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  • Algo que casi nadie sabe de Sergio Villarreal, El Grande

    Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

    Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
    A cambio de ello, él debí­a declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

    A la PGR le urgí­a incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuradurí­a.

    Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometí­an a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente â??salpicabaâ? a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

    Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada â??desde arribaâ?.

    En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

    De acuerdo con la averiguación previa
    PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese dí­a, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
    Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: â??Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenesâ?. El presidente contestó: â??Igualmenteâ?.

    Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así­ como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaí­na y dinero.

    Mateo también habló de las lí­neas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa Marí­a Anaya Llamas, hermana del polí­tico panista, y que las familias â??siempre han mantenido relación de amistad y de negociosâ?, a pesar de que Elsa Marí­a y Adolfo llevan años separados.

    En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa Marí­a se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

    Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretarí­a de Seguridad Pública federal (SSP).

    Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde viví­a protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis íngel Cabeza de Vaca Rodrí­guez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
    El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logí­stica para ejecutar al comisionado de la Policí­a Federal Preventiva í?dgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

    En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

    Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

    Mateo expuso: … que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tení­a más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.
    Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policí­a Federal), a quien Arturo (Beltrán) le habí­a hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel… Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

    En otro apartado señaló que otro funcionario que tení­a que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policí­a Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo querí­a chingar porque recibí­a dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacerí­a y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí­, que a los del gobierno que fueran a matar sólo serí­a porque se les pagara y aún así­ lastimaran los intereses de la organización.

    Los pasos de â??El Grandeâ?

    Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

    En sus declaraciones, mencionó también que tení­a contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solí­a pasar los cargamentos de droga, así­ como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

    Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaí­na, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
    El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

    La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
    Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva habí­a traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

    A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creí­a muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: â??Ya ves pinche marrano, no que muy cabrónâ?, posteriormente ordené que lo subieran a un vehí­culo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

    Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tení­an relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así­ se procedió en esos dí­as, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadasâ?¦ Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

    Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.

    En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

    Información clasificada

    Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

    Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

    Según el acuerdo, Villarreal Barragán debí­a declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

    La funcionaria también le comentó que por â??órdenes superioresâ?, no se tocarí­a su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
    Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Ví­ctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

    En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro.

    Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaí­as Castillo Luna, un policí­a ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

    Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

    Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla

  • México y República Dominicana firman acuerdo

    Los procuradores generales de la República Dominicana y México celebraron un acuerdo de intercambio de información y experiencias para fortalecer la procuración de justicia.

    Lo anterior tuvo lugar en el marco de la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la cual se efectuó en días pasados en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

    En el encuentro el titular de la PGR, Arturo Chávez, y su homólogo dominicano, Radhamés Jiménez Peña, suscribieron una Carta de Intención y aprobaron establecer una Comisión Técnica Mixta integrada por dos representantes de cada país, para concretar los términos y alcances del acuerdo binacional.

    La Reunión Plenaria de la COMJIB se celebró en la ciudad de México los días 21 y 22 de octubre, con la presencia de ministros de justicia, procuradores y representantes de instituciones de 18 países de la región iberoamericana.

    Durante el evento se establecieron una serie de encuentros bilaterales para impulsar proyectos estratégicos, nuevas formas de cooperación o revisar la agenda de asistencia jurídica binacional.

    En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que se tiene previsto que México también sostenga reuniones bilaterales de trabajo con España, Ecuador y Portugal, entre otras naciones.

  • Narcotraficante dio 25 millones de pesos a narcodiputado

    En el expediente que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Julio César Godoy Toscano al imputársele además del delito de delincuencia organizada, el de lavado de dinero, se incluyen pruebas que destacan depósitos bancarios por 24 millones 759 mil 948 pesos, de los cuales se desconoce su procedencia y no se puede explicar su origen.

    En el juicio de procedencia que la dependencia federal instruyó contra el diputado Julio César Godoy Toscano y que entregó el pasado 8 de octubre de 2010, se incluyeron diversas pruebas como son conversaciones telefónicas, testimoniales, fotografías, narconóminas, domicilios de reuniones con miembros de la organización delictiva de La Familia y las pruebas de que Servando Gómez Martínez La Tuta, es presuntamente su compadre.

    La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) envió a la Cámara de Diputados un expediente donde se señala en la pagina 187 que Julio César Godoy Toscano, con el propósito de impedir que se conociera el origen de los recursos de procedencia ilícita obtenidos a través de su relación con la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, en el periodo comprendido de enero de 2006 a junio de 2009, realizó diversas operaciones bancarias o financieras depositando en cuentas abiertas a su nombre el importe de 24 millones 759 mil 948 pesos.

    Las cuentas bancarias en las que fueron depositados los recursos son 9003468358, así como 9053395827, y la 9087303099 en diversas instituciones crediticias. La PGR establece que la imputación de lavado de dinero se afirma aún más a la falta de rendición de declaraciones de impuestos de enero de 2005 por parte de Godoy Toscano.

    La PGR indica en el expediente enviado a la Cámara de Diputados que «Godoy Toscano es miembro de la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, y que, incluso, tiene estrecha amistad con uno de los líderes de tal empresa criminal, precisamente con Servando Gómez La Tuta, estableciéndose además que Godoy Toscano, por la ayuda económica recibida de parte del grupo delictivo para su campaña como candidato a diputado federal, proporcionaría todo tipo de información en beneficio de tal organización».

    La dependencia federal que encabeza Arturo Chávez, precisa en su página 188 que la vinculación entre el diputado federal perredista y La Familia Michoacana se corrobora todavía más a través del «dictamen pericial en análisis de voz emitido por un perito de la PGR, quien concluyó que las voces analizadas corresponden al propio Godoy Toscano y a la de Servando Gómez Martínez».

    En el expediente, además de señalar que se tienen como pruebas los depósitos bancarios sin origen de procedencia, las conversaciones telefónicas, la pericial que establece la identificación de voz del diputado federal, también incluye el testimonio de un «testigo colaborador», de nombre «Carlos», al que presuntamente le consta que Servando Gómez Martínez La Tuta no sólo es amigo de Godoy Toscano, sino tambien su compadre.

    En la página 189 del expediente se precisa que «Godoy Toscano es padrino de la hija de aquel y cuando estaba en campaña como candidato a diputado federal se reunió con Gómez Martínez, y se habló del apoyo que La Familia Michoacana proporcionaría para que quedara como diputado y que una vez hecho lo anterior pudiera pasar información y arreglarse con servidores públicos para beneficiar a la organización».

    La SIEDO expone en el expediente, que derivado de la detención del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño pudo decomisar diversos elementos de prueba que revelan las percepciones económicas que recibían diversos funcionarios de Michoacán para proteger y favorecer a la organización delictiva.

    Se precisa que en la detención del hijo de La Tuta se decomisaron dos vehículos tipo Hummer, con facturas a nombre de la pareja sentimental del operador de La Familia Michocana, que responden al nombre de Ana Patiño López, madre de Luis Servando Gómez Patiño; además en los vehículos en los que viajaba se encontraron diversas armas de fuego, una computadora personal y una narconómina con el titulo de «Nómina de Leyenda/Pago Compartido con el tío Dionicio y Kike Plancarte, Sol y Nacho el Cenizo» y que es el pago número 12.

    En el ddocumento se mencionan a 128 personas a las que se les pagaban de cinco mil hasta 350 mil pesos. En esa lista destaca el nombre de Julio César Godoy Toscano, a quien se le cataloga como enlace de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y que recibía un sueldo mensual de 40 mil pesos para informar, operar y ser enlace con el gobierno estatal.

    Destaca los nombres de Genaro Guízar Valencia, quien cobraba 200 mil pesos al mes; Jairo Rivas Paramo, presidente de Arteaga con 150 mil; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia con 40 mil; el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez, con 200 mil, se menciona también al diputado federal Miguel Ángel Arellano Pulido, que se le señala con 30 mil pesos mensuales como informante; Adán Tafolla Ortiz, presidente municipal de Tumbiscatío, con 250 mil pesos, y el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, con 300 mil al mes.

    De acuerdo con los documentos presentados, La Familia Michoacana pagaba mensualmente la cantidad de cuatro millones 248 mil pesos a presidentes municipales, policías ministeriales y de tránsito, subprocuradores, comandantes, al jefe de gobernación del estado, en cargados de las comisarias, entre otros funcionarios mencionados.

    En la página 26 del expediente se dan a conocer las declaraciones del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño, quien reconoce que su padre se dedica al narcotráfico.

  • Arturo Chavez de la PGR ante legisladores

    La Comisión Permanente citó a comparecer, en sesión privada, al titular de la PGR, Arturo Chávez, para que informe de los motivos, datos y evidencias que llevaron a la detención del candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.

    Además, en otro dictamen el órgano legislativo pidió al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos Alberto Elorza, quien dictó el auto de formal prisión en contra de Sánchez.

    En la sesión de la Permanente, el vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles afirmó que la detención de Greg se dio entre un número de irregularidades en el proceso y principio constitucional de presunción de inocenciaâ?.

    Sostuvo que la averiguación previa se basa precisamente en declaraciones de Å?testigos protegidosâ?, que fueron los mismos que fueron utilizados en la detención de los servidores públicos de Michoacán en mayo de 2009.

    Pareciera que el gobierno federal le apuesta al uso mediático y electorero de las instituciones, generando un ambiente de zozobra, preocupación y sospecha fundada de que hay otra intenciónâ?, precisó Aureoles.

    El senador por Michoacán aseguró que el PRD no defiende delincuentes pero sí­ reprueba â??el uso de jueces a modo para obedecer intereses quién sabe de qué tipoâ?

  • Revisemos el fuero militar, ¿apenas?

    El gabinete de seguridad manifestó ante senadores la disposición a legislar la figura del fuero militar, ante las denuncias de agresiones de soldados contra la población.

    El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, aclaró que aceptar que un militar sea juzgado en un tribunal civil por acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones serí­a un â??duro golpeâ? para las Fuerzas Armadas.

    Anoche, además de Galván, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Seguridad, Genaro Garcí­a Luna; de Marina, Francisco Saynez, y el procurador general de la República, Arturo Chávez, acudieron a la Cámara de Senadores para conocer el avance de las iniciativas enviadas por el presidente Calderón relativas a la seguridad.

    Santiago Creel, del PAN, dijo que los funcionarios pusieron como condición para revisar el fuero militar que se garantice la tradición de obediencia y disciplina al interior del Ejército.

    Los legisladores se comprometieron a establecer en el paquete de reformas que el Estado quede obligado a indemnizar a las ví­ctimas civiles que mueran durante el fuego cruzado entre militares y sicarios, pues actualmente los funcionarios encargados de la seguridad justifican la caí­da de ciudadanos con el argumento de que en una guerra â??siempre hay costosâ?.

    Los senadores expusieron que el Ejército no puede permanecer en las calles para combatir al narcotráfico de manera indefinida.

    En respuesta, Galván explicó que para garantizar la seguridad y apresurar el regreso a los cuarteles es necesario legislar para crear un nuevo modelo policiaco. De lo contrario, el Ejército, insistió, permanecerá en las calles â??10 años másâ?.

    En la reunión, se acordó fortalecer acciones de inteligencia financiera, para combatir el lavado de dinero

  • Periodistas en peligro y autentico riesgo

    Directivos de medios de comunicación de Durango, Coahuila y Sonora, reunidos con los integrantes de la misión internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresaron ayer su repudio al clima de violencia que se vive en México contra la actividad periodí­stica y firmaron un acuerdo en el que exigen a los gobiernos federal y estatales garantizar el libre ejercicio del periodismo.

    Durante una reunión privada en la ciudad de Durango, los comunicadores de 20 medios, impresos y electrónicos, coincidieron en la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo los asesinatos de los reporteros ocurridos en la región, para impedir que la impunidad incentive más ataques y amenazas.

    Durango y Coahuila registran los más recientes crí­menes contra periodistas: Valentí­n Valdés Espinosa, Bladimir Antuna Garcí­a, Eliseo Barrón Hernández y Carlos Ortega Samper.

    El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, celebró que los directivos hayan atendido la invitación de la organización y se comprometió a que este año se darán cursos para los periodistas, como lo solicitaron los editores.

    El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, llamó a los medios de comunicación a unirse en un frente común para impedir que la violencia y la intimidación hacia comunicadores continúen extendiéndose y que, en cambio, sea la vocación de informar la que prevalezca frente al silencio.

    Los directivos de medios también demandaron que las autoridades federales que participan en operativos contra el crimen organizado â??Ejército, Policí­a Federal y PGRâ?? garanticen un adecuado flujo de información sobre los hechos de violencia que se registran en las entidades, y elogiaron la existencia de vocerí­as federales, como ocurre en Sinaloa, entre otros estados.

    Al finalizar la reunión, los integrantes de la misión de la SIP y los editores firmaron una declaración conjunta, que será publicada hoy en todos sus medios.

    Además de los citados, también incluyó a Bob Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa; Juan Fernando Healy, vicepresidente para México de la Comisión de Libertad de Expresión; José Santiago Healy, Julio Muñoz y Ricardo Trotti.

    Esta misión se reunió el lunes en la ciudad de México con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y con el titular de la PGR, Arturo Chávez y la subprocuradora Arelí­ Gómez.

    En este encuentro el grupo de directivos de la SIP fue informado sobre la reestructuración de la Fiscalí­a Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas, encuadrada en la Procuradurí­a General de la República, lo que la SIP recibió con gran beneplácito