Categoría: Mafias

Un primo segundo del presidente panameño, Ricardo Martinelli, que fue detenido el viernes en Ciudad de México, está acusado de pertenecer a un grupo que transportaba dinero de un cártel mexicano entre ambos países, informó este sábado la fiscalía mexicana. Ramón Ricardo Martinelli Corro y otros siete arrestados son «presuntos integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares americanos de México a Panamá», reportó la Procuraduría General de la República en un comunicado.

Los dólares «pertenecen a la organización criminal de los ‘Beltrán Leyva’ y son enviados para el pago de droga y lavado de dinero», añadió el organismo. A partir de la captura, en fecha no determinada por la fiscalía, de cuatro miembros de la célula en el aeropuerto internacional de la capital mexicana con 409.000 dólares en su poder, se pudo localizar el viernes en varios hoteles a otros cuatro elementos del grupo, todos de nacionalidad panameña, entre los cuales se encontraba Martinelli.

La fiscalía añade que en Panamá también existen investigaciones sobre esta célula del cártel de los hermanos ‘Beltrán Leyva’, uno de los más poderosos de México. Esta organización es encabezada por cinco hermanos que han sido señalados como ex cabecillas del cártel de Sinaloa, organización de la que se separaron en enero de 2008.

La vocera del gobierno panameño, Judy Meana, informó el viernes de la detención de Martinelli Corro y lo identificó como primo segundo del presidente panameño. El mandatario, sin embargo, mantiene «su compromiso de lucha frontal contra el crimen organizado», sin importar «quienes sean las personas que estén involucradas», dijo Meana a los medios.

El gobierno mexicano mantiene desplegados a casi 50.000 militares y miles de policías contra los cárteles narcotraficantes mexicanos, a los que responsabiliza de más de 14.000 homicidios en los últimos tres años en el país

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México lanzará en las siguientes semanas una serie de programas sociales para enfrentar con un nuevo enfoque la violencia que afecta a la fronteriza Ciudad Juárez, una de las localidades del país más afectadas por el narcotráfico, anunció el viernes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Dijo en encuentro con la prensa extranjera que el gobierno busca lograr la «reconstrucción del tejido social» en Ciudad Juárez, donde aseguró que en los últimos años diversos sectores sociales llegaron a mantener relaciones de «cooperación lícita» con grupos del crimen organizado que ahora se han vuelto en contra de ellos mismos.

«La sociedad se dio cuenta de que había abierto las puertas a personas que hoy amenazan sus propios hogares», dijo Gómez Mont. No dio detalles del plan social, y sólo comentó que «en las próximas semanas se estará dando una iniciativa de reconstrucción comunitaria en Juárez, tendiente a incrementar la variable social en el ejercicio de la seguridad»

En Ciudad Juárez, fronteriza con Texas, la violencia atribuida al crimen organizado ha dejado más de 2.000 asesinados en lo que va del 2009, lo que la ha vuelto una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo. El gobierno ha desplegado miles de soldados y policías federales para contener la violencia. Gómez Mont dijo que se busca reforzar la parte social debido a los miles de jóvenes en áreas marginales, pandillas con «una vocación natural al narcomenudeo» y sectores que «llegaron a tener relaciones de negocios lícitas… actos de cooperación lícita con ellos que no se percibía como un acto indebido de colaboración con las organizaciones criminales».

Afirmó que hoy la violencia en ciudad fronterizas mexicanas, como Juárez, tienen vinculación con fenómenos sociales que ocurren en las localidades de Estados Unidos con las que colindan. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado ha dejado más de 13.500 muertos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

Apenas la noche del jueves, cuatro oficinas y puestos de seguridad en el estado central de Guanajuato fueron atacados simultáneamente con granadas y disparos, en acciones que dejaron un herido y fue atribuida por las autoridades a un cartel del narcotráfico. Los sucesos motivaron el despliegue del ejército para labores de vigilancia y la cancelación de un desfile en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, así como de las clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles -incluyendo guarderías y universidades- en la ciudad de Celaya y pueblos circundantes, informó el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

Los ataques fueron uno contra las oficinas de la Procuraduría General de la República, dos en instalaciones de la policía municipal y uno adicional a unidades de policía estatal. También hubo otros dos ataques solo con armas de fuego en lugares no detallados.
El procurador dijo que era «muy probable» que haya sido una represalia por el arresto de Cristóbal Altamirano Piñón, alias «La Rubia», señalado como un importante miembro del cartel de La Familia. El hombre fue arrestado el miércoles bajo sospecha de cometer cuatro homicidios y dos secuestros.

La Familia Michoacana tiene la reputación de haber dominado el mercado de las metanfetaminas y usar sin contemplaciones la violencia contra otros que rivalizan por las rutas para traficar drogas y contra las autoridades a las que ha dirigido varios ataques.

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Grupos de delincuentes perpetraron anoche ocho ataques continuos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y a las bases de la Policía municipal de Celaya y del municipio de Villagrán con el saldo de un civil lesionado y daños materiales a edificios y vehículos oficiales.

Los atentados registrados en un lapso de tres minutos con granadas de fragmentación y armas de alto poder, se atribuyen a la reacción del crimen organizado por la captura de Cristóbal Altamirano Piñón «La Rubia», «La Güera» o «El Tribi», presunto líder de La Familia guanajuatense la noche del miércoles, informó el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa.

La alcaldesa Laura Ruby López Silva ordenó la cancelación del desfile conmemorativo del 20 de noviembre y anunció la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles y el servicio de guardería, a causa de la violencia, a su vez el titular de Protección Civil, Hiram Castillo, recomendó a la población abstenerse de acudir a los antros y bares.

Elementos del Ejército, policías federales, agentes de la policía ministerial del estado y policía municipal custodian los accesos a la ciudad y las instalaciones de las corporaciones de seguridad.

A las 22.30 horas de este jueves un comando lanzó tres granadas de fragmentación al interior de las oficinas del Ministerio Público Federal de la subdelegación de la PGR en la colonia Arboledas, tres de estas explotaron en el patio y un artefacto más se quedó sin detonar bajo una camioneta oficial en el exterior de la dependencia.

El edificio de la PGR y tres vehículos sufrieron daños, en tanto el equipo antibombas del Ejército maniobraron por cuatro horas en la detonación controlada de la granada de fragmentación.

La violencia se extendió a la caseta de policía de la Colonia San Juanico, localizada en avenida Causarina y Torres Landa, con un civil lesionado por esquilas de granada, informó el procurador de Justicia.

Casi en forma simultánea un grupo armado rafagueó el edificio del Instituto de Formación Policía (Infopol) por personas que iban a bordo de una motocicleta y hubo ataques en el estacionamiento de la plaza parque Celaya y en las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo.

En la calle Francisco Quintanilla del Barrio de San Juan se encontró una granada sin activar en el interior de una camioneta Ram gris y en otro artefacto automóvil de la colonia Misión San José.
Javier Gasca, director de la policía de Villagrán, confirmó que sujetos en una camioneta aventaron una granada a las instalaciones de la corporación que provocó daños materiales.

Consideró que fue una acción distractora de grupos delictivos que huían después de realizar los ataques en Celaya.

Militares, Policía Federal, Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Ministerial y Policía Municipal implementaron operativos de localización de los responsables, sin que hasta ahora haya detenidos

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Una descarga de cuerno de chivo (rifles AK 47) y las vidas de Rosana, María y Linda, de 23, 22 y 10 años, se terminó dentro de una camioneta Ram 1500 que circulaba por una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua, conducida por un hombre desconocido que también falleció a principios de octubre.

Justo un mes antes, Adriana Ruiz Muñiz, una guapa edecán de 30 años, fue raptada cuando se dirigía a su casa, ubicada al sur de la fronteriza Tijuana, y apareció dos días después en un basurero decapitada y con huellas de tortura.

Por la zona, también tres muchachas de menos de 20 años fueron disueltas en ácido el 2 de abril pasado en la ciudad de Mexicali, en Baja California, por el sicario y narcotraficante Antonio Grajeda Mendoza, «El Negro», quien confesó al Ejercito sobre el paradero de las jóvenes desaparecidas en agosto de 2008.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que en los últimos tres años han sido asesinadas en promedio 165 mujeres por asuntos relacionados con el narcotráfico como la venta, transportación y cruce de droga a Estados Unidos; robo de autos, distribución de pagos a integrantes del crimen organizado o por suplir a sus parejas.

La prensa local del norteño estado de Chihuahua, que concentra el 40% de las más de 14 mil ejecuciones registradas en México desde 2007, contabiliza cifras más estremecedoras: sólo en este año documentó 121 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

De estos casos, al menos 95 perdieron la vida por impactos de bala y en 71 se estableció como principal línea de investigación la delincuencia organizada y el narcotráfico, a diferencia de otros tiempos cuando el homicidio de féminas era por causas sexuales o por violencia intrafamiliar Un informe de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua señala que tales víctimas fueron asesinadas con armas calibre .9 milímetros o fusiles AK-47 o calibre .50 conocidas como «matapolicías».

«Las mujeres están siendo involucradas por sus parejas o por familiares, quienes en otros tiempos se oponían a que la mujer tuviera un papel activo», dice Leonel Aguirre, de la organización Derechos Cívicos de Sinaloa, entidad donde al menos 60 mujeres han muerto a balazos, quemadas o degolladas en 2009.

Entre las más recientes ejecuciones con este perfil en el estado sureño de Guerrero se suman cinco mujeres de entre 20 y 35 años de edad encontradas el pasado 23 de septiembre en Guerrero, apilados al borde de la carretera estatal que une a los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo.

Estaban rodeadas de casquillos cerca de una de las playas más hermosas del país

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Un arsenal de armas de guerra decomisado ayer en la provincia de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, pertenecía a una célula del cartel del narcotráfico mexicano de Sinaloa, informaron hoy las autoridades nicaragüenses.

La Policía Nacional indicó hoy en un comunicado que el arsenal, compuesto por 53 fusiles de asalto AK 47, cuatro M-16, un Galil, una M-79, dos lanza morteros, diez granadas, 20 cartuchos de TNT de 200 gramos y otros 10 de 400 gramos, 19.236 cartuchos para fusiles AK 47 y 80 cartuchos para M-16, «eran transportadas por miembros del cártel de Sinaloa» en una camioneta con matrícula nicaragüense.

Ese cargamento de armas y municiones fue confiscado el domingo en la provincia de Matagalpa en una operación conjunta de la Policía y el Ejército, señaló la fuente.

El arsenal fue hallado en la camioneta en la que viajaban los presuntos miembros del cartel de Sinaloa, que la dejaron abandonada tras mantener un tiroteo con la Policía, que los perseguía.

Los ocupantes de la camioneta, que fue confiscada junto a las armas, lograron huir.

La Policía Nacional informó que están allanando varias viviendas en diferentes puntos de Managua, donde se sospecha que tuvieron almacenadas las armas.

Agregó, además, que están tras la búsqueda del mexicano Roberto Bedolla Corona, alias «El Ingeniero», considerado como el principal cabecilla del grupo que transportaba las armas y quien hace un mes residía en una vivienda en Managua, que alquilaba

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La estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada tiene una falla de origen: no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumente el número de víctimas y los casos de corrupción, coincidieron expertos en materia de seguridad, tanto nacionales como extranjeros.

Urgieron a la administración de Felipe Calderón a iniciar el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras y aplicar la Convención de Palermo para atacarlos económica, judicial, política y socialmente.

Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados, ni por la Secretaría de Hacienda (SHCP), ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

â??La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar estos temas, pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendaría al secretario de Seguridad Pública Federal que en vez de preocuparse por tener más helicópteros se ocupe en alimentar investigaciones para el desmantelamiento patrimonial del hampaâ?.

Para Buscaglia, el gobierno mexicano no tiene estrategia cuando bastaría implementar la Convención de Palermo adecuadamente.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional rubricó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir de manera más eficaz a los cárteles. Con 147 países firmantes, entre ellos México, la Convención de Palermo consigna 41 artículos en los que establece tipos penales comunes para todas las naciones y esquemas de cooperación, entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua.

Maureen Meyer, asociada para México de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que para la comunidad internacional es momento de repensar la estrategia instrumentada contra el narco y que resulta fallida.

â??La lucha se ha centrado en producir detenciones y no en promover e implementar las reformas estructurales necesarias para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México; después de tres años de guerra, la violencia no ha disminuido y las drogas siguen fluyendoâ?

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Peritos y químicos de la Procuraduría General de la República certifican que la droga sintética, decomisada en un sofisticado narcolaboratorio, asciende a mil 718 kilos, con 35 gramos, con un valor en el mercado negro de 687 millones de pesos.

En un comunicado emitido por la vocería del operativo conjunto Culiacán Navolato, se dio a conocer que el pasado miércoles 11 de noviembre, elementos del Ejército descubrieron en una extensión de un kilómetro cubierto con árboles y lonas camufladas, un moderno laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas.

El laboratorio, localizado por elementos del 94 Batallón de Infantería, en las inmediaciones de los poblados Los Duarte y El Naranjo, en la sindicatura de Sanalona, en el estado de Sinaloa.

Ayer, los soldados desmantelaron la estructura para procesar la droga y trasladaron las evidencias a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en ocho camiones con capacidad de seis toneladas cada uno.

Una parte de la extensión del terreno, ubicado en el poblado, denominado Los Duarte, estaba acondicionada, con ocho campamentos, veinte tiendas de campaña, una larga mesa y refrigeradores, abastecidos con alimentos.

La droga, sintética, denominada cristal, en estado sólido y líquido que fue asegurada en ese lugar, ascendió a mil 718 kilos, con 35 gramos, cantidad suficiente para elaborar tres millones 4 436 mil 700 dosis, cuyo valor en el mercado negro y ascendería a 687 millones 340 mil pesos.

La información proporcionada, en el laboratorio se encontraron 52 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, los cuales contenían productos químicos para procesar la droga sintética, tres hieleras, 30 costales con droga, 49 más de sosa cáustica, 27 botes, con acetona y 59 tanques de gas de uso doméstico

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