Llama la atención el debate que viene dándose entre los anulistas y los defensores del sistema y régimen de partidos; es una situación poco presumible que en una democracia tan joven como la nuestra la discusión sea si se anula o no el voto, pero tiene de valioso que frente a los partidos arrogantes que tenemos está creciendo una protesta social que, no obstante su dispersión y heterogeneidad, enarbola una serie de demandas que buscan cambios y que presionan de manera real sobre el comportamiento de los líderes partidarios.
La pregunta es si ya pasando las elecciones las propuestas que han surgido en medio del debate hay manera de sostenerlas frente a la forma arbitraria de conducirse de los partidos.
El debate tiene garantizado continuar hasta el día 5 de julio; después de esa fecha el poder de los partidos se va a ejercer sin ninguna cortapisa, salvo que haya la forma de que la deliberación se prolongue más allá de las elecciones y se consiga una interlocución directa en el Congreso de la Unión y, por esa vía, respuestas concretas a los planteamientos; eso sería abrir una negociación para establecer una agenda legislativa ciudadana frente a la agenda de poder partidista, y para este efecto no hay que esperar hasta septiembre: la Permanente puede convocar a sesión extraordinaria, máxime si muchas de las propuestas están ya en comisiones esperando dictamen.
Habrá que plantearse por tanto las tareas postelectorales, y diseñar una forma eficaz de materializar la fuerza de la inconformidad para influir en el ejercicio del poder, y encontrar los incentivos suficientes para que los partidos promuevan las reformas fundamentales que fortalezcan la gobernabilidad democrática y auspicien y reconozcan la participación y representación ciudadana.
No se trata por cierto de sumar las propuestas y a ver cuál de ellas escogen los partidos; se trata de responder de manera urgente â??en el contexto de la crisis estructural que estamos viviendoâ?? al riesgo de ingobernabilidad, eligiendo para ello las prioridades que nos permitan transitar en el terreno minado y, al mismo tiempo, preparar una segunda oleada de reformas para consolidar una nueva arquitectura institucional que garantice una mayor capacidad de gobierno democrático.
Con esta intención apuntaría dos temas. El primero tiene que ver con la urgencia de modificar la ley electoral dada su incapacidad para propiciar como resultado final un gobierno con mayoría para gobernar. Ahora que hay transparencia en el voto, que se puede ejercer libremente y con equidad, lo que deriva de esta participación ciudadana es un gobierno con pocos votos y los que pierden en la contienda el único incentivo que tienen es el de ser oposición.
Poner piso y fijar un mínimo de votos para ganar y crear una figura que obligue a las alianzas para lograr mayoría me parece indispensable, porque de otra forma nos podemos llevar la sorpresa de que en 2012 el partido que gane la Presidencia puede tener entre 12 millones y 15 millones de votos de un total de 78 del padrón, y así tendrá toda la legitimidad pero no la fuerza para gobernar. Un presidente de la República en esas condiciones estará en tremenda dificultad para imponerse a las fuerzas de facto, incluido el narco, y con muy pocas posibilidades de llevar a cabo reformas para sortear la crisis. La segunda vuelta o un régimen semiparlamentario pueden dar salida a esta contradicción; agregaría que para que esto funcione es indispensable un acuerdo de gobernabilidad que establezca el compromiso de los diferentes actores políticos de respetar los resultados.
El otro tema es de la necesidad de construir instancias para la participación de la sociedad civil organizada. En el mundo hay poco menos de 70 consejos económicos y sociales que tienen esta función; son órganos de consulta que colaboran desde una visión social a la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas públicas. En México existe una iniciativa en la Cámara de Diputados que tiene su base de sustentación en el artículo 26 constitucional y asigna a las organizaciones sociales la atribución de poder participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de gobierno.
Está diseñada para privilegiar el dialogo social entre los sectores y para que prevalezcan los principios de equidad, inclusión, pluralidad y democracia. Es una propuesta de democracia participativa que rompe con el sistema corporativo de Estado y de control presidencialista de los sectores, y contribuye al fomento de la productividad y competitividad de la economía nacional.
Vale la afirmación del presidente Calderón: â??Que la ciudadanía haga política y que participeâ?. Lo que no vale es que lo haya acotado a la militancia partidista; eso no es suficiente. La sociedad puede y debe hacerlo desde instancias cuya naturaleza sea propia, se tiene que entender que no todo lo público es gubernamental y que no todo lo político tiene que ser partidista.
Consejo Ciudadano de la Reforma del Estado
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