La falta de actividades regulares en materia legislativa en el Congreso de la Unión tiene congelados miles de temas que amplían los derechos de la sociedad, mejoran sus mecanismos de protección y propician la evolución de la responsabilidad de los políticos.
Aunque el arribo de la pluralidad del Congreso de la Unión permitió al país una mayor productividad legislativa, al grado que en los últimos 20 años se aprobaron más reformas constitucionales que en los 73 años anteriores, pues 40 por ciento de los cambios a la Carta Magna se procesaron entre 1988 y este año, en materia de leyes secundarias, sin embargo, el rezago es innegable.
Tan sólo en los tres últimos años, la inactividad legislativa en la Cámara de Diputados dejó a la mitad leyes y reformas que aprobó el Senado, y con ello frenó temas como el castigo a los directivos de escuelas que obliguen a los niños a pagar cuotas escolares o la sanción a los legisladores que incurran en conflicto de intereses o se dejen comprar por cabilderos.
Otros temas son la creación de la Ley General de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable; el derecho de iniciativa preferencial al Presidente de la República; el combate contra la obesidad infantil; castigos a centros públicos de internet que permitan uso de espacios virtuales pornográficos y la condonación del peaje al usuario cuando una autopista concesionada esté dañada o sus casetas dilaten el proceso de cobro.
Desde septiembre de 2006 a la fecha, el Senado impuso un récord de productividad al procesar 52 por ciento de los temas que le correspondieron, frente a 37 por ciento registrado por la Cámara de Diputados; sin embargo, los senadores no están exentos del incumplimiento de sus ofrecimientos legislativos, admitidos públicamente incluso en los reportes de fin y arranque de los periodos ordinarios de sesiones por la Junta de Coordinación Política.
Así, con todo y que son los senadores más productivos en la historia de Xicoténcatl, tienen en el olvido promesas como la ley del derecho de réplica, la ley para regular las pensiones de los ex Presidentes de la República y la regulación de la publicidad gubernamental