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Más de cuatro años después de haber sido publicadas las modificaciones a la Ley General de Salud para la aplicación de tatuajes y perforaciones, no se ha emitido el reglamento que regule la operación de los centros en los que se practican esas actividades.

Según el Análisis de Impactos y Evaluación efectuado por la Secretaría de Salud (SSA), el año pasado existían tres mil 500 establecimientos dedicados al negocio del tatuaje, de los cuales dos mil 975 no cumplían las disposiciones higiénicas, pues sólo 525 eran fijos.

Esto deja desprotegidas en materia de salud a las personas que se tatúan, pues de acuerdo con el documento existen unos cinco mil tatuadores y perforadores que realizan un promedio de dos trabajos diarios de lunes a viernes, lo que representa dos millones 600 mil trabajos al año.

Sin la publicación del reglamento y su ejecución, seguirán operando comercios ambulantes sin licencia sanitaria y personal no capacitado que utiliza materiales y tintas insalubres, lo que pone en riesgo la salud de la población, en especial del sector juvenil.

Ante el retraso y los riesgos que conlleva este vacío legal, la Cámara de Diputados exhortó a la SSA a emitir el Reglamento en materia de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones, mediante un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Salud el 22 de marzo de 2007.

En él los legisladores refirieron que ante los 228 días que han transcurrido sin elaborarse y aprobarse un reglamento, hoy es necesaria su emisión, pues los tatuajes pueden representar un problema de salud cuando un número importante de personas desconoce las consecuencias físicas que puede desencadenar esa práctica.

Entre los resultados adversos de la implantación de tatuajes, el punto de acuerdo refiere reacciones alérgicas, infecciones locales, enfermedades virales como la hepatitis y el VIH/Sida, señaló la dermatóloga Ivonne Arellano.

La galena del Hospital General de México comentó que las reacciones secundarias más comunes son las de hipersensibilidad desencadenada por la reacción alérgica a las tintas, que se pueden confundir con enrojecimiento de la piel derivada de la cantidad de pulsaciones de la aguja al momento de hacer el tatuaje.

Asimismo, las alergias y los rechazos del organismo hacia las tintas se deben a los sulfuros, sulfatos y compuestos mercuriales con los que están fabricadas algunas de ellas, y citó como ejemplo el color rojo, que contiene mercurio; el verdoso, hecho a base de cromo, y los azules, realizados principalmente con cobalto.

Javier Gaona, tatuador mexicano del estudio Infierno Tatuajes, afirmó que prácticamente se desconocen los pigmentos que se manejan para la elaboración de tintas, sus procesos de producción, exportación e importación, pues las etiquetas no revelan la fórmula exacta.

Asimismo, hay reetiquetación y reenvase de los distribuidores y no existen organismos que se interesen en establecer un control a nivel nacional.

Durante visitas que realizó Notimex a expendios de materiales y tintas para tatuajes ubicados en calles del Centro Histórico, se comprobó lo dicho por Gaona, pues esos productos se ofrecen sin autorización sanitaria, incluyendo tintas de marcas registradas y en envases que no presentan etiqueta alguna.

Una de las marcas de tintas más distribuidas en la ciudad de México es la de nombre Intenze Colors, que se vende de 200 a 400 pesos en el envase sellado, las originales señalan fecha de vencimiento y lote de registro, sin embargo también se venden por cuartos y medios de onza hasta por 45 pesos.

Algunos ejemplares de esta tinta, con la denominada Millenium y Eternal Tattoo, se sacaron del mercado hispano en 2008, pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) detectó que contenían sustancias cancerígenas.

En este sentido, el actual código sanitario mexicano no considera la venta, distribución y uso de materiales estériles, así como tintas biocompatibles para los tatuajes y la obligación de mantenerlas en sus envases originales para evitar su contaminación.

En 2002 diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa de ley, que se aprobó después de tres años bajo el nombre de Ley General de Salud en materia de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones.

Dicha normativa estipula que los tatuadores deben contar con autorización de la SSA para ejercer su actividad, prohíbe realizar tatuajes a menores de 18 años, a menos que sean autorizados por sus padres o tutores, y en caso de incumplimiento se fija una multa de hasta dos mil veces el salario mínimo vigente.

A partir de entonces, se identificó a la SSA como el organismo encargado de la vigilancia de la higiene en los estudios de tatuajes, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En la línea de atención ciudadana de esta comisión se informa que de acuerdo con el Artículo 268 y 268 bis de la Ley General de Salud, los comercios que hacen tatuajes están obligados a registrarse para así expedir un «aviso de funcionamiento», que los califica como «consultorios de medicina especializada» y avala sanitariamente sus ejercicios.

Asimismo, señala que las visitas de verificación a dichos lugares sucederán de manera aleatoria, y en caso de que se denuncie alguna irregularidad sanitaria, la recibirán y se efectuará la inspección.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Heladio Verver y Vargas, aceptó que existe una laguna legal con respecto a la práctica de tatuajes y la falta de reglamentos que estipulen medidas de salubridad es preocupante.

El presidente de la misma comisión pero en la Cámara de Senadores, Ernesto Saro, sostuvo a su vez que la instancia encargada de emitir el documento es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Ellos están a la espera de que termine el periodo de consulta para gestionar la inmediata publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Federación.

El 8 de octubre de 2009 la Cofemer emitió un anteproyecto para la modificación del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en el que se establecen medidas para la ordenación de la industria y la realización del tatuaje y otras actividades relacionadas.

Dicho documento, dirigido al director de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano Velasco, exhibe el sello de recibido de la Oficialía de Partes de la SSA, con fecha del 9 de octubre de 2009.

Sin embargo, el anteproyecto que requeriría de la evaluación preliminar de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el procedimiento para reglamentar el ejercicio del tatuaje permanece inconcluso.

En el escrito, las consideraciones generales especifican que los comercios donde se hagan tatuajes deberán ser fijos y estar cubiertos, con el fin de evitar la operación de puestos ambulantes.

A la par, serán obligatorios los equipos e insumos como guantes, cubrebocas, desinfectantes, esterilizador y demás material para mantener los niveles de sanidad y asepsia necesarios.

Además los tatuadores deberán vacunarse contra la hepatitis B y tétanos, así como contar con un manual de procedimientos respecto a los servicios que practican.

Según las estimaciones de la Cofemer, se prevé reducir la atención médica a personas que presenten padecimientos o complicaciones derivadas del tatuaje y otras prácticas, calculando un ahorro de 447 millones de pesos entre reducción de servicios de atención de la salud y prestaciones laborales por incapacidades.

Algunas de las restricciones planteadas por la SSA a las que Cofemer sugirió su reconsideración, fueron la contratación de personal de salud especializado para la aplicación de anestesia en la realización de tatuajes y la inclusión de una libreta de control de usuarios.

Al respecto, la Cofepris señaló que lo relevante de dicha modificación es que los tatuadores deberán gestionar una tarjeta de control sanitario para comprobar su experiencia, técnicas de primeros auxilios, higiene y asepsia.

«Se trata de adicionar al actual Reglamento de Control Sanitario lo estipulado en el anteproyecto, el cual se encuentra en la última etapa de revisión para su publicación en el Diario Oficial de la Federación», indicó el organismo en una tarjeta informativa.