Al menos 24 personas fueron asesinadas este miércoles por un comando armado en un centro de rehabilitación del municipio mexicano de Irapuato, en el estado central de Guanajuato, el cual se ha convertido en el epicentro de la violencia de México.
«Lo que refieren (testigos) es que llegaron sujetos, se metieron al lugar, los pusieron en el suelo y les dispararon», dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, a medios, cerca de donde ocurrió la matanza.
El funcionario indicó que el saldo preliminar del ataque fue de 24 personas muertas y siete heridas. Explicó que en el momento de la agresión había alrededor de 35 personas en el lugar, por lo que se presume que algunas de ellas lograron escapar.
Después de que el sistema de emergencias recibiera aviso de los hechos en la tarde de este miércoles, al lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para resguardar el centro de rehablitación, que operaba de manera ilícita según el secretario de Seguridad Ciudadana, sin que las autoridades hayan informado acerca de detenciones.
Este tipo de lugares, también llamados anexos, han sido blancos constantes de ataques en Irapuato, el segundo municipio más poblado de Guanajuato, con unos 600.000 habitantes. El 4 de diciembre del año pasado un comando armado ingreso a uno de estos establecimientos y secuestró a 25 personas internadas en él.
Posteriormente, el 8 de febrero de este año, en otro centro de rehabilitación secuestraron a cinco personas, además de incendiar dos casas aledañas, un taller mecánico, automóviles y motocicletas. De igual manera, el día 6 del presente mes de junio 10 personas fueron asesinadas en otro ataque al interior de otro anexo en Irapuato, considerado una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Guanajuato se ha mantenido desde 2019 como el estado mexicano con más homicidios dolosos. De enero a mayo de este año se registraron en él 1.903 asesinatos, lo que supone un promedio de 12 diarios.
Una persona identificada como Jaime “T”, alias El Alacrán, sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por su vinculación en el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido el 16 de junio en Colima.
Está relacionado con el feminicidio de la diputada Anel Bueno Sánchez, cuyo cuerpo fue localizado el 3 de junio.
La Fiscalía General de la República informó que la detención de El Alacrán se realizó durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión, en coordinación con la Marina.
Por el doble asesinato se cumplimentó también orden de aprehensión, en reclusión, en contra de Ayard “B”, alias El Canelo.
En nuestro país hay que leerles la cartilla a los jueces y señalarles para quién trabajan, ya que parece que están más del lado de los malos que de los buenos.
La pérdida de empleos provocada por el covid-19 se reduce en México, pero continua, aunque muchos negocios han abierto con permiso o no de las autoridades, el desempleo crece en nuestro país.
Sólo 70 mil puestos de trabajo se perdieron en junio, lo que contrasta con las más de medio millón de plazas que quedaron cesantes en abril, según los datos divulgados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Presidente lo que no sabe es que estas cifras son oficiales, maquilladas, así como el número de muertes por covid o el número total de los enfermos, solo son muestras, el verdadero problema ni siquiera es del doble de lo mostrado.
El mandatario auguró que en julio ya se habrá detenido la caída y que la recuperación podría comenzar en agosto, pro al igual que a su tocayo López Gatell, nadie le cree.
Desde el inicio de las medidas de aislamiento social, a finales de marzo, el país ha perdido alrededor un millón de empleos formales y un número indeterminado de trabajos informales, donde radica el ingreso de la economía familiar de la clase media, ya que si bien el padre asiste a la oficina, son los hijos o la madre quienes acompletan en la informalidad, el ingreso familiar.
En abril se perdieron 555 mil empleos, en mayo, 345 mil, en junio, 70 mil y, según López Obrador, en julio ya no habrá caída, pero lo cierto es que cada vez más sectores se suman a la disminución de la inversión, México enfrenta el panorama más negro de todo el continente, aunque el presidente diga que tiene otros datos.
Urge una reactivación exitosa y el Gobierno Federal no sabe que hacer.
La negativa de Morena a retirar las palabras “entre otras” de la convocatoria, tiró los acuerdos políticos para convocar a dos periodos extraordinarios de la Cámara de Diputados, uno para avalar las leyes del TMEC y otro para elegir a los consejeros del INE.
“No vamos a darle un cheque en blanco a la mayoría”, expresaron las priistas Dulce María Sauri, diputada federal, y Claudia Ruiz Massieu, senadora, quienes lamentaron que en la Cámara de Diputados no se apueste por el diálogo y el acuerdo y sólo se pretenda imponer las mayorías.
“Cuando legislamos no podemos aceptar la puerta falsa de la improvisación que tenga como razón fundamental, razones que no son las del pueblo de México, sino muy especiales de un grupo de la mayoría”, manifestó Sauri.
Dijo que de manera irresponsable y suspicaz, al convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados dejaron abiertos los temas sujetos a discusión y aprobación, con el riesgo de que la agenda legislativa sea en beneficio y a capricho de un grupo político y no de las necesidades del pueblo mexicano.
En contraste, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena y sus correligionarios, acusaron a los opositores de bloquear las leyes del T-MEC por un capricho; por un intento de chantaje.
El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, les dijo a los integrantes del bloque opositor que podían frenar el extraordinario, como resultado de un acuerdo político, no porque la población así lo hubiera decidido, porque los mexicanos le dieron la mayoría absoluta a Morena.
Y es que justamente Morena se quedó a un voto de lograr la mayoría calificada, porque Movimiento Ciudadano (MC) tuvo a Verónica Delgadillo como representante, dado que Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, acordó con el líder de MC, Dante Delgado, que no pediría a José Ramón Enríquez que se presentará, una vez que se pasó a Morena.
La Convocatoria incluyó la frase “Acuerdos de los órganos de Gobierno, entre otros” y enumera temas administrativos, pero desde la perspectiva de la oposición eso abría la puerta para la inclusión de otros temas, sobre todo porque Mario Delgado y Pablo Gómez presentaron una iniciativa nueva para que se pueda modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue el tema que en mayo pasado también hizo fracasar la convocatoria al Extraordinario.
El rechazo a la primera convocatoria para aprobar las leyes T-MEC, que incluía abrir el proceso para la elección de los consejeros del INE, generó que el segundo periodo a convocar para elegirlos fracasara.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la predicción de una caída del 10,5 % de la economía mexicana en 2020 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) «está muy pesimista», en contraposición a su opinión.
«Yo estoy muy optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Sostengo que nos vamos a recuperar pronto», aseveró el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.
«El trimestre más difícil, sin duda, es este: abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio», concedió el presidente, aunque se apoyó en los datos de empleo formal para justificar su optimismo, y aseveró que en «julio ya no va a haber pérdida de empleo».
El amparo que se ingresó contra el tramo 1 del Tren Maya tiene motivación política, consideró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera de hoy.
Hoy vamos a tener información. Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos judiciales, si alguna autoridad judicial nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad.
“Todavía no sabes qué efectos tiene porque esto no se origina por donde va a pasar el Tren Maya, no son los que podrían resultar afectados, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada, para que dijeran que no estamos trabajando”.
El mandatario indicó que no se detiene la obra, pues cuestionó la procedencia del amparo cuando la obra se está haciendo sobre una vía del tren de hace más de 80 años.
Ayer, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, informó que el amparo aún no se resuelve definitivamente, dado que se refiere a obra nueva, cuando el primer tramo ahorita sólo comprende rehabilitación y mantenimiento de la vía existente.
Se necesitan tres ingredientes básicos para que estalle el terror: una mafia local con poder; una policía rebasada o corrupta y disputas locales por el control. El sistema colapsa. La violencia que está sufriendo México no es, según los expertos, la misma que hace 20 años, cuando los grandes capos de la droga se repartían zonas. El Estado de Guanajuato es el ejemplo del nuevo descontrol. El cartel Santa Rosa de Lima se ha hecho fuerte en una de las entidades más prósperas a base de robar combustible de Pemex, según las declaraciones del Gobierno, pero también de la extorsión. La región ha pasado de ser conocida como tierra de riquezas a la zona más sangrienta del país. Y José Antonio Yépez, El Marro, el líder de este grupo criminal, se ha convertido en otro enemigo público de México.
El fin de semana, un operativo del Gobierno contra El Marro provocó graves destrozos al sur de la entidad. El Bajío, la región más industrializada y de las más ricas del centro del país, es donde el cartel tiene influencia. Colaboradores de la banda de Santa Rosa cortaron carreteras e incendiaron vehículos, desde coches hasta tráileres, ante la presencia del Ejército y las autoridades estatales. Los criminales quemaron supermercados y negocios en la ciudad de Celaya, la más importante del sur del Estado. El saldo: 31 detenidos, entre ellos la madre de El Marro, una hermana, una prima y dos colaboradores —tenían previsto detener solo a cinco personas— a los que agarraron con dos millones de pesos en efectivo y metanfetaminas. De todos los arrestos, la Fiscalía alegaba que 26 estaban relacionados con los disturbios e iban a ser acusados de terrorismo. Los 26 han sido liberados este martes, había siete menores de edad. La explicación del Gobierno: un golpe a la estructura financiera del cartel. El capo: en paradero desconocido.
El Gobierno de López Obrador emprendió hace más de un año una batalla para desmantelar al que ha designado como el líder del huachicol (robo de combustible) en México. Desde la Administración mexicana defienden que al cortar el grifo del robo de combustible, la región del Bajío estalló. Entretanto, todos los intentos por atrapar al capo han fracasado pese a que la capacidad operativa de este grupo criminal no parece tan amenazante como la de otros como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.
“Las últimas detenciones no respondieron a un plan bien diseñado. En el momento en el que detienen a la mamá y a los demás, debieron haber sitiado el Estado, puesto retenes en todas las carreteras. Pero además de las detenciones, que no veo que estén mal, ¿qué están haciendo para enfrentar al negocio?, ¿cómo van a impedir más violencia? El Marro ya ha amenazado al Gobierno con aliarse con otros más fuertes”, cuenta Guillermo Valdés, exfuncionario del CISEN (antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional). “Me puedo equivocar, pero debieran de tener, con la experiencia acumulada de 14 años de lucha contra el crimen organizado, un aprendizaje de cómo ser más eficaz en estas cuestiones. Los operativos consisten en mucha presencia disuasiva y poca actividad estratégica para desmantelar los negocios y a la organización. No veo que el Ejército se haya modernizado en sus estrategias”, añade Valdés.
La presión del Gobierno federal y estatal contra este grupo criminal se suma a una disputa del territorio contra colaboradores del cartel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como el más poderoso del país. Una organización criminal que ha basado su éxito en expandirse por todo el territorio con una dinámica que revolucionaba el anterior esquema de grandes capos: aliarse con pequeñas bandas locales, empoderarlas y dejarlas usar su marca. “En Guanajuato hay un pleito de carteles, nada diferente a otras partes. Pero lo que observamos no cuadra: la infraestructura policial y de seguridad, al menos estatal, está muy por encima de la media nacional, tienen la capacidad de enfrentar a este grupo. Además no es muy numeroso, será poderoso, latoso, pero no tiene más poder que las fuerzas de seguridad de Guanajuato. Tienen más patrullas, más armas, más equipo, ¿por qué no acaban con ellos?”, se pregunta Bernardo León, quien hasta hace unos meses fue asesor de seguridad en León, otra de las grandes ciudades de Guanajuato.
Guanajuato supone el ejemplo más extremo del tipo de violencia que vive México. “Una violencia que se alimenta de sí misma”, apunta el analista en temas de seguridad, Alejandro Hope. “El Chapo y aquella lógica criminal es el pasado, lo que sucede en Guanajuato es el futuro de la dinámica violenta en México. Hace 20 años, crimen organizado y narco eran palabras intercambiables. Gente que contrabandeaba drogas hacia Estados Unidos y su conexión con las comunidades locales era tenue. Eso ha cambiado. El negocio ya no solo es el narcotráfico. Por eso la ubicación importa menos, ya no necesitas controlar la frontera o los cultivos. Si de lo que se trata es del expolio de las economías locales —la extorsión, el robo de combustible, el narcomenudeo— cualquier sitio es bueno”, añade Hope.
La violencia en el Estado ha alcanzado sus niveles máximos este año. En plena pandemia y con medidas de confinamiento, en Guanajuato se ha asesinado más que antes. Las cifras oficiales registran hasta mayo 2.089 asesinatos, es decir, casi 14 al día. La ciudad de Irapuato ha sido considerada una de las más violentas del mundo.
Los expertos coinciden en que pretender analizar la violencia que sufre el país y en concreto Guanajuato con movimientos estratégicos de grandes carteles es simplificar demasiado el asunto. “Hemos pasado a muchas más bandas, dedicadas a más cosas, donde la violencia se ha vuelto híper local. Hay cadenas de venganzas: me mataste a mi primo, te mato a tu hermano; esa violencia ya no tiene que ver con el origen de la disputa, se trata más de mantener el capital reputacional de los malandros [criminales]. La violencia involucra ya no solo a los sicarios, sino a pandillas con sus propias peleas”, explica Hope.
El contexto próspero de Guanajuato puede compararse con el que tuvo Ciudad Juárez (Chihuahua) hace varios años. Un crecimiento exponencial que no genera capital social. La inversión industrial se ha traducido en sueldos miserables, en la creación de zonas marginales a las afueras de las ciudades y con altísimos índices de desigualdad. Un estudio de la Universidad de Guanajuato estimaba en 2015 que en la entidad, de casi seis millones de habitantes, un 42,4% eran pobres y 257.600 personas vivían con menos de dos dólares al día. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntaba que Guanajuato es, después de Nuevo León, la entidad más desigual del país. Un rico gana casi 30 veces más que un pobre. “La mayoría de los criminales que se detenían en León, incluso más del 90% de las víctimas de homicidio, era pobre”, cuenta Bernardo León sobre su desempeño el año pasado en el Estado.
El Gobierno de López Obrador ha insistido en que la política social es su arma para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Y puede que ese sea un brazo, coinciden los analistas. Pero mientras llegan las ayudas, las bandas fragmentadas están matando más que nunca. El Gobierno estatal, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez (del PAN, de oposición al federal) alega que necesitan refuerzos. “Yo no me creo que no puedan combatir ellos solos la criminalidad en el Estado. Porque estuve ahí y vi la capacidad que tienen. Algo debe estar sucediendo, no sé si es negligencia, corrupción u omisión de las autoridades. Y del otro lado, ningún cartel es más poderoso que el Estado mexicano”, apunta León.
La siguiente historia muestra como una institución nacional, que ayuda sin esperar nada a cambio, ha servido tanto al país, que es lógico cometa errores pero esos mismos errores, no pueden opacar su gran corazón y lealtad a la sociedad. Viva el ejército de México.
Como todos los días, Luis Ángel Martínez, el niño que quiere ser militar, llegó al camellón de la colonia Roma para colocar sus juguetes que espera intercambiar por comida, ante la difícil situación económica en su casa.
Acompañado de su madre, Susana, el menor recibió los juguetes que llegó a regalarle el menor Leonardo Velázquez, y luego la ayuda económica de la señora Celia Ayala.
Luis Ángel se sentó a esperar la ayuda de más gente, cuando al camellón de Cuauhtémoc y Frontera llegó la youtuber soldado Alexa Bueno, quien se acercó a platicar con el estudiante de primaria.
– “Saliste en la tele, ¿sí te viste?
– “No”, respondió, tímido, Luis Ángel.
– “Haz de cuenta que nosotros sí te vimos, y ¿adivina que vimos?”
– “Que quiero ser militar”, comentó Luis Ángel, sentado en el camellón, junto a su juguetes y libros que pone la venta.
-“Que quieres ser militar, así es. Entonces, nosotros te traemos una sorpresa muy grandota, vale, pero van a venir unos compañeritos, es para que no te vayas a espantar porque vienen algunos militares conmigo”, le explicó la soldado Bueno.
Al lugar llegó el “Soldado Bravo”, la botarga de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un presente en las manos, lo que provocó que Luis Ángel se incorporara de inmediato.
El regalo contenía una película, un vaso, una playera, una cantimplora, una taza y una lámpara, entre otros artículos del Ejército y Fuerza Aérea.
Pero también llegaron elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, encabezados por el capitán Segundo de Infantería, Sabak Rivas Cabral, con una despensa integrada con productos de la canasta básica, además de un regalo extra.
“Mis compañeros y yo pertenecemos a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y te traemos un regalo para ti y tu familia, esperamos lo puedan disfrutar; además te traemos otra sorpresa.
“Ves la boina que traigo, te vamos a dar una, ¿me permites ponértela?, párate bien derecho por favor. La boina carmesí representa el valor y la gracia de todos los paracaidistas, además te traemos un chaleco confeccionado especialmente para ti”, le dijo el capitán Rivas.
Ante la mirada de peatones y automovilista, que curiosos se detenían, Luis Ángel agradeció los presentes de la Sedena y del grupo de Fusileros Paracaidistas.
“Representa a cada uno de los niños mexicanos que tienen un sueño, yo veo a un niño que antepone a su familia por cualquier cosa, creo que es un gran valor y al final significa que muchos mexicanos sueñan o desean formar parte del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, absolutamente nada se los puede impedir”, comentó la soldado Bueno.
Luis Ángel con una emoción opacada por el cubrebocas, comentó que ahora va a estudiar más para entrar al Ejército.
Las autoridades de sanidad de Estados Unidos emitieron el lunes una advertencia sobre un gel desinfectante de manos fabricado en México porque contiene grandes cantidades de metanol, o alcohol metílico.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) dijo que el metanol “puede ser tóxico si se absorbe a través de la piel o se ingiere”, y recomendó a los consumidores desechar nueve marcas de geles desinfectantes fabricados por la empresa Eskbiochem SA de CV.
La FDA señaló que una de las marcas contiene 81% de metanol y no alcohol etílico, que es el bebible.
A finales de la semana pasada, la FDA dijo que había contactado a Eskbiochem para “recomendar a la compañía quitar sus productos de gel desinfectante de manos del mercado por los riesgos relacionados con la intoxicación por metanol”, pero que la compañía no lo había hecho. La empresa no respondió por el momento a una solicitud de comentarios realizada por correo electrónico.
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En poco más de un año, Beatriz Gutiérrez Müller pasó de ser la esposa a la que escuchaba Andrés Manuel López Obrador y carecía de voto y veto, a la esposa a la que el Presidente le hace caso y lo lleva a modificar políticas públicas y acciones de gobierno. La vimos actuar por primera vez cuando lo empujó a un diferendo diplomático con España por exigir a manotazos una disculpa por la Conquista, hace más de 500 años, y recientemente, al empujarlo a firmar la muerte de un órgano contra la discriminación –que surgió del activismo y la presión de luchadores de la verdadera izquierda mexicana en beneficio de la nación–, y provocar una polémica censura a la libertad de expresión.
A lo largo de este tiempo, Gutiérrez Müller se ha colocado en las antípodas de lo que su complaciente esposo dice no ser: déspota, autoritaria e intolerante. El último episodio, discutido ampliamente, sobre la insensibilidad y torpeza de Mónica Maccise, que como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación invitó al comediante Chumel Torres a un foro sobre racismo y clasismo después de que se había referido de manera racista y clasista sobre el hijo menor de la pareja presidencial.
Su intervención, sin facultad alguna para hacerlo, para que la Comisión cancelara el foro, fue preludio a que el Presidente pidiera el cierre del respetado organismo en México y el mundo –como lo han demostrado las críticas al Presidente por su ataque al organismo–, y a sus más cercanos a exigir a la cadena HBO, que transmitía un programa de Torres, cancelarlo. Lo profundamente despreciable de los comentarios del comediante sólo fueron superados por el condenable ataque a las libertades, sólo vistas hoy en día en regímenes autoritarios. Se puede argumentar que si el Presidente no detuvo esas acciones ilegales e ilegítimas, es porque las avala y las escala.
Este desafortunado e inacabado episodio desnuda el talante de Gutiérrez Müller, quien no fue la primera vez que intervino con la fuerza implícita que le da ser la esposa del Presidente. El año pasado, cuando su hijo tuvo un accidente que ella misma hizo público en redes, y convirtió un asunto privado en público, protestó airadamente a El Universal por publicar la fotografía del menor saliendo del hospital en una silla de ruedas. Los propietarios del periódico sintieron que tenían que compensarla y sacrificaron a dos experimentados editores y a una reportera.
La forma como irrumpe la señora presidenta, por la que nadie votó pero que toma decisiones que afectan a la sociedad, no tiene precedente. Otras primeras damas –un término que le choca que le apliquen, aunque no significa absolutamente nada y es un sinónimo popular para identificar a la esposa del presidente aquí y otras partes del mundo–, han tenido influencia sobre sus cónyuges, pero sin el talante abiertamente brutal, por lo violento de sus formas y consecuencias, como el que realiza Gutiérrez Müller.
Marta Sahagún, quien se casó con Vicente Fox en Los Pinos, fue precursora de la señora Gutiérrez Müller en convertir asuntos de vida privada en públicos, y usaba su influencia con su esposo, no para cambiar políticas públicas, sino para hacer gestiones para conocidos –algunos actuales colaboradores de López Obrador en Palacio Nacional, por cierto–, y tejer negocios al amparo del poder. La señora Fox sí se llegó a quejar, en calidad de operadora de medios de su esposo, sobre coberturas periodísticas, pero sin amenazas ni gritos.
Fuera de Marta de Fox, no se recuerda a nadie con las ínfulas de poder que da compartir alcoba con el Presidente. Los abusos cometidos, como la frivolidad de Angélica Rivera, no causaron daño a la sociedad, sino más bien fue tóxico para su esposo Enrique Peña Nieto, a quien una casa adquirida en un claro conflicto de interés, pavimentó el último trato de la carretera para que López Obrador llegara a la Presidencia.
Rivera nunca se quejó con los medios de los insultos soeces contra sus hijas, algunos de ellos proferidos por los que ahora se quejan de Torres. Margarita Zavala, que tenía una larga carrera política cuando Felipe Calderón, su esposo, llegó a la Presidencia, nunca se quejó de las duras críticas que recibieron, y si bien no dejó de hacer política partidista, no lo hizo de manera pública.
Previamente, ninguna esposa de presidente actuó en la política, ni generó escándalos públicos. La única primera dama que vivió un episodio vinculado con una publicación fue Carmen Romano, esposa del presidente José López Portillo, cuando en la parte final del sexenio apareció un libelo –llamándola incluso meretriz–, en una revista del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual provocó una indignación que llevó a la destitución violenta de su entonces director, Juan José Bremer.
Más allá de aquello, no se habían vivido ataques frontales a las libertades como los que realiza la señora Gutiérrez Müller. El presidente López Obrador insiste siempre en que respeta las libertades, lo que objetivamente es cierto, y que no hace lo que otros presidentes, que piden cabezas de periodistas, que también es cierto. Por eso mismo, al encontrarse en sus antípodas, su esposa tendría que contenerse o ser frenada. En términos de responsabilidad política y rendición de cuentas, la señora no existe, pero la tolerancia a sus acciones provoca alteraciones en la vida pública, lastima a instituciones y provoca cambios en la política, que afectan a todos.
En el episodio con el Conapred y Chumel Torres, el sentido común y la indignación pública coinciden con la molestia de la señora Gutiérrez Müller. No así en sus arrebatos, ni en la forma como se dejó influir Andrés Manuel López Obrador y actuar en consecuencia, lo que es improcedente e indebido para un Presidente, que respondió con acciones que afectarán a miles de personas, y todo por un arrebato de su esposa.
