El Grupo Interdisciplinario de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 estudiantes desparecidos en Ayotzinapa (mejor conocidos a nivel mundial como los 43 de Ayotzinapa Guerrero), México, pidió este jueves al juez que lleva la causa clasificar como ‘desaparición forzada’ los delitos en contra de los detenidos por la presunta masacre.
En conferencia de prensa desde Ciudad de México, los expertos pidieron a las autoridades mexicanas continuar con la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa o los ‘normalistas’ desaparecidos, y aseguraron que la Procuraduría General de la República no ha intentado frenar o desviar la investigación de los hechos, reseñó un diario de circulación nacional.
El Grupo conformado por Carlos Martin Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, realiza su primera visita a México luego de iniciar su trabajo de investigación en la sede de la CIDH en Washington D.C. en el mes de enero. El ente se constituyó tras un acuerdo de colaboración entre el organismo adscrito a la OEA, el Estado mexicano y grupos de familiares de los 43 de Ayotzinapa, en el mes de noviembre de 2014.
Los expertos también pidieron que se haga un mapa actualizado y se dé seguimiento a investigaciones por las fosas comunes que han sido halladas en el estado de Guerrero durante la búsqueda de los estudiantes, y celebraron nuevas legislaciones aprobadas por el Congreso en contra de la desaparición forzada.
De acuerdo a diferentes medios, el Grupo Interdisciplinario volverá a México a comienzos de abril y buscara que los 43 de Ayotzinapa esten bajo el rubro de desaparición forzada, que implica su busqueda hasta que se les encuentre así pasen años entre la desaparición y el hallazgo.
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CIDH pide a México continuar búsqueda de los 43 de Ayotzinapa
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Alista CIDH informe sobre migrantes en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene listo un informe sobre la situación de los migrantes y sus derechos en México, el cual prevé dar a conocer antes de que concluya este año.
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza destacó que el borrador ya fue remitido al Gobierno de México para conocer sus observaciones, «y de presentarse sería un informe de la mayor importancia, inclusive para sentar criterios en el continente».
Alista CIDH informe sobre migrantes en México -
A la CIDH le preocupa la libertad de expresion en Mexico
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su profunda preocupación por el secuestro colectivo de cuatro periodistas en México y advirtió que con este caso los problemas de la libertad de expresión en el país adquieren una dimensión inédita que afecta a toda la nación.
Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación, alertó el órgano especializado de la CIDH en un comunicado.
La relatoría destacó el hecho de que el secuestro colectivo la semana pasada de los informadores â??ya liberadosâ?? Alejandro Hernández, Héctor Gordoa, Javier Canales y Oscar Solís â??obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la petición de los secuestradores de publicar determinada información.
Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas, agregó.
Por ello, una vez más la relatoría, que recordó que en lo que va de año han sido secuestrados al menos nueve periodistas en México en una escalada de violencia que sufren los comunicadores de esa nación, reiteró su llamamiento al Estado para impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión de una manera efectiva, y que desalienten la repetición de estos lamentables hechos.
Entre otros, solicitó de manera urgente a las autoridades mexicanas combatir la impunidad de los crímenes contra los informadores.
Para ello, considera necesario la identificación y procesamiento de los responsables de estos crímenes con el objetivo de evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales.
Asimismo, calificó de indispensable que México fortalezca la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como que traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados»
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Padres de Guarderia ABC van a ir a la ONU
Padres de los niños de la guardería ABC, así como sus abogados aseguraron que la ruta legal no ha terminado.
Aún con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deslindó a funcionarios implicados en la tragedia, buscarán la ruta en instancias internacionales.
En conferencia de prensa, la señora Patricia Duarte anunció que buscarán apoyo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para buscar que se señalen responsables del Estado Mexicano por la tragedia del 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 pequeños producto de un incendio.
Acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Felix, los papás lamentaron el fallo de la Suprema Corte y aseguraron que se desaprovechó la oportunidad en el tribunal y que ellos depositaron confianza en esta instancia.
«Es preocupante que el máximo tribunal haya determinado que no hay desorden generalizado en la contratación y operación del servicio de guarderías, en el caso de la guardería ABC no se demostró que la subrogación haya sido la causa generadora de la tragedia», indicó Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Agustín Pro
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Niña indigena violada o puede abortar
Una niña indígena maya de 10 años embarazada tras ser violada al parecer por su padrastro, enfrenta un dilema en México debido a que las leyes locales le impiden abortar por lo avanzado de la gestación, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo.
El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la propia madre de la pequeña después de llevar a su hija a una revisión médica y acreditar que estaba embarazada.
El médico que atendió a la menor, natural de la comunidad La Rovirosa, en el sur de Quintana Roo, confirmó que tenía casi cuatro meses de gestación.
La Fiscalía estatal no ha proporcionado el nombre de la menor ni el de la madre.
Inicialmente la niña dijo que al ir a la escuela un sujeto la «jaló» hacia el monte y abusó de ella, pero en el transcurso de las investigaciones y al quedar bajo el resguardo de instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor terminó por confesar que su padrastro era el autor de la agresión, detallaron fuentes de la fiscalía.
El varón, identificado como Isaac Santiago Martínez, alias «El Brujo», fue localizado y detenido ante la policía el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga y por presunta violación.
Desde el 30 de marzo «El Brujo» está encarcelado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.
Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que inicialmente aceptó, pero de lo cual más tarde se desdijo argumentando que había sido obligado a declararse culpable.
De acuerdo con datos proporcionados por personal de la fiscalía, la legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar nada más en los primeros tres meses de embarazo, un plazo que ha sido rebasado en el caso de la pequeña indígena maya.
Su situación recuerda a la de la joven Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía.
Semanas después de la agresión Paulina conoció que estaba embarazada y su familia inició los trámites legales para solicitar la interrupción del embarazo al ser resultado de una violación.
Sin embargo, los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado por un juez y la canalizaron con grupos religiosos y antiaborto.
El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla y el 14 de abril de 2000 Paulina dio a luz a un hijo varón.
El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley
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CIDH hace serios señalamientos a Venezuela
El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, así como hay «serias restricciones» a los derechos humanos, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este miércoles.
En el informe de casi 300 páginas, la CIDH observa un «debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela» que «ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos» en el país.
El Estado no ha «garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno» del presidente Hugo Chávez.
«Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política», señaló la Comisión.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el gobierno de Chávez se niega a permitirla desde 2002.
Caracas se rehúsa alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de 2002 contra Chávez.
Precisamente desde 2002 el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.
La negativa del gobierno de Chávez a permitir la visita «debilita seriamente el sistema de protección colectivo» creado por la OEA, consideró la CIDH.
La comisión subrayó la falta de «condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor» en Venezuela.
Asimismo, constató «un patrón de impunidad» en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
La CIDH reconoció los avances del gobierno de Chávez en materia social, económica y cultural, pero indicó que en aras de cumplir con las demandas de la población en estas áreas «no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales».
La comisión identificó también en Venezuela restricciones a manifestaciones pacíficas, un «ambiente hostil» contra la oposición, inseguridad ciudadana, estado precario de los presos y, sobre todo, «la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos».
Todos estos factores «contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela», concluyó la CIDH.
La Comisión instó al gobierno de Venezuela a tomar los correctivos necesarios para revertir la deficiente situación de los derechos humanos, como permitir un ambiente propicio para el disenso político y el respeto de la independencia de los poderes públicos.
