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Etiqueta: Actualización

  • Salud Publica, retos y dificultades

    El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, destacó los retos y dificultades que enfrenta México en materia de salud pública, como lo es promover programas contra las adicciones en Ciudad Juárez, donde cada vez es más difí­cil el trabajo extramuros.

    Al dar una conferencia magistral en la inauguración de los trabajos del Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiologí­a, destacó que la salud pública por definición es el componente que permite mejorar y mantener la salud de la población.

    Planteó que las acciones en la materia abarcan programas para obesidad, diabetes, accidentes de tránsito, cáncer y enfermedades cardiovasculares, así­ como epidemias de nuevos virus, como la de Influenza A(H1N1).

    Hernández ívila señaló que sin embargo, hay otras vertientes sociales que dificultan esas labores, son las vertientes que hemos determinado como necesidades básicas.

    La salud pública se vuelve más complicada porque los trabajadores del sector no pueden operar; por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, no pueden efectuar la prevención de adicciones de manera extramuros», detalló.

    El funcionario de la Secretarí­a de Salud (SSA) puntualizó que hay realidades que tienen que ver con el aumento en la esperanza de vida, por lo que en México se han retomado acciones y programas para la prevención, como el uso de cinturón de seguridad, alcoholimetrí­a, higiene y vacunas.

    Ante cientos de estudiantes que asistieron a esos cursos que se imparten en la sede del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP), en Cuernavaca, Morelos, reconoció que a pesar de los grandes logros las inversiones no aumentan.

    Expuso que fue apenas en esta administración federal cuando se etiquetaron por primera vez recursos para la salud pública, a través del Seguro Popular.

    El titular de la SSA dispuso que 20 por ciento de sus recursos se dediquen a salud pública, lo que se llevó a cabo mediante un instrumento que se firmó con los estados que justifican las acciones.

    Informó que actualmente la SSA destina 12 mil millones de pesos a los estados para acciones en ese rubro.

    Otros retos que se enfrentan son, por ejemplo, la discusión con relación a los lineamientos de venta de distribución de alimentos en las escuelas del paí­s, para responder al grave problema de obesidad infantil.

    «Actualmente los niños consumen en las escuelas casi 520 calorí­as en un lapso de cuatro horas, cuando deberí­an consumir entre 200 ó 280. Parecerí­a fácil establecer lineamientos que corrijan el problema, pero en realidad es complicado».

    Explicó que se tiene que lograr consenso no sólo con las instancias gubernamentales, como las secretarí­as de Educación Pública (SEP), Economí­a (SE) y Agricultura (Sagarpa), sino con otros sectores como el empresarial y el social para inculcar una nueva cultura por la salud.

    «La tarea se complica porque una disposición de la SSA primero tiene que ser avalada por la Secretarí­a de Educación Pública, porque a ella corresponderá aplicar las acciones», explicó.

    «Segundo, tiene que ser consensuada con la Secretarí­a de Agricultura (Sagarpa), porque si se quiere sacar la leche entera de las escuelas los ganaderos van a consultar a través de esta secretariaâ?.

    â??Tiene que llegarse a un acuerdo con el sector lechero, porque los industriales le van a decir a Economí­a que perderán una gran cantidad de trabajos», indicó el funcionario.

    Poder llevar los lineamientos desde el punto de salud pública es muy complejo; también se tiene que cambiar la manera en que se enseña esta materia, ya que es muy importante formar a los estudiantes y profesionales de la salud.

    A su vez, el director del Centro de Investigación en Salud Pública Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Eduardo Lazcano, destacó que en la profesionalización está cumplir objetivos y aplicar de forma eficiente los recursos financieros y humanos.

    Se tienen que desarrollar programas y acciones para enfrentar las grandes epidemias, como la diabetes y la obesidad, enfermedades cardiovasculares, salud mental y cáncer, y por otro lado asegurar la capacidad del sector salud.

    Informó que durante los 15 años en que se han aplicado cursos de actualización, más de 10 mil profesionales nacionales y de 30 paí­ses han pasado por estas aulas, lo que es un orgullo para la institución.

    Expresó que el Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiologí­a (PASPE) tiene como objetivo principal actualizar a profesionales de la salud en diferentes áreas y niveles relacionados con el conocimiento y la práctica de la salud pública.

    El fin es que puedan ejercer en sus lugares de origen las competencias que han adquirido, y recordó que cuando inició este programa ya existí­an espacios donde los profesionales podí­an ampliar sus conocimientos en el campo de la salud pública.

    Añadió que la gran mayorí­a de los programas que se ofrecí­an se impartí­an en inglés y se llevaban a cabo en los Estados Unidos y en Europa, en tanto que PASPE fue diseñado especí­ficamente para participantes de América Latina y el Caribe.

    «Desde su inicio recibió el apoyo de la Universidad de Johns Hopkins y del Programa de Entrenamiento Internacional sobre Salud Ambiental y Ocupacional de Mount Sinai y UCLA-Fogarty», concluyó

  • Caso Paulette; hablan las trabajadoras domestics

    Esa mañana sólo dos voces gritaban por Paulette: las de las hermanas í?rika y Martha. Sus padres estaban ahí­, en el departamento de Interlomas: â??La señora Lisette, dormida, y el señor Mauricio como si no escuchara lo que le decí­amos, que la niña no aparecí­aâ?

    â??El lunes entré a la recámara de Paulette para despertarla como lo hací­a todos los dí­as; no estaba. Busqué debajo de la cama, en los closets, en el baño de su cuarto; enseguida escuché la voz del señor Mauricio en la cocina, fui a buscarlo. Le comenté que la niña no estaba en su cama ni en su cuarto. Fui a la recámara de mi hermana para preguntarle si Paulette estaba con ella. Comenzamos a buscarla entre las dosâ?, recordó í?rika, quien junto con su hermana y los papás de Paulette fue arraigada casi una semana mientras se buscaba a la niña.

    â??Regresé con el señor Mauricio, me indicó que revisáramos bien; mientras tanto, él permanecí­a aún en la cocina. â??Ha de estar por ahí­, búsquenla bienâ??, decí­a, â??quizás se bajó a los juegos, o está en el jardí­n, a ella le gustan mucho los juegos, vayan abajo, a la alberca, al gimnasio, pregunten a los vigilantes, a los jardineros, suban a cada una de las torres, busquen por las escaleras, suban hasta el piso 15, pregunten en cada departamentoâ??, iba indicando el señor Mauricio, aún desde la cocina, y sin mayor intento de buscar. Después de un rato nos alcanzó abajoâ?, afirmó í?rika en su casa en Pueblo Nuevo, Villa del Carbón, donde se fueron una vez liberadas.

    Las niñeras obedecieron: continuaron buscando, sin éxito.

    â??Volvimos a recurrir al señor y nos dijo que le avisáramos a la señora; toqué a la puerta, ella no respondí­a; después, ya desesperada, entré sin tocar a la recámara. Le hablé más de tres veces pero la señora Lisette no contestaba; cuando finalmente despertó y supo que su hija no estaba, se levantó y se sentó a la computadora mientras fumaba un cigarro y tomaba café, y lo único que me decí­a a lo largo de los dí­as posteriores a su desaparición era que no me preocupara, que la niña iba a aparecer en cualquier momento, que Paulette estaba bien. Yo los veí­a tranquilos, muy tranquilosâ?, dijo í?rika.

    â??Pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que la señora reaccionara; después de un largo rato, el señor Mauricio comenzó a buscar con nosotras. Después la señora bajó al vestí­bulo y pidió que se revisaran las cámaras, que se hablara con el administrador, pero estaba tranquila, no era una mujer violenta, sino más bien su reacción fue la de no darle importancia a lo que estaba ocurriendoâ?, continuó Martha Casimiro

  • Se castigara todo lo referente al secuestro

    Las cifras del secuestro han escalado de manera alarmante al registrar cinco mil casos al año en el país, de los cuales se denuncia una cuarta parte, ante este problema la Cámara de Diputados tiene listo el predictamen de la Ley General contra el Secuestro.

    El documento establece incluir, por primera vez, la figura del «secuestro extorsivo político», así como federalizar este delito. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada.

    Mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales, destaca el proyecto de dictamen en poder, mismo que se prevé discutir y aprobar entre los diputados que integran la Comisión de Justicia en las próximas semanas.

    Los diputados señalan en el predictamen que por primera vez se incluiría en la legislación mexicana el «secuestro extorsivo político», que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor de demandas sociales o ciudadanas.

    México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales, destacó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en su informe Secuestro, Actualización y Marco Jurídico.

    El estudio legislativo, elaborado el año pasado, sostiene que muchas bandas de secuestradores se han ligado a las grandes mafias del narcotráfico.

    Entre 2007 y mayo de 2008, indica, la PGR logró obtener auto de formal prisión contra 273 presuntos integrantes de bandas de secuestradores, 64 de ellos estaban ligados al cártel del Golfo, y 40 más al cártel de Tijuana. Es decir, cuatro de cada 10 tenían vínculos con alguno de estos grandes grupos delictivos.

    El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encargado de la redacción del dictamen, Josué Valdés Huezo, dijo en entrevista que el secuestro «político» será equiparado con la privación ilegal de la libertad y tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.

    La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro.

    La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, y de las propuestas de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación «Alto al Secuestro».

    Se buscan definir los tipos penales, «se pretende una sanción de 20 a 45 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes», dijo Valdés Huezo.

    En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.

    Respecto al «secuestro virtual» como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra.

    Valdés Huezo dijo a Notimex que se retomará el «modelo italiano» de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate para con ello desalentar este delito donde México es ya primer lugar mundial con más de cinco mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una
    cuarta parte.

    De acuerdo con los últimos informes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se planteó prohibir la posibilidad de que existan negociadores, profesionales o intermediarios ajenos a las corporaciones policíacas.

    Por esa razón, se rechazó la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, quien diseño un subsidio fiscal para quienes paguen los rescates.

    En este sentido, se prevé por todos los medios que se evite el pago de los rescates, y para ello se pretende solicitar la
    colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.

    Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto en el ámbito de la averiguación previa como del proceso penal, así como la reparación del daño.

    Respecto a la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron varias propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.

    «Queremos una Ley General contra el Secuestro que unifique criterios, que evite que un estado sancione con cinco años el secuestro y otros tengan penas de 40 años, así como frenar a las bandas que operan en varios estados», dijo el diputado del PRI, Arturo Zamora.

    Expuso que la nueva ley que alista la Cámara de Diputados prevé también la creación de cuerpos policiacos federales y agentes ministeriales especializados en materia de secuestro, así como la federalización del delito para evitar la impunidad con la operación de cientos de bandas.

    A su vez, el diputado federal del PAN, Oscar Martín Paniagua, dijo que la nueva ley debe incluir el tema de castigo con cárcel a los familiares de los secuestradores que los encubran o «laven» dinero de esos ilícitos.

    Dijo que si bien se trabaja en la redacción final del dictamen, aún se puede enriquecer con temas como agravantes si el secuestrado es mujer, si está embarazada, si es menor de edad, si es periodista, o si quienes participen sean funcionarios públicos.