La ya tensa relación entre el gobierno de Cristina Fernández y los medios de prensa se agravó esta semana luego de que un gremio afín al oficialismo bloqueó la salida de los diarios de las plantas impresoras y distribuidoras y la mandataria limitó por decreto la venta de periódicos. Los incidentes comenzaron el martes cuando decenas de integrantes del sindicato de choferes de camiones impidieron durante horas la salida de los diarios Clarín y La Nación, los de mayor tirada nacional, en reclamo de que los choferes a cargo de la distribución de periódicos y revistas sean incorporados al sindicato.
La renovada tensión coincide con la realización en Buenos Aires de la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que entre el viernes y el martes debatirá sobre el rol del periodismo y las presiones que sufre por parte de los gobiernos de la región. La SIP ha cuestionado en el pasado la actitud del «kirchnerismo» hacia la prensa, acusándolo de hostigamiento.
La organización también ha criticado la ley de medios de comunicación sancionada por el Congreso –dominado por el oficialismo– que según el gobierno busca impedir la formación de monopolios periodísticos y que para la oposición y los especialistas en comunicación tiene como objetivo reemplazar el actual oligopolio por un monopolio del Estado o de empresarios afines a la mandataria y a su esposo y antecesor Néstor Kirchner. El gremio de los camioneros es liderado por el sindicalista Hugo Moyano, fiel aliado del matrimonio Kirchner y titular de la principal central obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT).
No es la primera vez que el sindicato impide la salida de los diarios o protagoniza incidentes contra la prensa. Los camioneros son quienes en los actos públicos del oficialismo suelen llevar pancartas en contra de los medios, en particular los del Grupo Clarín, enemigo declarado del matrimonio presidencial. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó el bloqueo en un duro comunicado en el que sostuvo que «como hace menos de un año, los diarios y sus lectores volvieron a transformarse en rehenes de un conflicto del que son ajenos y que involucra una cuestión de encuadramiento gremial entre dos sindicatos, el de distribuidores de diarios y revistas y el de choferes de camiones».
«Como consecuencia de este proceder, los editores de diarios, que no tienen relación laboral con ninguno de esos sindicatos, se vieron impedidos por varias horas de llegar a sus lectores, en lo que constituye un flagrante caso de censura y afectación a la libertad de prensa», agregó. El miércoles, durante una visita a un hospital de la provincia de Buenos Aires, Fernández disparó contra la prensa por criticar una protesta organizaciones de desocupados («piqueteros») que durante más de un día bloquearon una de las principales avenidas del centro de Buenos Aires.
«A ciertos intereses concentrados económicos les gusta mostrar por la televisión a los pobres y a los negros cuando están solitos, desvalidos y llorando, para demostrar que hay pobreza. Pero cuando esos pobres y negros generan organización popular, trabajo y dignidad, ahí ya le empiezan a molestar. Y entonces son tildados muchas veces de revoltosos o de organizaciones paralelas al Estado», aseveró la mandataria.
El jueves, mientras los camioneros continuaban con sus bloqueos en las plantas de impresión de otra editorial, Fernández firmó un decreto en el que otorga a los diarieros la exclusividad en la venta de periódicos y revistas, por lo que ahora ya no podrán comprarse más las publicaciones en supermercados, quioscos y gasolinerías.
El decreto recibió fuertes críticas por parte de la oposición y de especialistas en derecho.
«A partir de ahora la venta de diarios será la única actividad comercial regulada por el Estado», dijo a La Nación el constitucionalista Gregorio Badeni. «Es evidente que se apunta a cercenar el libre desenvolvimiento de las empresas periodísticas, porque está condicionando la venta de los productos gráficos», agregó.
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