LaEncuesta Nacional Victimización yPercepción sobre Seguridad Pública Envipe 2016 ubicó al Estado de México como la entidad con la tasa más alta de incidencia delictiva entre la población mayorde 18 años a nivel nacional mientras que en la entidad 90 de la población dijo sentirse insegura.
La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en elEstado de México de acuerdo con la encuesta elaborada cada año por Inegi es la más alta del país no obstante que el indicador se redujo favorablemente el último año al bajar en 32 en términos netos. Esto es dicha tasa se ubicó en 83 mil 566 delitos por cada 100 mil habitantes en 2014 mientras que el año pasado pasó a 56 mil 835 ilícitos por cada 100 mil habitantes.
No obstante el Edomex presenta en ese indicador la tasa más alta del país superando incluso la de Guerrero que se ubica en 53 mil 875 delitos por cada 100 mil habitantes la de la Ciudad de México con 52 mil 718 delitos por cada 100 mil habitantes y la de Sonora con 40 mil466 delitos por cada 100 mil habitantes
Incluso entidades que se han caracterizado por sus frecuentes hechos de violencia quedan rezagadas por la tendencia delictiva de la entidad como Sinaloa con un indicador de 22 mil 750
delitos por cada 100 mil habitantes
La encuesta también arrojó que los delitos más frecuentes que se cometen en el Estado de México son el robo o asalto en la calle o én el transporte público la extorsión y el fraude
Categoría: Seguridad
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Estado de México en ruinas e inseguro
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Detienen a Carlos Arturo Quintana, alias «El 80»
En un fuerte operativo donde se utilizaron varios helicópteros, elementos del Ejército Mexicano capturaron al peligroso narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias «El 80», en Namiquipa.
Lo anterior fue confirmado por autoridades que colaboraron en su captura.
El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, ya había lanzado un «ultimátum» al capo durante su campaña a la gubernatura de que iba tras él con la intensión de “limpiar” la Sierra de Chihuahua del narco.
Carlos Arturo Quintana es lugarteniente de La Línea, y hace alrededor de ocho meses la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo creer que habría sido capturado tras enfrentamiento con elementos de la Marina en Carichí junto con César Raúl Gamboa Sosa, alias «El Cabo».
«El 80», es líder del grupo delictivo «La Línea», brazo armado del cártel de Juárez, con operaciones en Cuauhtémoc y la zona noroeste de Chihuahua.
Así mismo Corral Jurado ha señalado que el ex gobernador César Duarte es amigo de dicho narcotraficante, “A voz en cuello dice (EL 80) que es amigo del gobernador del estado”., indicó en su momento.
Por ello, mandó una carta al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que investigue los vínculos de los supuestos precandidatos del PRI que puso el crimen organizado en siete municipios de Chihuahua.
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Se desbloquean fondos de la Iniciativa Mérida
Estados Unidos anunció que otorgará a México la porción de fondos de la Iniciativa Mérida que bloqueó en 2015 por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, indicó que el Departamento de Estado concluyó que el gobierno de México ha iniciado un esfuerzo ambicioso para modernizar y reformar sus sistemas de justicia y seguridad, aunque reconoce que todavía hay algunos graves desafíos en derechos humanos.
En octubre pasado, el Gobierno norteamericano decidió bloquear una porción de los fondos de la Iniciativa Mérida que entonces era de cinco millones de dólares.
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Comienza la cacería en Sinaloa, detener a los sicarios del ataque a militares el objetivo
La “cacería” que iniciaron elementos de fuerzas especiales del Ejército y de la Armada de México para encontrar a los responsables de la emboscada en la que cinco soldados murieron acribillados a manos de la delincuencia organizada en Culiacán, Sinaloa revivirá la polémica sobre la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de facultades legales para enfrentar al crimen organizado; demanda que levantó hace más de tres años el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda cuando solicitó facultades de investigación para las fuerzas armadas.
Para nadie es un secreto que militares y marinos desplegados en Sinaloa utilizarán en su afán de detener a los culpables -vivos o muertos- todos los recursos disponibles, legales o no.
Inteligencia militar e inteligencia naval investigan ya lo que sucedió –usurpando así la labor del Ministerio Público federal, el cual en teoría tendría que encabezar las indagatorias-; para ello, tendrán que interceptar llamadas telefónicas de los sospechosos de pertenecer al grupo delictivo presuntamente responsable –obviamente sin contar con la necesaria aprobación de un juez federal-; y seguramente, cuando ubiquen a los sicarios, militares y marinos no esperarán la orden de aprehensión u orden de cateo para actuar.
Desde que Felipe Calderón sacó a las calles a los militares en diciembre de 2006 e inició la llamada “guerra al narcotráfico”, el panista dejó de lado un aspecto fundamental: impulsar un marco legal que le diera certidumbre y legalidad a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en el combate al crimen organizado.
En seis años, Calderón no lo hizo, ni tampoco el general secretario Guillermo Galván Galván levantó la voz para exigir que se cumpliera con un clamor que hay al interior del Ejército para que los miles de soldados que realizan labores policíacas, labores que no les corresponden, contaran cuando menos con un respaldo legal.
A diferencia de su antecesor, el general Cienfuegos levantó la voz para demandar a su comandante en jefe y al Congreso de la Unión que dotaran a las fuerzas armadas de facultades de investigación para actuar de una manera más efectiva en el combate al narcotráfico y crimen organizado.
Ni el presidente Peña, ni los senadores que hace unos días se desgarraron las vestiduras por la muerte de los cinco militares y que dijeron estar “profundamente indignados y lastimados por estos actos de barbarie” atendieron el llamado del general secretario.
Hace unos días, el senador Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa para regular el despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior y concurrir de manera subsidiaria y temporal al auxilio de los estados y municipios en labores de seguridad.
Es decir, más de lo mismo. La idea es que sigan los militares realizando labores que no le corresponden, porque las policías federal, estatales y municipales siguen inmersas en la corrupción y el descrédito.
Más de lo mismo, porque los soldados seguirán en las calles sin contar con las herramientas legales necesarias para que su labor sea realmente efectiva, porque de nada sirve que hagan rondines y monten retenes en las poblaciones más inseguras del país, si no pueden hacer nada con la información e inteligencia generadas durante esos operativos para actuar en contra de los delincuentes.
Parece mentira, pero la desconfianza de los mandos militares hacia la Policía Federal y estatales sigue intacta, a pesar de la propaganda oficial.
El operativo que llevan a cabo militares y marinos en Sinaloa es una prueba más de ello.
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25 por ciento de los jóvenes de Culiacán, trabajan en el narcotráfico
En Culiacán, Sinaloa, una cuarta parte de los jóvenes, en promedio, dejan sus familias para vivir en casas de seguridad en las que trabajan para el crimen organizado, señala un documento de la Secretaría de Gobernación.
Según el Diagnóstico Integral del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 2016, realizado por la Segob en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), en poder de El Universal, poco se habla de los jóvenes que no viven con sus padres por su relación con el crimen organizado.
«Poco se habla de este problema, ya que algunos de ellos [jóvenes que no viven con sus padres] se dedican a actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada; es decir, se van a vivir a casas de seguridad en las que prestan sus servicios en diferentes modalidades”, detalla el diagnóstico en el que se estudió la violencia en el municipio durante 2015.
Los habitantes de Culiacán, Sinaloa, lidian diariamente con los conflictos entre cárteles de la droga, padecen la prostitución, la drogadicción y la violencia familiar. Además, entre los jóvenes hay un alto consumo de drogas y alcohol, problemas que se magnifican ante la presencia importante del narcotráfico en la zona.
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El narcotráfico detras del caso de los cuatro jóvenes levantados y asesinados en Veracruz
Luego de que un diario de circulación nacional publicó que el sello del narcotráfico estaba presente en el caso de los cuatro jóvenes levantados y asesinados en Veracruz, el fiscal de ese estado Luis Ángel Bravo, confirmó que hay «signos muy sólidos» de este vínculo, específicamente con una de las víctimas.
Este diario reveló ayer que Octavio García Baruch era buscado por Los Zetas por un adeudo, aunque en entrevistas con diversos medios, su hermana Dovianid Carranza Baruch rechazó dichos nexos.
En tanto, en Veracruz se llevaron a cabo marchas para exigir justicia, además de que estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río denunciaron venta y consumo de drogas, así como cinco casos de intento de secuestro a alumnos.
Al hablar con Milenio, el fiscal destacó que hay signos «muy sólidos» de que el narcotráfico esta detrás de los hechos.
«De hecho se generó vista a la PGR por el tema de la delincuencia organizada con base en hallazgos, que se reportan desde el inicio de esta investigación y ahorita en el modo de ejecución y en el modo en la que se encontraron los cuerpos, es un hecho que opera el crimen organizado al margen de las pesquisas y las investigaciones que se han generado y confirmado esta hipótesis.
«Hay vínculos, pero también es importante no anticipar alguna cuestión tan contundente por el hecho de no criminalizar, es una de las víctimas la que pudiera ser el origen de estos nexos», explicó Bravo .
El funcionario enfatizó que no busca criminalizar a las víctimas, y que la línea que los lleva a señalar a la delincuencia organizada es el modus operandi de sus captores y asesinos.
Al respecto, entrevistada por Ciro Gómez Leyva en su noticiero radiofónico, Carranza Baruch dijo que su hermano no tenía necesidad de andar vendiendo drogas o de cometer algún delito.
Al cuestionarle sobre la línea de investigación que ha dado a conocer el fiscal declaró: «Pues yo no sé quién sea ya el crimen organizado, me tendrían que explicar a qué le llaman crimen organizado, cuál es para ellos el crimen organizado; sí quiero mencionar nuevamente que mi hermano no es ni era un delincuente y mucho menos nada de lo que se dice, mi hermano no tenía ni necesidad ni de secuestrar ni vender drogas, nada de eso».
Pidió que el gobierno de Veracruz continúe la búsqueda de su otro hermano y otros no localizados, «porque no solo son ellos dos, diario hay de 10 a 20 desaparecidos en todo Veracruz, principalmente en el sur (…) pido que no se le dé carpetazo y continuemos con la búsqueda de mi hermano Gustavo. La verdad no me interesa ya nada más, es lo único que me importa».
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Narcotráfico y autoritarismo, amenazas de la prensa en América Latina
El ejercicio de estas libertades se vio condicionada «por factores coyunturales e intemporales» en Guatemala y por el agravamiento del autoritarismo del Gobierno en Nicaragua, indicó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus informes por país.
En Guatemala, el organismo dio cuenta del asesinato de un periodista, agresiones, intimidaciones, censura y ataques cibernéticos.
La seguridad de los medios y los periodistas en Guatemala «continúa siendo crítica» y hay regiones del país donde los comunicadores se autocensuran en la cobertura de hechos de violencia vinculados al narcotráfico por temor a represalias, destacó.
El Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua) registró 47 agravios a la prensa hasta el 22 de septiembre y la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de Guatemala había recibido 76 denuncias, detalló.
En tanto, dijo, Nicaragua «se ha agravado el autoritarismo del Gobierno, lo que genera mayores riesgos para la libertad de prensa y la democracia».
En este país cada vez hay menos medios independientes, un solo canal abierto y algunos de cable, mientras que la publicidad estatal es manejada como si fuera privada, apuntó.
El informe reflejó la inquietud por la situación política al señalar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consiguió el control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral, de cara a las elecciones del 6 de noviembre.
La SIP destacó que el Gobierno de Ortega ha expulsado a 14 personalidades que llegan a Nicaragua a dar conferencias sobre derechos humanos, además de que el Congreso ha declarado que no habrá observación electoral.
El pasado 7 de octubre, el director de «Confidencial», Carlos Fernando Chamorro, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos actos de intimidación y espionaje político de parte de miembros del Ejército y del Frente Sandinista, agregó.
En El Salvador, el organismo celebró los avances de la justicia para sancionar «graves atentados contra la libertad de expresión», si bien sigue existiendo, desde el poder político, control y ocultamiento de la información pública.
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Regresan las ejecuciones en bares de Ciudad Juárez
Las ejecuciones en lugares públicos, como bares y negocios, regresaron a Ciudad Juárez, luego de que ayer dos hombres fueron asesinados a tiros en un antro, y el miércoles otros dos en un taller mecánico y uno más en una agencia de autos.
Agosto registró 63 ejecutados en toda la zona del Valle de Juárez, mostrando un evidente incremento en este tipo de violencia, relacionado con cárteles de la droga y la venta de droga al menudeo.
FEMINICIDIOS
Por otra parte, en Culiacán, Sinaloa, dos mujeres fueron asesinadas en distintos hechos. La primera fue una joven que trabajaba en una pastelería del sector Barrancos, cuando su expareja sentimental llegó y la atacó con un cuchillo hasta matarla frente a sus compañeras y clientes. La segunda fue asesinada a balazos frente a las instalaciones de la 9a Zona Militar.
La mujer tenía un impacto de bala en la cabeza y quedó recostada sobre el asiento del piloto, a bordo de un vehículo compacto, estacionado en la banqueta por la calzada Heroico Colegio Militar.
MATAN A CARNICERO
En Actopan, un carnicero de 46 años fue asesinado al salir de su domicilio, luego de que desde una camioneta en movimiento civiles armados dispararon en su contra.
Los hechos ocurrieron en la calle Petroquímica, de la colonia Fundición, perteneciente al municipio de Actopan. De acuerdo con familiares, no hay relación con excandidatos ni con alcaldes de los cuales sospechar, como se rumoró en un principio.
ENFRENTAMIENTO
En el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de grupos delincuenciales rivales, dejando como saldo tres muertos.
Durante la mañana de ayer, cuando en las calles Arteaga e Independencia, frente a la plaza denominada México, en pleno centro de esa ciudad fronteriza, los civiles armados se encontraron y empezó la refriega a sólo unas calles de la Presidencia Municipal.
En Chilpancingo, Guerrero, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres ejecutados en el basurero de Tixtla; uno de ellos era el director de Obras Públicas de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, y los otros cuerpos corresponden a su chofer y un policía. Tenían varios días desaparecidos.
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Por no hacer narcocorrido, matan a integrantes de Explosión Norteña
Dos cantantes fueron ejecutados en Tijuana, se trata del vocalista de Explosión Norteña, Beto Cervantes y El Mike, aunque ambas muertes se registraron por separado, y al parecer están vinculadas con el crimen organizado.
En el primero de los casos, Alberto Cervantes fue golpeado y luego ejecutado a tiros, al parecer por negarse a componer un narcocorrido.
El asesinato se registró en Rosarito, Baja California.
Asimismo, el segundo caso, la ejecución del vocalista Miguel Ángel Miramontes Murrieta, tuvo lugar por la tarde en el estacionamiento de una sucursal del “Carls Junior” de esta ciudad.
Cabe señalar que a “El Mike” se le relaciona con narcotraficantes como Alfonso y René Arzate «El Aquiles» y «La Rana».
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Le cortan las manos por ladrón en Guerrero
El cuerpo de un hombre fue localizado en calles de Acapulco, Guerrero, con los pies amarrados con un cable color blanco y la cabeza envuelta con cinta canela, además de que ambas manos le habían sido amputadas.
Sin embargo, a un costado del cuerpo, se encontraba una cartulina que decía “esto me pasó por robar lo de las inscripciones de niños que con esfuerzo sus padres juntaron el dinero”.
La policía arribó al lugar en la madrugada del miércoles cerca de una primaria en la calle Mangos en Acapulco.
El texto de la cartulina fue firmado por la “Colonia Unidas” quienes amenazaron con eso les pasaría a todos los extorsionadores.
El cuerpo quedó en calidad de desconocido y fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) dando inicio a la carpeta de investigación 12030250100040270816 por el delito de homicidio por arma de fuego.
