Solo Opiniones

Categoría: Congreso de la Union

  • Isabel Miranda de Wallace pide pase la Ley Antisecuestro (ley Wallace)

    La asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, exhortó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a cumplir la promesa de aprobar el dictamen de Ley General de Combate al Delito de Secuestro que está en comisiones.

    Miranda de Wallace urgió a aprobar dicho proyecto, pues a su juicio el hecho de realizar modificaciones significaría un retraso considerable «y creemos que dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país», es apremiante que sea aprobado de inmediato.

    Si bien la ley es perfectible, el dictamen que está en manos de los legisladores contiene «lo más elemental e importante», por lo que «agradeceremos que ya no se realice cambio alguno al dictamen emitido por la Cámara de Senadores«, destacó en un comunicado.

    Consideró sin embargo que se debe encontrar el medio jurídico para que no se apliquen las operaciones encubiertas en el combate del delito de secuestro, pues no se cuenta con policías confiables y se carece de las unidades antisecuestros.

    Tras agradecer al Senado la disposición para aprobar esa iniciativa, también llamó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, una vez aprobada la ley, sean etiquetados los recursos económicos para que de inmediato funcione el fondo para víctimas que establece dicha norma.

    El secuestro, delito que ha tocado a todos los estratos sociales, ha tenido un incremento al menos de 200 por ciento en los últimos cuatro años, y el Estado y la sociedad no hemos reaccionado para prevenirlo, combatirlo y castigarlo, enfatizó

  • Punto de acuerdo para sacar a Mexico de las negociaciones de ACTA (proyecto)

    Punto de acuerdo, mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CÁMARA

    DE DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL

    HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÃ?N

    P R E S E N T E

    El suscrito, Diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    Exposición de motivos

    1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

    2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artículo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

    3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artículo 3 fracciones I y VI que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).[1]

    5. El Gobierno Federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.[2]

    6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.

    7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piratería de discos ópticos; y distribución vía internet e información tecnológica.[3]

    8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los países interesados en suscribir ACTA, éstas se habían manejado con secrecía, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habían realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington D.C., U.S.A.; Tokio, Japón; París, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.

    Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no había proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho Acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberanía un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artículo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.

    9. En este orden de ideas, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretaría de Economía, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

    10. En el documento suscrito por el Director General del IMPI, se señala que aunque los países signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piratería en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificacionesâ? (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.

    11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los países signatarios en su legislación nacional implementen una política interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piratería, es decir, México llevaría a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.

    12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de países europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA; por otra parte el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. En abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en línea, había ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, y Senadores de varios países involucrados entre otros actores políticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia.[4]

    En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en línea en México, así como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar políticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.

    Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piratería daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, específicamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet (ISP´s) a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en línea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y políticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantías individuales, consagradas en el artículo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurídica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente. [5]

    Las anteriores acciones colocarían asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así, las empresas proveedoras de servicios serían orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.

    En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurídico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artículo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

    Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en línea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicaría una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28%. De igual manera, se calcula que existen en nuestro país 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro país sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.

    18. ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro país. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro país.

    19. En este orden de ideas, el Gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables[6], acciones para disminuir la brecha digital en la población.

    En este sentido, existen modelos alternativos de protección de los derechos de autor más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, caracterizados por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentran las licencias copyleft, que son aquellas que, permitiendo un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas[7]. Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y le dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de ¨algunos derechos reservados¨.[8]

    21. Los términos y forma en la que el Ejecutivo Federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro país, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantías individuales, expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO. Envíese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros países, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

    SEGUNDO. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual que sean propicios para nuestro país.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de septiembre de 2010.

    DIP. SALVADOR CARO CABRERA

    ⁠

    [1] Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Día de cosulta 03/08/2010, 10:44 hrs.

    [2] Ídem.

    [3] Ibídem.

    [4] Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y CentroAmérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.

    [5]

    [6] http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81

    [7] http://fundacioncopyleft.org/

    [8] http://creativecommons.org.mx/

    Publicado por Chavacaro.org en 09:45

  • ¿Cambiamos el nombre de Mexico?

    A sólo unas horas del Bicentenario de la Independencia del país, senadores del PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) proponen al pleno del Senado que se cambie el nombre oficial de la nación.

    Los legisladores plantean que sólo se llame México y no Estados Unidos Mexicanos, pues â??absolutamente nadie le llama asíâ?.

    Encabezados por Guillermo Tamborrel, todos los senadores del PAN y los verdeecologistas Arturo Escobar y Jorge Legorreta destacan que â??es irrefutable el hecho de que hoy ya existe un país llamado México; existe en nuestros corazones, en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia, cultura, tradiciones e instituciones», expresaron.

    Adicionalmente, en el extranjero nos conocen como mexicanos; en cualquier parte del territorio nacional nos nombran mexicanos; nuestra nacionalidad, conforme al acta de nacimiento es la mexicana; sin embargo, México, como Estado-Nación, no existe en nuestra Constitución (â?¦) ahí existen los Estados Unidos Mexicanosâ?.

    La iniciativa será presentada en unos momentos más ante el pleno del Senado.

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  • ¿Eliminaran el IETU?, PRI y PAN parece que lo haran

    El PRI y el PAN en la Cámara de Diputados anunciaron que perfilan un acuerdo para eliminar el IETU, en el marco de un ajuste y simplificación fiscal para evitar la doble carga impositiva a las empresas.

    Mediante los presidentes de las comisiones de Hacienda, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, y de Presupuesto, el priista Luis Videgaray Caso, las dos principales fuerzas políticas capaces de concretar reformas en el Legislativo coincidieron en que el Impuesto Empresarial a Tasa Ã?nica (IETU) «ha cumplido su cometido» y es posible dejar únicamente al Impuesto sobre la Renta (ISR).

    Por su parte, el PRD, mediante el secretario de la Comisión de Hacienda, Armando Ríos Piter, se pronunció por analizar esa posibilidad, aunque consideró que el IETU ayuda a resolver los huecos que tiene el ISR, por lo que manifestó que es necesario hacer más accesible el pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

    El panista Mario Alberto Becerra Pocoroba consideró viable eliminar el IETU, ya que ha cumplido su finalidad, además de que sería acorde a los estándares internacionales, por lo que podría suplantarse por un gravamen sencillo y práctico que evite la evasión fiscal del ISR.

    «Lo que se pretende con el IETU es crear mecanismos contra la elusión que se presentaba en el ISR, pero creo que es un impuesto que puede ya haber cumplido su finalidad, y que genera situaciones a nivel global peculiares, porque lo que internacionalmente se permite es acreditar el ISR no el IETU«, explicó.

    Argumentó que una opción viable es hacer adecuaciones y trasladar al IETU a un verdadero impuesto mínimo, y así «mantener un ISR mucho más vigente, pero si la pregunta fuese cuál debe desaparecer, porque uno debe hacerlo, le contestaría que el que no debe desaparecer es el ISR».

    Por su parte, el priista Videgaray Caso señaló que «es tiempo de eliminar el IETU«, porque junto con el ISR representa una doble carga tributaria para las empresas.

    «La opción es ésa, eliminar el IETU y modificar el ISR, la otra es eliminar el ISR y quedarnos con un IETU. Cualquiera de las dos es viable, lo que tenemos que hacer es decidirnos por alguno de los dos, no podemos seguir sometiendo a las empresas a esta doble tributación», indicó.

    Manifestó que el IETU y el ISR son un peso administrativo innecesario para las empresas y que les afecta al flujo de efectivo, por lo que durante el análisis y discusión del PEF 2011 debe existir un reajuste de la carga tributaria.

    En tanto, el perredista Armando Ríos refutó que sea viable eliminar el IETU, ya que es más importante hacer eficiente el pago de esos impuestos que eliminar alguno de ellos

  • Vea que se pretende hacer con sus impuestos en Mexico

    Para este año el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa invirtió los papeles a la hora de presentar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2011 en relación con el año pasado. Ayer, al presentar al Congreso su proyecto de gasto público federal 2011 dio a conocer que su prioridad vuelve a ser el combate al crimen organizado y el narcotráfico, por lo que demanda mucho más presupuesto para las dependencias encargadas.

    En septiembre anterior sacrificó para 2010 â??año de eleccionesâ?? el gasto de seguridad y las Fuerzas Armadas y pidió un aumento sin precedente para los gastos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los programas antipobreza; no obstante, este presupuesto más o menos se mantiene.

    La Secretaría de la Defensa recibió para este año 43 mil 32 millones de pesos, y para 2011 pide un presupuesto de 50 mil millones de pesos; es decir, casi siete mil millones de pesos más.

    Para la Secretaría de Marina (Semar) se destinaron, para 2010, 15 mil 846 millones de pesos, y para el año siguiente solicita 18 mil 300 millones, alrededor de 2 mil 500 millones de pesos adicionales.

    A Seguridad Pública se canalizaron 32 mil 437 millones de pesos para el año que termina, y para el siguiente el Ejecutivo quiere 35 mil 700 millones de pesos.

    Sin embargo, el Presidente había pedido para este año 27 mil millones de pesos, nada más que los diputados le corrigieron la plana.

    Aun cuando a través del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el gobierno del presidente Felipe Calderón impulsa la creación del mando único policial, al asegurar que las dependencias de seguridad de los estados y municipios son blanco fácil del crimen â??lo que propicia la corrupciónâ??, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, se comprometió a enviar a esos entes administrativos la mayoría de los recursos.

    â??Para esta administración sigue siendo prioridad fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia, al igual que ha venido sucediendo en años anteriores, por eso viene un incremento importante en los presupuestos de seguridad pública. Se están fortaleciendo también los recursos que van a ser destinados tanto a los estados como a los municipios, para que puedan fortalecer sus cuerpos policiacosâ?, dijo Cordero después de hacer la entrega del paquete a Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados.

    Para Desarrollo Social el año pasado Calderón pidió 84 mil millones de pesos; sin embargo, el Congreso le otorgó 80 mil 476 millones de pesos, y para 2011 solicita 79 mil millones de pesos, lo que en términos reales, y pese a no ser su principal prioridad, mantiene más o menos el gasto. Sobre todo si se considera que en 2009 se canalizaron 68 mil 146 millones de pesos.

    Para Educación se aprobaron 210 mil 328 millones de pesos el año pasado, y ahora la Presidencia pide 218 mil 800 millones de pesos, es decir más de 8 mil millones de pesos adicionales.

    Ernesto Cordero Arroyo explicó que el gasto para 2011, que ha propuesto el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, es de 3.35 billones de pesos. Confirmó que seguirá el aumento al precio de las gasolinas y exhortó al Congreso a mantener la tasa del IVA, contra la intención de los diputados del PRI de restar un punto porcentual a este gravamen.

    En este punto, diputados federales del PRI sostienen que van a reducir el IVA de 16 a 15 por ciento. Y del lado del PAN ha trascendido que como el déficit público fijado para 2011 por el Ejecutivo es de 0.3% del PIB, si se aprueba la reducción del IVA entonces se estaría fijando la deuda en 0.4%.

    Llama la atención que Hacienda asegura que para el presupuesto de Energía hubo una disminución de casi 37 mil millones de pesos, al pasar de 39 mil millones en 2010 a 3 mil millones. No obstante, el presupuesto que en realidad aprobó el Congreso fue de 3 mil 163 millones de pesos.

    â??¿Para la digitalización de los televisores, cuál es el presupuesto?

    â??Viene asignado dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de acuerdo a como vaya evolucionando ese programa se irán asignando los recursos correspondientes, pero trae una partida asignada.

    En 2010 el Congreso aprobó un presupuesto de 80 mil 484 millones de pesos, y para 2011 piden 67 mil millones, pues para este año se tenían pendientes inversiones para nuevos satélites.

  • Pide PAN en el congreso responsabilidad en presupuesto 2011

    El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a los legisladores a actuar de manera responsable en la revisión del paquete económico 2011 que el Ejecutivo federal envió el miércoles, y descalificó la propuesta «populista, electorera e irresponsable» del PRI de bajar el IVA de 16 a 15 por ciento.

    En rueda de prensa el vocero del PAN, Maximiliano Cortázar, recordó que medidas populistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaron durante muchos años al país a crisis económicas recurrentes y devaluaciones, situación que se ha revertido gracias al manejo responsable de la actual administración.

    Opinó que una reducción del IVA como lo propone el tricolor «es una medida populista, con tintes electoreros y, sobre todo, sumamente irresponsable, que lo único que ocasionaría es un retroceso y llevar a México a las grandes crisis a que el PRI llevó durante tantos años».

    En ese marco, Cortázar insistió en que el presupuesto presentado por el gobierno federal «es un presupuesto responsable, como se ha venido manejando la parte económica del presidente (Felipe Calderón)».

    Recordó que durante 2009 el país vivió la crisis económica más complicada que se ha tenido a nivel internacional, y que «gracias al trabajo responsable de la administración del presidente Calderón» el país ha salido adelante.

    «Hemos logrado salir adelante y el país va por buen camino en términos económicos, lo que no ha sucedido en otros países tanto de Europa como de Sudamérica», anotó.

    «No compartimos el comparativo sobre el tema; Colombia vivía una situación muy distinta y yo creo que lo que el gobierno federal está haciendo es evitar que con el tiempo pudiera suceder una situación semejante», acotó.

    Cortázar recordó que Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, fue diputado en esa nación, además «creo que varios secretarios han matizado esa declaración»

  • Senadores no sacan 1 sola LEY y ya ven proximo puente

    El Senado de la República aprobará hoy su calendario de actividades para el primer periodo ordinario del segundo año de la 61 Legislatura, que ya incluye un puente laboral.

    Se trata de un puente del 29 de octubre al 3 de noviembre.

    Normalmente las sesiones son los martes y jueves, sin embargo para el Día de Muertos, los senadores aprobarán un puente vacacional.

    Esto, porque la sesión del martes 2 de noviembre se pasó para el miércoles 3 de noviembre.

    De esta forma, los senadores tendrán su última sesión el jueves 28 de octubre, y de nueva cuenta volverán a hacerlo hasta el miércoles 3 de noviembre, es decir casi una semana de vacaciones

  • Diputados piden presupuesto 2011 con «equidad»

    El Partido Revolucionario Institucional propuso al gobierno federal un paquete económico 2011 que asegure la estabilidad de las finanzas públicas, fomente el crecimiento económico y genere empleo.

    En una misiva enviada al ejecutivo, los priistas dijeron que el Presupuesto debe servir para lograr una equidad social.

    El proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 debe ser un detonador del crecimiento económico con sentido social, que tenga como prioridad la inversión en infraestructura, seguridad pública, educación y salud,

    Asimismo, debe contener las debidas previsiones para el campo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la atención a grupos vulnerables, así como para la equidad de género, la ciencia y tecnología y la protección del medio ambiente.

    Destacaron que no aprobarán ningún incremento de impuestos o alza de las tasas en los ya existen.

    Por lo contrario el objetivo es impulsar el mercado interno y el bienestar de la población, por lo que los diputados acordaron reducir la tasa del IVA por lo menos del 16 al 15 por ciento y del 11 al 10 por ciento en la frontera

  • Ya hay presidente de la Camara de diputados

    Los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidirá la Mesa Directiva y la panista Josefina Vázquez Mota encabezará la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

    El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro, Pablo Escudero, informó que el acuerdo se destrabó cuando acordaron reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para que el próximo año el PRD pueda presidir al mismo tiempo la Jucopo y la Mesa Directiva.

    En entrevista, Escudero manifestó que sólo falta formalizar el acuerdo y definir los tiempos para la reforma a la ley que rige al Congreso de la Unión, la cual tal y como está ahora, no permite que un mismo partido presida ambos órganos de gobierno al mismo tiempo

  • A pero en serio, que tercos, IVA a 15% presenta el PRI

    La bancada del PRI, representada por el diputado Rubén Moreira Valdés, presentó una iniciativa de ley ante el pleno de la cámara de diputados para reducir el impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 15 por ciento, así lo argumentó ante la falta de resultados hace un año se hizo una modificación a nuestras leyes impositivas.

    â??Se nos había dicho que el país tenía una emergencia, que teníamos un famoso boquetazo, que el precio del petróleo iba a disminuir, que en el país iban a bajar los ingresos. Se nos prometió reducir el gasto corriente. Pasado un año estas cosas no han sucedido. Lo único es que se recaudó más. Se le quitaron a los mexicanos más impuestos y aumentaron los subejerciciosâ?.

    En la iniciativa el legislador refirió que el segundo informe trimestral de las finanzas públicas del presente año revela datos de los que se desprenden que no se ha cumplido con el objetivo de alcanzar la cifra de recaudación proyectada.

    En tanto que los ingresos del sector público federal mostraron un incremento real del 0.9 por ciento en comparación a los de enero-junio de 2009, originados por la actividad petrolera y la recaudación de otros ingresos tributarios.

    â??Cabe puntualizar que la presentación de la iniciativa tuvo el respaldo de diputados priistas que con una m anta cuya leyenda decía no más impuestos, de dio el banderazo al debate…los perredistas criticaron al PRI que en un año aumentaron el gravamen y en otro lo quieren reducirâ?, untualizó.