Beatriz González Rubín
Vetar o censurar películas en México no es noticia nueva. Hay que remontarnos años atrás. Desde 1910 se establecieron los primeros lineamientos restrictivos dictados por el Departamento de Censura Cinematográfica, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Estos son sólo algunos ejemplos:
En 1950 Luis Buñuel filmó â??Los Olvidadosâ? retratando una sociedad decadente, enferma y sin salvación. Al director se le obligó a filmar un final alternativo, menos violento y lleno de esperanza, a pesar del hecho sólo duro en cartelera una semana.
â??Espaldas mojadasâ?, de Alejandro Galindo, filmada en 1953 evidenciaba las condiciones de explotación de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, fue enlatada dos años.
â?? La sombra del Caudilloâ? adaptación de la novela de Martín Luis Guzmán publicada en 1929, fue llevada a la pantalla grande por Julio Bracho en 1960, ya terminada, antes de su estreno en México, fue enviada al Festival de Karlovy Vary, en donde recibió un premio especial. En nuestro país fue vetada durante 30 años, hasta que en 1990 el gobierno autorizó su exhibición con una copia de muy mala calidad. El veto nunca fue explícito ni se conocieron las razones.
El documental â??El gritoâ? de Leonardo López, realizado en los 70 se exhibió de manera semi-clandestina en las universidades y cine clubs, narraba los crudos eventos del 2 de octubre de 1968.
De igual manera â??Rojo amanecerâ? de Jorge Fons, dramatiza la matanza de Tlatelolco en 1968, fue producida 1989. Llenaba vacios que habían quedado en â??El gritoâ?, pero fue necesario que pasaran 20 años para su estreno en las salas.
La última película realizada por Roberto Gavaldón, â??Rosa Blancaâ? en 1985, habla sobre la expropiación petrolera, no se ha estrenada en salas.
En 1999 Damián Alcázar, protagonista de â??La ley de Herodesâ? denunció en la inauguración del IV Festival de Cine Francés en Acapulco, la decisión del Instituto Mexicano de Cinematografía de retirar la cinta por carecer de la autorización de RTC.
Quien no recuerda en el 2002 el escándalo de â??El crimen del padre Amaroâ? de Carlos Carrera, censurada por las buenas costumbres y los grupos morales.
Ahora nos enfrentamos con demandas contra â??Presunto Culpableâ?. Se amenazó con retirarla de las salas (cosa que al momento que escribo las presentes líneas no ha sucedido), por haber utilizado sin autorización la imagen de un testigo de cargo. Los que hemos visto la película somos conscientes que dicha persona no es capaz de llevar una demanda de tal magnitud a cabo simplemente por el costo monetario, detrás de este oscuro incidente esta el poder judicial en pleno que se ve evidenciado como ineficiente, inoperante, injusto y arbitrario.
Es una realidad, igual que sucedió con â??El crimen del Padre Amaroâ? que la demanda ayudó a publicitar la película, todos aquellos que no la habían visto corrieron a las salas a conocer el documental. Además es un hecho, que si la película se retira de las salas, la piratería se encargara de seguirla distribuyendo.
Cuando entenderá el gobierno que aunque nos cueste trabajo, estamos luchando para dejar de ser ciudadanos de terceraâ?¦ aunque nuestros gobernantes hagan todo lo posible por impedirlo.
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/fmb/foromex/censura.htm
http://www.suite101.net/content/la-censura-en-el-cine-mexicano-moderno-mitos-y-realidades-a42754
