Nueve acusados de participar en la matanza de 45 indígenas en el estado sureño de Chiapas en 1997 recobraron el jueves su libertad, un día después de que la Suprema Corte revocó los procesos en su contra por considerar que estuvieron basados en irregularidades.
Los nueve, también indígenas, fueron liberados la madrugada del jueves con la mirada puesta en rehacer su vida, luego de pasar 12 años en un penal de la comunidad de El Amate, al sur de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas y a unos 690 kilómetros al sureste de la ciudad de México.
«No tengo nada, lo perdí todo, ya no puedo ni regresar porque me lo quitaron todo», dijo a la AP Mariano Díaz Chilorio, uno de los indígenas liberados.
«Sólo sé que estamos libres y que vamos a comenzar de cero con mis compañeros, pero no es justo que nos encarcelaran 12 años sin haber hecho nada. Dios es testigo que digo la verdad», añadió.
Familiares, amigos y compañeros de iglesias cristianas esperaron más de 14 horas afuera del penal para ver finalmente salir a los nueve indígenas. Otros 20 ya habían sido liberados en agosto también por un fallo de la Suprema Corte.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar con presuntas relaciones con funcionarios gubernamentales atacó a tiros una reunión de oración de indígenas activistas católicos que simpatizaban con los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Acteal, una localidad de Chiapas.
A lo largo de varias horas, los agresores mataron a 45, entre ellos infantes de dos meses de edad.
Los indígenas acusados siempre negaron su culpabilidad y tras varios años de recursos jurídicos, su caso llegó a la Suprema Corte que revisó recursos promovidos por 51 sentenciados por la masacre. De ellos, 29 ya quedaron en libertad y a 22 se les repondrá el juicio.
José Antonio Caballero, abogado defensor de los acusados, dijo a la AP que la liberación era un acto que pone en evidencia las irregularidades del sistema de justicia mexicano. Adelantó que buscarán la amnistía para los indígenas que no han sido liberados.
Dijo, sin embargo, que «el corazón del problema es que no se ha hecho justicia ni a las víctimas ni a los acusados». Por ello se manifestó a favor de que algún organismo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigue los hechos para finalmente esclarecer lo sucedido y castigar a los verdaderos responsables.
Entre las irregularidades que han sido señaladas se encuentran que los sospechosos, quienes hablan en su mayoría la lengua tzotzil, no tuvieron acceso a intérpretes. Al parecer, además, fiscales tomaron fotografías de los hombres y se las mostraron a los testigos, quienes luego los identificaron como sus atacantes.
«Me dejaron resentimiento y mucho dolor… ya no tengo nada, otra vez a comenzar y ya estoy viejo, tengo 72 años. Es muy triste esto. Pero tampoco tengo ganas de venganza ni nada de eso», dijo Ignacio Gómez Gutiérrez, otro de los acusados que fue liberado.
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