Según información publicada por sitio web del periódico español El País y con base en cables obtenidos por la organización WikiLeaks; Estados Unidos desconfía de la capacidad de México para luchar eficazmente contra el narcotráfico debido a la rivalidad entre los cuerpos de seguridad, la «generalizada» corrupción oficial y la incapacidad manifiesta del Ejército para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
El diario El País indica que esto se desprende de varios documentos elaborados por la embajada estadunidense en México, «el éxito de un organismo se ve como el fracaso de otro» y «solo el 2% de los detenidos en Ciudad Juárez ha sido responsabilizado de un crimen».
Continúa la publicación â??La Embajada de Estados Unidos, que reconoce el compromiso «sin precedentes» del gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pone sin embargo de manifiesto en varios de sus informes la nula preparación del Ejército: «Es lento y tiene aversión al riesgo».â??
El artículo publicado en su sitio web detalla… Las reiteradas críticas al Ejército contrastan, no obstante, con los elogios que la Embajada dedica a la Marina, especialmente tras la operación que condujo a la captura y muerte del capo Arturo Beltrán Leyva (ABL).
El informe 240473, escrito por el propio embajador Carlos Pascual el 17 de diciembre de 2009, sólo un día después de la caída del narcotraficante, asegura que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la legación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo: «Los servicios jurídicos de la Embajada dicen que la operación de arresto cuyo objetivo era ABL comenzó alrededor de una semana antes de su muerte.
El lunes, los servicios de inteligencia de la Embajada situaron a Arturo Beltrán Leyva en un edificio de apartamentos localizado en Cuernavaca, alrededor de una hora al sur de la ciudad de México, donde Arturo Beltrán Leyva estaba escondido.
La Secretaría de Marina de México (Semar) inició una operación de arresto el miércoles por la tarde, rodeando el complejo de apartamentos y estableciendo un perímetro de seguridad.
Las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva abrieron fuego contra los operativos de la SEMAR y se produjo un intenso tiroteo que hirió a tres marines y posiblemente mató a uno».
El «posiblemente» se debe a que el embajador Pascual redactó el informe dirigido a Washington apenas unas horas después de la operación. El resultado final de la operación fue el siguiente: los marines mexicanos abatieron a cinco de los sicarios que lo acompañaban; uno más, según la versión oficial, se suicidó al verse acorralado. Y, efectivamente, un infante de Marina murió en la operación (varios días después, tras publicarse su nombre en la prensa, la madre, la tía y dos hermanos del militar fueron asesinados en señal de venganza).
Ya en el informe redactado unas horas después de los hechos, el embajador Pascual reúne tres de los argumentos que constituyen una constante en sus despachos hacia Washington: la fiabilidad de la Marina, la torpeza del Ejército y la omnipresencia de EU en las cuestiones de seguridad de su vecino del sur.
Este último asunto tiene gran importancia en México, un país históricamente muy celoso de su soberanía. Sobre la diferencia de actitud entre la Marina (SEMAR) y el Ejército (SEDENA) merece la pena destacar el siguiente párrafo del despacho 240473: «La unidad del SEMAR (que abatió al capo Beltrán Leyva) fue entrenada extensamente por el Comando Norte hace varios años. La exitosa operación (…) pone de relieve su emergente papel en la lucha contra el narcotráfico.
SEMAR está bien entrenado, bien equipado y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia.
Su éxito pone a la SEDENA en la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel.
Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a SEDENA, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico».
El informe, que el embajador Pascual remite a todos los consulados de México y a instituciones tan relevantes como los comandos Norte y Sur o los departamentos de Justicia y del Tesoro, también alude al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna: «También puede ser considerado un perdedor (…). García Luna ya ha dicho en privado que la operación debería haber sido suya».
La descoordinación entre cuerpos también está presente en otro documento, elaborado el 29 de enero de 2010: «Terminamos 2009 con un compromiso sin precedentes del gobierno mexicano para trabajar estrechamente con nosotros (…)». Y más adelante: «Calderón ha atacado agresivamente a las organizaciones de tráfico de drogas, pero ha luchado con la descoordinación de los servicios de seguridad, con ratios de violencia en espiral que le han hecho vulnerable a las críticas de que su estrategia anticrimen ha fracasado (…).
Las instituciones de seguridad de México están a menudo presas de una competición de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro.
La información se guarda celosamente y las operaciones conjuntas son casi desconocidas. La corrupción oficial es generalizada (…). Los ratios de acusación de delitos son tristes: el 2% de los detenidos son llevados a juicio, solo el 2% de los detenidos en Ciudad Juárez han sido responsabilizados de un crimen».
La peor parte de las críticas de Estados Unidos se la lleva de nuevo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o lo que es lo mismo, el Ejército. El despacho 246329 deja constancia: «El fracaso en la reducción de la violencia ha centrado la atención en lo que se entiende un fracaso de los militares y ha llevado un cambio importante para cambiar totalmente el mando en Ciudad Juárez en enero del Ejército a la Policía Federal.
Los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley. No tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
Resultado: las detenciones se disparan pero las acusaciones se mantienen invariables y tanto los militares como ciudadanos están cada vez más frustrados. El cambio de mando en Ciudad Juárez ha sido visto por la clase política y el público como un repudio presidencial al Ejército»
