de los valores mas importantes de la democracia es exactamente ese, el que la gente pueda expresarse, ya que donde la razón calla, los puños pueden iniciar su dialogo.
    ¿Cierto?
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  • La Suprema Corte de Justicia de la Nacion por la libertad de expresion en el COFIPE

    Los ministros de la Suprema Corte de Justina de la Nación andan muy trabajadores, dirían algunos y otros, justificando esos sueldos superiores a los del mismo presidente.
    Sucede que un grupo de intelectuales apoyados por miembros de los partidos Convergencia y Nueva alianza, están buscando impugnar la reforma electoral.
    ¿A estas alturas?
    Si.
    Pero no buscan su abrogación o derogación, solo la inconstitucionalidad de uno de sus artículos, el que atenta contra la libertad de expresión.
    Sucede que en tiempos electorales, la propaganda en contra de cierto candidato puede ser señalada por el partido al que pertenece dicho candidato como publicidad negativa y, ser delito electoral con multas altísimas así como también pena de cárcel.
    De esta forma, no esta muy claro que podría ser catalogado como publicidad negativa, lo he venido sosteniendo, si el que escribe en el este recinto el día de mañana critica ferozmente a equis o ye candidato, siendo internet un medio de comunicación masiva, ¿podría ir a la cárcel?
    Algunos ya dijeron que la ley electoral no habla de internet y se están preparando sendas campañas a favor y en contra de candidatos a las siguientes elecciones, pero por si las dudas si entro preso por mi libertad de expresión en este lugar, me llevan mis cigarros al reclusorio sur.
    En fin, que es esa ambig¸edad la que se esta buscando clarificar y, que no atente contra el derecho primigenio de libertad de expresión, de hecho, los partidos Convergencia y Nueva alianza ya habían interpuesto un amparo que la misma Corte Suprema había desechado ya que las organizaciones políticas no tienen el «favor» de dicha figura jurídica, pero están asesorando a civiles que piensan de igual forma.
    En lo que, podría ser otra controvertida sesión entre los ministros revisando si o no se viola la garantía individual de los mexicanos de libertad de expresión con la reforma electoral del 2007, la corte esta a punto de dar indicios de la tendencia de su proceder, que según me informan, va hacia presentar anulación de dicho articulo ya que si hay elementos jurídicos que demuestran tal violación a los derechos primigenios de las personas.
    Y usted, ¿que opina? ¿Hay o no violación a la libertad de expresión en no poder hablar mal de un candidato cualquiera que este sea?
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