El Senado ratificó el jueves por mayoría como nuevo procurador general de la República a Arturo Chávez Chávez, un hombre cuestionado por grupos civiles por su desempeño como fiscal estatal durante una ola de asesinatos de mujeres durante la década pasada en la frontera con Estados Unidos.
La cámara alta avaló a Chávez por 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención, después de un debate en el que senadores izquierdistas cuestionaron el perfil del nuevo procurador que sustituirá en el cargo a Eduardo Medina-Mora, quien renunció a su cargo y fue uno de los artífices de la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón.
En sus primeras declaraciones a la prensa como nuevo procurador, Chávez dijo que trabajará «hasta el límite de las capacidades para investigar y perseguir el delito en la conciencia de que la impunidad es el motor dinámico de la delincuencia».
Uno de sus críticos, el senador Pablo Gómez del partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD) señaló que «el señor Chávez no goza de buena reputación como lo exige la Constitución para ser nombrado procurador General de la República» y recordó informes de diversas organizaciones que dicen haber encontrado omisiones durante su gestión como procurador de Chihuahua entre 1996 y 1998.
En Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua y fronteriza con Estados Unidos, a partir de 1993 comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres muertas en zonas desérticas y alejadas. En una década se registraron más de 400 homicidios.
Activistas y organismos de derechos humanos han señalado que como procurador estatal, Chávez fue incapaz de esclarecer los homicidios de mujeres e incluso permitió irregularidades en su oficina.
«En Chihuahua, bajo ese Procurador, los detenidos fueron torturados y hay evidencia suficiente. ¿Este tipo de cuestiones se impondrán en la Procuraduría General de la República (PGR)?, ¿es la política que pretende llevar a México a un Estado de policía en detrimento de un Estado de libertades?, preguntó Gómez, mientras afuera de la sede del Senado diversas organizaciones se manifestaban contra Chávez.
«Este señor, Arturo Chávez Chávez, culpabilizaba a las víctimas y las estigmatizaba», reclamaba afuera del Senado María de la Luz Estrada, del llamado Observatorio Nacional del Feminicidio.
Como procurador estatal fue fustigado por insinuar que las mujeres muertas eran parcialmente responsables de sus homicidios «por usar minifalda». En ese entonces, también le recomendó a las mujeres que tomaran clases de karate y que portaran aerosol irritante.
Interrogado sobre esas críticas, el nuevo procurador general dijo que invitaba a las organizaciones «a que juntos trabajemos en la integración de las averiguaciones que se encuentren pendientes» sobre hechos que consideró «muy dolorosos que desde luego implican un luto y un sentimiento que a todos nos agravia y nos afecta».
Apenas el lunes, durante una comparecencia previa a la ratificación, Chávez defendió su actuación como fiscal estatal y dijo que durante su gestión se esclarecieron 65 de 93 asesinatos de mujeres, aunque admitió que hubo errores y omisiones.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes reconoció las críticas que pesan contra el nominado pero se mostró a favor de su designación.
«Creo que el licenciado Chávez Chávez merece una oportunidad. Yo creo que el problema de las muertas de Juárez es un problema muy complejo y que no es el único responsable ni el más responsable», dijo.
«No hay quien haya presentado documentación donde se ponga en duda su reputación», refutó en el debate el senador Alejandro Zapata, del partido oficialista Acción Nacional (PAN).
La ratificación de Chávez también fue respaldada por el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Chávez asumirá la titularidad de la PGR en momentos que algunas zonas del país viven una escalada de violencia de los carteles de las drogas que sostienen una guerra interna por el control de nuevos espacios y enfrentan a las autoridades.
La violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado se ha cobrado más de 13.500 vidas, que según el gobierno han sido casi en su totalidad personas vinculadas de una u otra forma a la delincuencia.
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