La falta de normas y garantías legales en el mecanismo internacional para la transferencia de fondos a los países ricos en bosques tropicales puede generar, especulación y conflictos sin fin.
Tal es la advertencia contenida en un informe presentado hoy en la londinense Chatham House por un grupo de trabajo conocido como Rights and Resources Initiative (Iniciativa de Derechos y Recursos): siglas inglesas RRI.
Según ese grupo, la falta de claridad existente en los derechos de propiedad de las tierras en algunos países, sumada al peligro de corrupción, puede hacer fracasar el programa de tres mil 500 millones de dólares destinado a reducir las emisiones de C02 en la atmósfera evitando la destrucción de la selva tropical.
Los autores del informe, titulado «El final del Hinterland: Conflicto y Cambio Climático» citan numerosos estudios que indican que en 2010 el enorme potencial de lucro intensificará la competencia entre los gobiernos e inversores más poderosos y los actores locales como las comunidades indígenas.
«Será como el Salvaje Oeste. Un caos total en los mercados de carbono, pero también sobre el terreno», advierte Andy White, coordinador de la RRI.
La iniciativa «Reduced Emissions from Deforestation and Degradation» (REDD) fue elogiada el pasado diciembre como uno de los raros puntos de consenso de los participantes en la conferencia de Copenhague.
Los negociadores confiaban en que posibilitase reducciones fáciles y a bajo costo de las emisiones de CO2 así como financiación e inversiones para los países en desarrollo ricos en bosques, pero el hecho de no haber acordado estándares y salvaguardas legales hace presagiar lo peor.
«Los bosques seguirán estando lejos de los centros de poder, pero serán divididos, controlados y utilizados como moneda de cambio política a nivel global como no había ocurrido nunca antes», afirma el coautor del informe, Jeffrey Hatcher.
Según Hatcher y White, toca a su fin la época en la que los bosques eran áreas remotas y casi olvidadas excepto para la provisión de recursos naturales baratos.
Las materias primas como los alimentos, el combustible, la fibra, pero también el carbono son cada vez más valiosos y los satélites y la nueva tecnología en general permite analizar, monitorear y, llegado el caso, controlar a distancia los bosques.
Y los dirigentes nacionales y locales pueden ser objeto de intentos de soborno para arrancarles acuerdos relacionados con su explotación que hagan caso omiso de los derechos de los afectados, advierte el informe.
Ya ha habido casos de conflictos entre comunidades locales y gentes de fuera, señalan sus autores, que citan la llamada «matanza de Bagua» , choque violento en la Amazonía peruana entre manifestantes indígenas y la policía militar, que dejó cerca de cien muertos.
También en la India, pese a la promulgación en 2009 de una ley de derechos forestales que se presentó en su día como un éxito para los grupos tribales, las informaciones llegadas desde el terreno indican que prácticamente nada ha cambiado.
Las comunidades locales y los pueblos indígenas se están organizando y exigen que se respeten sus derechos, pero si éstos no se les garantizan de acuerdo con el derecho internacional, REDD no va a funcionar», avisa Marchus Colchester, de la ONG Forests People Program.
Armados con nuevas tecnologías y herramientas, como los GPS, los pueblos indígenas han tomado medidas para lograr que se les reconozcan legalmente sus derechos, especialmente en Latinoamérica, porque África y Asia están muy atrasadas al respecto.
Los autores del informe señalan que en Brasil, el Tribunal Supremo reconoció oficialmente el pasado marzo los derechos de propiedad de la tierra de la reserva indígena Rapos Serra do Sol, y un estudio del derecho brasileño e internacional indica que la tribu Surui puede reclamar lo mismo la propiedad legal de los derechos del carbono forestal asociados con sus tierras de Rondônia
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