El juez Baltasar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela notificará hoy el auto judicial en el que acuerda juzgar a Baltasar Garzón, informaron a Efe fuentes jurídicas.
La decisión del juez del Tribunal Supremo llevará previsiblemente a la suspensión cautelar de Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional española que cobró gran notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
Los hechos por los que está encausado se remontan a 2008 cuando Garzón se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y en la dictadura franquista, para lo que llegó a ordenar la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas durante esa época.
Contra la resolución del magistrado del Tribunal Supremo cabe interponer recurso de apelación, según han informado fuentes del Alto Tribunal.
En la misma, el juez Varela deniega las pruebas que había reclamado Garzón y emplaza a las partes -la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS (de ultraderecha)- a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.
El juez Baltasar Garzón había reclamado que se citara antes a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.
Entre los testigos solicitados por el magistrado figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
Meses después de declararse competente para investigar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados locales donde están ubicadas las fosas.
El juez explicó en ese momento que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos «permanecen» y no prescribieron.
Baltasar Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.
El juez Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que «actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (…) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España»