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La “cacería” que iniciaron elementos de fuerzas especiales del Ejército y de la Armada de México para encontrar a los responsables de la emboscada en la que cinco soldados murieron acribillados a manos de la delincuencia organizada en Culiacán, Sinaloa revivirá la polémica sobre la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de facultades legales para enfrentar al crimen organizado; demanda que levantó hace más de tres años el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda cuando solicitó facultades de investigación para las fuerzas armadas.
Para nadie es un secreto que militares y marinos desplegados en Sinaloa utilizarán en su afán de detener a los culpables -vivos o muertos- todos los recursos disponibles, legales o no.
Inteligencia militar e inteligencia naval investigan ya lo que sucedió –usurpando así la labor del Ministerio Público federal, el cual en teoría tendría que encabezar las indagatorias-; para ello, tendrán que interceptar llamadas telefónicas de los sospechosos de pertenecer al grupo delictivo presuntamente responsable –obviamente sin contar con la necesaria aprobación de un juez federal-; y seguramente, cuando ubiquen a los sicarios, militares y marinos no esperarán la orden de aprehensión u orden de cateo para actuar.
Desde que Felipe Calderón sacó a las calles a los militares en diciembre de 2006 e inició la llamada “guerra al narcotráfico”, el panista dejó de lado un aspecto fundamental: impulsar un marco legal que le diera certidumbre y legalidad a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en el combate al crimen organizado.
En seis años, Calderón no lo hizo, ni tampoco el general secretario Guillermo Galván Galván levantó la voz para exigir que se cumpliera con un clamor que hay al interior del Ejército para que los miles de soldados que realizan labores policíacas, labores que no les corresponden, contaran cuando menos con un respaldo legal.
A diferencia de su antecesor, el general Cienfuegos levantó la voz para demandar a su comandante en jefe y al Congreso de la Unión que dotaran a las fuerzas armadas de facultades de investigación para actuar de una manera más efectiva en el combate al narcotráfico y crimen organizado.
Ni el presidente Peña, ni los senadores que hace unos días se desgarraron las vestiduras por la muerte de los cinco militares y que dijeron estar “profundamente indignados y lastimados por estos actos de barbarie” atendieron el llamado del general secretario.
Hace unos días, el senador Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa para regular el despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior y concurrir de manera subsidiaria y temporal al auxilio de los estados y municipios en labores de seguridad.
Es decir, más de lo mismo. La idea es que sigan los militares realizando labores que no le corresponden, porque las policías federal, estatales y municipales siguen inmersas en la corrupción y el descrédito.
Más de lo mismo, porque los soldados seguirán en las calles sin contar con las herramientas legales necesarias para que su labor sea realmente efectiva, porque de nada sirve que hagan rondines y monten retenes en las poblaciones más inseguras del país, si no pueden hacer nada con la información e inteligencia generadas durante esos operativos para actuar en contra de los delincuentes.
Parece mentira, pero la desconfianza de los mandos militares hacia la Policía Federal y estatales sigue intacta, a pesar de la propaganda oficial.
El operativo que llevan a cabo militares y marinos en Sinaloa es una prueba más de ello.