Durante muchos años, y hasta los 80 del siglo pasado, los ciudadanos de este país atestiguaban con resignación la contradicción existente entre nuestros ordenamientos legales y lo que realmente se daba en la vía de los hechos.
Se llegó a decir, incluso, que éramos un país del tercer mundo con leyes del primer mundo, situación contradictoria que por sí misma impedía su aplicación y efectividad.
Fuimos un país, en el que no existía la separación de poderes. Un país, en el cual nadie creía en las elecciones. Un país, en el que prácticamente cada elección era motivo de un conflicto post-electoral.
También advertíamos, con temor, cómo muchos medios de comunicación, escritos y electrónicos, estaban supeditados a los gobiernos locales o al gobierno central. Mención aparte merecen los medios, que a lo largo de nuestra historia han existido siempre con una actitud crítica e independiente.
Ese México, que no pretendo describir en unas cuantas líneas, ya no regresará, sin embargo tenemos muchas asignaturas pendientes que a nadie parecen interesarle.
Afortunadamente muchas cosas han cambiado, pero no ha sido producto de movilizaciones ciudadanas o de las propuestas de los legisladores, sino de la coyuntura o de las circunstancias políticas del país.
Lo importante, es que hoy somos una ciudadanía crítica y demandante, que se enfrenta a un Congreso y a un gobierno que no entienden que el país ha cambiado.
El gobierno, en todos sus niveles, maneja los asuntos que son de su responsabilidad como si fueran cuestiones personales, sin compromiso alguno con los ciudadanos, y un Congreso que pareciera que su función es discutir y entorpecer lo que nos beneficia, y solo protegen sus propios intereses.
Hoy contamos con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, que se inició en el gobierno del presidente José López Portillo, cuando se modificó un artículo donde expresamente autorizaba a este Poder, a elaborar su propio presupuesto para ser presentado directamente a la Cámara de Diputados.
Estas medidas, sin duda, fueron de la mayor trascendencia, independientemente de que quienes integran el Poder Judicial, en sus diferentes etapas, han decidido fortalecerlo a través de diversas reformas, contando con la aprobación del Ejecutivo Federal en turno.
Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, con el consenso de todos los partidos, el 11 de octubre de 1990 se conformó, por primera vez, un órgano electoral autónomo, que entre otros resultados, logro que a partir de 1997 pudiéramos contar con un Congreso plural e independiente del Poder Ejecutivo.
Por decisión propia, los medios de comunicación se han fortalecido. Los ciudadanos contamos con una prensa independiente, que se ha convertido en un sólido contrapeso para los tres poderes de la Unión.
En suma, hemos tenido avances sustantivos, pero ninguno de éstos obedece a la â??presiónâ? ciudadana o son producto de movilizaciones para lograr estos cambios que hoy valoramos y apreciamos.
En cuanto a los partidos políticos, parecen no entender que la ciudadanía demanda contar con partidos verdaderamente reales, auténticos, que se encuentren del lado de los ciudadanos, y que no se conviertan, como son la mayor parte de ellos, en cotos de poder para beneficio de unos cuantos.
Los partidos políticos cada día pierden simpatía y confianza de los ciudadanos. No ven en ellos a sus representantes populares para realizar las reformas importantes que el país requiere.
Los ciudadanos, con impotencia, advierten que los partidos políticos solamente defienden sus propios intereses. No es casual que en las encuestas que se realizan, la policía, siempre tan cuestionada, se encuentre mejor calificada en la percepción ciudadana.
Está próxima una nueva elección de diputados federales y elecciones en cinco Entidades Federativas. Nadie debe sorprenderse que la ciudadanía, en esta ocasión, no se presente a votar y que se cuente con un alto índice de abstencionismo.
Hay periodistas y analistas políticos que, incluso, han llamado a no votar o, por lo menos, a tachar toda la boleta para anular el voto, lo que ha traído como consecuencia que se les quiera cuestionar por ir en contra de supuestos avances democráticos.
Lo cierto es que quienes escriben esto, solamente transmiten el sentir de una ciudadanía que ya no tiene confianza y no cree en los partidos políticos.
En la medida en que los propios legisladores, que por supuesto pertenecen a algún partido político, no tomen la decisión de modificar radicalmente su actuación y cambiar toda la legislación relacionada con la vida de los partidos, los ciudadanos no podemos esperar que pase absolutamente nada.
Los legisladores deberían empezar, por lo pronto, por presentar una iniciativa de Ley de Partidos Políticos, que los obligue a rendir cuentas a los ciudadanos y a sus propios militantes, y a transparentar de manera pública y obligatoria, los considerables recursos que manejan.
¡Qué contradicción! Un país con 60 millones de pobres y ocho partidos políticos que manejan verdaderas fortunas â??equiparables, al 50% del presupuesto de muchos países centroamericanosâ?? y sin rendirle cuentas a nadie
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