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El actual gobierno de la república mexicana está demostrando no ser el más sensible, ni el más comprometido con la seguridad de los gobernados. Teniendo el país un grave problema de narcotráfico y crimen organizado, eso no ha sido una prioridad para la administración de Enrique Peña Nieto. Se notó desde el inicio de su sexenio y hoy se palpa con sangre.
A diferencia de países de América Latina como Colombia, que le apostaron todo, estrategia, recursos, ideas y objetivos, a combatir el narcotráfico cuando este ya había acaparado distintos sectores sociales, económicos, productivos y políticos en el primer lustro de la década de 1990, y que hoy les permite tener paz, desarrollo y crecimiento en cierta medida, en México la Presidencia de la República parece manejarse con la premisa de que si ignora el tema desaparecerá, o acaso le apuesta a que, de plano, los criminales se autorregulen hasta lograr un acuerdo ilícito por encima del Estado mexicano.
México atraviesa por una crisis de inseguridad que va de la mano con la incertidumbre económica. A mayor violencia, menor certeza para la inversión. Más asesinatos y secuestros incrementan el costo de mantenerse seguros en las empresas, comercios y familias de este país. El dinero que se destina a equipos de seguridad se retira de la inversión y los beneficios para patrones y trabajadores se esfuman.
Sin embargo, para el gobierno de la república ese no parece ser un asunto de importancia. En raras ocasiones Peña Nieto toca el tema de la inseguridad en México. Y hasta desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la redujo a una Comisión Nacional de Seguridad que dentro de la Secretaría de Gobernación poco puede hacer.
El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, reflexiona sobre el caso: hay cuatro etapas de la seguridad, la prevención, la procuración, la administración de la justicia y la rehabilitación en penales. En México, en el ámbito federal, no tenemos prevención. Esa labor era de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
A la par, la Procuraduría General de la República ha canalizado esfuerzos a intentos fallidos por resolver y dar certeza jurídica en los casos de violencia de alto impacto, donde han sido asesinados o ejecutados por decenas, hombres y mujeres. Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, Apatzingán, son referencias claras que los mexicanos recordamos y ahora asociamos con la violencia sangrienta que impera en este país. Y todos, a pesar de tres procuradores generales de la república, permanecen en la impunidad.
Por eso extraña, aunque padeciendo la insensibilidad de este gobierno federal no debería extrañarnos, que las únicas fuerzas de proximidad y preventivas en los municipios y los estados se vayan a quedar o vean disminuidos sus recursos para el combate a la criminalidad organizada y el narcotráfico.
De 100 000 millones de pesos en los que se pauta la reducción
del presupuesto federal para 2017 en comparación con 2016, unos
11 000 millones serán retirados al presupuesto de seguridad pública de acuerdo con la estimación y propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que comanda José Antonio Meade Kuribreña, que ha resultado en el cargo más insensible que su antecesor, Luis Videgaray Caso, con todo lo que la comparación signifique.
La decisión del recorte en el presupuesto no fue una decisión tomada en aras de la austeridad republicana con que todo gobierno debería desarrollarse, sino una medida urgente ante la recesión económica que vive el país. La baja en los precios del petróleo fue determinante, y la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, otro aliciente.
Al gobierno federal ya no le basta con los impuestos recabados entre los mexicanos. Aun cuando a fuerza de persecución, terrorismo fiscal y hostigamiento el número de causantes ha incrementado, el dinero que genera el gobierno ya no es suficiente. El recorte planteado por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, no demuestra el compromiso que debiera tener para las causas sociales de los mexicanos, menos para la estabilidad y tranquilidad de las comunidades, ni hablar de la educación.
Los 11 000 millones de pesos recortados a la seguridad pública impactarán de manera negativa los esfuerzos y recursos destinados al combate de la criminalidad en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, las secretarías o direcciones de seguridad pública y policía de los municipios del país, así como las secretarías, fiscalías o comisiones de seguridad en los estados.
Once mil millones de pesos menos para combatir al narcotráfico, al crimen organizado, a las bandas de secuestradores, de trata de personas, de tráfico de humanos, de delincuentes menores que desvalijan hogares, automóviles, todos los días, en todas las calles de México.
¿De qué tamaño será la falta de compromiso del gobierno de Peña Nieto para desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito? Si en 2016 a tan importante área se le destinaron 2015 311 796 pesos, para el presupuesto 2017 presentado a la Cámara y que deberán aprobar como tope el 15 de noviembre, el gobierno de Peña Nieto destinó cero pesos, lo cual significa que el Programa Nacional de Prevención del Delito desaparece en esta administración, justo cuando los delitos están incrementando según la encuesta nacional de seguridad pública urbana que determina que ocho de cada diez mexicanos se siente inseguro, además de que millones de personas son todos los días víctimas de algún delito.
Otro recorte igual de grave que va en el mismo sentido: menos 1403 327 294 pesos en Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito. Además, propone Hacienda una disminución de 952 697 849 pesos a los subsidios en materia de seguridad pública, lo que llega a municipios y estados, pues 162 302 007 pesos menos para el Programa de Derechos Humanos, y un recorte de 60 526 269 pesos a la promoción, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres.
El gobierno de Enrique Peña Nieto le está apostando a la burocracia y restando importancia a la prevención y el combate de la inseguridad pública.
Peor quienes no sufrieron recortes, por el contrario, registraron incrementos, fueron los sueldos de algunas entidades del Estado mexicano. Por ejemplo, el propio presidente no disminuyó un centavo de los 3 460 000 pesos que percibe anualmente, mientras incrementó el salario que devengan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un 2.5 por ciento hasta llegar a cobrar 4 658 000 pesos por año. De igual manera, los consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron beneficiados con un aumento de 2.3 por ciento en su sueldo para cobrar, por año,
4 292 000 pesos, mientras los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevarán al año 4 564 000 pesos a sus cuentas personales.
La resta en el presupuesto destinado a la seguridad pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto es equiparable al crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en el país. Mientras hay menos retenes, menos armas, menos recursos para operativos policiacos, de investigación o ministeriales, aparecen más células de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, los Beltrán Leyva, Los Zetas, que se pelean por territorios de México para la venta, distribución, trasiego de droga, y el control de la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión y el cobro de piso.
A diferencia del gobierno, el narcotráfico invierte en la corrupción de agentes policiacos, asesina jueces, mata policías y amedrenta a funcionarios para actuar con toda impunidad en el crecimiento del ilícito negocio que genera cientos de miles de millones de dólares en América Latina, y que utiliza a México como puente de tráfico hacia Estados Unidos.
Ni las más de 78 000 ejecuciones registradas en los tres primeros años de gobierno de Peña Nieto, ni las constantes balaceras en pueblos y ciudades, ni el éxodo de familias y empresas a un ámbito de mayor seguridad le dan al presidente una idea del país que desconoce, de las calles que no ha pisado, del dolor que no ha padecido producto de la inseguridad.
De otra manera no se explica el recorte de 11 000 millones de pesos a la seguridad pública, y la desaparición de los programas de prevención del delito. A menos que Enrique Peña Nieto de manera real le esté apostando cínicamente a que el crimen se organice, mientras que los mexicanos seguimos pagando la inimaginable factura.