Categoría: Mafias

  • Arraigadas las Chabelas, hermanas del Ponchis

    Un juez federal penal dictó el arraigo por 30 dí­as contra: Lina Ericka Jiménez Lugo de 24 años y Elizabeth Jiménez Lugo (a) â??La Chavelaâ? o â??La Chabelaâ?, ambas hermanas de Edgar de los mismos apellidos, menor de 14 años mejor conocido como El Ponchis o El Niño Sicario.

    Lo anterior, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, contra la salud y lo que resulte.

    Las indiciadas se encuentran presuntamente vinculadas con las actividades delictivas del â??Cártel del Pací­fico Surâ?, y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal el pasado 3 de diciembre, por elementos del Ejército Mexicano, cuando dos de los tres hermanos pretendí­an huir a la ciudad de Tijuana.

    En cumplimiento de la orden de arraigo, las inculpadas fueron ingresadas al Centro de Investigaciones Federales con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que permitan perfeccionar la indagatoria que se integra en su contra.

    Cabe señalar que las mujeres podrí­an ser citadas a declarar en torno al caso de El Ponchis, esto de acuerdo a lo planteado por la defensa y el fiscal especializado en menores de edad, en el juicio que se libra en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

  • Morelos pide a la PGR lleve el caso del Ponchis

    El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, solicitó a la PGR atraer el caso del menor apodado ‘el Ponchis’, aprehendido en esta entidad la víspera, por su presunta relación con hechos delictivos y el crimen organizado.

    En conferencia de prensa, dijo que en el combate a la delincuencia, existe una estrecha colaboración entre el gobierno del estado, las fuerzas federales y el Ejército Mexicano, lo que dio como resultado la detención de Edgar Jiménez Lugo, de 14 años de edad.

    Señaló que por tratarse de delitos del fuero federal y común presuntamente perpetrados, ligados a la delincuencia organizada, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que sea quien se haga cargo del caso.

    ‘En Morelos se trabaja de manera coordinada y se respaldan acciones contundentes que tienen por objeto el combate a la delincuencia, la colaboración en procedimientos y operativos coordinados y la actuación de cada una de las dependencias federales, estatales o municipales que participan en los distintos operativos’, aseguró.

    Adame Castillo solicitó hoy al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, hacerse cargo del proceso jurídico del menor, sustentado en los artículos 73 fracción 21 de la Constitución General de la República, y el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos penales, tercer párrafo.

    Al momento de su detención en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, el menor, acompañado de sus hermanas, llevaba consigo un acta de nacimiento expedida en la ciudad de San Diego California, por lo que Adame Castillo instruyó al secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, solicitar el estatus migratorio del menor.

    El estado de Morelos espera que sea la PGR la que revise la situación legal que rige lo relacionado con los delincuentes menores, indicó

  • Zonas sin autoridad oficial en Mexico, dice Wikileaks

    Jerónimo Gutiérrez, ex subsecretario de Gobierno de la Secretarí­a de Gobernación, dio a entender ante funcionarios de EU que el Gobierno mexicano ya ha perdido el control sobre algunas zonas del paí­s, según se recoge en el cable 228419 de los documentos revelados por el portal de internet de WikiLeaks.

    En su versión en lí­nea, el periódico El Paí­s reveló parte de la información contenida, en la que se detalla una reunión del ex funcionario de Gobernación con altos representantes de la Fiscalí­a General de EU, y donde Gutiérrez reconoce: «Tenemos 18 meses, y si no conseguimos un éxito tangible que sea reconocible por los mexicanos, será difí­cil aguantar la confrontación en la próxima Administración».

    La fecha de esa reunión fue el 5 de octubre de 2009.

    «Gutiérrez fue más allá al decir que, sin embargo, se ha dado cuenta de que ya ni siquiera hay tiempo para afianzar la preparación de las instituciones en los años que restan de la Administración Calderón».

    Según las filtraciones publicadas en el sitio web español, el funcionario lamentó el penetrante y debilitante miedo que tiene una gran parte de la sociedad mexicana contemporánea, donde incluso la gente en Yucatán -con «niveles europeos de seguridad»- tiene miedo a causa de la inestabilidad en unas pocas y distantes ciudades.

    En el cable se detalla que Gutiérrez expresó preocupación por la pérdida de ciertas regiones. «Está dañando la reputación internacional de México, hiriendo las inversiones extranjeras, y llevando a una sensación de gobierno impotente».

    También revela que los altos mandatarios mexicanos, desde el propio presidente Felipe Calderón hasta funcionarios de la Secretarí­a de Gobernación o de la Procuradurí­a General de la República (PGR), aprovechan cualquier reunión con autoridades de EU para insistirles en su petición de ayuda tecnológica y de formación. â??A veces, hasta de manera angustiosaâ?. Así­ lo hacen constar en sus informes al Departamento de Estado los diplomáticos estadunidenses que asisten a esos encuentros.

  • Narcodiputado, entrega un nuevo amparo

    El diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano entregó esta tarde a la Sección Instructora una copia certificada del fallo de un juez de Michoacán, que lo ampara y protege contra una orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Jalisco en materia penal.

    En un comunicado, Godoy Toscano, a quien la PGR relaciona con el grupo delictivo ‘La Familia‘, destacó que a las 13:30 horas de este martes 30 de noviembre, ‘entregué personalmente al diputado César Augusto Santiago, presidente de la Sección Instructora, dicha copia certificada’.

    La misma corresponde al fallo dictado por el Juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, del que se destaca lo siguiente:

    «La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio César Godoy Toscano, en contra de la orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, dentro de la causa penal 391/2010.

    «Así como su ejecución por parte del Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución’, concluye el texto

  • Juez en Puebla pide licencia ante amenazas

    Tras las amenazas de la delincuencia, Alberto Miranda Guerra, juez Cuarto Penal, solicitó licencia por mes y medio. Un día después de conocerse que su secretario César Vázquez Ávila fue secuestrado en esta ciudad y abandonado en Tamaulipas, sin que hasta el momento se hayan conocido sus declaraciones ministeriales.

    En sesión ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia concedió el permiso, pues el juzgador está estresado por la situación que desde el martes comenzó a presentarse, confirmó la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.

    En entrevista, admitió que hay un clima de preocupación en el Poder Judicial por el levantón de Vázquez Ávila, quien consideró necesario reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia en los inmuebles.

    De acuerdo con su información, aumentó el número de policías en las instalaciones de Ciudad Judicial; incluso en los estacionamientos subterráneos; en tanto, los juzgados penales ubicados en el edificio de la 12 Oriente y la 6 Norte, en el Centro Histórico, son resguardados por las policías Estatal y Metropolitana.

    Por segundo día consecutivo, el Juzgado Cuarto Penal estuvo cerrado y hay posibilidades de que reabra sus puertas al público el próximo lunes, aunque todavía no es oficial.

    Las amenazas contra el personal fueron hechas presuntamente por los cómplices de los 11 detenidos por el homicidio del policía ministerial José Alfonso Hernández Gutiérrez.

    El juez Miranda Guerra ya había sido amenazado en agosto de 2008 por Los Zetas detenidos en el municipio Tlapanalá, donde estuvieron a punto de ser linchados.

    La misma suerte tuvo Alberto Bagatella Bermúdez, que a su paso por el juzgado de Izúcar de Matamoros, fue amenazado por el mismo grupo delincuencial. En tanto, Enrique Romero Razo, cuando fue juez de Defensa Social en Acatlán de Osorio, reforzó su aparato de seguridad, después de iniciar sendos procesos penales contra dos halcones del cártel de los Beltrán Leyva a principios de 2010

  • Violencia inseguridad en Mexico, tomara tiempo

    El ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, Roger Pardo-Maurer, consideró que la estrategia del Estado mexicano en contra el crimen organizado es la correcta y los resultados requieren de tiempo, por lo cual ahora parece que ‘todavía está perdiendo’.

    ‘Cuando uno está ganando uno lo sabe, no hay que explicarlo, lo siente en los huesos y lo ve en la cara de la gente, tal vez no es cuantificable, pero la gente lo sabe, y si uno no sabe que está ganando, está perdiendo, así nomás, y México todavía está perdiendo, siento yo’, expresó.

    En una reunión con diputados comentó que independientemente del apoyo exterior que pueda recibir México para enfrentar al narcotráfico, el reto lo debe afrontar solo.

    ‘Para lograr el éxito la solución debe ser una, de la cual se valen por sí solos, en la cual el sentido de lo que es el éxito, lo apropiado, lo que les corresponde es lo que dirige su estrategia’.

    ‘Es desde México, desde las entrañas de donde debe venir la idea de lo qué es la solución’, agregó.

    Por separado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, manifestó que sólo acabando con la impunidad, podemos pensar que vamos a enfrentar el problema del narcotráfico.

    Sobre el homicidio del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos y de un doctor, señaló que sin importar de quién se trate, no importa cuáles sean las características o el partido en el que militan, lo importante es que no haya impunidad.

    ‘No puede haber política en este tema. La seguridad es una competencia de todos y no admite ningún retraso’, precisó el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

  • Buscan ayudar a familiar que desean salir de Ciudad Juarez

    La coordinadora del proyecto ‘Diversidad sin violencia’, Patricia Ravelo, pidió que se brinden todas las facilidades a las familias que desean abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua, para radicar en otro lugar ante la violencia que se vive.

    La experta señaló lo anterior durante la presentación de los primeros tres de siete libros sobre el tema en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

    Expuso que los libros: uno sobre crímenes de odio por homofobia; otro sobre discriminación en las escuelas primarias y otro sobre violencia intrafamiliar, son producto de una amplia investigación en Juárez, al igual que los otros títulos que presentará el próximo año.

    Ravelo Blancas señaló que como resultado de su labor en Ciudad Juárez, los integrantes de su proyecto proponen que se den facilidades a todas las familias que quieran salir de esa ciudad para poder hacerlo, pues ‘es una zona de guerra, de terror’.

    Resaltó que para ello se precisan de medidas cautelares y garantías constitucionales, el pago de mudanza y traslado, y que se garantice el acceso y la facilidad de contar con escuelas, trabajo y salud en algún otro lugar del país.

    Consideró que el gobierno federal debe presentar de manera urgente un plan de emergencia en esa ciudad, donde muere mucha gente inocente. Muchos quieren salir del lugar, pero no pueden, porque ahí tienen su vivienda o su trabajo.

    Esa ciudad, reiteró, necesita evacuarse. ‘Se necesita otro tipo de desarrollo económico, social y político para que la red de la delincuencia organizada se mate entre ellos y no a la población civil, y menos a los niños, jóvenes y mujeres’.

    La investigadora resaltó que un gran porcentaje de la población, alrededor de un 47 por ciento, son migrantes y bien pueden regresar a sus lugares de origen si se les dan las facilidades. De hecho, dijo, 60 mil familias de la zona iniciaron el éxodo hacia El Paso, Texas, Estados Unidos

  • Algo que casi nadie sabe de Sergio Villarreal, El Grande

    Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

    Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
    A cambio de ello, él debí­a declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

    A la PGR le urgí­a incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuradurí­a.

    Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometí­an a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente â??salpicabaâ? a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

    Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada â??desde arribaâ?.

    En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

    De acuerdo con la averiguación previa
    PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese dí­a, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
    Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: â??Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenesâ?. El presidente contestó: â??Igualmenteâ?.

    Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así­ como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaí­na y dinero.

    Mateo también habló de las lí­neas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa Marí­a Anaya Llamas, hermana del polí­tico panista, y que las familias â??siempre han mantenido relación de amistad y de negociosâ?, a pesar de que Elsa Marí­a y Adolfo llevan años separados.

    En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa Marí­a se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

    Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretarí­a de Seguridad Pública federal (SSP).

    Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde viví­a protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis íngel Cabeza de Vaca Rodrí­guez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
    El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logí­stica para ejecutar al comisionado de la Policí­a Federal Preventiva í?dgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

    En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

    Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

    Mateo expuso: … que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tení­a más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.
    Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policí­a Federal), a quien Arturo (Beltrán) le habí­a hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel… Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

    En otro apartado señaló que otro funcionario que tení­a que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policí­a Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo querí­a chingar porque recibí­a dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacerí­a y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí­, que a los del gobierno que fueran a matar sólo serí­a porque se les pagara y aún así­ lastimaran los intereses de la organización.

    Los pasos de â??El Grandeâ?

    Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

    En sus declaraciones, mencionó también que tení­a contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solí­a pasar los cargamentos de droga, así­ como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

    Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaí­na, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
    El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

    La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
    Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva habí­a traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

    A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creí­a muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: â??Ya ves pinche marrano, no que muy cabrónâ?, posteriormente ordené que lo subieran a un vehí­culo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

    Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tení­an relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así­ se procedió en esos dí­as, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadasâ?¦ Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

    Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.

    En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

    Información clasificada

    Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

    Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

    Según el acuerdo, Villarreal Barragán debí­a declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

    La funcionaria también le comentó que por â??órdenes superioresâ?, no se tocarí­a su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
    Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Ví­ctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

    En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro.

    Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaí­as Castillo Luna, un policí­a ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

    Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

    Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla

  • Se salva funcionario en Nuevo Leon

    El secretario del Ayuntamiento de Guadalupe, Gabriel Tláloc Cantú Cantú, sufrió un atentado cuando se desplazaba en su camioneta acompañado de su chofer, hecho del que logró salir ileso al refugiarse en la Presidencia Municipal de esa ciudad.

    El atentado fue la tarde de ayer, en la avenida Morones Prieto a la altura del Parque España, en Monterrey, cuando Cantú Cantú viajaba en una camioneta Grand Cherokee, conducida por su chofer, cerca de las 13:00 horas.

    El funcionario municipal fue interceptado por personas armadas que viajaban en un auto Neón y quienes se les emparejaron mostrándole un arma.

    Al percatarse del hombre armado, el funcionario municipal alertó a su chofer y aceleró al oriente por Morones, trayecto en el que les fueron disparando.

    Al llegar a la avenida Juárez siguieron por esa arteria, hasta llegar a la presidencia de Guadalupe.

    Gabriel Tláloc logró llegar hasta la presidencia, edificio al que, al parecer, ya no llegaron los delincuentes, que se fueron por la calle Guadalupe al oriente y se perdieron por las calles del sector.

    La camioneta blindada de Cantú Cantú resultó con algunos impactos de bala: dos en la parte trasera y otro par en cada una de las llantas traseras que terminaron por ponchar, pese a lo cual, logró ponerse a salvo el secretario, al igual que su chofer.

    Tras los hechos hubo una intensa movilización en la Plaza Principal de Guadalupe, incluso un helicóptero estuvo volando en el área para tratar de ubicar a los agresores, quienes lograron darse a la fuga.

    Las calles de la plaza frente a la presidencia, así como otras de la zona, fueron cerradas a la circulación, y el edificio del ayuntamiento fue resguardado por los elementos de diferentes corporaciones.

    El director de Policía de Guadalupe, Ismael Franco Flores, confirmó más tarde el atentado contra el secretario del ayuntamiento, y dijo que todo comenzó cuando el funcionario se desplazaba en su auto asignado por la avenida Morones Prieto de poniente a oriente.

    Franco Flores mencionó que antes de llegar el secretario al cruce con Revolución, fueron interceptados por hombres armados, quienes les comenzaron a disparar a la altura del Parque España, donde quedaron al menos seis casquillos de Calibre .223.

    Los hechos son investigados por la Agencia Estatal de Investigaciones

  • Homicidios a menores de edad, sin control

    En tan sólo dos años, de 2006 a 2008, murieron por homicidio dos mil 305 menores de entre cero y 17 años, de acuerdo con estadísticas oficiales.

    En la última década, las entidades castigadas por la violencia del crimen organizado son las que han reportado las tasas más altas de mortalidad por homicidio en adolescentes: Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa,Baja California, y Guerrero, según el reporte anual La infancia cuenta en México 2010, presentado ayer por la Red por los Derechos de la Infancia.

    En sólo 12 meses, la tasa de decesos por asesinato en jóvenes de entre 15 a 17 años creció 50%: en 2007 ascendió a 339 muertos, mientras que en el año siguiente se contabilizaron 507.

    Cada vez más adolescentes mexicanos son víctimas del homicidio en el país, alertó la Red por los Derechos de la Infancia, (Redim). En tan sólo un año, la tasa de mortalidad en jóvenes de 15 a 17 años por esta causa, creció 50 por ciento en el país; pero en Chihuahua, el asesinato de adolescentes se disparó 374 por ciento de 2007 a 2008.

    Aquellas entidades castigadas por el crimen organizado son las que precisamente han reportado, durante los últimos diez años, las tasas más altas de mortalidad por homicidio en adolescentes: Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, y Guerrero, según el reporte anual, La infancia cuenta en México 2010, presentado ayer por la Redim.

    La mitad de los estados, donde han muerto más jóvenes asesinados, pertenecen a la frontera norte. «Están entre los peor calificados en (…) la tasa de homicidio y el porcentaje de menores de edad puestos a disposición en instituciones de función jurisdiccional», dijo el informe.

    En Chihuahua, por ejemplo, sucedió el 50 por ciento de los homicidios de adolescentes de la región noroeste y es el estado con la tasa de homicidios más alta del país, en menores de 18 años.

    La violencia en adolescentes se ha agudizado en el nuevo milenio, según los indicadores oficiales de tasas de homicidio de 2000 a 2008. Mientras hace diez años, en Chihuahua, asesinaban a 39 jóvenes de entre 15 y 17 años, para 2008 ya sumaban 86. Lo mismo sucedió en Baja California de ocho muertes pasaron a 41. En Durango de uno a 14.

    De 2006 a 2008, han muerto por homicidio dos mil 305 niños de 0 a 17 años en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

    «Cifras que sin duda pueden incrementarse por la cantidad de hechos trágicos de los últimos meses, donde se han perpetrado asesinatos colectivos», señaló el informe. Y es que los datos arrojados en La infancia Cuenta en México son de hace dos años (los más recientes), cuando las masacres apenas comenzaban y faltan contar 2009 y 2010, los periodos más violentos del sexenio.

    De enero a la fecha han ocurrido más de 12 masacres; siete en Chihuahua y cinco en el mes de octubre. Involucrados, en su mayoría, jóvenes.

    Bastan 365 días para que las cifras puedan modificarse por completo y escandalizar a cualquiera. Por ejemplo, en 2007 se enterraban a 339 jóvenes de 15 a 17 años por homicidio, en 2008, ya se habían asesinado a 507. Cincuenta por ciento más.

    El gobierno ha abandonado la posibilidad de crear una expectativa digna para la juventud, prefieren «vivir vidas cortas, pero intensas», dijo en corto, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, luego de la presentación del informe.

    Chihuahua es el más claro ejemplo, el alza de homicidios viene acompañada con el incremento de deserción escolar, aumento de embarazos a temprana edad, más niños puestos a disposición de las autoridades y mayor número de matrimonios entre adolescentes.

    En tres años creció 58 por ciento la tasa de embarazos en niñas de 15 a 17 años en Chihuahua. Se ubica entre las cinco entidades con menor absorción en secundaria, en cuatro años perdió 21 peldaños en esta materia. 30 por ciento de la población de 16 años tiene la secundaria inconclusa. Está entre los cuatro estados que más tuvieron menores puestos a disposición de las autoridades.

    La entidad también tiene el tercer lugar en el país en matrimonios entre adolescentes de 15 a 17 años.