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Etiqueta: Centro de Investigación y Docencia Económicas

  • CIDE medira la transparencia del gubernamental

    El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) medirá el avance de la transparencia que han tenido todas las instituciones del gobierno e incluirá a los órganos Legislativo, Judicial y autónomos.

    Por segunda ocasión, se evaluará la rendición de cuentas que hay en el ejercicio de la función pública, a través del estudio «Métrica de la Transparencia en México: Diagnóstico del Acceso a la Información Pública», encargado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que aglutina a los 33 organismos garantes del derecho de acceso a la información existentes en el país.

    La medición contempla analizar las páginas de internet de cada dependencia y su «facilidad para acceder» a la información y las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de cada entidad.

    De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el estudio se desarrollará a lo largo de 133 días y concluirá el 16 de agosto próximo, cuando el CIDE dé a conocer los resultados a la COMAIP.

    Esta evaluación, inicialmente estaba programada para desarrollarse entre noviembre de 2009 y marzo de 2010; sin embargo, debido a que un análisis de las páginas de internet de las entidades federativas reveló la necesidad de realizar ajustes en la metodología, y fue necesario reformularla y recalendarizar el estudio.

    Ahora, la nueva metodología asegurará la validez y comparabilidad de los datos, por lo que se contará con resultados más sólidos y confiables.

    Entre otros puntos, se contempla la evaluación de cada entidad federativa y de la Federación tomando como base los criterios contenidos en sus propias leyes de transparencia, lo que permitirá eliminar probables desventajas que pudieran tener algunas entidades sobre otras.

    La COMAIP contempló entre las reformulación de la metodología algunas consideraciones relevantes como:

    – La medición de los demás sujetos obligados se realizará conforme a las bases que definió la COMAIP.

    – Se evaluarán las páginas de los tres municipios con mayor población de cada entidad federativa.

    – La comparabilidad con el primer estudio de la métrica efectuado en 2007 será acorde a la normatividad de cada órgano garante.

    En caso de que no se especifiquen criterios en alguna norma, el CIDE utilizará estándares generalmente aceptados.

    Por ejemplo, para evaluar la «facilidad de acceso», se utilizará como criterio que el usuario pueda acceder a la información en no más de 5 «clics». Además se elaborará una matriz que identifique las variables y criterios contenidos en su respectiva ley.

    Este segundo Estudio de la Métrica de la Transparencia también analizará la calidad de cada una de las leyes con base en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitirá determinar el grado de desarrollo normativo que presentan

  • Los sidicatos frenan, casi todo

    Expertos advirtieron que el sistema de salud mexicano requiere una â??reforma integralâ?, pero reconocieron que los sindicatos serí­an â??los grandes perdedoresâ?.

    John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expresó que la población ganarí­a con una reforma integral, â??pero habrí­a algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serí­an difí­ciles de sostener con las eventuales modificacionesâ?.

    Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, cuestiona por qué la instauración del Seguro Popular, en 2004, no se dio sobre la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialistas en el tema responden a la investigadora: no se utilizó el andamiaje del IMSS porque las autoridades no quisieron enfrentar al sindicato.

    Homedes aseguró que la aparición del Seguro Popular vino a fragmentar más el acceso a los servicios de salud y a ocasionar una ineficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al sector: â??El sistema mexicano ya tení­a al IMSS, al ISSSTE y a la Secretarí­a de Salud, que atendí­a a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que noâ?

    Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las secretarí­as de salud estatales, lo que complicó el control de los recursos: â??Los estados reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quierenâ?, mencionó.

    Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia que administra los recursos del Seguro Popular, reconoce que los estados desarrollan diferentes modelos de atención, por lo que se impulsa una â??segunda generación de reformasâ? para unificar las prácticas estatales.

    En la Cámara, legisladores de PRI, PVEM y PT exigieron una auditorí­a al gasto del Seguro Popular que se ha triplicado desde 2006. Como una muestra del â??desastreâ?, expusieron que millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo tienen como destino la incineración.

    En León, Guanajuato, el secretario de Salud, José íngel Córdova Villalobos, rechazó el fracaso del Seguro Popular. â??A veces los programas que son exitosos tratamos de demeritarlosâ?, dijo.

    Afirmó que de acuerdo con encuestas realizadas por terceros, los í­ndices de satisfacción de los usuarios están por encima de 95%.

    Diarios mexicanos publicaron ayer que esos resultados fueron puestos en duda por Investigación en Salud y Demografí­a, ya que únicamente se preguntó a afiliados atendidos

  • Seguro popular, mucho gasto pocos resultados

    Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendí­a combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.

    El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.

    Cierto medio de comunicacion recorrió clí­nicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.

    Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clí­nicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.

    Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.

    Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular â??sea más eficiente y llegue a mayor parte de la poblaciónâ?.

    Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.

    Con el Seguro Popular, también se crearon Regí­menes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regí­menes dependientes de las secretarí­as de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomí­a de gestión para administrar los recursos.

    Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que â??no está garantizado el uso eficiente de recursosâ?.

    Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una â??segunda generación de reformasâ? para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.

    Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya â??mucha información públicaâ? sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación â??muy grandeâ? entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud

  • Dinero del campo a narcos y politicos, ¡BIEN!

    El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquí­n El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así­ como varios polí­ticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.

    Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.

    Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.

    Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.

    Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: â??Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobableâ?.

    En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo serí­a depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.

    Es el caso de los hermanos de Joaquí­n El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el lí­der del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel