Un tribunal federal revocó las sentencias que se impusieron a cuatro integrantes de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace, al considerar que el delito cometido no es competencia de la normativa federal sino de la local.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del DF deja así sin efecto las sentencias que había dictaminado el Juzgado 16 de Distrito del Reclusorio Norte en contra de los probables responsables y ordenó que el caso sea estudiado nuevamente.
El 24 de diciembre del 2009, el titular del referido juzgado, Augusto Octavio Mejia Ojeda, impuso sentencias de 47 años de cárcel para Cesar Freyre Morales; 28 años para Juana Hilda González Lomelí, y 30 años para los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, promovió una apelación al considerar que dichas penas era «blandengues», y no correspondían a la gravedad del delito que se cometió. Exigió condenas que alcanzaran de los 86 a los 96 años de prisión.
La resolución de la causa penal fue turnada al Segundo Tribunal Unitario el cual, concluido su análisis, determinó revocar todas las sentencias impuestas, ya que las características del ilícito no se encuadran al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
«El secuestro por lo general no se comete en la hipótesis del delito federal; el delito de secuestro debía ser sancionado pero por la ley local, ya que en este caso los hechos sucedieron en el Distrito Federal», apuntó en su resolución el Magistrado del Segundo Tribunal, Ricardo Paredes Calderón.
En este contexto, se comunicó al Juzgado 16 de Distrito que las sentencias que impuso han quedado sin efecto, y se le otorgó un plazo de dos meses para que dicte una nueva resolución que se sustente en el Código Penal del DF