El Senado de la República aprobó en comisiones la reforma a la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para obligar a los tres poderes de la Unión, organismos autónomos y dependencias a â??blindarâ? las bases de datos personales de los ciudadanos y garantizar a los mexicanos el derecho constitucional a la protección de sus información personal.
Con esta reforma, los ciudadanos tendrán todos los instrumentos para ejercer su derecho de acceso, rectificación e, incluso, cancelación cuando sus datos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad prevista originalmente.
Una vez que el pleno senatorial avale el proyecto, el IFAI será la autoridad encargada de vigilar y garantizar la protección de los datos personales.
La nueva ley obliga a designar y transparentar en internet el nombre, perfil y sueldo del responsable de las bases de datos personales en cada dependencia, quien será sancionado administrativamente por â??usar, sustraer, divulgar o alterar, total o parcialmenteâ? la información que tiene bajo su custodia.
Las sanciones van de tres días a tres meses, pero en caso de mayor gravedad del delito se decretará inhabilitación del servidor público responsable.
Las autoridades â??deberán adoptar, mantener y documentar las medidas de seguridad administrativa, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, mediante acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción y uso no autorizadoâ?, enuncia el dictamen que se conocerá hoy en primera lectura en el pleno. El documento complementa la minuta aprobada en la Cámara de Diptuados.
La Comisión de Gobernación, presidida por el senador priísta Jesús Murillo Karam â??uno de los autores del proyectoâ?? busca completar con este documento la minuta que recibió de la Cámara de Diputados sobre datos personales en posesión de particulares.
IFAI, facultado para auditorías
Con el nuevo ordenamiento, el IFAI tendrá la facultad de realizar auditorías periódicas en materia de seguridad de los sistemas de datos personales y elaborar un registro pormenorizado de las bases controladas por los tres poderes de la Unión; órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, las universidades y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y otras dependencias.
Se establece que cualquier utilización de la información confidencial deberá autorizarla el ciudadano a través de un consentimiento tácito y por escrito, cuando se trate de datos que revelen su origen étnico, estado de salud, creencia religiosa, afiliación sindical, opinión política o preferencia sexual.
Las autoridades quedan obligadas a publicar el aviso de privacidad para informar a los mexicanos la finalidad de solicitar sus datos, consecuencias de la negativa de proporcionarlos y su derecho a rectificar o cancelar.
Pero el derecho a cancelar de los mexicanos queda suspendido si hay una disposición legal, obstaculiza actuaciones judiciales o administrativas de la investigación o persecución de delitos o afecta la seguridad nacional.
El nuevo entramado ordena a las dependencias establecer un contrato con las empresas privadas que contrate para generar sus bancos de datos, en el que estipule la finalidad de la información
