La Marina de Guerra mexicana negó el martes que estuviera vinculada a la muerte de un presunto narcotraficante que fue arrestado por la policía en el norte de México y cuyo cadáver torturado fue encontrado al día siguiente en un predio vacío.
La Marina señaló en un comunicado que soldados ayudaron el domingo a transportar a un hospital a tres sospechosos que resultaron heridos durante un enfrentamiento con policías de la ciudad de Santa Catarina, un suburbio de Monterrey, después de que autoridades locales solicitaron su apoyo.
El comunicado agrega que el jefe de policía de Santa Catarina Eduardo Murrieta acompañó a los sospechosos y se encargó de su custodia una vez que llegaron al hospital.
Imágenes de televisión transmitidas el domingo mostraron rodeado de soldados a a uno de los sospechosos, José Márquez Compeán, y cuando era metido a un vehículo militar y posteriormente a un helicóptero. Su golpeado cuerpo sin vida fue hallado el lunes envuelto en una manta en la cercana ciudad de San Nicolás de los Garza.
La esposa de Márquez, Hilda Rodríguez, dijo el martes a Milenio Televisión que había identificado el cadáver de su esposo y había visto las imágenes de su arresto.
«Yo lo vi en las noticias que los subían a la patrulla y luego al helicóptero, y luego ya apareció muerto», indicó Rodríguez sollozando. «¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Quiero justicia, tengo tres hijos», agregó.
Alejandro Garza y Garza, procurador de justicia del estado de Nuevo León, donde se encuentra Santa Catarina, dijo a Milenio Televisión que los policías involucrados en el arresto de Márquez están siendo investigados. Señaló que no se han realizado arrestos en el caso.
René Castillo, jefe de seguridad de Santa Catarina, negó saber del caso.
«No sé nada, no sé nada, no sé nada. Esa es mí posición», subrayó Castillo el martes.
Márquez y otros dos hombres fueron arrestados el domingo por policías de Santa Catarina que eran parte de una caravana que transportaba a Castillo en asunto oficial por el poblado.
Después del arresto, la caravana fue atacada por hombres armados al parecer en un intento por liberar a los prisioneros. Dos guardias de seguridad de Castillo murieron durante la balacera y otras cuatro personas resultaron heridas.
También el martes, México y Estados Unidos anunciaron la creación de un plan para intentar revertir la violencia que asuela la fronteriza Ciudad Juárez, donde los ataques del narcotráfico ya alcanzaron a personas vinculadas con el gobierno estadounidense.
El programa apoya a México con entrenamiento, equipo e intercambio de información en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y es parte de otros planes piloto contra la violencia en ciudades fronterizas de ambos lados (Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso) para combatir al crimen en paralelo a la promoción del desarrollo económico y social.
El plan para Juárez incluye el establecimiento de un sistema de rastreo satelital para patrullas y radiotransmisores, además de la instalación en El Paso, Texas, de una oficina de polígrafos en donde operen hasta 15 especialistas mexicanos y una más para que un número similar de funcionarios de México trabajen y archiven investigaciones.
La segunda oficina permitirá «desarrollar programas para clasificar de manera efectiva a los empleados actuales en categorías de potencial de corruptibilidad alto, mediano y bajo, y establecer un plan para lidiar con rapidez con los sujetos de alto riesgo», según un documento distribuido por el gobierno estadounidense al término del encuentro entre altos representantes de seguridad de ambos países.
Estados Unidos también se compromete a dar capacitación en materia judicial y forense, incluidas pruebas de ADN de cabellos.
Además, se considera ofrecer 60 perros entrenados para detectar droga, dinero y armas, así como 32 vehículos para transportarlos.
El anuncio fue hecho en el marco de la visita de altos funcionarios estadounidenses de seguridad encabezados por Hillary Clinton, secretaria de Estado.
El martes 450 policías adicionales llegaron a Juárez, con lo cual el número total de efectivos se eleva a 3.500.
En Ciudad Juárez, a más de 1.500 kilómetros de la capital mexicana, el gobierno mexicano intenta poner en marcha un nuevo modelo para enfrentar la violencia que no sólo considere la parte policiaco-militar, sino la inversión en programas sociales e infraestructura como escuelas y hospitales para tratar de recomponer el tejido social en la localidad.
Autoridades han dicho que en esa ciudad fronteriza se vive una batalla entre los carteles rivales de Juárez y de Sinaloa, que utilizan a pandillas juveniles locales.
Junto a los enfrentamientos entre grupos rivales, la sociedad de Juárez se ha visto sacudida en 2010 con ataques contra personas sin vínculos con el crimen organizado, como a finales de enero cuando pistoleros masacraron a 15, la mayoría de ellos jóvenes.
Hace poco más de una semana, además, sicarios asesinaron en dos hechos distintos pero casi simultáneos a una empleada del consulado de Estados Unidos en Juárez, a su esposo, y al marido de otra trabajadora de la representación consular que desató la indignación del gobierno del presidente Barack Obama.
La violencia dejó en el 2009 más de 2.500 asesinados en Juárez, lo que la convirtió en la localidad con más crímenes atribuidos al crimen organizado en el país
