La minería se vuelve parte fundamental en el desarrollo económico y social de las regiones del país donde se desarrolla dicha actividad. Muchos de los municipios en los que existe presencia minera, se encuentran en zonas rurales muy apartadas y con pocas alternativas laborales.
Ante esta situación, las empresas del sector minero contribuyen de manera directa a la generación de empleos creando condiciones de arraigo en las comunidades evitando de esta manera la migración de sus habitantes.
Otros de los beneficios que genera la industria minera son:
La articulación de cadenas productivas locales y regionales al demandar insumos y servicios para su proceso productivo.
La profesionalización y especialización de la mano de obra calificada y competitiva.
Estimula el desarrollo de la infraestructura como son los caminos y carreteras, redes de agua potable y alcantarillado, electricidad.
Una mayor base de ingresos para los recursos fiscales de los gobiernos estatales y municipales, permitiendo que un mayor gasto público se traduzca en beneficio directo y mejores servicios para la comunidad.
Permite la creación y ampliación de los servicios de salud y educación para los trabajadores y sus familias, también para la población en general.
Posibilita el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de compromisos con respecto del medio ambiente y a la rehabilitación al cierre de minas.
Fomenta la convivencia y los acuerdos en la vida entre los habitantes de las comunidades y poblaciones al trabajar conjuntamente.
Crea vínculos interregionales a nivel nacional e internacional por ser parte fundamental en la provisión de insumos para un amplio espectro de industrias y como una importante actividad exportadora.
En México se encuentran 4 de los 9 proyectos mineros de mayor relevancia en el mundo (Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Gatos Silver y Dowa Mining), lo que lo convierte en una potencia mundial en el sector minero.
Uno de los primeros proyectos en México con EVIS (Evaluación de Impacto Social), es de Minera Gorrión, en la comunidad de Ixtacamaxtitlán, dentro de la sierra norte de Puebla.
El cuál ha impedido la migración de sus habitantes, pues se han generado 75 empleos locales en su etapa de barrenación y se prevén 600 para construcción y 420 para operación.
Dicho proyecto tiene más de 20 años en Ixtacamaxtitlán dando empleo a sus habitantes, mejorando la infraestructura para la comunidad e impulsando la actividad comercial. Y es gracias a la minería moderna que se podrá desarrollar un proyecto de mina respetuoso con los derechos humanos, con el cuidado del medio ambiente y con el uso adecuado del agua.
Otro de los proyectos es ‘Fénix’ de la Minera Pangea el cuál se desarrollará en Mocorito, y que generará 200 fuentes de empleo. Este proyecto incrementará la participación del sector minero en el producto interno bruto de Sinaloa, además de que se apoya a las personas que viven en las zonas serranas con empleo y bienestar en sus propias comunidades.
En Zacatecas, la compañía minera Newmont que opera el proyecto Peñasquito genera 2 mil 800 empleos directos formales y paralelo a sus operaciones mineras ha llevado a cabo una muy importante labor de inversión social, tan sólo en los últimos 3 años ha invertido más de 150 millones de pesos en desarrollo comunitario sostenible, así como en el cuidado del medio ambiente, reforestando y preservando especies endémicas de flora y fauna.
Sin embargo, aunque México es el hogar de proyectos mineros clave, la incertidumbre política ha afectado el desempeño y las ganancias de las empresas mineras. La perspectiva ha mejorado un poco ya que el gobierno ha relajado su postura sobre temas mineros en los últimos años y se ha materializado una nueva demanda de productos mineros clave. En este entorno, los gobiernos locales en estados mineros clave como Sonora están trabajando para ayudar a facilitar los desarrollos mineros en 2023.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que espera que el siguiente secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (STASE) tenga el mismo nivel de profesionalismo que la actual secretaría, Teresa de Jesús Ochoa Pérez.
El Ejecutivo estatal mencionó que no está interesado en meterse en las actuales elecciones para elegir al secretario general que representará a los trabajadores sinaloenses en un periodo del 2023-2026.
Externó también su preocupación porque el sindicato tenga un buen dirigente que trabaje en beneficio de los trabajadores, como lo ha hecho Teresa Ochoa, quien se ha destacado por proponer reformas a la Ley de Pensiones y verificar la deuda que tiene Sinaloa con el Instituto de Pensiones.
“Si yo me entiendo muy bien con su dirigente y su dirigente se entiende muy bien con ustedes y yo viviré feliz, porque no necesito batallar para un acuerdo” declaró el gobernador durante un evento para la entrega de medallas por el mérito y reconocimiento de los trabajadores del estado.
Teresa Ochoa ha externado su total apoyo al candidato Michel Benítez Uriarte quien al igual que ella, representa la planilla roja.
Ejidatarios de la comunidad de Santa María Zotoltepec, ubicada en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, y la Minera Gorrión firmaron un acuerdo de colaboración con lo que los pobladores del lugar obtendrán diversos beneficios compartidos.
Durante una asamblea llevada a cabo este domingo se establecieron los beneficios de los que gozará la comunidad, los cuales fueron aprobados de forma unánime por los asistentes.
La asamblea fue validada al contar con el quórum necesario, 50%+1, de los ejidatarios de la comunidad ubicada a pocos kilómetros de Tlaxcala.
Como parte de estos acuerdos, los 60 ejidatarios de la comunidad recibirán apoyos en especie consistentes en semillas mejoradas, pesticidas de calidad, y capacitación, entre otros.
Los acuerdos fueron firmados por el comité de vigilancia y ratificados por ambas partes.
“Estos acuerdos son muy buenos, son muy buenos para nosotros como campesinos, porque estamos llevando una vida en la que ya no nos llueve y con estas ayudas podremos salir adelante. Esperemos que todo esto cambie con la llegada de los mineros, señaló Fernando Herrera Martínez, uno de los beneficiados.
A su vez, Artemio Huerta Moreno, otro de los ejidatarios, resaltó que con estos acuerdos “se avanzó un paso más y en lo que cabe, pues como nos explican los mineros, habrá beneficios para nosotros”.
Los ejidatarios habían declarado que están abiertos a que el grupo minero desarrolle el proyecto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, mencionando que han recibido apoyo en salud, obra y educación de la empresa.
Las restricciones que ha impuesto del Gobierno federal contra el tabaco y los vapeadores han impactado a la recaudación fiscal, debido al crecimiento del mercado negro, indicaron especialistas.
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), Hiram Vera, indicó que el tabaco es uno de los productos que más paga impuestos en México, casi 70 por ciento de lo que se paga de una cajetilla es por impuestos que se van a la Federación.
No obstante, reconoció que en los últimos años, la recaudación ha disminuido en términos reales por la existencia del mercado ilegal con evasión fiscal, pues según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre enero y noviembre del 2022, la industria tabacalera pagó 44 millones 45 mil pesos en impuestos, una caída real de dos por ciento anual, y en contraste, la población fumadora no parado de crecer.
“En 2020 vimos que el consumo no bajó, pero la recaudación sí; significa que la gente seguía fumando, pero ahora compran más barato o marcas ilegales”, alertó.
Anteriormente, Hiram Vera sostuvo que la prohibición aumenta la ilegalidad y que en los últimos 10 años, la venta de cigarros en el mercado ilícito de cigarros subió de dos al 20 por ciento y que el tamaño del sector ilegal es de 13 mil 500 millones de pesos anuales para la recaudación del país.
Mientras que en el caso de los vapeadores, la venta ilegal de estos dispositivos también va en aumento, sobre todo en redes sociales donde es más difícil para las autoridades dar con los responsables, y al mismo tiempo, se estima que este mercado genera entre 3 y 5 mil millones de pesos de ganancias ilegales anuales en el país sin importar los esfuerzos del gobierno por prohibirlos.
México es uno de los países con mayores medidas restrictivas para la reparación de daños por el consumo de tabaco, tales como la prohibición de los vapeadores tras el decreto presidencial en mayo del año pasado, así como las nuevas modificación a la Ley Antitabaco como impedir la exhibición de cigarros en puntos de venta y prohibir su consumo en lugares públicos o incrementar 67.6 por ciento los impuestos al tabaco en 2022.
Pese a estas restricciones, México se encuentra en el sexto lugar de países en América Latina con más fumadores adultos, con 13.1 por ciento de la población, y es el tercer país con el mayor número de jóvenes expuestos al cigarro, de acuerdo al Informe sobre el Control del Tabaco en la Región de las Américas 2022, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En gran medida, este problema no se ha logrado erradicar ni disminuir debido a que con las prohibiciones a los vapeadores, dejan a los fumadores adultos sin opciones para cambiar a una opción menos dañina para su salud y los expone al consumo de productos ilegales de dudosa calidad.
Estudios realizados por autoridades sanitarias internacionales como la Food & Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, el Public Health England, del Reino Unido o el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, se ha demostrado que el uso de productos alternativos al cigarro reduce 95 por ciento la exposición a las seis mil sustancias tóxicas localizadas en el humo del cigarro.
A su vez, revelan que 68 por ciento de fumadores consiguieron dejar de fumar al cambiarse al vapeo, lo que beneficia tanto a los consumidores de tabaco como a los no fumadores.
Ante el aumento del tabaquismo y el mercado negro, así como para frenar las pérdidas en la recaudación de impuestos, expertos y legisladores de diferentes partidos, coinciden en que con una regulación estricta e inteligente se podrá desincentivar el consumo de cigarros al darle a los usuarios la libertad de elegir alternativas menos dañinas, evitar la venta productos de mala calidad, que su venta sea exclusiva a adultos fumadores y obligarlos a pagar impuestos.
El evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución de 1917, -el cual se llevó a cabo el pasado cinco de febrero-, marcó con claridad el inicio de una nueva era para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este día, se definió la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -Norma Piña-, reivindicó frente al presidente de la república la división de poderes y el alcance de cada uno de ellos.
No es lo mismo colaboración que sumisión. Esto a su vez es una buena noticia para la preservación de una democracia saludable, -hoy acosada desde el Poder Ejecutivo-, que pretende tomar control del INE, -sin ningún pudor-, ni siquiera cuidando las formas.
Sin embargo, esta independencia también ofrece una oportunidad de realizar, -desde adentro del mismo Poder Judicial-, las reformas urgentes que necesita este país para garantizar una justicia expedita y al alcance de todos los mexicanos, sin importar su condición económica, social y educativa.
El rezago es evidente. No se están utilizando los grandes recursos que hoy ofrece la tecnología porque no ha habido voluntad política de hacerlo; sólo se habla de justicia desde la perspectiva populista y demagógica.
Hoy sabemos que la impunidad de los delitos rebasa el 95% y que además, la mayoría de los mexicanos no confía en las autoridades, -principalmente en el ministerio público-, y por ello no denuncia. Las injusticias nacen desde la estructura misma que persigue el delito, o sea, policías y ministerios públicos.
Además, -aparte de la falta de confianza en el sistema de procuración de justicia-, existe un resentimiento colectivo que ha llevado a nuestra sociedad a evidenciar su rechazo a la autoridad moral de las instituciones del Estado Mexicano.
Nunca antes habíamos visto que la delincuencia organizada provoque a las Fuerzas Armadas, -e incluso-, los pobladores de muchas comunidades las expulsen de su territorio de forma humillante, frente a la impasibilidad de los altos mandos, que se resisten a ejecutar las acciones punitivas que la Constitución prevé para que las instituciones gubernamentales preserven la paz social.
La mayoría de los expedientes judiciales contienen no sólo inexactitudes, sino mucha ficción.
Sin embargo, seguir permitiendo ésto puede privar de su libertad a gente inocente, así como liberar a delincuentes peligrosos, asesorados por un abogado eficiente.
Otra de las acciones simples para mejorar la calidad de la impartición de justicia, es restar valor determinante a las confesiones de los presuntos culpables, pues esto estimula la aplicación de la tortura. La confesión del incriminado simplemente debiese convertirse en un indicio, -o un indicador-, que debiese estar respaldado por otras pruebas.
¿Cuánta gente inocente está en prisión porque las autoridades, -para cerrar un caso-, inculpan a un inocente a quien le arrancan la confesión del delito a través de cualquier tipo de tortura o amenaza? De este modo las autoridades se evitan investigar y dan resultados inmediatos.
Otra acción a favor de la justicia debiese ser la instrumentación de un sistema informático, o digital, -de acceso público-, donde se concentren las primeras denuncias de las víctimas de un delito o sus familiares, cuando el agraviado esté ausente o incapacitado para presentarlas.
De este modo, -dejado el testimonio en un sistema central-, donde la información no pueda ser borrada o modificada por ninguna autoridad, quedará constancia de la denuncia y la fecha en que fue presentada.
A su vez, como parte del proceso, la víctima tendría que ir a ratificarla ante un ministerio público, quien, -a partir de ese momento-, iría subiendo la información ampliada, -de modo tal-, que un sistema central pueda dar seguimiento al expediente y dar la alarma cuando no haya avances.
Mucho se puede hacer para erradicar los vicios tradicionales de nuestro sistema de impartición de justicia con ayuda de la tecnología de hoy, como lo es la utilización de técnicas de investigación sustentada en los avances de la psicología y las ciencias de la conducta, así como someter a pruebas de confianza a los funcionarios conforme sean promovidos a nuevos cargos.
Los grandes cambios se logran cuando hay un liderazgo fuerte, que sea capaz de remontar los intereses de quienes se benefician del modelo actual.
El carácter y la determinación de hacer lo correcto que ha estado demostrando la ministra Piña a poco más de un mes de haber asumido la presidencia de la SCJN y la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal, nos permiten tener esperanzas de cambios radicales en el sistema de impartición de justicia, que hoy demanda urgentemente la sociedad mexicana.
INDELICADEZAS
Desde el mismo momento en que el gobierno no ejecuta las acciones que son de su responsabilidad, para proteger a la población civil, -justificándose en argumentos demagógicos de tipo ideológico-, está burlando a nuestra Constitución.
Sin embargo, basta con echar una ojeada a la currícula de la ministra Piña para descubrir que posee, -tanto la visión académica y la formación profesional en la jurisprudencia-, como una larga trayectoria en el ámbito de la impartición de justicia, lo cual le permite conocer la operación cotidiana de los juzgados y de todo el aparato organizacional de las fiscalías estatales, así como la del ámbito federal.
Acciones tan simples como podría ser castigar con cárcel la utilización de la mentira en el ámbito judicial, policiaco y de impartición de justicia, podría tener gran impacto.
Castigar la utilización de la mentira por parte de los funcionarios públicos, los abogados y los ciudadanos-, tendría un alto impacto, pues los policías que mienten, siembran pruebas o rinden falsos testimonios ante el ministerio público, -para extorsionar a ciudadanos-, terminarían en la cárcel y además despedidos y sin posibilidades de entrar a ninguna otra corporación, así como todos los funcionarios adscritos a los ministerios públicos y a todos los juzgados.
La declaración del presidente López Obrador reivindicando haber sido él quien permitió a la ministra Norma Piña llegar a presidir la SCJN, fue una gran descortesía hacia ella, pero colinda con la ofensa para el resto de los ministros de la Suprema Corte. Fueron sus compañeros ministros los que optaron por nombrarla a ella. Sin embargo, los dichos del presidente, -expresados en tono irónico al estilo presidencial-, representan una falta de respeto a la vida interna de la institución y a su autonomía, consignada en nuestra Constitución. Debemos reconocer que este comentario aparentemente coloquial durante la “mañanera”, llevaba un mensaje claro para la ministra Piña, para hacerle sentir que ella está en deuda.
No hay duda ni otras posibles interpretaciones… Lo dicho… ¡dicho está!
PREOCUPANTE RESPUESTA
La declaración de nuestro secretario de gobernación, calificando de injerencista la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso “Tzompaxtle Tecpile y otros”, y el cuestionamiento que esta institución dirige, -respecto a la figura del arraigo y la prisión preventiva-, muestra, -o desconocimiento de las responsabilidades del Estado Mexicano frente a los organismos internacionales -, o una nueva visión de este gobierno respecto a la política exterior.
Recordemos que México forma parte, -de forma voluntaria-, de estos organismos, con los cuales ha asumido compromisos, sin que ésto represente un conflicto constitucional.
Es preocupante que quien aspira a gobernar México en el próximo sexenio haga declaraciones públicas sin sustento, respecto a nuestra política exterior.
México, -por la relevancia que tiene como país protagonista dentro de la comunidad internacional-, merece ser gobernado por un “estadista”, que tenga una visión integral, -tanto de la política interna-, como de la exterior. La improvisación en asuntos internacionales puede representar riesgos que pongan en entredicho la confiabilidad de nuestro país, -y ello-, tener repercusiones internas en el ámbito económico, frenando la inversión extranjera.
A finales de 2022, se llevó a cabo la consulta ciudadana con la finalidad de que los habitantes de Naucalpan conocieran el nuevo documento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), y poder vertir sus opiniones y consideraciones en torno a los distintos ejes del documento.
La consulta se realizó para reponer un proceso que de acuerdo al proveído del juicio de amparo 399/2021-VI el gobierno de Naucalpan acató y aprobó por unanimidad declarando insubsistente el plan anterior, y se dejó vigente el Plan de Desarrollo Urbano de 2007.
La actual alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, se comprometió a trabajar para generar condiciones que contribuyan al desarrollo ordenado del municipio sin afectar a los habitantes de la demarcación.
“Es la voluntad de los vecinos la que está manifiesta en ese Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es como queremos crecer, hacía dónde queremos ir. Es cierto que limitamos ese crecimiento en ciertas zonas, pero es un área de oportunidad para hacerlo con orden; si nosotros no ponemos las reglas para desarrollar casas y viviendas, las reglas las pondrá cualquiera”, expresó la edil durante la toma de protesta del Consejo Seccional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Metropolitana del Estado de México (AMPI- MEM).
Moya Marín aseguró que su gobierno está a favor del desarrollo inmobiliario y económico en el municipio, pero éstos se deben llevar a cabo sin afectar la tranquilidad de las familias naucalpenses quienes en repetidas ocasiones han mencionado que les preocupa el crecimiento desordenado que se dio durante administraciones pasadas que permitiendo la construcción de multifamiliares y cambios de uso de suelo, además de la falta de agua a la que se ha enfrentado el municipio.
“Estoy entre puro profesional inmobiliario y quiero decirles que en Naucalpan también tenemos ganas de que ustedes tengan su propio espacio, tengan la certeza de que en el gobierno municipal cuentan con un aliado para que sus inversiones y las que atraigan tengan esa base, seguridad jurídica”, manifestó.
El gobierno local, con el apoyo de compañías inmobiliarias, pretende incentivar desarrollos con sistemas de captación pluvial y plantas de tratamiento de aguas residuales, alineado al mencionado PMDU, el cual ha sido desarrollado de acuerdo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudió en que analizó a 20 marcas de leche y productos lácteos combinados y determinó que una no es leche y dos no cumplen con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima marcada en la norma, el experto en la industria alimentaria e influencer, Rafa Carbajal, explicó la razón de que estos productos no pierden calidad pese a ello.
Si bien estás marcas fueron catalogadas como engañosas, a través de sus redes sociales, el científico y creador de contenido detalló el proceso de elaboración y la forma que evaluó la Profeco.
Las marcas que no cumplieron con las disposiciones fueron “Los 19 Hermanos”, la cual no puede ser llamada leche porque es mezcla de leche con grasa vegetal; así como “Lala 100 fresca sin lactosa deslactosada” y “Lala 100 fresca sin lactosa low carb-30 por ciento light”, por no cumplir con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima, y “Leche Querétaro” por tener 75 ml menos de lo declarado en su etiqueta.
En el caso de los productos de Lala 100, señaló que aunque parece que no cumplen con la densidad que marca la norma nacional mínima establecida (NOM-155-SCFI-2012) para que sean nombradas leches, esto no significa que sea un mal producto, ni que pierda su calidad ni nutrientes.
“Estas leches son deslactosadas. La lactosa es una molécula que está compuesta por dos azúcares. Lo que se hace para quitar la lactosa en el método tradicional es agregar una enzima que corte la lactosa en esos dos azúcares, pero la cantidad de azúcar sigue siendo la misma, por eso la leche tiene la misma densidad antes y después”, explicó en su video.
En ese sentido, expuso que el nuevo método que utiliza Lala para esta separación, se hace por medio de una filtración, la cual elimina la lactosa y quita sólidos, “por eso la leche queda menos densa, pero la cantidad de vitaminas, proteínas y minerales se sigue conservando”.
Incluso, el estudio de la Procuraduría -que fue publicado en junio pero retomado este mes por algunos medios- puntualiza que todas las leches y productos lácteos analizados cumplen en calidad sanitaria, es decir, no presentaron microrganismos fuera de los límites permitidos en las normas y de igual manera, cumplen en contenido de caseína o valor proteico.
Además, el análisis también señaló a las 12 mejores leches que cumplen con la cantidad de proteína y grasa, como lo son Lala Light baja en grasa, Leche León, Lala 100 sin lactosa, Lala Deslactosada, Lala entera, Lala Orgánica, Alpura Clásica, Liconsa, Leche Monarca, Sello Rojo, Bioré y Gota Blanca.
Como parte del estudio, el laboratorio de la Profeco examinó la información nutrimental como proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético, calidad sanitaria, contenido neto, sólidos no grasos y densidad, de 17 marcas de leche y tres productos combinados.
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad alertaron sobre las amenazas de las que están siendo víctimas del sindicato y de su líder, Arturo Zayún, con el fin de presionar a la administración para que cedan en la negociación que llevan actualmente.
De acuerdo con los testimonios de algunos empleados, se vive una ola de violencia dentro de las sucursales, pues los secretarios y delegados del sindicato están amedrentando a la base sindical para que acaten la indicación de parar la operación de la casa de empeño en el turno vespertino, además de vestir de rojo y negro.
De acuerdo con un trabajador de una sucursal en Puebla, personal del sindicato acude a las casas de empeño a darles la indicación de que no cubran el horario correspondiente de 15:30 a 17:45, en el que usualmente los trabajadores realizan actividades de otro puesto y obtienen mayores ingresos.
“El sindicato está cayendo en una desesperación porque muchos trabajadores ya estamos hartos de sus malas acciones. En los últimos meses muchos compañeros han optado por cambiarse de sindicato o simplemente desafiliarse para ya no seguir tolerando las amenazas de estas personas”, dijo el trabajador que prefirió el anonimato para evitar represalias del sindicato.
Otra de las denuncias, acusa que también han sido acosados vía telefónica y por WhatsApp, diciéndoles que les quitarán su puesto de trabajo a aquellos que no sigan las indicaciones. Mencionaron que además los obligan a hacer un registro fotográfico de estas acciones para comprobar que están acatando estas órdenes.
Estas acciones han orillado a algunos de ellos a desafiliarse del sindicato, y de esta manera ya no tener que acatar las duras indicaciones de la élite sindical. Además, indican que siguen siendo personal que goza de las prestaciones sindicales, sin necesidad de ser representados por el Sindicato.
“Cada día aumentan más los compañeros desafiliados y los vemos que están mucho mejor sin vestir de negro y rojo y sin afectar su economía por no trabajar en la tarde. Algunos ya nos estamos asesorando para dejar de ser de este sindicato y seguir evitando que nos violenten. Estamos cansados de que el sindicato no aproveche las supuestas mesas de diálogo en las que está y prefiera afectar a los trabajadores”, finalizó.
El Nacional Monte de Piedad ha aceptado en repetidas ocasiones que atraviesa por una difícil situación laboral por un contrato colectivo hoy irracional y anquilosado a los tiempos que vive la institución. Y es que el Monte de Piedad no puede seguir pagando 105 días de aguinaldo o primas dominicales por arriba de 80%, entre otros múltiples beneficios insostenibles financieramente.
Las negociaciones con la élite sindical iniciaron desde junio de 2022 y a la fecha no se ha logrado ningún acuerdo. Los esfuerzos de la empresa por llegar al mejor convenio posible han pasado por mesas de negociación y audiencias; sin embargo, el líder sindical, Arturo Zayún, ha brillado por su ausencia y por desestimar los espacios para la conciliación de intereses.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue abordado por medios locales para preguntarle su opinión acerca del reciente inicio de campaña de Michel Benítez Uriarte y María Elena Armenta de la Rocha candidatos por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE).
El mandatario invitó a los candidatos a convencer a los trabajadores con propuestas razonables y trabajo, además de deslindarse de apoyar a alguno de los dos que representan las planillas roja y azul.
También lanzó una advertencia de que el andar presumiendo una supuesta cercanía con él, más que ayudarles les podría perjudicar, agregando con ironía que no puede prohibirle a nadie que hable.
Este comentario es en referencia a que la candidata de la planilla azul Maria Elena Armenta ha “charoleado” en distintas ocasiones una supuesta buena relación con el gobernador estatal.
Las elecciones se llevarán a cabo del 19 al 21 de abril y además del cargo de secretario general se disputarán otros 28 del comité el cual estará vigente durante tres años.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invirtió 151 mil millones de pesos para implementar una estrategia integral en la Península de Yucatán mediante megaobras que permita incrementar la capacidad de energía eléctrica, impulsar el abasto de gas natural y contribuir con los programas de desarrollo que implementa el Gobierno Federal en en el sur del país para estimular el crecimiento económico.
Con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de electricidad en la región, en conjunto con el Gobierno de Yucatán, se lleva a cabo la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en las ciudades de Mérida y Valladolid, proyecto en el que se han invertido 25 mil 901 millones de pesos.
Estas plantas contarán con una capacidad de generación de 499 megawatts (MW) y mil 020 MW respectivamente y cuando inicien operaciones en verano de 2024, la capacidad de generación disponible en la Península alcanzará los cuatro mil 521 megawatts, lo que permitirá que la oferta de energía supere 70 por ciento los dos mil 642 MW de demanda máxima estimada al incluir la operación del Tren Maya.
De esta manera se pretende que ambas centrales de abasto a Yucatán para los próximos 30 años, mejorar competitividad del estado y cerrar la brecha de desigualdad que se ha formado entre el sureste en materia de infraestructura para que llegue más gas natural al sur del país.
En el caso de los proyectos para garantizar el abastecimiento confiable y accesible de gas natural en la península y para suministrar el combustible necesario en la operación de las nuevas centrales, la CFE desarrolla obras que permitirán el acceso a gas de calidad, importado desde Texas.
Una de las primeras acciones consistió en interconectar al antiguo gasoducto Mayakán con el Sistema Nacional de Gasoductos, lo que representó incrementar la disponibilidad de gas en 400 por ciento.
El Gobierno federal también ha trabajado de la mano con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en obras para modernizar y fortalecer la infraestructura que permita aumentar el suministro de gas natural y cubrir las necesidades energéticas del estado y de la Península de Yucatán.
En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de alrededor de 45 mil millones de pesos en 2023, para magnas obras que se construyen en la entidad, entre éstas se encuentra la rehabilitación e instalación de gasoductos en el bulevar Colosio, en Cancún.
La mandataria estatal detalló recientemente en sus redes sociales, que las obras de modernización del bulevar ya tienen un avance físico de 36 por ciento e indicó que vendrá para mejorar la vida de los cancunenses con la llegada del gas natural y atenderá la escasez de suministro del combustible en la región del sur de México.
¿Cuáles serán los beneficios de estas obras?
Por la escasez de suministro de gas natural y a la insuficiente capacidad de transmisión que crea congestión entre la región y el resto del país, la Península de Yucatán es una de las regiones con más problemas energéticos desde hace más de 12 años, por lo que la mayoría de los apagones se producen en la zona y ocasiona que la electricidad sea cara y poco confiable.
Las obras impulsadas por la estrategia integral del Gobierno Federal lograrán beneficios a corto y mediano plazo en la Península, ya que al desarrollar eficientemente la infraestructura para que llegue más gas natural, aumentará la generación eléctrica de forma ininterrumpida para los hogares y negocios, erradicará los apagones, disminuir los costos del gas y electricidad y dar pie al tránsito de energías limpias.
La ampliación de la red de gas natural en el país también impactarían en el medio ambiente porque emite menos gases contaminantes, ayudará a reducir los riesgos de explosión ya que es más fácil de controlar y es un beneficio para los bolsillos de las familias al ser más económico al distribuirse por vía subterránea, por lo que tendrá la capacidad de reducir los precios de productos básicos como la tortilla, que se han visto afectados por la inflación y los elevados costos del gas LP.
