La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un candado de â??tercera generaciónâ? para evitar que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan protesta como representantes populares.
El titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es atacar â??desde todos los frentesâ? este flagelo para atenuar el peligro que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los presidenciales de 2012.
â??Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilícitasâ?, comentó.
Refirió que â??blindarâ? las campañas y precampañas requiere la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole.
Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, â??tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todosâ?.
De tal suerte que ellos â??tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (â?¦) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competidoâ?, expresó.
A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado â??están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que debe de ser el concepto de una fiesta cívicaâ?.
Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del país â??hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarloâ?, puntualizó.
Vargas Valdez insistió en que â??estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y el día de mañana, el otroâ?
Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales, así como contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.
â??Se trata de reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electoralesâ?, expuso al mencionar que la revisión al marco legal vigente busca â??actualizarâ? el catálogo de delitos electorales contemplados en dicho Código, que data de 1996.
Ello, precisó, porque â??ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existía, esto es, de coacción de votoâ?.
Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que generan también desequilibrios â??tanto por miedo, como es el crimen organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoralâ?.
A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67%, están en proceso de integración de la averiguación previa.
En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.
El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y de ellas 52 % corresponden a servidores públicos, 13% a funcionarios de partidos políticos, 18% a particulares y 17 % a quien resulte responsable.
En su opinión se requiere de hacer un cambio â??con lo que hoy está en nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para actuarâ?.