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  • Conahcyt dispone del CIDE en Aguascalientes

    Conahcyt dispone del CIDE en Aguascalientes

    El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) anunció el uso de instalaciones que son propiedad del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en la ciudad de Aguascalientes, sin dar explicación pública del proceso jurídico o administrativo detrás de esta decisión que dispone de parte del patrimonio del Centro Público de Investigación fundado en 1974.

    La noticia fue dada a conocer públicamente en el comunicado oficial 446, de Conahcyt, difundido el pasado jueves 2 de noviembre, en el que cualquier persona puede leer: “Conahcyt anuncia el rescate de un elefante blanco para transformarlo en la sede del centro de capacitación en tecnologías inteligentes y cómputo más importante del país”.

    Construido en el año 2012, el CIDE región Centro fue el primer plantel del CIDE fuera de la Ciudad de México y se especializó en el estudio sobre Políticas públicas contra la violencia y tráfico de drogas en México; así como en Políticas públicas para la disminución de la pobreza en zonas de desastre. Aunque cuenta con estudiantes e investigadores, sus instalaciones no han sido ocupadas en su totalidad por la falta de creación de plazas para docentes, por la renuncia de otros docentes que ya tenían plaza y afirmaron haber sido hostigados, y por la cancelación de contratos a investigadores que trabajaban mediante el desaparecido sistema “Cátedras Conacyt”

    El cuerpo del boletín gubernamental que informa el nuevo uso de instalaciones del CIDE está tejido con largo rodeo bajo la idea de que “Conahcyt en Aguascalientes cuenta con infraestructura, talento y capacidades para innovación soberana y ciencia aplicada en agua, salud y educación”. Y hasta la segunda mitad del párrafo número diez informa: “Conahcyt anunció la creación de un centro de formación en tecnologías inteligentes y cómputo, en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Aguascalientes, que cuenta con importante infraestructura física que opera con bajo índice de ocupación de espacio”.

  • Estos son los perfiles de los 5 aspirantes para la Presidencia de la SCJN

    Estos son los perfiles de los 5 aspirantes para la Presidencia de la SCJN

    El próximo lunes dos de enero de 2023 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá entre cinco ministros a su nuevo titular. 

    La administración del actual presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea termina este último mes del año y el día de ayer se dieron a conocer los candidatos a su suplencia. 

    Para que los ministros pudieran ser considerados como candidatos tuvieron que haber presentado un proyecto de trabajo con duración de tres años. 

    La votación se llevará a cabo de la siguiente forma: para que una persona sea electa deberá obtener seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una segunda votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o elegida quien alcance seis votos o más a su favor.

    A continuación, te presentamos la semblanza curricular de las dos ministras candidatas y de los tres ministros candidatos: 

    1. Yasmín Esquivel Mossa: 
    • Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
    • Diplomado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
    • Especialista en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. 
    • Maestra en Administración de Instituciones Educativas. 
    • Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. 
    • Se especializa en temas sobre la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. 
    1. Alfredo Ortiz Mena.
    • Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
    • Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. 
    • Se especializa en temas de desaparición forzada. 
    1. Javier Laynez Potisek. 
    • Es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2015.
    • Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. 
    • Maestro y Doctor en Derecho Público por la Universidad de París. 
    • Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal por más de 10 años.
    • Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República. 
    • Procurador Fiscal de la Federación. 
    • Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
    • Profesor del Colegio de México y del CIDE. 
    • Ha sido condecorado tanto del Gobierno de Austria como del Reino de España.
    1. Alberto Pérez Dayán. 
    • Licenciado en Derecho en la Universidad La Salle. 
    • Especialista en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo. 
    • Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. 
    • Maestro en Derecho. 
    • Doctor en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
    • Diplomado en Derecho Angloamericano impartido por la Universidad de Texas. 
    • Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    • Escribió los libros “Ley de Amparo y su Jurisprudencia” y “Teoría General del Acto Administrativo”.

    Te puede interesar: Gana Pepe Montes Premio México de Periodismo «Ricardo Flores Magón” (atomilk.com)

    1. Norma Lucía Piña Hernández
    • Licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
    • Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
    • Especialidad en Psicología Social y Comunicación, Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, España. 
    • Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado, UNAM.
    • Doctora en la División de Estudios de Postgrado de la UNAM.
    • Especialidad Judicial, Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    • Especialista en Derecho Penal, Universidad Panamericana.
    • Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal. 
    • Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. 
    • Curso de Postgrado en Derecho. 
    • Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España.

    MGG

  • Abre el CIDE sus documentos a consulta publica, por El Enigma

    En los tiempos en los que estamos, hay instituciones de altisima calidad en Mexico, una de ellas es el CIDE.

    El CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) tiene documentos de trabajo que están concebidos como una herramienta para difundir (de manera ágil, económica y pronta) el resultado de las investigaciones de los profesores del CIDE entre sus alumnos, sus colegas de otras instituciones del país, y cualquier lector interesado en el tema.

    El CIDE pone a la mano de todos los interesados los avances de investigación de cada una de sus divisiones académicas: Administración Pública, Economía, Estudios Internacionales, Estudios Jurídicos, Estudios Políticos e Historia

    Enhorabuena, el CIDE pone la muestra a demas universidades en el pais.

    El Enigma
    Analista consultor en riesgos financieros y económicos, editor en jefe de Solo-Opiniones

  • CIDE medira la transparencia del gubernamental

    El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) medirá el avance de la transparencia que han tenido todas las instituciones del gobierno e incluirá a los órganos Legislativo, Judicial y autónomos.

    Por segunda ocasión, se evaluará la rendición de cuentas que hay en el ejercicio de la función pública, a través del estudio «Métrica de la Transparencia en México: Diagnóstico del Acceso a la Información Pública», encargado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que aglutina a los 33 organismos garantes del derecho de acceso a la información existentes en el país.

    La medición contempla analizar las páginas de internet de cada dependencia y su «facilidad para acceder» a la información y las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de cada entidad.

    De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el estudio se desarrollará a lo largo de 133 días y concluirá el 16 de agosto próximo, cuando el CIDE dé a conocer los resultados a la COMAIP.

    Esta evaluación, inicialmente estaba programada para desarrollarse entre noviembre de 2009 y marzo de 2010; sin embargo, debido a que un análisis de las páginas de internet de las entidades federativas reveló la necesidad de realizar ajustes en la metodología, y fue necesario reformularla y recalendarizar el estudio.

    Ahora, la nueva metodología asegurará la validez y comparabilidad de los datos, por lo que se contará con resultados más sólidos y confiables.

    Entre otros puntos, se contempla la evaluación de cada entidad federativa y de la Federación tomando como base los criterios contenidos en sus propias leyes de transparencia, lo que permitirá eliminar probables desventajas que pudieran tener algunas entidades sobre otras.

    La COMAIP contempló entre las reformulación de la metodología algunas consideraciones relevantes como:

    – La medición de los demás sujetos obligados se realizará conforme a las bases que definió la COMAIP.

    – Se evaluarán las páginas de los tres municipios con mayor población de cada entidad federativa.

    – La comparabilidad con el primer estudio de la métrica efectuado en 2007 será acorde a la normatividad de cada órgano garante.

    En caso de que no se especifiquen criterios en alguna norma, el CIDE utilizará estándares generalmente aceptados.

    Por ejemplo, para evaluar la «facilidad de acceso», se utilizará como criterio que el usuario pueda acceder a la información en no más de 5 «clics». Además se elaborará una matriz que identifique las variables y criterios contenidos en su respectiva ley.

    Este segundo Estudio de la Métrica de la Transparencia también analizará la calidad de cada una de las leyes con base en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitirá determinar el grado de desarrollo normativo que presentan

  • Los sidicatos frenan, casi todo

    Expertos advirtieron que el sistema de salud mexicano requiere una â??reforma integralâ?, pero reconocieron que los sindicatos serí­an â??los grandes perdedoresâ?.

    John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expresó que la población ganarí­a con una reforma integral, â??pero habrí­a algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serí­an difí­ciles de sostener con las eventuales modificacionesâ?.

    Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, cuestiona por qué la instauración del Seguro Popular, en 2004, no se dio sobre la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialistas en el tema responden a la investigadora: no se utilizó el andamiaje del IMSS porque las autoridades no quisieron enfrentar al sindicato.

    Homedes aseguró que la aparición del Seguro Popular vino a fragmentar más el acceso a los servicios de salud y a ocasionar una ineficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al sector: â??El sistema mexicano ya tení­a al IMSS, al ISSSTE y a la Secretarí­a de Salud, que atendí­a a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que noâ?

    Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las secretarí­as de salud estatales, lo que complicó el control de los recursos: â??Los estados reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quierenâ?, mencionó.

    Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia que administra los recursos del Seguro Popular, reconoce que los estados desarrollan diferentes modelos de atención, por lo que se impulsa una â??segunda generación de reformasâ? para unificar las prácticas estatales.

    En la Cámara, legisladores de PRI, PVEM y PT exigieron una auditorí­a al gasto del Seguro Popular que se ha triplicado desde 2006. Como una muestra del â??desastreâ?, expusieron que millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo tienen como destino la incineración.

    En León, Guanajuato, el secretario de Salud, José íngel Córdova Villalobos, rechazó el fracaso del Seguro Popular. â??A veces los programas que son exitosos tratamos de demeritarlosâ?, dijo.

    Afirmó que de acuerdo con encuestas realizadas por terceros, los í­ndices de satisfacción de los usuarios están por encima de 95%.

    Diarios mexicanos publicaron ayer que esos resultados fueron puestos en duda por Investigación en Salud y Demografí­a, ya que únicamente se preguntó a afiliados atendidos

  • Seguro popular, mucho gasto pocos resultados

    Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendí­a combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.

    El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.

    Cierto medio de comunicacion recorrió clí­nicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.

    Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clí­nicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.

    Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.

    Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular â??sea más eficiente y llegue a mayor parte de la poblaciónâ?.

    Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.

    Con el Seguro Popular, también se crearon Regí­menes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regí­menes dependientes de las secretarí­as de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomí­a de gestión para administrar los recursos.

    Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que â??no está garantizado el uso eficiente de recursosâ?.

    Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una â??segunda generación de reformasâ? para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.

    Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya â??mucha información públicaâ? sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación â??muy grandeâ? entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud

  • Marcha del ITESM, Movimiento por el cambio por El Enigma

    Movimiento por el cambio, la marcha que organizó el ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) es sin duda para muchos, un ojo polí­tico en el campo que dicha institución no habí­a tomado.

    El ITESM se ha caracterizado no por estar en la vida social del paí­s en las esferas polí­ticas, mas bien en el de investigación, mas bien en la iniciativa privada, hay que reconocer que en el ámbito polí­tico no están muy metidos sus egresados.

    Peroâ?¦ ¿Por qué?, simple, ellos son propositivos que han estado trabajando mas que en la forma de ver a la polí­tica, una manera de enriquecerse todos al mismo tiempo, desde el herario de todos para beneficio propio.

    Pero se critica al ITESM, yo soy ahora el que pregunto, ¿Por qué?
    Ellos están en su legí­timo derecho de protestar ante la muerte de dos de sus alumnos de excelencia en las instalaciones de su campus en Monterrey, ya que después dijeron las autoridades locales, que eran narcotraficantes juniors.

    Esa es la situación por la cual una institución privada, por encima de otras, de excelencia o no, nacionales dentro de los aspectos del paí­s y que conoce y reconoce las carencias que tenemos, ahora hace un acto público abierto en su estadio tecnológico, con compañeros de diversos puntos del paí­s.

    Se entregara una propuesta de seguridad que nace de la comunidad estudiantil y de egresados, populismo, hacerse notar, etc. son dicterios que señalan dicha acción; lo digo, no me lo parece.

    No me lo parece ya que el ITESM no es la institución estéril que busca enriquecerse a costa de sus alumnos, ya que es la escuela con mas becados en el paí­s; no es la institución frí­a que solo anhela matriculado, ya que es de las pocas que son reconocidos sus egresados fuera de nuestras fronteras.

    Criticar es fácil, pero no veo a ITAM, IPN, UNAM, Anáhuac, Ibero, La Salle, Colegio de México, CIDE, etc. con propuestas para que el gobierno, autoridades etc. tengan investigaciones de primera mano en las manos y puedan valerse a combatir con eficacia al crimen organizado.

    La apatí­a somos todos.

    En memoria de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, alumnos muertos en el campus del tecnológico de Monterrey.

    * El Enigma
    Analista consultor en riesgos financieros y económicos, editor en jefe de Solo-Opiniones (y no egresado del ITESM)

  • Dinero del campo a narcos y politicos, ¡BIEN!

    El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquí­n El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así­ como varios polí­ticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.

    Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.

    Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.

    Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.

    Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: â??Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobableâ?.

    En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo serí­a depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.

    Es el caso de los hermanos de Joaquí­n El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el lí­der del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel

  • Podria existir retroceso politico en Mexico

    Los especialistas opinaron que la iniciativa de reforma polí­tica enviada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa encierra riesgos de una regresión autoritaria, y en tres mesas de análisis en el Senado de la República, señalaron preocupaciones de diverso calibre, como la del jurista Diego Valadés, quien afirmó: â??El proyecto presidencial promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsableâ?.

    Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurí­dicas (IIJ) de la UNAM consideró que es un diseño â??para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poderâ?.

    José Woldenberg, ex presidente del IFE, â??que arbitró la alternancia en el poder Ejecutivo federal en el año 2000â?? desmenuzó los puntos de la iniciativa de reforma y encontró falacias, diagnósticos equivocados, riesgos de pérdidas de avances o ganancias pequeñas.

    El IIJ presentó un ensayo por conducto de Daniel Barceló Rojas, en el que destacó su desacuerdo con la figura de la candidatura independiente para el cargo de Presidente de la República, porque no tendrí­a apoyo en el Congreso para gobernar.

    Los juristas de la UNAM señalaron los rubros en que están de acuerdo, como la iniciativa ciudadana, y recomendaron condiciones. Sin dar a la Corte la facultad de iniciar leyes, presentan como alternativa que el Congreso cuente con especialistas en temas del Poder Judicial.

    Jorge Alcocer, director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, describió la propuesta de reforma como â??una suma de medidas aún inconexas, carentes de un diagnóstico certero y de una reflexión profunda sobre el sistema polí­tico electoral mexicanoâ?. En las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa arrastra contradicciones, dijo.

    Jorge Castañeda Gutman, ex secretario de Relaciones Exteriores, defendió la figura de candidaturas ciudadanas. Explicó que los problemas de requisitos, financiamiento y acceso a medios se pueden resolver, como ha sido en distintos paí­ses, y ello depende de que los legisladores quieran realizar esta reforma.

    José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reiteró su respaldo a la figura de candidatura ciudadana; advirtió â??cierto riesgoâ? en caso de aplicarse en la elección de Presidente y de gobernador y es que se acentúen los problemas tí­picos de confrontación entre poderes, y que quien llegó al poder sin partido no tenga el respaldo de Congreso en su mandato.

    Diego Valadés hizo referencia al momento jurí­dico de México que viene de largos años de desacuerdos polí­ticos, y reveló que â??Irak cuenta hoy con un sistema constitucional mejor equilibrado que el mexicanoâ?.

    En 10 años se han perdido muchas oportunidades de realizar una reforma del Estado, y la que propone el presidente Calderón al sistema polí­tico â??llega con los márgenes contraí­dos, porque los intereses adversos se han ensanchadoâ?.

    Advirtió que â??si las respuestas se siguen difiriendo, o si son tí­midas y confusas, se podrí­a llevar a la Constitución a los lí­mites de su vigencia y se propiciarí­a una nueva corriente que exija su sustituciónâ?

  • Comunidad internacional

    Lo que casi nadie sabe de esta reunión a la que el Presidente de México, no fue por el caso Tlahuac, es que El Mundo, tendrá otro bloque más.
    Basado en lo que es el Mercosur, que a ciencia cierta NO funciona ya que ninguno de los países signantes quiere ceder algo de sus prebendas; nace la Comunidad Sudamericana.
    Exactamente inspirada en la Comunidad Europea, 12 naciones del cono sur, son las que inician con la cumbre de Cuzco a plantear todo lo necesario en un acuerdo de desarrollo de infraestructura para que en el 2010, se haga esto, una realidad.
    Al igual que algunos especialistas del ITAM y el CIDE, creo que antes de firmar cualquier acuerdo, debería haber sustentación legal para ver si es viable un proyecto así.
    No me parece malo, solo creo que los Latinos somos muy «marrulleros» como para situaciones así, aun.
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