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Hace unos días a propósito de la insólita reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario mexicano refirió, para justificar tremendo desaguisado político internacional, que su acercamiento había sido para iniciar un diálogo y enfrentar de manera directa cualquier problema, amenaza o riesgo que haya para el país y sus connacionales.
Con ello, el presidente confirmó, muy al estilo de la casa en el poder, que Trump es, en efecto, un problema, una amenaza y un riesgo para México, al que tardía y torpemente decide el priista «enfrentar». Sin embargo, Enrique Peña Nieto, el presidente más mediático que hayamos tenido (por gusto, debilidad, las redes sociales y tantos canales de comunicación a su servicio), no ha enfrentado de manera directa y certera otra grave crisis que México y sus ciudadanos enfrentamos: la inseguridad producto de un crimen organizado que crece como mal endémico a partir del boquete de corrupción que les facilita controlar a una parte de la estructura del sistema mexicano.
El resultado se traduce en unas condiciones de ingobernabilidad visibles en varios municipios de entidades federativas en México.
La prueba es que hay poblados en donde lo que impera es la ley del narco y no el Estado de derecho; comunidades en Guapas, en Michoacán. en Jalisco, donde los muertos no se cuentan oficialmente mientras los deudos con discreción y miedo entierran la evidencia.
La suma de esos fenómenos de criminalidad, aunado a los conflictos sociales, las manifestaciones extremas con características de las tomas maíiosas de calles y ciudades, explican la zozobra que se vive en México. Una de las consecuencias es la nota negativa de inversión de la calificadora Standard and Poor s Global Ratings, que seguramente más debilidad provocará en la economía mexicana.
Peor aun es que el tema de la inseguridad y la violencia no ha sido, a la fecha, abordado por la autoridad con una estrategia integral de combate que ofrezca resultados reales, tangibles, que se perciban en la disminución de la tasa de homicidios dolosos, la investigación y aprehensión de miembros del crimen organizado, y la liberación de zonas ahora en poder de las mafias, entre otros ambientes que deben registrar cambios ante la aplicación de políticas públicas efectivas en la aplicación de la justicia, el ejercicio del Estado de derecho y el combate a las drogas y los cárteles.
Un parámetro del ámbito de inseguridad y de violencia que se vive en el país es la estadística de ejecutados. Diariamente vemos en las noticias (aun cuando exista una política -esta sí- para minimizar mediáticamente la realidad de la violencia en las calles de México) cómo decenas de personas son desmembradas, acribilladas, colgadas de puentes, enterradas en fosas clandestinas, escondidas en vehículos. En México, pues, hay muchas maneras de morir a manos del crimen organizado.
El gobierno de la república ha encontrado distintas formas de maquillar estas cifras para hacer creer que la violencia disminuye debido a una política pública de combate al crimen organizado, que tampoco se ve. pero que venden como clasificada, cuando la realidad es que ni están persiguiendo narcos, ni investigando asesinos, mucho menos juzgando culpables. La retórica no basta.
En la perorata presidencial, donde el tema de la inseguridad ha sido minimizado y en ocasiones anulado, a pesar de ejecuciones masivas o casos como los de Tlatlaya. Iguala o Tanhuato, la estadística que refieren suele ir a la baja. Oficialmente entre el Secretariado de Seguridad Pública y el INEGI. en los tres años y medio que el presidente Enrique Peña Nieto ha administrado el país, han ocurrido y clasificado algo así como 63 500 homicidios dolosos.
En el semanario Zeta nos hemos dado a la tarea, en los últimos años, de investigar el número real de ejecutados en el país, a partir de consultas directas a los estados con procuradurías, secretarias de seguridad, periodistas, estadística oficial, y el contraste de números.
Lo más preciso en relación a lo que se puede probar con documentos en las entidades federativas.
Así, para el primer trienio del sexenio de Peña Nieto, documentamos que hablan ocurrido -por lo menos 65 209 homicidios dolosos en México, producto de enfrentamientos entre cárteles. mafias y crimen organizado. Tal cifra ni siquiera es aceptada ahora por el gobierno federal (refieren los 63 500). ocho meses después de haberla publicado.
A propósito del cuarto informe de gobierno, el reportero de Zeta, Isaí Lara Bermúdez, se dedicó las últimas semanas a investigar, estado por estado, los homicidios dolosos ocurridos en el país de diciembre de 2012 a julio de 2016. La cifra supera la expectativa del gobierno federal: en 45 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas con violencia, debido a la inseguridad en México, 78109 personas.
La cifra confirmada en los estados contrasta con la otorgada o aceptada por el gobierno de Peña. La realidad del país es que los mexicanos sobreviven entre las crisis económicas, la corrupción y las ejecuciones, y a pesar de su gobierno.
El mismo análisis, que es presentado en la última edición de Zeta, da cuenta de que hasta julio de 2016, este año en México han asesinado a 12 512 ciudadanos. Además, que el promedio de homicidios dolosos mensual es de 1800 ejecutados, y que fue precisamente julio el mes más violento con 2073 ejecuciones registradas.
La cifra de 21 600 son las ejecuciones promedio anuales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de seguir la tendencia, terminaría su administración con 129 000 ejecutados, con lo cual sobrepasaría los 121000 registrados en los seis años de Felipe Calderón Hinojosa, cuando este, a diferencia del actual, libraba -quizá de manera errática o incompleta- una guerra contra las drogas.
De los estados más violentos de México, el top diez de la inseguridad en el país, a propósito de las ejecuciones contabilizadas, no ha variado mucho. El Estado de México sigue siendo el que más sangre ve correr, con 10 491 homicidios dolosos en 45 meses.
Le sigue, y es obvio ante los niveles de inseguridad que estamos atestiguando, Guerrero, con 7875 ejecuciones en lo que va de la administración de Peña Nieto. La tercera posición se ubica en el norte de la república, en Chihuahua con 6341 ejecutados en 45 meses, y el cuarto lugar es Jalisco con 4613 homicidios dolosos, para terminar la quinteta con Sinaloay sus 4243 asesinatos violentos durante el sexenio peñista. La sexta posición en la estadística de las ejecuciones la ocupa la Ciudad de México con 4046; le sigue Michoacán con 3423, Veracruz con 3311, Tamaulipas con 3162 y Guanajuato con 3017 ejecutados.
En las ciudades donde se registra mayor incidencia de homicidios dolosos es pública y notoria la presencia del narcotráfico. Particularmente del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, y organizaciones criminales de menor presencia nacional como Los Rojos, los derivados de la Familia Michoacana, que imperan en el sur del Pacífico.
Las ejecuciones en México están directamente relacionadas a la actividad criminal y el tráfico de las drogas; sin embargo, no han sido estos delitos que se cometen cada vez con mayor frecuencia, dignos de la atención de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, con la severidad, la seriedad y la responsabilidad que amerita saber que en 45 meses, 78109 mexicanos han sido asesinados por estos enfrentamientos.
El presidente de la república se empeña en negar o minimizar el clima de inseguridad, mientras comete desaciertos en otros rubros, e intenta sin éxito quitarse de encima el estigma de la corrupción. El señalamiento de complicidad con cárteles que libremente se pelean el país para traficar y asesinar no ha alcanzado al presidente, su responsabilidad por el momento sigue siendo por omisión.