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  • Avanza juicio de desafuero a Julio Cesar Godoy Toscano

    La Sección Instructora de la Cámara de Diputados citó para el próximo lunes al perredista Julio César Godoy Toscano, para que conozca el expediente que la PGR integró en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado y para solicitar su desafuero.

    En entrevista el presidente de la Sección Instructora, el priista César Augusto Santiago manifestó que a partir del lunes, el diputado Godoy Toscano tendrá un plazo de siete días para responder verbalmente o por escrito lo que a su consideración le convenga.

    «Godoy va a enterarse del expediente por primera vez, va a leer el nombre de la persona que lo acusa, el nombre de los testigos que lo acusan, las constancias que están en el expediente y va a dar un comentario de ese expediente por escrito o de manera verbal.

    «Cuando él diga lo que a su juicio convenga, entonces la Sección Instructora va a leer lo que dice y lo que dice el expediente, y se van a ordenar, si es el caso, la práctica de diligencias que se estimen necesarias», destacó.

    Dijo que se trata de un expediente voluminoso que deberán estudiar las partes y si la Sección Instructora determina que es conveniente entrevistarse con los testigos protegidos que denunciaron al legislador michoacano, no hay impedimento para ello.

    «La ley dice que la Sección Instructora procederá a realizar las indagatorias que considere necesarias para formarse un juicio, se trata de que la Sección Instructora se forme un criterio y emita una resolución», mencionó.

    Augusto Santiago, expresó que los integrantes de la Sección -dos priistas, una perredista y un panista-, realizarán un trabajo objetivo, despojándose de intereses partidistas, pues la resolución que tomen en conjunto tendrán que sustentarla ante todos los grupos parlamentarios en el pleno de la Cámara de Diputados

  • Diputados a la SCJN el tema de Apagon Digital

    La Cámara de Diputados dio su aprobación para presentar un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto por el cual cambiará el sistema de televisión analógico por uno digital, anunciado el 2 de septiembre por el presidente Felipe Calderón.

    El pleno instruyó a la Mesa Directiva a para interponer la petición, toda vez que consideró que el Ejecutivo no cuenta con las atribuciones para ello, ya que corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones resolver lo relativo a radio y televisión.

    Al presentar la propuesta, el prií­sta Alfonso Navarrete expuso que la controversia obedece a que con dicho decreto se pone el interés de particulares en materia de competencia por encima del interés del paí­s. Detalló que «se trata de esclarecer las competencias de un órgano autónomo técnicamente que determina la ley y que el Ejecutivo ha invadido la competencia del mismo.

    Asimismo, dejó en claro que â??los diputados no estamos en contra de la transición digital, sólo buscamos clarificar competencias», subrayó.

    Las fracciones de PRI, PRD, PVEM, PT, Panal y Convergencia avalaron el sentido de la controversia, sólo el PAN se manifestó en contra.

    Y es que según dichos grupos parlamentarios, â??se está invadiendo las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)â?, por lo cual piden a la Corte clarificar las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones.

    De acuerdo con esas bancadas, el Ejecutivo invadió la competencia de un órgano al que el Congreso le otorgó el carácter de autónomo e independiente, que es la Cofetel y arrojó facultades que no le son propias en el referido decreto.

    «No se trata aquí­ de discutir las bondades del decreto. Eso debe quedar muy claro. Ningún diputado aquí­ está planteando discutir las bondades del decreto, ni es la cerrazón o no de la transición analógica a digital. Eso está fuera de la discusión», aclaró Navarrete

  • Diputados no quieren apagon analogico

    El pleno de la Cámara de Diputados acordó interponer una controversia constitucional contra el decreto sobre la transición digital de la televisión y el â??apagónâ? analógico, por considerar que el Ejecutivo Federal invadió las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en esa materia.

    A propuesta del grupo parlamentario del PRI, los diputados federales cuestionaron la legalidad del decreto presidencial e instruyeron al presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramí­rez Marí­n, a promover la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    En votación a mano alzada, las bancadas del PRI, del PRD, del PVEM, del PT, Convergencia y Nueva Alianza respaldaron la presentación del recurso, mientras la fracción del PAN defendió el decreto y votó contra el proyecto de controversia.

    El legislador priista Alfonso Navarrete Prida dio a conocer un análisis de la Dirección General de Asuntos Jurí­dicos de la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones establecen:

    â??Se estima viable el examen de constitucionalidad del decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestreâ?

  • PGR mueve el juicio de desafuero contra Godoy Toscano

    El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramí­rez Marí­n, turnó a la Comisión Jurisdiccional la solicitud de desafuero presentada por la Procuradurí­a General de la República (PGR), contra el legislador perredista, Julio César Godoy Toscano.

    En la sesión, Ramí­rez Marí­n informó al pleno que la PGR ratificó la solicitud de juicio de procedencia en contra de Godoy Toscano, acusado de tener nexos con el crimen organizado, la cual se enví­o a la Comisión Jurisdiccional encabezada por el priísta, César Augusto Santiago.

    Este grupo de trabajo legislativo, será el encargado de determinar si hay elementos jurí­dicos para crear la Sección Instructora que se encargarí­a de la declaratoria de procedencia.

    Por su parte, Godoy Toscano informó que ha solicitado a la presidencia de la Cámara de Diputados que el juicio de procedencia que dará inicio en los próximos dí­as se traslade justamente a la Sección Instructora, mismo organismo que condujo el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

    Con relación a la solicitud de juicio ratificada por la PGR, el presidente y el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, y Nazario Norberto, respectivamente, consideraron que la insistencia de la dependencia federal «obedece a intereses polí­ticos», para dañar al PRD y al gobierno de Leonel Godoy Rangel, en Michoacán.

    «La insistencia es porque la PGR tiene interés de causar un daño al PRD o al gobernador Godoy.

    â??Después de todo la Cámara de Diputados consideró que estaba obligada a tomarle la protesta, pues quiere decir que todo estaba en orden, por lo que en todo caso que se enojen con la Cámara», expresó el ministro en retiro Castro y Castro.

    Por su parte el también legislador perredista, Nazario Norberto Sánchez manifestó que el juicio de procedencia contra Julio César Godoy Toscano, carece de elementos claros para demostrar jurí­dicamente los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

    «Si se carece de elemento constitutivo del delito y mucho menos se puede acreditar la responsabilidad penal, no va a prosperar el juicio de procedencia, porque si de los 35 inculpados en el mismo caso de Michoacán, 34 obtuvieron su libertad por falta de elementos de prueba con todo y testigos protegidos, tampoco los habrá contra Godoy Toscano», destacó

  • Arrinconan a SCT

    El presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, pidió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llamar a cuentas al titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas por negar haber entregado las concesiones a Nextel-Televisa.

    «Si hubiera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en ese momento estaría llamando» al titular de la SCT, dijo.

    «Se debería estar pidiendo la remoción inmediata del secretario de Comunicaciones y Transportes. En cualquier país que se precie de tener un sistema legislativo profesional, funcionario que va y miente es retirado de su cargo» , argumentó Corral Jurado.

    El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como «acto de corrupción política» la entrega de concesiones por parte de la SCT

  • ¿Veto al Presupuesto 2011? una opcion

    El gobierno federal no descarta recurrir a la figura del veto en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el paquete económico 2011 que beneficie a las finanzas públicas nacionales.

    Consultado al concluir su comparecencia con senadores el miércoles, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, indicó que el gobierno cuenta efectivamente con esta herramienta legal. Sin embargo, confió en que los legisladores aprobarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de manera responsable.

    â??¿La controversia constitucional o el veto están contemplados por Hacienda si no sale el presupuesto como lo enviaron? â??se le preguntó al funcionario.

    â??Desde luego que es un recurso que nuestro marco legal considera, y es un posible recurso, pero hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona el paquete económico, y creo que los señores legisladores lo van a tomar con mucha responsabilidad, y se va a tener una discusión responsable, y creo que eso es lo que más importa â??respondió.

    La bancada del PRI, mayoritaria en la Cámara de Diputados, ha planteado bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado de 16 a 15 por ciento.

    En 2005, el entonces presidente Vicente Fox vetó una partida del presupuesto, luego de que se incorporaban rubros no establecidos en la iniciativa.

    El 12 de mayo de ese año, la Suprema Corte decidió por mayorí­a de seis votos contra cinco que el mandatario estaba facultado para vetar y formular observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

    El gobierno federal no descarta utilizar la controversia constitucional, o veto del presupuesto, si no se llega a un acuerdo sobre el paquete económico 2011 que beneficie la solidez de las finanzas públicas nacionales.

    El titular de la Secretarí­a de Hacienda, Ernesto Cordero, señaló que es una herramienta que tiene la autoridad para velar por la salud financiera del paí­s; sin embargo, una vez más confió en que los legisladores aprobarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de forma «responsable», de tal manera que no se ponga en riesgo el desarrollo de la economí­a nacional.

    «Desde luego que es un recurso que nuestro marco legal considera, pero hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona el paquete económico», apuntó.

    No obstante, continuó, «creo que los legisladores lo van a tomar con responsabilidad y se va a tener una discusión integral y eso es lo más importante».

    La discusión del paquete económico del próximo año se ha centrado en un eventual ajuste del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La bancada del PRI insiste en bajar la tasa de 16 a 15%. Sin embargo, la autoridad encargada de la polí­tica fiscal aseguró que la iniciativa propiciarí­a mermas para la federación por 33 mil millones de pesos y en cerca de diez mil millones a las partidas que se transfieren a estados y municipios.

    Cordero fue más allá durante su comparecencia ante el Senado al decir que de concretarse la propuesta tricolor se tendrá que subir otros impuestos y ajustar el gasto en diversos rubros.

    Además, continuó, generará una mala impresión ante los ojos de inversionistas extranjeros y, contrario a lo que se espera, no se tendrá un impacto favorable en la demanda interna, toda vez que los precios de los bienes «difí­cilmente» se ajustarí­an a la baja como consecuencia de menores tasas impositivas.

    El diputado petista Mario Di Costanzo recordó que Vicente Fox vetó una partida del presupuesto de 2005, luego de que se incorporaban rubros no establecidos en la iniciativa.

    El 12 de mayo de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por una apretada mayorí­a, de seis votos contra cinco, que el mandatario estaba facultado para vetar y formular observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos.

    El funcionario señaló que Cordero «amenaza» con lo de la controversia constitucional porque ya no encuentra cómo evitar que el PRI logre su objetivo de ajustar a la baja el IVA.

    Sostuvo que el Ejecutivo no «sólo puede vetar por vetar», ya que existen una serie de lineamientos que se deben de seguir. El principal, dijo, es que el presupuesto contenga partidas no previstas desde un principio y, hasta el momento, eso no se ve por ningún lado.

    El diputado panista, Luis Enrique Mercado, comentó que no será necesario llegar a dicha instancia, ya que «no creo que la bancada del PRI sea una bola de irresponsables y que pretendan hacer daño a las finanzas públicas del paí­s».

    Pidió ver cómo se desenvuelve la discusión sobre el tema, pero, «insisto que no debemos bajar el IVA».

    El diputado del PRI, Jesús Alberto Cano, comentó que el Ejecutivo está en todo su derecho de emplear la controversia constitucional si considera que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados va en detrimento de la salud financiera nacional.

    Sin embargo, acotó, «hay que ver qué consideran riesgoso, porque la solidez de las finanzas tiene criterios.»

    El también presidente del Colegio Nacional de Economistas, confió en que el Ejecutivo no tendrá la necesidad de recurrir a tal instancia, porque seguramente «tendremos en tiempo y forma el presupuesto y seguramente este será del consentimiento de todos».

    Advirtió que el PRI insistirá en bajar el IVA.

    Francisco Mací­as, fiscalista de Deloitte, alertó que la batalla por modificar el gravamen será intensa; sin embargo, exhortó a que la tasa se quede sin cambios, ya que es una de las formas de cobrar impuestos a la economí­a informal.

    De los ingresos tributarios, el IVA representó 38.39% en el primer semestre del año, una ponderación sólo por debajo a la del ISR, que significó 50%, mientras que de los recursos presupuestarios del sector público equivalió a 17.70%

  • Mala planeacion, eso es todo

    El titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, señaló que la mayorí­a de los daños ocasionados por las inundaciones no son a causa de los huracanes, sino por la mala planeación en el crecimiento y los asentamientos humanos.

    Al comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pí?blica y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, reiteró que la mayorí­a de las presas están en su máximo nivel, 43 sobrepasan ciento por ciento y 59 están a más de 80 por ciento.

    El funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) resaltó las obras que se llevan a cabo en cuestión hí­drica.

    Destacó que a diferencia de 2009 cuando se emitieron 40 declaratorias de emergencia para 110 municipios en lo que va del año han sido 75 en 327 municipios.

    En su presentación, Luege Tamargo agregó en este año también se han emitido 58 declaratorias de desastre natural por parte de la Secretarí­a de Gobernación para 520 municipios.

    Añadió que la Conagua ha ejercido en su totalidad su presupuesto de 34 mil 718 millones de pesos.

  • Ojala salga Ley General de Protección de Víctimas del Delito

    La bancada del PRI en San Lázaro impulsa la Ley General de Protección de Víctimas del Delito que pretende revertir los niveles de impunidad y garantizar la reparación del daño por secuestro y tráfico de personas, entre otros ilícitos.

    El presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados Humberto Benítez dijo que la iniciativa de ley está dirigida a las víctimas de delitos como secuestro, homicidio calificado, trata de personas, tráfico de inmigrantes.

    En entrevista en San Lázaro consideró que la ejecución de penas en México es un fracaso, por lo que es necesario crear un sistema de justicia penal moderno que tenga como base la protección de las víctimas y un verdadero sistema de readaptación social.

    En ese sentido reconoció que la comisión a su cargo ha trabajado con pluralidad haciendo a un lado los colores partidistas para tratar de sentar las bases de un nuevo sistema de justicia para México

  • Isabel Miranda de Wallace pide pase la Ley Antisecuestro (ley Wallace)

    La asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, exhortó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a cumplir la promesa de aprobar el dictamen de Ley General de Combate al Delito de Secuestro que está en comisiones.

    Miranda de Wallace urgió a aprobar dicho proyecto, pues a su juicio el hecho de realizar modificaciones significaría un retraso considerable «y creemos que dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país», es apremiante que sea aprobado de inmediato.

    Si bien la ley es perfectible, el dictamen que está en manos de los legisladores contiene «lo más elemental e importante», por lo que «agradeceremos que ya no se realice cambio alguno al dictamen emitido por la Cámara de Senadores«, destacó en un comunicado.

    Consideró sin embargo que se debe encontrar el medio jurídico para que no se apliquen las operaciones encubiertas en el combate del delito de secuestro, pues no se cuenta con policías confiables y se carece de las unidades antisecuestros.

    Tras agradecer al Senado la disposición para aprobar esa iniciativa, también llamó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, una vez aprobada la ley, sean etiquetados los recursos económicos para que de inmediato funcione el fondo para víctimas que establece dicha norma.

    El secuestro, delito que ha tocado a todos los estratos sociales, ha tenido un incremento al menos de 200 por ciento en los últimos cuatro años, y el Estado y la sociedad no hemos reaccionado para prevenirlo, combatirlo y castigarlo, enfatizó

  • Berlusconi se parece a la Derecha Americana

    Parlamentarios que salieron del gubernamental Partido del Pueblo de la Libertad (PDL) italiano buscan crear una derecha moderna, diferente al â??modelo sudamericanoâ? representado por el primer ministro, Silvio Berlusconi, dijo hoy el diputado Italo Bocchino.

    Bocchino, lí­der parlamentario del movimiento Futuro y Libertad (FLI), fundado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini tras su expulsión del PDL, denunció en abril pasado que él también fue echado de esa formación polí­tica por órdenes de Berlusconi.

    El legislador aseguró este lunes a la prensa extranjera que lo que buscan los disidentes en crear una derecha italiana distinta al â??modelo sudamericanoâ? que representan el primer ministro y su aliada la Liga del Norte y no votar contra la permanencia de Berlusconi en el gobierno.

    Agregó que en la actualidad hay 35 diputados que han abandonado el PDL para adherirse al FLI, pero anunció que próximamente ese número aumentará.

    También declaró el rechazo del nuevo movimiento a la lógica de â??compra ventaâ? de parlamentarios de otros partidos como la que, según medios locales, Berlusconi lleva a cabo para asegurarse una mayorí­a legislativa.

    â??Hemos construido un grupo parlamentario con 35 diputados que vienen del PDL y vendrán otrosâ?, aseguró.

    â??Hemos recibido propuestas de adhesión de diputados que habí­an sido elegidos con la oposición, pero las rechazamos porque queremos demostrar que el nacimiento de nuestro proyecto se debe al fracaso del proyecto del PDLâ?, añadió.

    Asimismo, dijo que la actual legislatura durará por lo menos hasta 2012 y confió que ante la eventualidad de una lucha por el liderazgo de la derecha entre Fini y el ministro de Economí­a, Giulio Tremonti (berlusconiano), el presidente de la Cámara de diputados ganará â??100 a unoâ?.

    Bocchino insistió que el movimiento disidente mantendrá sus votaciones parlamentarias a favor de todas las iniciativas del ejecutivo, porque lo que está en crisis no es el proyecto de gobierno, sino el del PDL.

    Fini fue expulsado de ese partido por sus constantes crí­ticas a iniciativas de ley de Berlusconi, como la que contemplaba acortar los procesos judiciales para evitar que el premier fuera sentado en el banquillo de los acusados por corrupción.

    La expulsión llevó a Fini, que fue co-fundador del PDL junto a Berlusconi, a crear el FLI, un grupo parlamentario autónomo en ambas cámaras y cuyo voto todaví­a es esencial para la estabilidad del ejecutivo