Las cifras del secuestro han escalado de manera alarmante al registrar cinco mil casos al año en el país, de los cuales se denuncia una cuarta parte, ante este problema la Cámara de Diputados tiene listo el predictamen de la Ley General contra el Secuestro.
El documento establece incluir, por primera vez, la figura del «secuestro extorsivo político», así como federalizar este delito. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada.
Mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales, destaca el proyecto de dictamen en poder, mismo que se prevé discutir y aprobar entre los diputados que integran la Comisión de Justicia en las próximas semanas.
Los diputados señalan en el predictamen que por primera vez se incluiría en la legislación mexicana el «secuestro extorsivo político», que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor de demandas sociales o ciudadanas.
México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales, destacó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en su informe Secuestro, Actualización y Marco Jurídico.
El estudio legislativo, elaborado el año pasado, sostiene que muchas bandas de secuestradores se han ligado a las grandes mafias del narcotráfico.
Entre 2007 y mayo de 2008, indica, la PGR logró obtener auto de formal prisión contra 273 presuntos integrantes de bandas de secuestradores, 64 de ellos estaban ligados al cártel del Golfo, y 40 más al cártel de Tijuana. Es decir, cuatro de cada 10 tenían vínculos con alguno de estos grandes grupos delictivos.
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encargado de la redacción del dictamen, Josué Valdés Huezo, dijo en entrevista que el secuestro «político» será equiparado con la privación ilegal de la libertad y tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.
La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro.
La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, y de las propuestas de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación «Alto al Secuestro».
Se buscan definir los tipos penales, «se pretende una sanción de 20 a 45 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes», dijo Valdés Huezo.
En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.
Respecto al «secuestro virtual» como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra.
Valdés Huezo dijo a Notimex que se retomará el «modelo italiano» de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate para con ello desalentar este delito donde México es ya primer lugar mundial con más de cinco mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una
cuarta parte.
De acuerdo con los últimos informes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se planteó prohibir la posibilidad de que existan negociadores, profesionales o intermediarios ajenos a las corporaciones policíacas.
Por esa razón, se rechazó la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, quien diseño un subsidio fiscal para quienes paguen los rescates.
En este sentido, se prevé por todos los medios que se evite el pago de los rescates, y para ello se pretende solicitar la
colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.
Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto en el ámbito de la averiguación previa como del proceso penal, así como la reparación del daño.
Respecto a la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron varias propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.
«Queremos una Ley General contra el Secuestro que unifique criterios, que evite que un estado sancione con cinco años el secuestro y otros tengan penas de 40 años, así como frenar a las bandas que operan en varios estados», dijo el diputado del PRI, Arturo Zamora.
Expuso que la nueva ley que alista la Cámara de Diputados prevé también la creación de cuerpos policiacos federales y agentes ministeriales especializados en materia de secuestro, así como la federalización del delito para evitar la impunidad con la operación de cientos de bandas.
A su vez, el diputado federal del PAN, Oscar Martín Paniagua, dijo que la nueva ley debe incluir el tema de castigo con cárcel a los familiares de los secuestradores que los encubran o «laven» dinero de esos ilícitos.
Dijo que si bien se trabaja en la redacción final del dictamen, aún se puede enriquecer con temas como agravantes si el secuestrado es mujer, si está embarazada, si es menor de edad, si es periodista, o si quienes participen sean funcionarios públicos.
