Un comando de presuntos sicarios de la organización criminal La Familia atacó ayer con fusiles semiautomáticos y granadas de fragmentación instalaciones de la Policía Federal en Uruapan. La agresión se suma a otras nueve registradas en los últimos siete días en ciudades michoacanas contra instalaciones civiles y policiales.
En el último semestre Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero, Durango, estado de México y Michoacán han sido blanco de la embestida del crimen organizado.
En la entidad gobernada por el perredista Leonel Godoy, el recrudecimiento de las agresiones dejó en estos días seis agentes muertos, tres más desaparecidos y al menos 20 heridos.
En Uruapan un nuevo atentado a instalaciones policiales provocó ayer el deceso de tres policías federales; casi al mismo tiempo se reportó un enfrentamiento en la salida a San Juan Nuevo Parángaricutiro entre policías y sicarios.
En Sonora y Sinaloa, zona de influencia del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, la fuerza del narco se dejó sentir el martes pasado, cuando comandos de presuntos sicarios atentaron contra instalaciones policiales y civiles, se enfrentaron a federales y realizaron secuestros y levantones.
En Durango, ese mismo día, elementos de la Policía Federal rescataron a siete plagiados por una célula de supuestos narcos.
En la refriega un comando atacó el helicóptero en el que viajaba el director de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Rosales, quien resultó herido junto a su escolta.
Se trata de agresiones planeadas, simultáneas, rápidas y en grupo, a bordo de vehículos â??casi siempre desde camionetasâ??. Son perpetradas con armas automáticas y de alto poder, y granadas; los ejecutores cuentan con â??ayuda extra y vías de escapeâ?.
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada hace tres años por el gobierno federal, en la que han muerto más de 15 mil 500 personas, se han cometido asesinatos y agresiones contra militares, agentes federales y policías estatales.
De acuerdo con informes oficiales e investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), las organizaciones criminales adoptaron desde hace seis meses una estrategia de contraataque de mayor envergadura.
La SSP y la representación regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calificaron las acciones de â??alto impactoâ? de los cárteles de la droga como â??actos terroristasâ?, ya que â??no tienen otra opción para tratar de obligar a la población civil y en particular a las autoridades a lograr acuerdosâ?.
En esa categoría se encuentran los atentados con granadas y armas a cuarteles, las ejecuciones en la vía pública, la exposición de cadáveres con mensajes, la difusión de amenazas y mensajes en mantas, calcinación de cadáveres, decapitaciones y fusilamientos.
La Familia Michoacana, Los Zetas, los cárteles de Sinaloa y Juárez, la organización de los hermanos Beltrán Leyva y el clan de los Arellano Félix han efectuado en diversos momentos incursiones armadas contra instalaciones de seguridad, según la PGR.
Pero a partir de la captura en Michoacán de Arnoldo Medina Rueda, La Minsa, se produjo un incremento en las arremetidas o asaltos a inmuebles de las fuerzas de seguridad en el país
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